Artículos

En la carta del pasado 30 de julio, la Junta de Supervisión anejó un extenso estudio del economista Robert Triest en el cual se resumen los impactos negativos que tendría la Ley 41 en el desarrollo económico de Puerto Rico. En síntesis, el estudio económico concluye que la Ley 41 desincentiva la contratación de nuevos empleados en el sector privado y, por ende, se afectarán los recaudos del Gobierno. Específicamente, el estudio concluye que la Ley 41 causará una disminución en los ingresos del Gobierno de $156 millones a corto plazo y -a largo plazo – causará una reducción de $8.1 billones en los ingresos. A base de ese estudio, la Junta concluye que la Ley 41 es inconsistente con el Plan Fiscal y viola PROMESA.