Hayek y el rol del gobierno en el libre mercado

La contribución más conocida y una de las más importantes de Friedrich August von Hayek a la teoría política y económica es su libro Camino de servidumbre, publicado en 1944. La obra fue escrita en el contexto de las décadas de 1930 y 1940, marcado por el auge de ideologías como el nacionalismo, el fascismo y el comunismo, así como por la creciente intervención del Estado en las economías occidentales. La tesis central del libro es que las sociedades occidentales estaban abandonando «la tradición individualista que creó la civilización occidental».^[1]

Hayek argumenta que Occidente había errado al creer que la prosperidad podía alcanzarse mediante un mayor control gubernamental de la economía. A su juicio, esta tendencia amenazaba tanto la libertad individual como la prosperidad.^[2] Por el contrario, Hayek sostiene que el aumento general de la riqueza depende de un sistema basado en el libre mercado y en una sociedad de individuos libres; por eso concluye que «El principio rector que afirma no existir otra política realmente progresiva que la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo XIX».^[3]

Esta visión de la libertad individual en la sociedad y en el mercado no significa que Hayek niegue la necesidad de un rol para el gobierno. Hayek reconoce que el gobierno tiene funciones legítimas en aquellas áreas en las que el mercado no puede, por sí solo, proporcionar ciertos bienes, servicios o condiciones necesarias para el funcionamiento de la sociedad.^[4] Un análisis de Camino de servidumbre permite distinguir tres ámbitos en los que Hayek reconoce un papel legítimo al gobierno: el Estado de derecho, las funciones que corresponden al gobierno en virtud de sus poderes constitucionales y aquellas actividades cuya provisión puede resultar económicamente onerosa para el libre mercado.

El Estado de derecho

El Estado de derecho es de suma importancia para Hayek, pues lo considera esencial para una sociedad verdaderamente libre.^[5] El Estado tiene la función de «fijar normas determinantes de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse los recursos disponibles, dejando a los individuos la decisión sobre los fines para los que serán usados».^[6] De esta manera, el Estado de derecho permite a los individuos convivir y cooperar dentro de la sociedad civil, en la que puedan perseguir su propia concepción de la vida buena.

El papel del gobierno bajo el Estado de derecho también permite establecer ciertas regulaciones generales sobre el mercado, particularmente en relación con los métodos legales de producción. «Prohibir el uso de ciertas sustancias venenosas o exigir especiales precauciones para su uso, limitar las horas de trabajo o imponer ciertas disposiciones sanitarias es plenamente compatible con el mantenimiento de la competencia».^[7] Hayek también identifica otras áreas en las que el gobierno puede intervenir, como la prevención del fraude y la protección del medio ambiente.^[8]

El poder que emana del Estado de derecho no es ilimitado ni otorga al gobierno carta blanca para regular indiscriminadamente todas las áreas de la economía y de nuestras vidas. Hayek establece varios principios para limitar la intervención gubernamental: «La única cuestión está en saber si en cada ocasión particular las ventajas logradas son mayores que los costes sociales que imponen».^[9] Este principio implica que las regulaciones deben justificarse por los beneficios que producen y no deben imponer costos sociales que superen dichos beneficios. En particular, las regulaciones no deben obstaculizar innecesariamente la libre competencia dentro del mercado. El Estado de derecho debe, además, preservar la competencia no solo en el ámbito local, sino también en el internacional.

Un ejemplo en Puerto Rico es la regulación del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos para establecer las tarifas que deben pagarse a los camioneros privados. Este reglamento otorga al gobierno la facultad de fijar arbitrariamente las tarifas de transporte entre las partes que han llegado a un acuerdo privado. Este tipo de regulación limita la libertad de las partes para negociar contratos y puede restringir la competencia, al aumentar los costos de quienes requieren servicios de transporte —costos que eventualmente pueden trasladarse al consumidor—. Además, puede convertirse en una medida proteccionista en favor de los intereses privados que dominan el mercado de transporte, al protegerlos de la competencia de proveedores capaces de ofrecer el servicio a menores costos.

