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De los libros a las series, de las películas a los discursos políticos, manda un mantra: el capitalismo es el culpable de todos nuestros males y defenderlo, una heroicidad.

Hasta la década de 1960, los empleados públicos estaban organizados como los abogados, los médicos y otras asociaciones profesionales voluntarias. No tenían derecho legal a obligar al gobierno a firmar contratos. Muchos ya gozaban de la protección de la función pública, y el trabajo del gobierno era generalmente soporífero, no despiadado. Pero los empleados públicos se habían convertido en un enorme bloque de votantes, y los líderes de las asociaciones de empleados públicos querían tener poder sobre la gestión del gobierno.

Hoy más que nunca hay más estadounidenses trabajando en ocupaciones que requieren una licencia ocupacional. El aumento en regulaciones ocupacionales ha puesto en cuestión si esta práctica es conveniente para la fuerza laboral de Estados Unidos.

Un nuevo informe del Instituto Archbridge revela que la concesión de licencias ocupacionales crea barreras innecesarias que agravan la escasez de trabajadores cualificados y obstaculizan las oportunidades y la prosperidad.

La concesión de licencias ocupacionales afecta a más del 20% de los trabajadores de Estados Unidos. El alcance de las licencias ocupacionales difiere enormemente de un estado a otro. Tanto desde el punto de vista de la investigación como de las políticas públicas, es importante disponer de una medida exhaustiva de la concesión de licencias profesionales en los distintos estados y ocupaciones.

Al utilizar el concepto de libertad de Hobbes para examinar el estado actual de la libertad y las políticas públicas en Puerto Rico, se podría argumentar que es necesario adoptar una nueva expresión: el voceo de la ley. Esta expresión se refiere a la constante politización de todos los aspectos de la conducta humana que socava la libertad del individuo a través de leyes y reglamentaciones gubernamentales, en lugar de tener un gobierno que mantenga las condiciones mediante las cuales los individuos puedan perseguir su felicidad e identidad moral guiado por el silencio de la ley. La situación actual implica que el gobierno abruma a los ciudadanos con una abundancia de regulaciones y leyes.

En Arizona, un nuevo estudio concluye que la relajación de los requisitos para obtener licencias ocupacionales está impulsando la economía del estado. Ya era hora después de años de crecientes dificultades para las personas que buscan trabajo. "Casi el treinta por ciento de los empleos estadounidenses requieren una licencia hoy día, frente a menos del cinco por ciento en la década de 1950", señaló la Comisión Federal de Comercio (FTC) en un informe de 2018. "Para algunas profesiones, la licencia ocupacional es necesaria para proteger al público contra preocupaciones legítimas de salud y seguridad. Pero en muchas situaciones, la expansión de las licencias ocupacionales amenaza la libertad económica."

Todos queremos aumento de salario, pero ¿puede el país darse el lujo de dar aumentos sin aumento proporcional en productividad, sin exigir competencia y trabajo de excelencia? Puerto Rico es un país quebrado que vive de fondos federales para remediar desastres naturales, ofrecer servicios de salud, atender problemas sociales, proveer seguridad, financiar educación pública, construir y mantener infraestructura de agua, electricidad y carreteras, entre otros.

El nuevo proyecto de presupuesto del gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, incluye un llamamiento a la reforma de las licencias ocupacionales. En su mensaje sobre el presupuesto del 14 de febrero, Sununu expresó su compromiso de "derribar las barreras normativas, reducir el coste de entrada para hacer negocios aquí, aumentar la competencia del libre mercado y señalar al resto de Estados Unidos que New Hampshire es el estado nº 1 de Estados Unidos en Libertad Económica".

Con hasta una cuarta parte de la mano de obra estadounidense necesitando ahora una licencia para trabajar en su ocupación -frente al 5% de hace varias décadas-, los responsables políticos estatales han asumido un papel activo en el desarrollo de políticas reguladoras sensatas y eficaces que alcancen el equilibrio adecuado necesario para proteger a los consumidores y promover el crecimiento económico y las oportunidades de empleo.