Libertad económica de Norteamérica 2024

Resumen ejecutivo

Libertad económica de Norteamérica en 2022

Las libertades económicas son un subconjunto de las libertades humanas. Y cuando la gente tiene más libertad económica, se le permite tomar más decisiones económicas: decisiones sobre el trabajo, sobre la compra y venta de bienes y servicios, sobre la adquisición y uso de la propiedad y sobre la celebración de contratos con otras personas.

Los índices publicados en el informe Libertad Económica de Norteamérica 2024 (EFNA por sus siglas en ingles) miden el grado en que los gobiernos provinciales, estatales y locales de Norteamérica permiten a sus ciudadanos tomar sus propias decisiones económicas. Estos gobiernos pueden limitar la libertad económica a través de impuestos, regulaciones, barreras al comercio y manipulación del valor del dinero, o pueden salvaguardar la libertad económica protegiendo a las personas y su propiedad.

Libertad Económica de Norteamérica 2024 es la vigésima edición del informe anual del Instituto Fraser. Mide el grado de libertad económica en cada una de las 10 provincias canadienses, los 50 estados de EE.UU., el territorio estadounidense de Puerto Rico y los 32 estados mexicanos.

Incluye cuatro índices distintos. El índice de todos los gobiernos, que incluye las 93 jurisdicciones, tiene en cuenta las políticas del gobierno federal y debe utilizarse para comparar jurisdicciones de los tres países. Tres índices subnacionales distintos -uno para cada país- tienen en cuenta las políticas de los gobiernos provinciales/estatales y locales, y deben utilizarse para comparar jurisdicciones dentro de un mismo país.

En los índices subnacionales, empleamos 10 variables para cada gobierno provincial/estatal en tres áreas: 1) Gasto público; 2) Impuestos; y 3) Libertad del mercado laboral.

El índice de todos los gobiernos se basa en los índices subnacionales para tener en cuenta las políticas federales de dos maneras. En primer lugar, añadimos el gasto y los impuestos federales en las provincias y los estados a los totales provinciales/estatales y locales utilizados en el índice subnacional.

Esto tiene en cuenta el hecho de que las políticas federales pueden afectar de forma diferente a un estado en relación con otro o a una provincia en relación con otra. En segundo lugar, el índice de todos los gobiernos incorpora seis variables del índice de Economic Freedom of the World (EFW) para tener en cuenta las diferencias de libertad económica entre los países. Estas incluyen tres áreas adicionales: 4) Sistemas jurídicos y derechos de propiedad; 5) Moneda sólida; y 6) Libertad para comerciar internacionalmente. Además, incluye tres adiciones a áreas ya existentes: Amplía el área 1 de EFNA para incluir la inversión del gobierno federal (variable 1C en EFW), el área 2 para incluir los tipos impositivos federales marginales máximos sobre la renta y la nómina (variable 1Dii en EFW), y el área 3 para incluir la regulación federal del mercado crediticio y la regulación empresarial. Estas adiciones ayudan a captar las restricciones a la libertad económica derivadas de la política federal.

Resultados de Canadá, Estados Unidos y México

El índice de todo el gobierno

El índice de todos los gobiernos debe utilizarse para comparar las jurisdicciones de los tres países. Canada y Estados Unidos tienen puntuaciones nacionales similares en Economic Freedom of the World, y ambos han estado habitualmente entre las 15 primeras naciones en ese informe. En el índice Economic Freedom of the World 2024, EE.UU. ocupa el quinto lugar, mientras que Canadá es octavo. México, por su parte, suele estar en puestos mucho más bajos y ocupa el 65º lugar en el informe de 2024. Estas diferentes clasificaciones de los países en el informe Economic Freedom of the World afectan a las clasificaciones estatales y provinciales en el índice de Economic Freedom of North America, que incluye a todos los gobiernos.

La primera jurisdicción en el índice de Economic Freedom North America 2024, que incluye a todos los gobiernos, es Nuevo Hampshire, con un 8.13 en la escala de 0 a 10. Le siguen Idaho (8.07), Oklahoma y Carolina del Sur (8.06) empatados en el tercer puesto, y Florida e Indiana (8.05) empatados en el quinto.

Las jurisdicciones peor clasificadas son todas mexicanas. En último lugar está Ciudad de México (5.62), en el puesto 93º. Por encima está Colima (5.78) en el puesto 92, Campeche (5.98) en el 91, Tamaulipas (6.06) en el 90 y Zacatecas (6.09) en el 89.

Los índices subnacionales

Para comparar jurisdicciones dentro de un mismo país, los índices subnacionales son la opción adecuada. Existe un índice subnacional distinto para cada país. En Canadá, la provincia más libre desde el punto de vista ecológico en 2021 fue de nuevo Alberta, con 6.26, seguida de Ontario y Manitoba, a más de un punto, empatadas con 5.12. La menos libre con diferencia fue Quebec, con 2.67, seguida de Ontario y Manitoba, a más de un punto, empatadas con 5.12. La menos libre con diferencia fue Quebec, con 2.67, seguida de la Isla del Príncipe Eduardo, con 4.01, y Nueva Escocia, con 4.04.

En Estados Unidos, el estado más libre económicamente en el índice subnacional fue New Hampshire, con 7.96, seguido de Florida, con 7.80, Tennessee, con 7.73, Texas, con 7.64, y Dakota del Sur, con 7.59. (Nótese que, dado que los índices se calcularon por separado para cada país, las puntuaciones numéricas de los índices subnacionales no son directamente comparables entre países). El estado menos libre fue de nuevo Nueva York, con 4.09, seguido de California y Vermont, con 4.27, Oregón, con 4.56, y Hawái, con 4.58. Por segundo año, hemos hecho un intento preliminar de incluir el territorio estadounidense de Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos. Obtuvo una puntuación de 2.85. La siguiente puntuación más baja fue un 43% superior.