Otro principio del Estado de derecho es que el gobierno no puede atentar contra la libertad individual ni menoscabarla. Para Hayek, el Estado no puede controlar los medios o instrumentos mediante los cuales los individuos persiguen sus deseos y propósitos, entre ellos, principalmente, la búsqueda de la vida buena;^[10] por ello, el Estado de derecho debe establecer un marco que permita al individuo perseguir sus propios fines, en lugar de imponerle los medios mediante los cuales debe alcanzarlos. En este sentido, el Estado de derecho no busca dirigir las decisiones de los individuos, sino establecer las reglas generales que les permitan actuar libremente y coordinar sus actividades con las de los demás.

El poder constitucional

El poder constitucional representa otra dimensión del rol del gobierno. Aunque Hayek no lo desarrolla explícitamente en Camino de servidumbre, puede inferirse de su planteamiento. Este principio significa que el gobierno está limitado a intervenir en aquellas áreas que le han sido asignadas dentro del marco constitucional. Esta limitación introduce la segunda área en la que el gobierno puede desempeñar funciones que no necesariamente puede asumir el libre mercado; el ejemplo primordial es la defensa de la nación. En muchas constituciones, la responsabilidad de la defensa nacional se asigna al gobierno; por tanto, este tiene el rol de crear y mantener fuerzas armadas que protejan al país frente a amenazas externas.

El reconocimiento de esta responsabilidad constitucional no excluye la participación del libre mercado en la provisión de servicios relacionados con la seguridad y la defensa; existen muchas compañías privadas de seguridad que prestan servicios de protección tanto a los individuos como al Estado. Asimismo, en el caso del U.S. Postal Service, cuya existencia tiene su origen en un mandato constitucional para establecer oficinas y rutas postales,^[11] han surgido empresas como FedEx, DHL Express y UPS que ofrecen servicios de entrega que compiten con los servicios postales del Estado; en cualquier caso, cuando la Constitución asigna una responsabilidad al gobierno, este debe contar con las instituciones y los recursos necesarios para cumplirla.

Las áreas de baja rentabilidad

La última situación en que Hayek ve necesario el rol del gobierno es en aquellas áreas en las que resulta demasiado oneroso para el libre mercado ofrecer ciertos servicios. Se trata de servicios que el libre mercado ofrece o podría ofrecer, pero que, por diferentes circunstancias, no resulta económicamente eficiente proveerlos en toda la economía o en determinadas áreas o localidades. Un ejemplo en el entorno puertorriqueño es el acceso a internet y la red de PrepaNet.

PrepaNet fue una subsidiaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico que, al tener acceso a la infraestructura de la AEE, pudo entrar al mercado de las telecomunicaciones mediante el desarrollo de una red de fibra óptica para proveer la infraestructura necesaria al sector privado. Esta infraestructura fue utilizada para reducir la brecha digital en comunidades puertorriqueñas que no contaban con alternativas privadas, debido a que para las empresas resultaba demasiado oneroso realizar las inversiones de capital necesarias en áreas con poca demanda y bajos márgenes de ganancia.

Esta iniciativa gubernamental facilitó la entrada de empresas privadas al mercado y la prestación de este importante servicio. En este caso, la participación del gobierno puede considerarse permisible porque facilita la provisión del servicio sin que ello implique necesariamente sustituir al sector privado; y brinda a los individuos de estas comunidades mayores oportunidades para perseguir sus propios fines y desarrollar actividades que forman parte de su búsqueda de la vida buena. Estos fines y actividades pueden incluir mantenerse informados, estudiar, crear un negocio en línea o desarrollar actividades económicas locales.

