La investigación sostiene que los requisitos regulatorios retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población.

El informe Cómo los certificados de necesidad y conveniencia limitan la inversión y el acceso a los servicios de salud en Puerto Rico sostiene que los Certificados de Necesidad y Conveniencia retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población. (Shutterstock)
El Instituto de Libertad Económica (ILE) y Pacific Legal Foundation publicaron el informe Cómo los certificados de necesidad y conveniencia limitan la inversión y el acceso a los servicios de salud en Puerto Rico, una investigación del Dr. Ángel Carrión-Tavárez y la Lcda. Jaimie Cavanaugh que examina la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia de Puerto Rico y sus implicaciones para la inversión, la competencia y la disponibilidad de servicios de salud en la Isla.
La regulación de certificados de necesidad y conveniencia exige autorización previa del gobierno para una amplia variedad de actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud. La investigación identificó 80 tipos de acciones que requieren autorización o intervención del Departamento de Salud, que incluyen desde establecer una nueva facilidad de salud o ampliar servicios hasta adquirir equipo médico especializado y reubicar operaciones.
Los autores señalan que estas restricciones deben evaluarse a la luz de las características y los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud puertorriqueño. Por ejemplo, aunque la cobertura de seguro médico alcanza aproximadamente el 94 % de la población de la Isla, el gasto en salud asciende a cerca de $5,400 por persona, una cantidad mucho menor que los aproximadamente $15,400 en los estados de Estados Unidos.
Asimismo, estudios recientes citados en el informe indican que entre 365 y 500 médicos se fueron de Puerto Rico cada año durante la última década. Además, el 69 % de los médicos se concentra en apenas 10 áreas metropolitanas, mientras que más del 28 % de los médicos activos tiene más de 60 años y se proyecta que más del 40 % de los especialistas habrá alcanzado o superado la edad de retiro para 2027.
Datos específicos sobre áreas de escasez de profesionales de la salud demuestran que el problema de acceso en Puerto Rico se extiende más allá de los médicos. En el año fiscal 2024, la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal identificó 42 áreas con escasez de atención primaria, 99 áreas con escasez de servicios dentales y 75 áreas con escasez de servicios de salud mental en Puerto Rico.
«Puerto Rico enfrenta escasez de profesionales y servicios de salud, y necesita atraer inversión, ampliar la capacidad del sistema y mejorar el acceso de la población. En ese contexto, debemos preguntarnos si tiene sentido mantener barreras regulatorias que pueden retrasar o desalentar la entrada de nuevos proveedores cualificados o la expansión de servicios existentes», afirmó el Dr. Ángel Carrión-Tavárez, director de investigación y política pública del ILE.
El estudio analiza también los efectos de las leyes de certificados de necesidad en Estados Unidos. En conjunto, más de 128 estudios que reportan más de 450 pruebas empíricas encuentran que estas regulaciones se relacionan con mayores costos de salud, menor acceso a servicios y efectos mixtos o adversos sobre la calidad. La literatura identifica que estas leyes funcionan como barreras de entrada que protegen a proveedores establecidos frente a nuevos competidores.
El informe asimismo destaca una tendencia hacia la reconsideración de este modelo regulatorio en Estados Unidos durante las últimas décadas. Hasta el presente, 12 estados han derogado completamente sus programas de certificados de necesidad o han permitido que expiren, mientras que al menos otros 12 estados han reducido el alcance de sus requisitos o reformado sus procesos de revisión.
«Este informe demuestra que ha llegado el momento de que Puerto Rico derogue o reforme su ley de certificados de necesidad. Estas regulaciones reducen el acceso a la atención médica, aumentan los costos y afectan la calidad de los servicios. No se trata de un asunto hipotético; es una cuestión que afecta directamente la vida de los pacientes», expresó Jaimie Cavanaugh, asesora principal de política pública estatal de Pacific Legal Foundation.
«Los datos sobre las leyes de certificados de necesidad son claros. Estudio tras estudio y prueba tras prueba demuestran que limitan la competencia y reducen las opciones disponibles para quienes necesitan atención médica. Los pacientes merecen más alternativas, no menos, y Puerto Rico debería seguir el ejemplo de las jurisdicciones que ya han comenzado a eliminar o reducir estas barreras regulatorias», añadió Cavanaugh.
El informe recomienda transformar sustancialmente el régimen de certificados de necesidad y conveniencia en la Isla. «Puerto Rico debe avanzar de un modelo de restricciones discrecionales de entrada hacia un marco moderno de supervisión que proteja la seguridad de los pacientes, la calidad de los servicios, la prevención del fraude y la transparencia, sin obstaculizar innecesariamente la inversión, la innovación y la competencia», concluyó Carrión Tavárez.
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