Hoy más que nunca hay más estadounidenses trabajando en ocupaciones que requieren una licencia ocupacional.1 El aumento en regulaciones ocupacionales ha puesto en cuestión si esta práctica es conveniente para la fuerza laboral de Estados Unidos. La escasez de empleos ha motivado a los estados a impulsar procesos de reforma en el sistema de licencias ocupacionales.2 Esta iniciativa de reforma ha sido liderada por think tanks (centros de pensamiento), gobernadores, así como por las administraciones de Barack Obama y Donald J. Trump.3
En la década de 1950, alrededor del 5% de los trabajadores estadounidenses poseían una licencia ocupacional.4 En el 2018, aproximadamente 22% de la fuerza laboral de Estados Unidos poseía una licencia ocupacional para poder trabajar.5 El porcentaje de trabajadores licenciados varía de estado a estado, pues en cada uno de ellos los requisitos y procesos para obtener una licencia ocupacional para el mismo trabajo pueden cambiar. Esta falta de uniformidad entre los estados dificulta a las personas con licencias ocupacionales el poder mudarse a otros estados y ejercer su oficio sin limitaciones usando un sistema de "reciprocidad", en otras palabras, uniformando los requerimientos de licenciamiento a través de los estados.
Uno de los problemas más grandes que presenta la regulación ocupacional es cuando se regulan los empleos de manera onerosa, caprichosa y arbitraria. En ocasiones, grupos de interés especial, influyen sobre las regulaciones gubernamentales para controlar la oferta y así, sostener y elevar los precios. Incluso, en ocasiones, son los grupos de interés los que luego son nombrados a las juntas examinadoras que administran la regulación ocupacional correspondiente y toman determinaciones sobre la carga en la regulación. De tal modo, se le imponen barreras y costos significativos a los trabajadores, empleados y empleadores, así como a la economía en general, sin generar beneficios medibles para la sociedad.6
Otros problemas son que algunas de las ocupaciones reguladas tienen requisitos diferentes, por ejemplo de capacitación, en los diversos estado; y el hecho de que los requisitos de licenciamiento no siempre están alineados con el propósito de salud y seguridad pública.7 En un reporte publicado por el Institute for Justice en 2018, se encontró que el licenciamiento ocupacional tuvo un costo de unos dos millones de empleos en Estados Unidos. El costo monetario del licenciamiento fue entre $6.2 y $7.1 mil millones; y los recursos mal asignados tras la concesión de licencias se estimaron en un costo nacional entre $184 y $197 mil millones anuales.
El reporte A Look at Occupational Licensing Reform Across the United States del Arkansas Center for Research in Economics (ACRE) expone cómo estados como Míchigan, Arizona, Florida, Utah y Nebraska, entre otros, ya han llevado a cabo reformas sobre licencias ocupacionales; por ejemplo, en Míchigan se creó un comité asesor de reglas de licencias ocupacionales que evaluó 87 ocupaciones. De las ocupaciones evaluadas se eliminaron seis y se redujeron las horas para obtener la licencia de barbería. Entre las licencias que el comité recomendó eliminar se encontraban la de acupunturista, dietista y nutricionista, planificador comunitario y subastador.
Por su parte, el exgobernador de Arizona Doug Ducey hizo un llamado para reformar el sistema de licencias ocupacionales. Como resultado del trabajo realizado por la legislatura estatal se eliminaron cinco licencias, se estableció un requisito de revisión gubernamental para mandatos de licencia y se aprobó la Ley del Derecho a Ganarse la Vida creando una causa para impugnar las regulaciones ocupacionales.8 Además, desde el 2015, 39 estados han reformado sus leyes de licencias ocupacionales para facilitarle a exconvictos conseguir empleo en ocupaciones reguladas.9
En Puerto Rico aún no se ha realizado una reforma como la anterior. Quienes tienen las herramientas a su disposición para llevar a cabo estas reformas y reducir el desempleo son los legisladores. Estos pueden facilitar la revisión periódica de los requerimientos de leyes existentes y propuestas, a luz de sus beneficios y riesgos de salud y seguridad pública; proponer estrategias o guías de principios para mejorar la manera de abordar las regulaciones profesionales; y establecer y modificar los requisitos de licenciamiento para ocupaciones específicas.10 La segunda edición del reporte The Evolving State of Occupational Licensing Research, State Policies and Trends de la National Conference of State Legislatures (NCSL) expone cómo los creadores de políticas estatales han tomado un rol activo en el proceso de reforma de licencias ocupacionales con la meta de impulsar el crecimiento económico y las oportunidades de empleo.
En 2017, la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento del Trabajo le otorgó fondos a la NCSL para un proyecto de tres años, para asegurarse que los requisitos de licencias no fueran excesivamente complejos y mejorar la portabilidad interestatal de algunas licencias ocupacionales.11 En el proyecto de licencias ocupacionales se integraron 16 estados (Arkansas, Colorado, Connécticut, Dakota del Norte, Delaware, Ídaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Nevada, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Utah, Vermont y Wisconsin), para formar un consorcio de aprendizaje y asistencia técnica, con el fin de estudiar y proponer reformas.
Las investigaciones han demostrado que las licencias ocupacionales frecuentemente no cumplen con la intención de asegurar la calidad del servicio, la seguridad y la salud pública de las personas. Es fundamental, por lo tanto, que se atiendan los problemas que genera el sistema de regulación ocupacional.
1 Arkansas Center for Research in Economics. (2018). A look at occupational licensing reform across the United States. University of Central Arkansas. https://uca.edu/acre/occupational-licensing-reform-across-the-united-states/
2 National Conference of State Legislatures. (2019). The evolving state of occupational licensing: Research, state policies and trends. 2nd edition.
3 Arkansas Center for Research in Economics. (2018).
4 Nunn, R. (2016). Occupational licensing and American workers. The Hamilton Project. https://www.brookings.edu/research/%20occupational-licensing-and-the-american-worker/
5 U.S. Bureau of Labor Statistics. (2019). 2018 data on certification and licenses. https://www.bls.gov/cps/certifications-and-licenses.htm.
6 Arkansas Center for Research in Economics. (2018).
7 Carpenter, D. M., Sweetland, K., Knepper, L., & McDonald, J. (2017). License to work: A national study of burdens from occupational licensing. Institute for Justice.
8 Arkansas Center for Research in Economics. (2018).
9 Institute for Justice. (s.f.). State occupational licensing reforms for workers with criminal records. https://ij.org/legislative-advocacy/state-occupational-licensing-reforms-for-people-with-criminal-records/
10 Arkansas Center for Research in Economics. (2018).
11 National Conference of State Legislatures. (2019).