En México, el estado económicamente más libre fue Michoacán de Ocampo, con 5.96 puntos. Baja California fue el segundo con 5.85, seguido de Chihuahua con 5.52. Los estados mexicanos menos libres fueron Quintana Roo Zacatecas con 2.41, Campeche con 2.86 y Tabasco con 2.99.

Alberta (8,01) es la provincia canadiense mejor situada, empatada en el puesto 12 con Tennessee, Dakota del Sur, Colorado y Texas. La siguiente provincia canadiense mejor situada es Columbia Británica (7.84), empatada en el puesto 43 con Massachusetts, Minnesota y Nuevo México. Las cuatro provincias atlánticas de Canadá se sitúan por debajo de los 50 estados de EE. UU.: Nueva Brunswick (7.64) en el puesto 57, Isla del Príncipe Eduardo (7.63) en el 58, Nueva Escocia (7.62) en el 59 y Terranova y Labrador (7.58) en el 60.

Puerto Rico y todos los estados mexicanos están más de un punto por detrás de la provincia canadiense peor clasificada, Terranova y Labrador. Puerto Rico (6.57) ocupa el puesto 61º. El estado mexicano mejor clasificado le sigue de cerca, Baja California (6.54), en el puesto 62º. El siguiente estado mexicano mejor clasificado es Chihuahua (6.46) en el puesto 63, seguido de Jalisco (6.44) en el 64, Puebla (6.43) en el 65 y Guanajuato (6.42) en el 66.

El estado peor clasificado es Delaware (7.65), en el puesto 56º. Le siguen Nueva York (7.68), en el puesto 55; Hawái (7.73), en el 52; y Alaska (7.76), que empata con Saskatchewan en el 50.

Haciendo una media de las 93 jurisdicciones, la libertad económica en Norteamérica alcanzó su punto máximo en 2004 con un 7.76 y luego cayó a un mínimo de 7.30 en 2009. A continuación, la libertad económica media en Norteamérica aumentó lentamente hasta 7.50 en 2017, pero desde entonces se ha mantenido más de un cuarto de punto por debajo de su máximo de 2004. La libertad económica media en las 93 jurisdicciones ha caído cada año desde 2017 y ahora está solo 0.02 puntos por encima de su mínimo histórico.

Libertad económica y bienestar económico a nivel subnacional

Los lugares económicamente libres tienden a prosperar. Una forma de verlo es comparar la libertad económica con el ingreso por persona. Entre las jurisdicciones norteamericanas que se encontraban en el 25% inferior en cuanto a libertad económica de todos los gobiernos (media de 2013 a 2022), el ingreso por persona en 2022 era de $2,997. Pero entre las jurisdicciones que se encontraban en el 25% superior en libertad económica para todos los gobiernos, el ingreso por persona era de $62,184. En otras palabras, los ingresos en las jurisdicciones norteamericanas más libres eran 21 veces superiores a los de las jurisdicciones menos libres.

Los ingresos no solo son más altos en los lugares económicamente libres, sino que también tienden a crecer más rápido en estos lugares. De 2013 a 2022, el ingreso total en el 25% de las jurisdicciones norteamericanas más libres creció un 29% tras ajustarla a la inflación. En las jurisdicciones menos libres, sin embargo, los ingresos ajustados a la inflación cayeron un 13%.

Las mismas pautas se mantienen cuando comparamos jurisdicciones dentro de un mismo país. En los lugares más libres en relación con el resto del país, los ingresos eran, por término medio, un 3% más altos que en el resto del país. Pero en los lugares menos libres, los ingresos eran un 6.8% inferior a la media del país.

Entre los estados más libres de EE.UU., la población creció 10 veces más rápido que en los menos libres entre 2013 y 2022. El empleo total en estos estados también creció alrededor de tres veces más rápido que en los estados menos libres durante este tiempo.

Estos patrones generales han sido corroborados por estudiosos independientes mediante cuidadosos análisis estadísticos que controlan posibles factores de confusión como la geografía, el clima y el desarrollo histórico. En la actualidad hay casi 400 artículos de investigadores independientes que examinan la libertad económica subnacional utilizando los datos de Economic Freedom of North America. En el Apéndice C figuran algunos de los más recientes.

Gran parte de esa literatura se centra en el crecimiento económico o el espíritu empresarial, pero la lista también incluye estudios sobre una variedad de temas como la desigualdad de ingresos, el dominio eminente y los mercados laborales. La gran mayoría de los resultados muestran que un mayor nivel de libertad económica está correlacionado con resultados positivos como el crecimiento económico, la reducción del desempleo y de la pobreza, entre otros. Los resultados de estos estudios tienden a reflejar los encontrados para estas mismas relaciones a nivel nacional utilizando el índice publicado en Economic Freedom of the World.

Capítulo 1

Libertad económica de Canadá, Estados Unidos y México en 2022

La libertad económica y el índice

Los índices publicados en Economic Freedom of North America (EFNA) son un intento de calibrar hasta qué punto los gobiernos de Norteamérica permiten libertad económica a sus ciudadanos. Los índices aquí publicados miden la libertad económica a dos niveles, el subnacional y el de todos los gobiernos. Hay tres índices subnacionales distintos, uno para Canadá, otro para Estados Unidos y otro para México. Estos índices miden el impacto de los gobiernos provinciales/estatales y locales en la libertad económica y deben utilizarse para comparar jurisdicciones dentro de un mismo país. El índice de todos los gobiernos se basa en los índices subnacionales para medir el impacto de todos los niveles de gobierno -federal, provincial/estatal y local- en los tres países. El índice de todos los gobiernos debe utilizarse para comparar jurisdicciones de distintos países. Se incluyen las 10 provincias canadienses, los 50 estados de EE.UU., los 32 estados mexicanos (incluida Ciudad de México) y el territorio estadounidense de Puerto Rico (figuras 1.1, 1.2a, 1.2b y 1.2c). Los datos más recientes disponibles para el informe corresponden al año fiscal 2022.

¿Qué es la libertad económica y cómo se mide en este índice?

