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El debate sobre las leyes laborales y la intervención gubernamental en las relaciones obrero-patronales de Estados Unidos ha estado presente desde la era colonial hace 300 años (Van Wezel Stone, 1981); sin embargo, fue a partir de la revolución industrial que comenzaron a organizarse las uniones en la fuerza laboral industrial. La demanda masiva de mano de obra tras el surgimiento de un sinnúmero de industrias trajo consigo condiciones laborales infrahumanas. La indisposición de una gran parte de la fuerza laboral a trabajar bajo dichas condiciones fue el caldo de cultivo para la organización obrera; de esta manera surgió la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos.
En años recientes, se han estado discutiendo los cambios generados en el ámbito laboral, específicamente en lo que respecta a las leyes laborales —el campo que regula las relaciones entre patronos y empleados y sus representantes (uniones, sindicatos, etc.)—. Por los pasados 30 años, algunas de las leyes que gobiernan las relaciones laborales se han estancado perjudicando la labor organizada tanto como la no organizada (Estlund, 2013). Los avances tecnológicos han transformado el ambiente laboral y ahora el requerimiento de mano de obra es menor en muchos sectores. Es fundamental adaptar la legislación para promover un mercado laboral “competitivo, dinámico, centrado en las personas y el talento”; así como leyes que impulsen “el incremento de nuevas empresas y ecosistemas de servicios innovadores” (Pérez, 2022).
Las leyes laborales en Estados Unidos establecen la forma mediante la cual la gerencia y los obreros discuten y acuerdan las reglas que van a gobernar el espacio laboral (Van Wezel Stone, 1981). Hoy día hay quienes consideran que los paradigmas y conceptos desarrollados en la era fordista y posfordista se han vuelto obsoletos a las realidades de esta era laboral postindustrialización. En el esfuerzo de innovar en dicho campo el pensamiento neoclásico se ha vuelto la norma. En la búsqueda de la flexibilidad y la creación de empleos por parte del gobierno, los trabajadores han tenido que aprender a mercadearse y verse a sí mismos como empresarios, en vez de simplemente encontrar un trabajo.
En el siglo XIX, los contratos salariales se redefinieron para ser un acuerdo privado entre dos individuos —un vendedor y un comprador de servicios— no sujeto a intervención legislativa (Van Wezel Stone, 1981). En otras palabras, la ley se limitaba a simplemente facilitar la transacción; no obstante, en 1935 se aprobó la Ley Wagner, que otorgó el derecho a los trabajadores de organizarse en uniones y negociar colectivamente con sus empleadores. Dos años después, luego de atender el caso de Coast Hotel Co. V. Parrish, la corte suprema resolvió que los estados pueden establecer salarios mínimos en el trabajo (Van Wezel Stone, 1981). Desde el 1937, se han aprobado leyes federales y estatales que regulan los salarios mínimos, las condiciones de salud y seguridad, la discriminación por sexo, raza y edad, y algunos términos de las pensiones privadas (Van Wezel Stone, 1981).
El panorama comenzó a cambiar para las uniones laborales a partir de 1947. Tras un periodo de creciente militancia laboral y abusos de uniones, el congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Taft-Harley (Andrias, 2016). Esta ley permitió a los empleados decidir si deseaban pagar las cuotas sindicales o no, autorizando a los estados a promulgar leyes de “right to work” (Andrias, 2016); en otras palabras, ya no era obligatorio para los empleados aportar a la cuota sindical. Los empleadores encontraron maneras para reducir la sindicalización de los obreros, aumentando la eficiencia, reduciendo los costos laborales y enfocándose en sus competencias empresariales (Andrias, 2016). Este proceso se vio acompañado por una baja en la sindicalización, entre la década de 1960 y principios de la de 1980. En ese periodo hubo menos elecciones sindicales, una merma en las tasas de victorias sindicales en las elecciones realizadas, y una incapacidad de los recién sindicados de obtener primeros contratos laborales (Mishel et al., 2020).
