Los costos preliminares de la quiebra, ascendentes a $1,000 millones, hasta el momento, deberían ser un poderoso incentivo para que forcemos las reformas estructurales que salvarán a Puerto Rico de una segunda quiebra y un precipicio económico. Sería un acto de locura colectiva ignorar las razones que nos llevaron al hoyo fiscal y habernos convertido en el primer gobierno estatal en los Estados Unidos que radica una quiebra.
El fiasco de la inmigración en la frontera sur no es la única crisis estadounidense en curso que implica un éxodo de hispanohablantes. Desde 2006, Puerto Rico ha sufrido un colapso económico y fiscal que ha provocado la emigración de casi un millón de personas al territorio continental de Estados Unidos, donde ahora viven más puertorriqueños que en la propia isla.
A pesar del colapso del modelo económico provocado por el fin de la Sección 936 (1996), y la eventual quiebra del gobierno territorial (2016) es evidente que Washington y mucho menos los funcionarios del territorio quieren pensar en cambios estructurales que permitan idear una estrategia económica que no dependa de las ayudas federales. Así las cosas, parece que seguiremos rehenes del corto plazo. Los políticos locales y en algunas instancias, los grupos empresariales, han preferido ir a la capital federal a pedir nuevas ayudas desconectadas de un programa coherente de desarrollo económico.
Los puertorriqueños han vivido décadas de esta utopía de izquierdas, y están huyendo de ella. La población en edad de trabajar de la isla se redujo en 100,000 personas desde 2005, cuando la economía pasó del estancamiento a la depresión. En un universo paralelo con mercados libres y poca regulación, Puerto Rico podría haberse convertido en el Singapur del Caribe.
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