Cada año, el Congreso de los EE. UU. destina más de 400 millones de dólares a la ayuda alimentaria para más de 250,000 residentes de Puerto Rico que son adultos sanos sin dependientes y tienen entre 18 y 54 años. Cabe destacar que esta ayuda económica no conlleva obligación de trabajar. El Congreso no aplica este planteamiento a ninguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia, ni siquiera a Guam y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los beneficiarios de la asistencia nutricional en estas jurisdicciones están bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (PANS), que incluye un requisito de trabajo. Es hora de incluir a Puerto Rico en el mismo programa.
Puerto Rico empezó a participar en el Programa de Cupones para Alimentos en 1974, y en 1982 pasó a recibir una subvención en bloque anual de $825 millones en el marco del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que atendía a 1.69 millones de residentes. En la actualidad, funciona con una subvención en boque de $2,800 millones, dando apoyo a más de 1.33 millones de residentes, una participación per cápita en el programa de asistencia alimentaria mayor que la de cualquiera de los 50 estados. Con una población de 3.3 millones en 1982 y 3.2 millones en la actualidad, sólo ha habido una reducción del 9.6% en el total de beneficiarios. Mientras tanto, el gasto por participante se ha más que cuadruplicado, pasando de $488 a $2,117.
Puerto Rico tiene una de las tasas de participación laboral más bajas del mundo, que nunca ha superado el 50%. En la última década, la tasa media se ha mantenido en el 40%. Es el quinto lugar más difícil del mundo para contratar empleados, con una escasez estimada de 40,000 trabajadores necesarios para los aproximadamente 2,000 proyectos de construcción de viviendas, infraestructuras y energía vinculados a los fondos federales de recuperación. El número de adultos sanos y sin dependientes en Puerto Rico que viven del mantengo sin necesidad de trabajar representa un 25% adicional de la mano de obra civil de la Isla.
Los argumentos contra la inclusión de Puerto Rico en el PANS se centran en su costo estimado de $1,500 millones (dentro de una Ley Agrícola que cuesta aproximadamente $1.5 trillones en 10 años). El estudio "Del PAN al PANS: un puente a la libertad económica para los residentes de Puerto Rico" estima que en Puerto Rico 266,000 adultos sanos sin dependientes serían retirados del programa bajo los requisitos de trabajo del PAN. La eliminación progresiva de estos participantes sanos se traduce en un ahorro anual de $675 millones y $1,100 millones anuales en contribuciones a la Seguridad Social. Estos beneficios por sí solos compensan el costo, por no mencionar las posibles reducciones en otros programas sociales a medida que estas personas alcanzan una mayor independencia económica.
RIO GRANDE, PUERTO RICO – MARZO 10: La bandera de Puerto Rico ondea en la brisa durante la ronda final del Puerto Rico Open en Grand Reserve Golf Club el 10 de marzo de 2024 en Río Grande, Puerto Rico. ANDY LYONS/GETTY IMAGES
Además, el rendimiento inherente de la inversión del PANS se hace evidente cuando se considera que el 75% de todos los alimentos y bebidas que se consumen en la isla se importan de los Estados Unidos continentales. Puerto Rico es el tercer importador más grande de productos estadounidenses en el hemisferio occidental, con un sustancial $6.5 billones en importaciones registradas solo en 2019. Más de 15 estados productores de carnes, granos, lácteos, frutas y verduras experimentarían un impulso económico significativo y directo del impacto del PANS en Puerto Rico, ya que este dinero regresará constantemente a los Estados Unidos continentales cada año.
El PAN es una política perjudicial, que ha fallado tanto a los contribuyentes estadounidenses como al pueblo de Puerto Rico. Demasiadas personas, a través de generaciones, siguen dependiendo de él. De hecho, puede incluso funcionar como una "trampa de pobreza", desalentando a las personas a trabajar debido al riesgo de perder los beneficios si superan el nivel de ingresos definido. Con el PAN, no hay ni necesidad ni incentivo para que la gente trabaje, ya que los desempleados reciben más prestaciones que los empleados. Esta subvención en bloque, que tiene 40 años de antigüedad, no fue diseñada para ser un programa de asistencia social temporal, a diferencia del PANS.
Un Congreso comprometido con maximizar el valor del dinero de los contribuyentes estadounidenses debería dejar de incentivar la dependencia y poner fin a la pobreza que el PAN ha perpetuado durante 40 años en Puerto Rico. Con su requisito de trabajo, el PANS es sin duda una herramienta más eficaz para capacitar a los beneficiarios de asistencia alimentaria en la Isla para liberarse de la trampa del desempleo y entrar en la fuerza laboral. Este cambio transformador acelerará los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico y pondrá a más de 250,000 ciudadanos estadounidenses firmemente en el camino hacia la libertad económica y el florecimiento sostenido.
Jorge L. Rodríguez es fundador y CEO del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico, e ingeniero y empresario con más de 35 años de experiencia en el sector privado.
Este artículo de opinión fue originalmente publicado en ingles en Newsweek.
