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En Puerto Rico habitan aproximadamente 3.2 millones de personas, según el State Data Center (SDC-PR). De ellas, sólo 1.16 millones trabajan en la economía formal, mientras la participación laboral ronda un 44.9%. Esta brecha evidencia una desigualdad creciente entre quienes sostienen al fisco con sus contribuciones y quienes, sin aportar o haciéndolo mínimamente, exigen y disfrutan los mismos servicios públicos.

El pasado mes de mayo se publicó un estudio que sugería que el simple hecho de dar dinero a las personas no contribuye mucho a sacarlas de la pobreza. Las familias con al menos un hijo recibieron $333 al mes. Tenían más dinero para gastar, lo cual es positivo, pero a los niños no les fue mejor que a otros niños similares que no recibieron el dinero. No eran más propensos a desarrollar habilidades lingüísticas ni a mostrar un mayor desarrollo cognitivo. Tampoco eran más propensos a evitar problemas de comportamiento o retrasos en el desarrollo.

El economista Finis Welch observó hace mucho tiempo que “sin desigualdad de prioridades y capacidades, no habría comercio, ni especialización, ni excedentes producidos por la cooperación.

En un año transformador, Puerto Rico ha logrado avances sin precedentes en materia de libertad económica, superando dos décadas de progreso anterior.

Los recientes esfuerzos para controlar el gasto, incluidas las organizaciones de atención responsable, el pago basado en el valor y los planes de salud con deducibles elevados, han hecho hincapié en la optimización de los patrones de uso de los servicios de salud.

La pérdida de puestos de trabajo en el sector de la comida rápida en California se disparó tras la aprobación del salario mínimo de 20 dólares para algunos trabajadores, según un nuevo estudio.

Las finanzas de Puerto Rico son un problema desde hace mucho tiempo, pero sus problemas se agravaron radicalmente a consecuencia del paso del huracán María en 2017.

Dakota del Norte está experimentando un mercado laboral ajustado con una incapacidad para atraer trabajadores para diversas ocupaciones. Aunque se pueden considerar varias políticas para aliviar esta escasez de mano de obra, las políticas que eliminan o reducen las restricciones sobre los trabajadores son particularmente atractivas; pueden aumentar potencialmente el número de trabajadores disponibles a un coste muy bajo.

Puerto Rico debe fortalecer las capacidades de su población ante la posibilidad de que los recortes en el gasto público federal afecten los fondos que se reciben en la isla para programas de asistencia social.

Presentamos nuevos datos sobre restricciones regulatorias a través de estados y ocupaciones entre 2017 y 2022 para estudiar los efectos del mercado laboral de las licencias ocupacionales.