El Congreso debe estudiar cómo se gestiona Puerto Rico tras la sentencia de quiebra
Como antiguo fiscal general de Estados Unidos, me parece crucial arrojar luz sobre una reciente sentencia judicial en Puerto Rico que exige nuestra atención. La decisión adoptada por la jueza de distrito estadounidense Laura Taylor Swain en el procedimiento de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) tiene profundas implicaciones, en particular para la equidad y la eficiencia de los mercados de capitales, así como para el acceso de los gobiernos estatales y locales a los bonos municipales.
Es imperativo que comprendamos las posibles consecuencias de este fallo, ya que podría provocar un aumento de los costes y obstaculizar el desarrollo de infraestructuras, además de gravar a los contribuyentes con mayores obligaciones financieras.
En el procedimiento de quiebra de la empresa eléctrica, Swain se puso del lado de los prestatarios y concluyó que los tenedores de bonos de ingresos especiales no tienen un derecho garantizado sobre los ingresos netos actuales y futuros. Como explicó The Wall Street Journal en marzo, "un juez federal frenó los derechos de los bonistas de Puerto Rico a los ingresos eléctricos generados por su empresa pública de electricidad".
Además, la sentencia afirmaba que la obligación legal original de los prestatarios no es el valor nominal de la deuda, sino lo que el prestatario (en este caso "PREPA") puede reembolsar de forma factible. Esta sentencia suscita preocupación en cuanto a sus implicaciones más amplias para el mercado de bonos municipales.
Un fallo en el procedimiento de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico podría encarecer los préstamos del sector público. ARCHIVO: Una bandera de Puerto Rico ondea en una playa vacía en San Juan, Puerto Rico, 21 de mayo de 2020. (AP Photo/Carlos Giusti, Archivo)
Los bonos municipales desempeñan un papel fundamental en la financiación de proyectos de infraestructuras vitales en toda América. Sin embargo, la decisión de Swain supone una importante amenaza para los principios tradicionales del libre mercado que sustentan la estructura y la seguridad de los bonos municipales, en particular los bonos de ingresos especiales.
Estos bonos han proporcionado a los inversores la garantía de reembolso a través de flujos de ingresos generados por proyectos o servicios públicos específicos. Al erosionar esta sensación de seguridad, la sentencia altera fundamentalmente la dinámica de riesgo-recompensa de los bonos municipales, haciendo caso omiso de los principios del libre mercado y de la intervención gubernamental limitada.
En consecuencia, los gobiernos estatales y locales pueden encontrarse con elevados costes de endeudamiento a la hora de emitir bonos para inversiones públicas necesarias, obstaculizando la responsabilidad fiscal y la asignación eficiente de recursos.
El aumento de los costes de endeudamiento asociados a los bonos municipales no sólo supone una carga para los contribuyentes, sino que también impide el crecimiento económico. Los gobiernos deben actuar dentro de sus posibilidades, dando prioridad a la responsabilidad fiscal y minimizando la presión fiscal sobre los ciudadanos trabajadores.
Un fallo en el procedimiento de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico podría encarecer los préstamos del sector público. ARCHIVO: Una bandera de Puerto Rico ondea en una playa vacía en San Juan, Puerto Rico, 21 de mayo de 2020. (AP Photo/Carlos Giusti, Archivo)
Sin embargo, con unos costos de endeudamiento más elevados, las ciudades pueden tener dificultades para emprender proyectos vitales que, de otro modo, contribuirían a la expansión económica y a la creación de empleo. Esto obstaculiza la capacidad del sector privado para prosperar y ahoga el espíritu empresarial y la innovación que impulsan la prosperidad económica.
No debemos subestimar la importancia de cualquier fallo en los procedimientos de quiebra de Estados Unidos que socave los valores del libre mercado de responsabilidad fiscal e intervención gubernamental limitada.
La reciente sentencia de Puerto Rico tiene implicaciones de gran alcance para todo el mercado de bonos municipales, lo que supone una amenaza para nuestro compromiso con el libre mercado y la libertad individual. Pone en peligro la capacidad de los gobiernos locales para acceder a los bonos municipales y gestionar sus finanzas de forma responsable.
El aumento de los costes de endeudamiento asociados a los bonos municipales no sólo supone una carga para los contribuyentes, sino que también impide el crecimiento económico. Los gobiernos deben actuar dentro de sus posibilidades, dando prioridad a la responsabilidad fiscal y minimizando la presión fiscal sobre los ciudadanos trabajadores..
Por lo tanto, es imperativo que el Congreso, que tiene la supervisión de la gestión de Puerto Rico a través de los comités de recursos naturales, presididos por el senador Joe Manchin, D-WV, y el representante Bruce Westerman, R-AR, examine críticamente el impacto perjudicial de este fallo sobre la eficiencia del mercado de bonos de Estados Unidos.
Debemos exigir una reevaluación de las políticas que obstaculizan el crecimiento económico, gravan a los contribuyentes y desprecian los principios fundamentales de la responsabilidad fiscal. Abogando por el retorno a soluciones basadas en el mercado, podemos garantizar la equidad y la eficiencia de los mercados de capitales, salvaguardar la prosperidad de nuestras comunidades y preservar los principios que hacen fuerte a nuestra nación.
Este artículo de opinión fue originalmente publicado en Ingles en Fox Business.