Las libertades económicas son un subconjunto de las libertades humanas. Se refieren a actividades económicas como realizar transacciones, trabajar, adquirir y utilizar propiedades y contratar con otros. Cuando las personas tienen más libertad económica, pueden tomar más decisiones económicas. Por un lado, los gobiernos pueden impedir que las personas tomen sus propias decisiones económicas mediante reglamentaciones, impuestos, barreras al comercio y la manipulación del valor del dinero. Por otro lado, los gobiernos pueden salvaguardar la elección económica individual protegiendo a las personas y sus bienes del fraude o la fuerza.

El Instituto Fraser lleva casi tres décadas midiendo la libertad económica, empezando por el primer informe Economic Freedom of the World (EFW), publicado en 1996.^[1] Desde esa primera publicación, investigadores independientes han utilizado el EFW para realizar unos 1,000 estudios que evalúan la relación entre la libertad económica y diversas medidas de bienestar humano. Estos estudios encuentran pruebas abrumadoras de que la libertad económica está asociada a mejores resultados. Por ejemplo, la libertad económica está positivamente correlacionada con un mayor ingreso per cápita, un crecimiento económico más rápido, una mayor esperanza de vida, una menor mortalidad infantil, unas instituciones democráticas más fuertes, una mejor protección de las libertades civiles y políticas, una mayor tolerancia y más confianza.^[2] Mientras que el objetivo del índice de Economic Freedom of the World es medir la libertad económica de los países a escala internacional, el objetivo del índice de Economic Freedom of North America es medir la libertad económica en las provincias canadienses, las jurisdicciones estadounidenses y los estados mexicanos.

En 1999, el Instituto Fraser publicó Provincial Economic Freedom in Canada: 1981-1998 (Arman, Samida y Walker, 1999), una medida de la libertad económica en 10 provincias canadienses. Economic Freedom of North America actualiza y amplía este esfuerzo inicial incluyendo los 50 estados de EE.UU., los 32 estados mexicanos y el territorio estadounidense de Puerto Rico. Esta última edición incluye datos de 1981 a 2022 para todas las provincias canadienses y los estados de EE.UU., datos de 2000 a 2022 para Puerto Rico, y datos de 2003 a 2022 para todos los estados mexicanos.

Todas las jurisdicciones se clasifican en libertad económica tanto a nivel subnacional (estatal/provincial y local) como a nivel de todo el gobierno (federal, estatal/provincial y local). Esto ayuda a aislar el impacto de los distintos niveles de gobierno en la libertad económica de cada jurisdicción. El índice subnacional permite comparar la situación de las distintas jurisdicciones de un país con la de otras jurisdicciones del mismo país. El índice de todos los gobiernos proporciona una comparación de cómo las jurisdicciones individuales de diferentes países se comparan entre sí.

Examinamos los datos a nivel estatal y provincial en tres áreas de libertad económica: gasto público, impuestos y regulación del mercado laboral. Para tener en cuenta factores que varían principalmente entre países, pero no entre jurisdicciones subnacionales, nuestro índice de todos los gobiernos incluye variables adicionales que se encuentran en Economic Freedo of the World.

Por tercera vez, hemos incluido el territorio estadounidense de Puerto Rico en el informe. Se introdujo en el índice subnacional en el informe de 2022 y en el índice de todos los gobiernos en 2023. El capítulo 3 ofrece más detalles sobre la inclusión de Puerto Rico en los índices.

Resultados en el índice de todo el gobierno

Como indica la figura 1.1 de la página 10 del informe, en el índice de todos los gobiernos, la jurisdicción mejor clasificada es de nuevo Nueva Hampshire, con una puntuación de 8.13, seguida de Idaho (8.07), Oklahoma y Carolina del Sur empatados en el tercer puesto (8.06), y Florida e Indiana empatados en el quinto (8.05). Alberta es la provincia canadiense mejor clasificada, empatada con cuatro estados de EE.UU. en el puesto 12, con una puntuación de 8.01. Columbia Británica, la provincia inmediatamente posterior a Alberta, ocupa el puesto 43, empatada con tres estados de EE.UU., con 7.84 puntos. La provincia canadiense peor clasificada en el índice es Terranova y Labrador, en el puesto 60 (7.58). Le siguen Nueva Escocia (7.62), en el puesto 59, la Isla del Príncipe Eduardo (7.63), en el 58, y Nueva Brunswick (7.64), en el 57. Estas cuatro provincias canadienses se sitúan por debajo de la media de la UE. Estas cuatro provincias canadienses se sitúan por debajo de los 50 estados de EE.UU. en libertad económica para todos los gobiernos (el año pasado, siete de las 10 provincias se situaron por debajo de los 50 estados de EE.UU.). Delaware, el estado estadounidense peor clasificado, ocupa el puesto 56, con 7.65 puntos. Le siguen Nueva York (55º, 7.68), Hawái (52º, 7.73) y Alaska (50º, 7.76).

Gracias a los esfuerzos de Ángel Carrión-Tavárez, del Instituto de Libertad Económica, hace dos años hicimos un intento preliminar de incluir el territorio estadounidense de Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos. El año pasado hicimos un esfuerzo preliminar para incluirlo también en el índice de todos los gobiernos. Se han introducido varias mejoras y ambos conjuntos de datos se han ampliado hasta el año 2000. Puerto Rico ocupa el puesto 61 en el índice general del gobierno, con 6.57 puntos. Esto es 1.01 puntos por debajo de la provincia canadiense peor clasificada y sólo 0.03 por encima del estado mexicano mejor clasificado.

Los estados mexicanos mejor valorados son de nuevo Baja California en el puesto 62 (6.54) y Chihuahua en el 63 con 6.46, por detrás de los 50 estados de EE.UU. y 10 provincias canadienses, y 1.04 por debajo de la provincia canadiense peor valorada. Jalisco (6.44) y Puebla (6.43) ocupan los puestos 64 y 65, respectivamente. La jurisdicción peor valorada de Norteamérica es Ciudad de México (93ª con 5.62). Las siguientes más bajas son Colima, con 5.78, y Campeche, con 5.98. Para un análisis más detallado de los resultados mexicanos, véase el Chapter 2: Economic Freedom of the Mexican States in 2022.

