La tinta con la que se había firmado el acuerdo para sacar al gobierno de la quiebra, bajo el Título 3 de la Ley federal Promesa, no estaba seca cuando ya la clase política local ideaba nuevas legislaciones populistas como las que nos llevaron a la insolvencia. Actúan como los menores de edad, que no aprenden de los errores y los regaños de sus padres, y siguen cometiéndolos sin consecuencias.
Quizás sea materia para estudio de sociólogos y psicólogos entender qué hay en la mente de la clase dirigente, que dice gobernarnos, cuando insisten en continuar implementando medidas legislativas que minan la competitividad económica de la isla, y solo buscan asegurar los votos de las masas para ser reelectos, al costo que sea. La viabilidad de Puerto Rico está en juego.
El populismo o la vocación política de prometer beneficios a la mayoría con el menor esfuerzo posible, con alto gasto público, altos impuestos y deuda gubernamental, ha sido el gran causante del fracaso fiscal y social de Puerto Rico. Nuestra clase política no lo quiere aceptar, y, por ende, no hay cambio en el curso de sus acciones. Ni la propia Junta de Supervisión Fiscal, creada por una ley federal, ha podido regenerar la genética populista de nuestro liderato político.
Antonio Medina junto a David Skeel y John Nixon, de la Junta de Supervisión Fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)
Estipulando lo anterior, le debe tocar al pueblo comenzar a revertir y pasar factura electoral a los que insistan en llevarnos al abismo con estas medidas. Si queremos dejar un Puerto Rico viable a las próximas generaciones, debemos comenzar desde abajo un verdadero cambio en la manera de gobernar y administrar la economía.
La era del progreso económico y la buena gobernanza
Luego de décadas de turbulencia social, a principios del siglo 20, Puerto Rico, transitó a ser una de las economías de mayor crecimiento económico en el hemisferio durante la segunda mitad del siglo anterior. Los políticos de aquellos tiempos, al ver la pobreza y la miseria, sabían que no había tiempo para perder, y enfocaron toda su energía en levantar a la isla del estancamiento económico. Lo lograron, pero jamás pensaron que décadas más tarde otra generación de políticos se enfocaría en destruir lo que ellos lograron.
Al amparo de la antigua Sección 936 y el valor geopolítico que nos proveyó la “Guerra Fría”, fuimos el destino predilecto de inversión multinacional y de capitales foráneos. También se creó una clase media profesional, que hoy se extingue o emigra. El pragmatismo económico fue el norte de los dirigentes que se alternaron en el poder de los principales partidos políticos. La narrativa ni las acciones eran hostiles hacia al desarrollo y la atracción de capital.
La eliminación de la Sección 936 llevó al cierre de plantas manufactureras en Puerto Rico.
El cierre del gobierno del 2006 y el comienzo de una larga crisis
Todo cambia a partir del 2006, cuando el gobierno se queda sin efectivo, obligando al primer cierre gubernamental. A partir de ahí se crearon las condiciones para la larga crisis fiscal y económica que termina el 2016, con la imposición por parte del Congreso federal de Promesa y una Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Los gobiernos de turno (cada uno de un solo cuatrienio) se alejaron de la posibilidad de promover un proyecto económico de largo plazo y se enfocaron a administrar la crisis dentro de las restricciones políticas impuestas por el cuatrienio. La adicción de los políticos a los impuestos y a la deuda para mantener artificialmente con vida al aparato gubernamental consolidó una narrativa de que el gobierno era esencial a costa del sector productivo. El propio gobierno ha creado una peligrosa espiral de contracción económica con mayores impuestos y gasto.
Por otro lado, el Congreso federal tiene su cuota de responsabilidad, al seguir enviando ayudas federales sin pedir medidas correctivas o reformas institucionales a los diversos gobiernos.
Quiebra, el “mantengo” federal y la sobrevivencia del populismo
Los traumas de la quiebra gubernamental y los desastres naturales debieron crear una reflexión y cambios en la manera de gobernar, pero nada de eso ha ocurrido. Los choques del gobierno con la JSF han impedido que se implementen las reformas económicas para evitar una segunda quiebra. Las masivas ayudas federales asociadas al paso del huracán María y la pandemia, han creado una falsa sensación de bonanza económica y, por ende, ha desalentado a que hagan reformas por temor a los costos electorales. Así las cosas, de forma colectiva se acepta el “estatus quo” como la normativa social y económica.
No hay cambios porque no hay incentivos para cambiar. La solución a nuestros problemas económicos siempre vendrá del norte como ha sido históricamente. De crisis en crisis, esperando algún verdadero cambio, que quizás nunca llegue.
Esta pieza apareció originalmente en El Nuevo Día