La semana pasada, la Casa Blanca fue sede de un encuentro de alto nivel entre funcionarios federales y del gobierno local para hablar de una agenda económica para el 2023. Luego del evento, hubo una conferencia de prensa en la que el gobernador Pedro Pierluisi y los representantes del presidente Joe Biden explicaron algunas de las iniciativas que se promoverán.
Claramente, lejos de anunciar un programa de políticas económicas que promueva el desarrollo de la isla a largo plazo, los funcionarios hablaron de iniciativas y proyectos amarrados a las ayudas federales provistas por FEMA y las demás agencias. No me pareció escuchar nada en torno a las leyes de cabotaje, cambios en las políticas de bienestar social o la restauración de una cultura productiva en la isla.
El Congreso no logra comprender que la expansión desmedida de ayudas a Puerto Rico no solo está destruyendo la capacidad productiva de la economía local, sino que lacera la autoestima colectiva, escribe Gustavo Vélez. En la foto, vista de la reunión entre funcionarios de la Casa Blanca y la administración de Pedro Pierluisi. (José A. Delgado)
A pesar del colapso del modelo económico provocado por el fin de la Sección 936 (1996), y la eventual quiebra del gobierno territorial (2016) es evidente que Washington y mucho menos los funcionarios del territorio quieren pensar en cambios estructurales que permitan idear una estrategia económica que no dependa de las ayudas federales. Así las cosas, parece que seguiremos rehenes del corto plazo. Los políticos locales y en algunas instancias, los grupos empresariales, han preferido ir a la capital federal a pedir nuevas ayudas desconectadas de un programa coherente de desarrollo económico.
El eterno “Ay bendito boricua”
El contexto de la quiebra del gobierno y las tragedias asociadas a los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19 ha sido el pretexto ideal del lado de acá para pedirle al Congreso federal nuevas ayudas cobijadas por el “ay bendito” boricua. El Congreso -ante la falta de una política pública clara en torno a la isla- parece haber escogido la ruta fácil de proveer ayudas para evitar mayores problemas sociales y económicos en su territorio en el Caribe, y contener la emigración hacia el norte. Se estima que ya hay cinco millones de puertorriqueños en los Estados Unidos.
Así las cosas, los dos factores anteriormente expuestos tienen a Puerto Rico en un limbo decisional que hará insostenible la viabilidad económica de la isla a largo plazo. Washington y el liderato local, junto al sector privado, deben provocar una conversación seria y profunda en torno a estrategias y herramientas para potenciar las fuerzas productivas locales.
En columnas anteriores he descrito cómo la combinación de todas estas ayudas ha aumentado la dependencia económica de la isla en las ayudas federales. Entre el 2020 y el 2021, las ayudas federales recurrentes y no recurrentes, representaron el 30% del Producto Nacional Bruto (PNB) de la isla.
Como resultado de este incremento, se ha impactado adversamente el mercado laboral, ya que menos personas se incentivan a trabajar, a pesar del aumento del salario mínimo y el crédito al trabajo. El Congreso no logra comprender que la expansión desmedida de ayudas a Puerto Rico no solo está destruyendo la capacidad productiva de la economía local, sino que lacera la autoestima colectiva de la isla. En la medida en que las ayudas no se transformen en herramientas de desarrollo económico, el círculo vicioso de dependencia, destrucción productiva y menor autoestima hará inviable la posibilidad de que la isla logre un nivel aceptable de autosuficiencia económica.
No me refiero a transitar a la independencia, sino a un aumento exponencial en la capacidad de producción de las industrias locales, desde la agricultura y el turismo, hasta la manufactura, la tecnología y los servicios especializados.
Al igual que otros estados como Florida, Texas y Nueva York, entre otros, Puerto Rico tiene que buscar la manera de producir y reducir su dependencia en las ayudas que nos envían desde el norte por varias razones. Ninguna sociedad es viable sin una base productiva razonable y una ética de trabajo. En segunda instancia, el gobierno federal enfrenta una deuda de $30 billones ($30 trillions), y en algún momento comenzará a reducir gastos. Y la alta dependencia nos hace vulnerables a cambios políticos en la capital federal que puedan alterar el flujo de esas ayudas.
Hubo un momento histórico, entre el 1948 y el 1977, en el que una generación visionaria que, con menos recursos y mayor adversidad económica, pudo construir una estrategia de desarrollo que, con sus aciertos y defectos, nos convirtió en una de las economías más exitosas de la región. Hoy, tenemos que recuperar nuestra autoestima colectiva y volver a soñar y pensar en grande para construir una nueva estrategia de desarrollo que dignifique al pueblo puertorriqueño.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.