Figura 1.1: Resumen de las calificaciones de libertad económica a escala de todo el gobierno, 2022

Resultados de los índices subnacionales

Para comparar jurisdicciones de un mismo país, los índices subnacionales son los más adecuados. Las figuras 1.2a, 1.2b y 1.2c muestran los índices subnacionales de Canadá, Estados Unidos y México.

Canada

Alberta, con una puntuación de 6.59, fue la provincia económicamente más libre de Canadá en 2022 (figura 1.2a), como lo ha sido durante muchos años. Sin embargo, desde 2014 esa ventaja se ha reducido sustancialmente, pasando de 2.29 puntos en 2014 a 1.19 en 2022 (tras tocar fondo con 0.78 en 2020). Las siguientes provincias con más puntos en el índice subnacional son Ontario, con 5.40, y Manitoba, con 5.14, seguidas de Terranova y Labrador, con 4.82 puntos. Columbia Británica ha caído a la quinta posición, con 4.75, desde la segunda en 2018, cuando obtuvo 5.73 puntos. Quebec se situó en la parte inferior del índice de libertad económica subnacional con 3.41, muy por debajo de Nueva Escocia con 4.22, Saskatchewan con 4.46 y la Isla del Príncipe Eduardo con 4.69.

Figura 1.2a: Resumen de las calificaciones canadienses a nivel subnacional, 2022

Estados Unidos

La Figura 1.2b muestra las puntuaciones subnacionales de los estados de EE.UU. Nuevo Hampshire (8.12) vuelve a ocupar el primer puesto. Dakota del Sur (8.05) sube al segundo puesto, y Florida cae al tercero con 8.03, seguido de Tennessee (8.01) y Texas (8.00).^[3] El estado menos libre fue de nuevo Nueva York, con 4.25, muy por detrás de California (4.44), Hawái (4.68), Nuevo México (4.81), Vermont (4.96) y Oregón (5.11).

El territorio estadounidense de Puerto Rico obtuvo de nuevo la puntuación más baja, 2.13 puntos. La siguiente puntuación más baja fue casi el doble. Véase el capítulo 3 para un análisis más detallado de la libertad económica en Puerto Rico.

Figura 1.2b: Resumen de las calificaciones de EE.UU. a nivel subnacional, 2022

México

Las puntuaciones subnacionales de los estados mexicanos pueden consultarse en la Figura 1.2c. El capítulo 2 del informe contiene un análisis más detallado del índice mexicano. El estado más libre económicamente según esta medida fue Michoacán de Ocampo, con 6.30, seguido de Baja California, con 5.67, y Morelos, con 5.56.^[4] Este año, Zacatecas fue el estado mexicano menos libre, con 2.60, seguido de Campeche (2.99) y Tabasco (3.47).

Figure 1.2c: Resumen de las calificaciones de México a nivel subnacional, 2022

Libertad económica y bienestar económico

Los índices de libertad económica publicados por el Instituto Fraser han generado un amplio y creciente cuerpo de investigación. Según Google Scholar, Economic Freedom of the World a sido citado unas 14,000 veces. Y según el Social Science Citation Index, se ha utilizado en casi mil estudios revisados por pares para evaluar la relación entre libertad económica y bienestar humano. La mayoría de estas investigaciones concluyen que la libertad económica está positivamente correlacionada con el bienestar. Una revisión reciente de la literatura, por ejemplo, analizó 721 estudios revisados por pares y descubrió que la mayoría asocian la libertad económica con buenos resultados (Lawson, 2022). Entre otras cosas, la libertad económica está positivamente correlacionada con mayores ingresos, crecimiento más rápido, aumento de la inmigración, más espíritu empresarial, mejores resultados laborales, más inversión, entornos más limpios, mayor confianza, más tolerancia, menos conflictos, menos corrupción y mejor protección de los derechos humanos (Lawson, 2022; Mitchell, 2024). Además, a pesar de lo que podría pensarse, la libertad económica no parece estar correlacionada con una mayor desigualdad de ingresos (Lawson, Miozzi y Tuszynski, 2024).

Nuestra medida de la libertad económica en Norteamérica se suma a esta considerable literatura. Desde la publicación de la primera edición de Economic Freedom of North America en 2002, se han publicado casi 400 artículos académicos y políticos que exploran la relación entre nuestra medida de libertad económica y otros indicadores como el crecimiento económico y la actividad empresarial.

Los resultados han sido similares a los del índice nacional. Entre los 155 artículos que utilizan el EFNA, dos tercios lo asocian con buenos resultados, como un crecimiento más rápido, y solo uno lo asocia con un mal resultado, mientras que el resto encuentra resultados mixtos (Stansel y Tuszynski, 2018). En un ejemplo reciente, se observó que un aumento del 10% en la libertad económica se asociaba con un aumento del 5% en el producto estatal bruto real per cápita (Hall, Lacombe y Shaughnessy, 2019).

Estos datos coinciden con la intuición: es lógico que cuando se permite a los individuos tomar sus propias decisiones económicas -guiados por las señales y los incentivos de los precios, los beneficios y las pérdidas- tiendan a buscar oportunidades que mejoren sus vidas.

Referencias

Arman, Faisal, Dexter Samida, and Michael Walker (1999). Provincial Economic Freedom in Canada, 1981–1998. Critical Issues Bulletin (January). Fraser Institute.

Godin, Keith, Milagros Palacios, Jason Clemens, Niels Veldhuis, and Amela Karabegović (2006). An Empirical Comparison of Labour Relations Laws in Canada and the United States. Studies in Labour Markets 2 (May). Fraser Institute.

Gwartney, James, Robert Lawson, and Walter Block (1996). Economic Freedom of the World, 1975–1995. Fraser Institute.