Que el gobierno brinde servicios en aquellas áreas en las que resulta oneroso para el libre mercado hacerlo no significa que ese poder carezca de límites. Toda acción gubernamental dirigida a prestar servicios debe analizarse bajo el criterio de que no afecte la competencia en el mercado. La provisión gubernamental de un servicio no debe prohibir ni hacer más onerosa la entrada de empresas privadas a ese mercado. La participación gubernamental, por tanto, no debería desplazar ni impedir la iniciativa privada, sino limitarse a aquellas circunstancias en las que resulte necesaria para hacer posible que el servicio sea ofrecido, procurando que sean los actores privados quienes asuman su prestación cuando las condiciones del mercado lo permitan.

Asimismo, ninguna acción gubernamental debe menoscabar la libertad individual. Todo servicio que ofrezca el gobierno debe evaluarse bajo el criterio de si amplía o restringe la capacidad de los individuos para perseguir libremente su propia concepción de la vida buena. La función del gobierno no consiste en determinar qué fines deben perseguir los individuos ni en decidir cómo deben alcanzarlos, sino en crear las condiciones que les permitan utilizar sus propios conocimientos y recursos para perseguirlos libremente, en el marco de la ley. Incluso cuando la intervención gubernamental esté justificada por las circunstancias, debe mantenerse dentro de parámetros que preserven la autonomía de los individuos y eviten que el gobierno sustituya las decisiones que corresponden a estos.

Estos son, pues, los tres ámbitos en los que, a partir del análisis de Hayek, podemos identificar un rol legítimo para el gobierno, dentro de un marco teórico orientado a promover la libertad y la competencia. Desde nuestra perspectiva política, esto significa que el rol del gobierno no tiene que ser minimalista ni limitarse exclusivamente a la protección de nuestros derechos naturales. Es un rol limitado por los principios que hemos expuesto y orientado a crear las condiciones que permitan a los individuos y a las comunidades perseguir su propia concepción de la vida buena.

El rol del gobierno no puede extrapolarse mecánicamente a todas las situaciones y contextos de los distintos países y comunidades. Puerto Rico, por sus circunstancias geográficas y demográficas, cuenta con un mercado relativamente pequeño, lo que plantea dificultades y retos para los actores económicos y para el desarrollo del libre mercado. Precisamente por ello, resulta especialmente importante que la política pública del gobierno de Puerto Rico favorezca la inversión privada, la participación de los individuos en el mercado, así como la creatividad y la innovación.

Conclusión

La pregunta sobre el rol del gobierno en el libre mercado no puede reducirse a una oposición entre intervención estatal y ausencia de intervención. Para Hayek, la cuestión fundamental es determinar si la acción del gobierno preserva las condiciones que permiten a los individuos utilizar libremente su conocimiento, tomar sus propias decisiones y perseguir sus propios fines. El gobierno, por tanto, tiene un rol legítimo en una sociedad libre, pero ese rol está sujeto a límites que buscan impedir que su poder sustituya las decisiones de los individuos o distorsione el proceso competitivo del mercado.

Desde esta perspectiva, un gobierno favorable a la libertad no es necesariamente un gobierno ausente, sino un gobierno limitado por reglas generales, por sus poderes constitucionales y por la necesidad de preservar la libertad individual y la competencia. Su intervención puede estar justificada cuando crea las condiciones institucionales necesarias para que los individuos y las comunidades puedan prosperar, o cuando actúa en aquellas áreas en las que la provisión de determinados servicios resulta económicamente onerosa para el libre mercado; pero incluso en esas circunstancias, la acción gubernamental debe estar orientada a preservar —y no a sustituir— la capacidad de los individuos y de las empresas privadas para participar libremente en el mercado.

El verdadero desafío de la política pública consiste, entonces, en reconocer los límites de la acción gubernamental. No se trata simplemente de preguntar qué puede hacer el gobierno, sino qué debe hacer para que una sociedad libre pueda funcionar. En el pensamiento de Hayek, la respuesta exige que el poder público se mantenga dentro de un marco que proteja el Estado de derecho, respete los poderes que le han sido constitucionalmente asignados y evite convertirse en un obstáculo para la libertad y la competencia. Ese marco ofrece un criterio para evaluar cuándo la acción del gobierno es compatible con una sociedad libre y cuándo, por el contrario, comienza a sustituirla.