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Al utilizar el concepto de libertad de Hobbes para examinar el estado actual de la libertad y las políticas públicas en Puerto Rico, se podría argumentar que es necesario adoptar una nueva expresión: el voceo de la ley. Esta expresión se refiere a la constante politización de todos los aspectos de la conducta humana que socava la libertad del individuo a través de leyes y reglamentaciones gubernamentales, en lugar de tener un gobierno que mantenga las condiciones mediante las cuales los individuos puedan perseguir su felicidad e identidad moral guiado por el silencio de la ley. La situación actual implica que el gobierno abruma a los ciudadanos con una abundancia de regulaciones y leyes.

En Arizona, un nuevo estudio concluye que la relajación de los requisitos para obtener licencias ocupacionales está impulsando la economía del estado. Ya era hora después de años de crecientes dificultades para las personas que buscan trabajo. "Casi el treinta por ciento de los empleos estadounidenses requieren una licencia hoy día, frente a menos del cinco por ciento en la década de 1950", señaló la Comisión Federal de Comercio (FTC) en un informe de 2018. "Para algunas profesiones, la licencia ocupacional es necesaria para proteger al público contra preocupaciones legítimas de salud y seguridad. Pero en muchas situaciones, la expansión de las licencias ocupacionales amenaza la libertad económica."

Todos queremos aumento de salario, pero ¿puede el país darse el lujo de dar aumentos sin aumento proporcional en productividad, sin exigir competencia y trabajo de excelencia? Puerto Rico es un país quebrado que vive de fondos federales para remediar desastres naturales, ofrecer servicios de salud, atender problemas sociales, proveer seguridad, financiar educación pública, construir y mantener infraestructura de agua, electricidad y carreteras, entre otros.

El nuevo proyecto de presupuesto del gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, incluye un llamamiento a la reforma de las licencias ocupacionales. En su mensaje sobre el presupuesto del 14 de febrero, Sununu expresó su compromiso de "derribar las barreras normativas, reducir el coste de entrada para hacer negocios aquí, aumentar la competencia del libre mercado y señalar al resto de Estados Unidos que New Hampshire es el estado nº 1 de Estados Unidos en Libertad Económica".

Con hasta una cuarta parte de la mano de obra estadounidense necesitando ahora una licencia para trabajar en su ocupación -frente al 5% de hace varias décadas-, los responsables políticos estatales han asumido un papel activo en el desarrollo de políticas reguladoras sensatas y eficaces que alcancen el equilibrio adecuado necesario para proteger a los consumidores y promover el crecimiento económico y las oportunidades de empleo.

"No se puede sobornar a una computadora", dijo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Ahora que Puerto Rico está en momentos de reconstrucción, deberíamos hacer caso de estas palabras. Estonia -miembro de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte- es el número 1 en prestación de servicios gubernamentales digitales, según las Naciones Unidas; el primero en desarrollo democrático entre 29 países poscomunistas, según Freedom House; el primero en competitividad fiscal internacional, según la Tax Foundation (EE.UU. ocupa el puesto 22); y el duodécimo en el Índice 2023 de Libertad Económica, según el Fraser Institute. Es el país europeo con más startups per cápita, y sus estudiantes de 15 años están a la cabeza del continente en lectura, ciencias y matemáticas.

El responsable del grupo editorial Forbes denuncia la pérdida de libertad económica a ambos lados del Atlántico en una entrevista para LM.

A Margaret Thatcher los socialistas la despreciaron porque se enfrentó a ellos, cuestionó su falsa compasión y se atrevió a exponer el estatismo como el culto sin sentido y deshumanizante que es. Ella arrancó retóricamente el guante de terciopelo del puño de hierro y habló del Estado con beneficios, socialista, como un lobo con piel de oveja. Esas son cosas que los amantes del Estado no pueden soportar.

En nuestra isla algunos viven convencidos que sin la intervención del estado “defensor” los comercios en Puerto Rico operarían todavía como el patrono ausente de la época de la caña de azúcar. Hemos llevado el marco regulatorio laboral a tal nivel que Puerto Rico tiene las disposiciones laborales más onerosas de cualquier jurisdicción en Estados Unidos, restándole competitividad y flexibilidad al sector privado.

Daniel Raisbeck, analista sobre América Latina del Cato Institute, dijo a Infobae desde Washington que al presidente electo no hay que compararlo con Trump o Bolsonaro y afirmó que dolarizar le traerá prosperidad al ciudadano común.