Gwartney, James, Robert Lawson, and Ryan Murphy (2024). Economic Freedom of the World: 2024 Annual Report. Fraser Institute. <https://fraserinstitute.org/studies/economicfreedom-of-the-world-2024-annual-report>, as of November 6, 2024.

Hall, Joshua C., Donald J. Lacombe, and Timothy M. Shaughnessy (2019). Economic Freedom and Income Levels across US States: A Spatial Panel Data Analysis. Contemporary Economic Policy 37, 1 (January): 40–49.

Lawson, Robert (2022). Economic Freedom in the Literature: What Is It Good (Bad) For? In James Gwartney, Robert Lawson, Joshua Hall, and Ryan Murphy, Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report (Fraser Institute): 187–199. <https://www.fraserinstitute. org/studies/economic-freedom-of-the-world-2022-annual-report>; <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-in-the-literature-what-is-it-good-bad-for>, as of November 6, 2024.

Lawson, Robert, Vincent Miozzi, and Meg Tuszynski (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. Southern Economic Journal 90, 4 (April): 1099–1135.

Mitchell, Matthew D. (2024). Economic Freedom: What Is It? How Is It Measured? And How Does It Affect Our Lives? Fraser Institute. <https://www.fraserinstitute.org/studies/ economic-freedom-what-is-it-how-is-it-measured-and-how-does-it-affect-our-lives>, as of November 6, 2024.

National Right to Work Legal Defense Foundation (2024). Right to Work States. National Right to Work Legal Defense and Education Foundation, Inc. <http://www.nrtw.org/ rtws.htm>, as of November 8, 2024.

Stansel, Dean, and Meg Tuszynski (2018). Sub-National Economic Freedom: A Review and Analysis of the Literature. Journal of Regional Analysis and Policy 48, 1: 61–71.

Statistics Canada (2023). Government finance statistics, fourth quarter 2022.  <https:// www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/230323/dq230323c-eng.htm>, as of October 13, 2023.

Capítulo 3

Libertad económica en Puerto Rico

Ángel Carrión-Tavárez

Puerto Rico fue incluido preliminarmente en Libertad Económica de Norteamérica por primera vez en 2022. Este capítulo ofrece una visión general del proceso de incorporación completa de Puerto Rico al informe, junto con un análisis conciso de los resultados obtenidos en la edición de 2024. También presenta varias leyes y reglamentos que restringen la libertad económica en la Isla, identificando áreas en las que las cargas regulatorias afectan tanto a individuos como a empresas. Al abordar estos temas, el capítulo resalta los desafíos y las posibles vías para mejorar la libertad económica en Puerto Rico.

La integración de Puerto Rico en este informe fue un proceso gradual. En 2022, comenzamos recopilando la información estadística relevante para las variables del índice subnacional. Al año siguiente, se tomó la decisión de reunir datos comparables de Puerto Rico para un año de referencia, con el fin de estimar la puntuación de la Isla en los componentes y subcomponentes utilizados en el índice de todos los gobiernos.^[5] Para aumentar la precisión de los datos de la Isla en la edición de 2024, acordamos realizar una encuesta con el fin de obtener la información que permitiera calificar a Puerto Rico, en las variables cualitativas del índice de todos los gobiernos.

Libertad Económica de Norteamérica asigna a cada jurisdicción subnacional la puntuación del gobierno federal de su nación en las áreas "Sistema Jurídico y Derechos de Propiedad", "Dinero Sólido" y "Libertad de Comercio Internacional" del índice de todos los gobiernos; por ejemplo, todos los estados de Estados Unidos reciben la puntuación nacional de Estados Unidos en el informe Libertad Económica del Mundo, basada en la suposición de equivalencia en todo el país. Dado que los datos disponibles indicaban que esta suposición podría no ser precisa para Puerto Rico, se decidió llevar a cabo la encuesta para recopilar datos comparables en esas áreas del índice de todos los gobiernos.

La primera parte del cuestionario consistió en datos sociodemográficos de los participantes, incluyendo edad, nivel educativo, tipo de grupo de interés, sector económico y región de Puerto Rico en el que operan. La segunda parte incluyó 14 preguntas dirigidas a las siguientes variables: 3Av. Regulaciones de contratación y despido, 3Avi. Determinación flexible de salario, 3Ax. Mano de obra extranjera, 3Cii. Costos de la burocracia, 3Ciii. Administración pública imparcial, 4A. Independencia judicial, 4B. Tribunales imparciales, 4C. Derechos de propiedad, 4E. Integridad del sistema jurídico, 4H. Policía y criminalidad, 6Bi. Barreras no arancelarias al comercio y 6Div. Protección de activos extranjeros.

En la mayoría de los casos, las preguntas se reprodujeron textualmente y, en otros pocos, se adaptaron lo más fielmente posible a las utilizadas en Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report para evaluar a Canadá, Estados Unidos y México. Este enfoque garantizó la comparabilidad de las fuentes de las preguntas en el índice de todos los gobiernos. Las fuentes de las preguntas fueron Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial, Doing Business del Banco Mundial, Regulatory Burden Risk Ratings de IHS Markit, Varieties of Democracy del V-Dem Institute e International Country Risk Guide del PRS Group.

El método de recopilación de datos fue una encuesta en línea, elegida por su capacidad para alcanzar a un gran número de posibles encuestados; la precisión que ofrece en la recolección de datos (Fleming y Bowden, 2009);^[6] la accesibilidad y conveniencia que brinda a los participantes (Callegaro et al., 2015); y la oportunidad de recopilar y verificar información hasta el último momento. La encuesta se difundió y la participación en ella se promovió a través de organizaciones profesionales.^[7] La meta de 200 respuestas se alcanzó en un plazo de dos meses.

