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Estados Unidos no sólo debe mantenerse firme en el hemisferio occidental, sino también conducirlo a una nueva era de libertad y prosperidad.

Nuestro mundo es el más libre y prospero que ha existido, miles de millones han sido arrancados de la miseria secular por modestos avances de la libertad en la producción y el comercio, mientras bajo regímenes de amplia libertad viven hoy más hombres que nunca en la historia, pero con escasas excepciones, en países desarrollados o atrasados, la mayor parte de los hombres se muestran ansiosos de entregar su libertad a cambio de igualdad y seguridad, aunque tienen abrumadora evidencia de que la única igualdad que obtendrían, de lograrlo, sería la de la miseria en la que lo único seguro es que se obligaría a venerar las cadenas de su propia esclavitud.

Para muchos estadounidenses, la situación económica actual es inquietante y el futuro se presenta aún peor. Dirigen su ansiedad hacia otros países, que supuestamente se aprovechan de nosotros a través del comercio, o hacia la inteligencia artificial, con su potencial para trastocar el mercado laboral y concentrar el poder.

El mes pasado, el nuevo presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, anunció un nuevo grupo de trabajo para investigar las conductas que perjudican a los trabajadores. Aunque gran parte del enfoque parecía un recauchutado de la anterior presidenta, Lina Khan, un renovado escrutinio de las licencias ocupacionales es una buena noticia.

Estados Unidos se encuentra ahora en un momento de elección. Nuestros mercados están asediados por propuestas intervencionistas tanto de la izquierda como de la derecha, junto con las inminentes crisis fiscales, de derechos y regulatorias heredadas por un legado de tales políticas.

Vicky Dávila destapó este jueves el equipo económico que, al mejor estilo de Javier Milei, la acompañará en su proyecto de “reconstruir a Colombia”.

Desde 1977, el estado de West Virginia exige a los nuevos proveedores de servicios de salud que obtengan certificados de necesidad emitidos por el estado. Estos documentos verifican que un nuevo centro ofrece los servicios necesarios a la comunidad local antes de su apertura.