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La Gobernadora Jenniffer González Colón tiene la oportunidad de firmar un proyecto de ley de reciprocidad de licencias -casi idéntico a los adoptados por al menos 26 estados durante aproximadamente la última década- que permitiría a cualquier persona con una licencia en los EE.UU. continentales solicitar la misma licencia ocupacional si se trasladan a la Isla. Eso les permitiría saltarse la formación duplicada y evitar volver a hacer los mismos exámenes que ya han aprobado. El proyecto se aplica a más de 130 profesiones, desde médicos y enfermeros hasta electricistas y cosmetólogos.

Más del 20% de los trabajadores estadounidenses necesitan una licencia ocupacional aprobada por el gobierno para realizar su trabajo. Obtener una licencia suele requerir cientos de horas de clases y cientos de dólares en tasas. Y hasta hace poco, una licencia obtenida en un estado rara vez era reconocida en otro, lo que significaba que los trabajadores tenían que volver a pasar por todo el proceso si se trasladaban a otro estado.

Una vez más nuestra clase política nos anticipa que cuando se vaya la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tardaremos mucho en caer nuevamente en déficit financiero y volveremos echar para atrás. ¿Algo que sorprendería?

Puerto Rico tiene productos que el mundo desearía. Desde el café de nuestras fincas hasta servicios industriales, bienes culturales, textiles y tecnología emergente, nuestros empresarios han demostrado creatividad, disciplina y visión. Sin embargo, llevar un bien o servicio puertorriqueño al mercado internacional es más difícil de lo que debería ser.

Hace diez años, el 25 de febrero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos recordó que tal vez la Ley Antimonopolio Sherman, el estatuto federal aprobado en 1890 con la intención de hacer cumplir y aumentar la competencia en el mercado, debería dirigirse contra la única fuerza anticompetitiva duradera en la economía de mercado moderna: el propio gobierno.

BUENOS AIRES— Durante años, Argentina impuso una de las leyes de control de alquileres más estrictas del mundo. Su objetivo era mantener asequibles viviendas como los señoriales apartamentos de la belle epoque de Buenos Aires, pero en lugar de ello, según las autoridades, los alquileres se dispararon.

DESDE LA Revolución Industrial, los países ricos han crecido casi siempre más deprisa que los pobres. Las dos décadas posteriores a 1995 fueron una asombrosa excepción. Durante este periodo, las diferencias en el PIB se redujeron, la pobreza extrema cayó en picado y la sanidad y la educación públicas mejoraron enormemente, con un gran descenso de las muertes por malaria y de la mortalidad infantil y un aumento de la escolarización. Los críticos de la globalización dirán que los excesos del capitalismo y la crisis financiera mundial deberían definir esta época. Se equivocan. La definen sus milagros.

Por un momento, el 9 de abril, la tasa arancelaria media de Estados Unidos saltó al 32%, convirtiendo a los consumidores estadounidenses en los más gravados del mundo. Durante los próximos 90 días, la tasa arancelaria media de Estados Unidos se situará en torno al 25%, lo que hará que los estadounidenses paguen más que los ciudadanos de cualquier otra nación industrializada, situándonos en compañía de Sudán y Yibuti.

El 5 de noviembre de 2024, todos los puertorriqueños nos enfrentamos una vez más a un momento crucial en la historia política de la Isla cuando nos dirigimos a las urnas para un referéndum no vinculante sobre nuestro estatus político. A los votantes se les presentaron tres opciones que podrían dar forma al futuro de Puerto Rico: estadidad, libre asociación o independencia plena.

En las últimas décadas, los requisitos para obtener una licencia ocupacional se han disparado hasta abarcar ocupaciones aparentemente absurdas, lo que ha aumentado las barreras de acceso y los costos para los consumidores. Ray Ball, S.P. Kothari y Andrew Sutherland sostienen que el actual movimiento desregulador en Estados Unidos debería centrarse en estas regulaciones.