El cálculo de las puntuaciones de Puerto Rico se basó en la metodología de Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report (específicamente, en las descripciones y fórmulas publicadas en su "Appendix Explanatory Notes and Data Sources"). Utilizando los datos obtenidos mediante la encuesta y las puntuaciones tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, calculamos una ratio para cada variable en el índice de todos los gobiernos, para (a) revisar y ajustar las puntuaciones estimadas de Puerto Rico en la edición de 2023 y (b) completar la serie histórica desde 1985 hasta 2022.

Puerto Rico en Libertad económica de Norteamérica 2024

Los datos de Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos fueron retrocedidos hasta el año 2000. La situación de la Isla sigue siendo en gran medida la misma que el año pasado. En esta nueva edición, Puerto Rico ocupa el puesto 51 por tercer año consecutivo, con una puntuación de 2.13. Para efectos de comparación, las siguientes jurisdicciones con puntuaciones más bajas son Nueva York, en el puesto 50 con 4.25 ―casi el doble de la puntuación de Puerto Rico―; California, en el lugar 49 con 4.44; y Hawái, en el puesto 48 con 4.68 (Figura 3.1). En la parte superior del índice subnacional, Nueva Hampshire obtuvo la puntuación más alta entre los estados con 8.13.

Como se muestra en la Tabla 3.1, la Isla ocupa el puesto 51 en las tres áreas del índice subnacional. Puerto Rico también ocupa el último lugar en cuatro de las diez variables, empata en el último lugar en tres de ellas, y ocupa los puestos 47 y 40 en dos de las restantes tres. Es importante resaltar que la puntuación general de la Isla es aproximadamente un tercio del promedio de Estados Unidos, y que el ingreso per cápita de Puerto Rico es un 60% inferior al promedio nacional de Estados Unidos en 2022. A pesar de estos resultados, el Gobierno de Puerto Rico no ha realizado cambios de política pública para mejorar la libertad económica en la Isla.

Figura 3.1: Resumen de las calificaciones de los 10 últimos estados de EE.UU. y Puerto Rico en materia económica

Tabla 3.1: Libertad económica a nivel subnacional en Puerto Rico, 2022

En el índice de todos los gobiernos, que incluye las 10 provincias de Canadá, los 50 estados de Estados Unidos (y ahora Puerto Rico), y los 31 estados y la capital de México, para un total de 93 jurisdicciones, la Isla ocupa nuevamente este año el puesto 61, con una puntuación de 6.57. Las jurisdicciones con puntuaciones más bajas en Estados Unidos y Canadá son Delaware en el puesto 56, con 7.65, y Terranova y Labrador en el puesto 60, con 7.58. El estado mexicano mejor clasificado, Baja California, ocupa el puesto 62 con una puntuación de 6.54 (Figura 3.2); por lo tanto, Puerto Rico se alinea más estrechamente con México que con Estados Unidos y Canadá.

Figure 3.2: Resumen de las calificaciones de determinadas jurisdicciones norteamericanas y Puerto Rico en libertad económica en el tercer cuartil a nivel subnacional, 2022

Entre todas las jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y México en el índice de todos los gobiernos, Puerto Rico ocupa el penúltimo lugar en Gasto Público (incluyendo el último lugar en Pagos de Seguros y Pensiones), el puesto 28 en Impuestos, y el puesto 61 en Libertad del Mercado Laboral. Además, la Isla ocupa el último lugar en dos de los indicadores de libertad económica utilizados exclusivamente en este índice; ocupa el puesto 61 en tres de ellos, y los puestos 33, 11 y 1 en los tres restantes (Tabla 3.2). Las puntuaciones y clasificaciones de Puerto Rico en el índice de todos los gobiernos de este año reflejan los resultados de la encuesta realizada.

Durante el período de 10 años de 2013 a 2022,^[8] el Gobierno de Puerto Rico se declaró incapaz de pagar su deuda; el Gobierno de Estados Unidos estableció una junta de supervisión para gestionar la crisis fiscal de la Isla; el Gobierno de Puerto Rico se acogió a la quiebra; y la Isla fue golpeada por dos huracanes, una serie de terremotos y la pandemia de cóvid-19; sin embargo, la puntuación general de Puerto Rico fue de 2.13 tanto al inicio como al final de esta década. Esto sugiere que la baja puntuación de la Isla está más vinculada a las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico y al marco regulatorio que han establecido, que al efecto neto de estos eventos económicos.

Table 3.2: Economic Freedom at the All-Government Level in Puerto Rico, 2022

El ambiente regulatorio de Puerto Rico

Puerto Rico ha estado sometido a un control estatal sobre los activos de producción, un fuerte intervencionismo del Gobierno en el mercado y una significativa redistribución de los ingresos durante décadas.^[9] Estas condiciones han generado distorsiones económicas que han desincentivado la inversión privada, reducido el emprendimiento y limitado la apropiabilidad de individuos y empresas, entre otros efectos. Como resultado, la Isla ha experimentado un mercado laboral históricamente débil, una baja participación en la fuerza laboral, bajos salarios, altos niveles de pobreza, alta dependencia de las transferencias federales y una emigración sustancial.

Un informe publicado por el Instituto de Libertad Económica en octubre de 2024 presentó una muestra de más de 50 leyes y reglamentos que ejemplifican los excesos regulatorios del Gobierno de Puerto Rico.^[10] Las regulaciones incluidas en el informe son el resultado de políticas públicas centralistas, paternalistas y proteccionistas que no lograron los fines para los cuales fueron concebidas, perjudicando en última instancia a quienes pretendían ayudar o beneficiando a algunos a expensas de otros. Los siguientes párrafos ofrecen ejemplos de los temas y las cargas regulatorias descritas en ese documento.

Licencias ocupacionales. Puerto Rico regula más de 140 ocupaciones, de las cuales al menos 131 tienen actualmente una regulación ocupacional activa.^[11] Entre ellas, 34 licencias son requeridas en menos de 5 estados de Estados Unidos, incluidas 13 que existen únicamente en la Isla.^[12] Esto plantea interrogantes sobre la necesidad de exigir licencias en Puerto Rico para ocupaciones que, en la mayoría de los estados federados, no están reguladas, es decir, que se practican en todas o casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos sin necesidad de una licencia ocupacional, facilitando así el acceso a oportunidades laborales y empresariales.