Según Acemoglu (1998), Nickel y Layard (1999), Blanchard (2000) y otros, cuando las cargas de las leyes laborales son reducidas en comparación con la productividad hay bastante oportunidad para innovar y aumentar las inversiones; por el contrario, Calcagnini et al. (2016) indican que si las regulaciones laborales resultan onerosas, la innovación y la inversión puede verse coartada desestabilizando la productividad del Estado, aunque se identificaron dos efectos opuestos. Calcagnini et al. (2016) plantean que, por un lado, las regulaciones laborales incrementan los costos de ajuste de la labor y el capital, frenando la innovación; y, por otro lado, establecen que una regulación laboral estricta puede estimular a las empresas a innovar e invertir para recobrar la productividad y las ganancias en el largo plazo.
Por varias décadas, la ley laboral americana ha estado en declive. Luego de más de 50 años sin cambios significativos a los estatutos de la ley laboral, la ciencia de la ley le ha parecido inútil a los académicos de derecho laboral (Estlund, 2013). Hoy urge un diseño regulatorio efectivo sobre la ley laboral que tome en consideración su viabilidad y su impacto político práctico. La realidad de hoy día es que las uniones representan un porcentaje bajo de la fuerza laboral de Estados Unidos. En 2021, el porcentaje de los trabajadores asalariados unionados en Estados Unidos fue 10.3; para los trabajadores del sector público fue 33.9; y para los trabajadores del sector privado 6.1 (Bureau of Labor Statistics, 2022).
El convenio colectivo se ha convertido en cosa del pasado y el derecho individual de empleo se ha convertido en el presente y futuro (Corbett, 2002). Según Schwab (2001), las uniones no han cumplido plenamente con su propósito de proteger a la gran mayoría de la fuerza laboral, por lo que el debilitamiento de los derechos y convenios colectivos han sido previsibles; sin embargo, lo anterior no debe de servir de excusa para privar a la fuerza laboral de sus derechos, sino para crear nuevas leyes laborales que se ajusten a las necesidades, los problemas y las extralimitaciones patronales que los trabajadores puedan enfrentar hoy día.
Referencias
Andrias, K. (2016). The new labor law. Yale LJ, 126, 2.
Acemoglu, D. & Zilibotti, F. (1998). Productivity Differences, MIT Department of Economics Working Paper Series No. 98-15 and Institute for International Economic Studies Seminar Paper No. 660, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=141169
Blanchard, O. (2000). The Economics of Unemployment. Shocks, Institutions, and Interactions., https://www.academia.edu/download/44441790/The_Economics_of_Unemployment.pdf
Bureau of Labor Statistics. (2022). Union members 2021. U.S. Department of Labor. https://www.bls.gov/news.release/pdf/union2.pdf
Calcagnini, G., Giombini, G., & Travaglini, G. (2016). How labor regulation affects innovation and investment: A neo-Schumpeterian approach. Money and Finance Research Group Working Paper, (132).
Corbett, W. R. (2002). Waiting for the labor law of the twenty-first century: Everything old is new again. Berkeley Journal of Employment and Labor Law, 23(2), 259‒306.
Estlund, C. (2001). Reflections on the declining prestige of American labor law scholarship. Comp. Lab. L. & Pol’y J., 23, 789.
Estlund, C. (2013). Labor law reform again: Reframing labor law as a regulatory project. NYUJ Legis. & Pub. Pol’y, 16, 383.
Layard, R. & Nickell, S. (1999), Labour Market Institutions and Economic Performance, https://econpapers.repec.org/bookchap/eeelabchp/3-46.htm
Mishel, L., Rhinehart, L., & Windham, L. (2020). Explaining the erosion of private-sector unions. Economic Policy Institute. https://www.epi.org/unequalpower/publications/private-sector-unions-corporate-legal-erosion.
Pérez Martínez, N. (2022, 30 de abril). Puerto Rico necesita un contexto laboral de vanguardia. El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/puerto-rico-necesita-un-contexto-laboral-de-vanguardia/
Schwab, S. J. (2001). Predicting the future of employment law: Reflecting or refracting market forces. Ind. LJ, 76, 29.
Van Wezel Stone, K. (1981). The post-war paradigm in American labor law. Yale LJ, 90, 1509.