Registro de propiedad. Puerto Rico utiliza el sistema registral español, que es complejo y costoso; por ejemplo, el costo de procesar la escritura de una propiedad inmueble comercial con características similares en Charlotte, Durham, Greensboro y Raleigh es $26.00, mientras que en San Juan es $1,940.85.^[13] Esta diferencia resalta la falta de competitividad del sistema de registro de propiedad de la Isla, en comparación con otros mercados, y la necesidad de un mecanismo más robusto y eficiente que proteja la propiedad privada y facilite realizar transacciones de una manera segura, rentable y rápida.

Facilidad para hacer negocios. La falta de una política pública favorable al emprendimiento, sumado a la burocracia y las trabas gubernamentales, ha convertido a Puerto Rico en un lugar inhóspito para iniciar y administrar negocios; de hecho, San Juan ocupó el último lugar entre 83 jurisdicciones de Estados Unidos en el Informe hacer negocios Norteamérica 2022. La mayoría de las variables relevantes para el emprendimiento, como la obtención de permisos, el acceso a electricidad, la contratación de empleados, el uso del terreno y el espacio y el pago de impuestos, están reguladas a escala estatal en la Isla; en consecuencia, los resultados de San Juan en el estudio reflejan la situación de Puerto Rico en su conjunto.

Impuestos. El sistema contributivo y la estructura fiscal de la Isla restringen la libertad económica, desincentivan el esfuerzo productivo y fomentan la evasión fiscal y la informalidad, lo que a su vez reduce la base contributiva. Puerto Rico tiene la segunda tasa de impuesto corporativo más alta del mundo, con un 37.5%, mientras que la tasa combinada de impuestos corporativos federales y estatales en Estados Unidos es del 25.77%. Este entorno fiscal disuade a los inversionistas locales y representa una desventaja competitiva para atraer inversión privada de Estados Unidos y otros países.

Impuesto al inventario. Los municipios de Puerto Rico cobran un impuesto sobre el inventario que afecta tanto a las empresas como a los consumidores. Este impuesto se aplica al valor de los inventarios, ya sea en forma de productos acabados (listos para la venta), productos parcialmente ensamblados o materias primas. Como consecuencia, las empresas mantienen niveles de inventario por debajo de lo óptimo, lo que genera escasez de productos, precios más altos y una menor competitividad. El impuesto al inventario ha sido eliminado en 36 estados de Estados Unidos y los 14 estados restantes aplican tasas significativamente más bajas que las de la Isla.

Leyes laborales. En Puerto Rico, están en vigor las leyes laborales y de derechos civiles federales de Estados Unidos, como la Fair Labor Standards Act de 1938, la Equal Pay Act de 1963, el Título VII de la Civil Rights Act de 1964, la Age Discrimination in Employment Act de 1967, la Americans with Disabilities Act de 1990 y la Family and Medical Leave Act de 1993; no obstante, en la Isla se han aprobado más de 25 leyes laborales y de derechos civiles adicionales —muchas de ellas redundantes y tautológicas— que han creado un marco regulatorio sobrecargado que dificulta la creación de empleos y la contratación de trabajadores.

Estacionamientos privados. El Gobierno de Puerto Rico considera de interés público el negocio de estacionamientos privados y controla las tarifas que los dueños y operadores pueden cobrar.^[14] Esta intervención gubernamental desincentiva la actividad económica, reduce la inversión privada, limita la competencia en el mercado, genera ineficiencias operacionales y restringe el potencial de crecimiento del sector. Como propiedad privada, los estacionamientos deberían operar sin intervenciones gubernamentales indebidas, de acuerdo con sus costos operacionales y las condiciones del mercado.

Transportación de carga. El Gobierno de Puerto Rico también controla las tarifas del transporte de carga, lo que resulta en costos 2.5 veces más altos que en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos y encarece el precio de los bienes, especialmente los alimentos.^[15] El sistema de tarifas fijas en la Isla genera rigidez en el mercado e impone procesos burocráticos que impiden a los agentes económicos responder eficazmente a emergencias e imprevistos, como un huracán o una pandemia. Asimismo, limita la capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, restringe la eficiencia y afecta la estabilidad económica.

Contratos de distribución. La Ley de Contratos de Distribución regula las relaciones entre los principales o concedentes y sus distribuidores en Puerto Rico, con el propósito de proteger a estos últimos.^[16] El deber del Gobierno en el Estado de derecho no es beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes, sino garantizar el cumplimiento de los contratos realizados de manera libre y voluntaria en un mercado competitivo, de forma eficiente y expedita. Bajo ninguna circunstancia, el Estado debe actuar como juez y parte, utilizando la ley para favorecer o desfavorecer a una de las partes en un contrato.

Inspección de furgones. En Puerto Rico, el Gobierno requiere la inspección del 100% de los contenedores que llegan a la Isla. Desde su implementación en 2009, esta práctica ha costado más de $20 millones anuales, lo que repercute significativamente en los consumidores puertorriqueños a lo largo de la cadena de valor. En la práctica, esta medida ha funcionado como un impuesto adicional para los consumidores sin aportar beneficios tangibles a la sociedad, ya que en los 15 años de inspección universal de furgones no se ha reportado la detección de armas, drogas ilegales ni otros materiales restringidos.

Certificados de necesidad y conveniencia. El Secretario de Salud de Puerto Rico tiene plena autoridad sobre "la planificación ordenada" de las instalaciones y "los costos de los servicios de salud" (Ley Núm. 2-1975: 1); por lo tanto, es obligatorio obtener un certificado de necesidad y conveniencia otorgado por este funcionario antes de construir o adquirir una farmacia, un banco de sangre, un laboratorio clínico o una instalación de salud; ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud; realizar inversiones de capital de $500,000 o más en una instalación de salud existente; o adquirir equipo médico altamente especializado valorado en $250,000 o más.^[17]

Negocios municipales. Los municipios en Puerto Rico tienen la autoridad para adquirir, crear, operar y vender negocios y franquicias comerciales. Pueden administrar todo tipo de empresas con fines de lucro o entidades corporativas utilizando fondos públicos. Además, las entidades corporativas propiedad de los municipios o gestionadas por estos están exentas del pago de patentes, arbitrios, aranceles y contribuciones. Esto constituye una competencia desleal del Gobierno contra las empresas privadas —que son una fuente sustancial de los ingresos públicos— al ofrecer bienes y servicios que el sector privado puede proveer.

Tamaño del gobierno. Puerto Rico tiene el número más alto de empleados públicos como porcentaje del empleo total entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. En mayo de 2024, la Isla tenía 166,122 puestos ocupados en el Gobierno estatal y local, lo que equivale aproximadamente a 510 empleados públicos por cada 10,000 residentes. Además, Puerto Rico cuenta con 132 agencias y entidades estatales, mientras que los estados con poblaciones similares operan con menos de 38 agencias. Esto lleva a cuestionar por qué la Isla necesita casi 100 agencias más.

El informe citado no solo destaca las leyes y los reglamentos que limitan la libertad económica en Puerto Rico, sino que también presenta recomendaciones para establecer e implementar una nueva política pública. Las propuestas incluidas buscan promover (a) el cese de la intervención indebida del Gobierno en la libertad económica; (b) la eliminación del control gubernamental sobre los activos de producción; (c) la descentralización de la planeación económica; y (d) la reducción de las cargas tributarias que desalientan la creación de riqueza, para disminuir la pobreza y la dependencia.

Conclusion

La inclusión de Puerto Rico en Libertad Económica de Norteamérica representa un esfuerzo por medir y evaluar la libertad económica de la Isla dentro del contexto más amplio de Estados Unidos y América del Norte. El bajo desempeño de Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos revela desafíos significativos en las políticas públicas de la Isla, particularmente en áreas que afectan la libertad individual, la competitividad del mercado, la eficiencia y la innovación. Estos resultados demuestran problemas críticos en el marco regulatorio de Puerto Rico, lo que sugiere que las políticas vigentes podrían estar obstaculizando, en lugar de fomentando, el dinamismo económico.

Al analizar el panorama regulatorio de Puerto Rico, resulta evidente que una variedad de políticas y leyes han generado barreras significativas a la libertad económica en la Isla. Desde las licencias ocupacionales hasta los controles de precios en la transportación de carga y el extenso intervencionismo gubernamental, este régimen regulatorio frecuentemente inhibe la competencia, limita el acceso a bienes y servicios esenciales y ejerce una presión particular sobre los negocios y consumidores locales. En conjunto, estas restricciones crean un entorno que frena el crecimiento económico y coloca a Puerto Rico en desventaja frente a otras jurisdicciones.

La libertad económica es uno de los derechos más fundamentales de las sociedades libres. Donde se protege la libertad económica, hay más oportunidades, mayor emprendimiento, más empleo, mayor prosperidad y menos pobreza. No es de extrañar, por ende, que los desafíos sociales y económicos persistentes en Puerto Rico reflejen una falta de libertad. Eliminar las restricciones de política pública vigentes podría ser clave para mejorar la libertad económica en la Isla; y brindar, a cada persona, la oportunidad de prosperar y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña.

Referencias

Callegaro, Mario, Katja Lozar Manfreda, y Vasja Vehovar (2015). Web Survey Methodology. Sage.

Carrión-Tavárez, Ángel (2024). Acciones de libertad económica para un Puerto Rico justo y próspero. Instituto de Libertad Económica. <https://doi.org/10.53095/13584013>, el 31 de octubre de 2024.

Carrión-Tavárez, Ángel, Dick M. Carpenter II, y Edward J. Timmons (2024). Liberar el potencial, las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico. Institute for Economic Liberty. <https://doi.org/10.53095/13584010>, el 31 de octubre de 2024.

Carrión-Tavárez, Ángel (Ed. & Trad.) (2023). Informe hacer negocios Norteamérica 2022 (4a ed., Compendio). Center for the Study of Economic Liberty, Arizona State University. <https://doi.org/10.53095/13583004>, el 22 de agosto de 2024.

Fleming, Christopher M., y Mark Bowden (2009). Web-Based Surveys as an Alternative to Traditional Mail Methods. Journal of Environmental Management 90, 1 (January), 284‒292. <https://research-repository.griffith.edu.au/server/api/core/bitstreams/e292064f-df00-5c0c-b809-1226b1ff40e1/content>, el 1 de mayo de 2024.

Hayek, Friedrich A. (1944/2008). Camino de servidumbre. Textos y documentos. La edición definitiva. Ed. y Trad. Bruce Caldwell. Unión Editorial. <https://cdn.mises.org/RoadtoSerfdom_camino-de-servidumbre.pdf>, el 24 de agosto de 2024.

Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975. Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia (1975). Oficina de Gerencia y Presupuesto, Gobierno de Puerto Rico. <https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Salud/2-1975.pdf>, el 22 de agosto de 2024.

Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964. Ley de Contratos de Distribución. Oficina de Gerencia y Presupuesto, Gobierno de Puerto Rico. <https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/75-1964.pdf>, el 22 de agosto de 2024.

Moore, Thomas Gale (s.f.). Trucking Deregulation. Library of Economics and Liberty. <https://www.econlib.org/library/Enc1/TruckingDeregulation.html>, el 24 de agosto de 2024.

Trudeau, Noah, Edward Timmons, y Sebastian Anastasi (2024). State Occupational Licensing Index, 2024. Archbridge Institute. <https://www.archbridgeinstitute.org/wp-content/uploads/2024/08/2024-State-Occupational-Licensing-Index.pdf>, el 31 de octubre de 2024.