La política y los sindicatos docentes se oponen a una reforma revolucionaria por una cuestión concreta: serían ellos los perjudicados, no los estudiantes.
El economista norteamericano Milton Friedman, uno de los encargados de difundir en sus libros el sistema de vouchers para la educación o la salud. (Archivo PanAm Post)
Hace un tiempo, un estudio privado reveló en Argentina algo tan sorprendente como evidente, aunque suene contradictorio. Lo que el Estado gastaba en una cama estándar de un hospital público era mayor al monto que destinaba una clínica privada de las más deseadas e inaccesibles para la mayor parte de la ciudadanía. La diferencia incluso era abismal. Sin embargo, cada vez que se discuten los presupuestos para las áreas de salud o educación, de lo único que se habla es del monto. Como si lo único que podría mejorar la situación fuera una mayor cantidad de recursos económicos. Aunque es evidente que esto es falso, el debate se encuentra prácticamente clausurado.
No es casual que en todos los ámbitos relacionados a los recursos fiscales y al dinero público, la eficiencia y el análisis científico más básico nunca esté presente. Si se pretende abrir esta discusión, la izquierda comienza a señalar a los que propongan innovación como los enemigos de los más necesitados. Sin embargo, mantener las cosas como están es sinónimo de seguir postergando y perjudicando, justamente, a las personas de menos recursos que no pueden acceder a las entidades de administración privada.
Cuando las personas usan el inodoro de su casa luego de hacer sus necesidades, la descarga de agua que limpia el retrete es aproximadamente de entre 8 y 10 litros. La presión de la carga contenida suele cumplir con el cometido. ¿Qué tiene que ver esta cuestión con el financiamiento de las entidades estatales? Se imaginan si una persona, que luego de ir al baño, tire agua en vasos, ¿buscando reemplazar la descarga para limpiar el inodoro? Puede tirar 20 litros que no cumplirá con el cometido. Puede tirar 200 que todo seguirá allí. Bueno, la analogía con lo que propone la política en materia de financiación de entidades públicas sería incrementar la cantidad de vasos de agua, aunque nada colabore con mejorar la situación. Bueno, así suele gastar el Estado. Claro que, mientras todo sigue igual o peor, hay elementos que se benefician a costa de las personas que no obtienen buenos servicios y los contribuyentes que financian la ineficiencia total.
La idea del sistema de vouchers, o bonos escolares, lo primero que hace es eliminar a todos los intermediarios que “comen” los recursos que llegan minimizados al aula. En lugar que el dinero se vaya reduciendo por los pasos gubernamentales de las agencias recaudadoras de impuestos, el gobierno nacional, los ministerios, las gestiones provinciales y las secretarías, el recurso va a la mano de las familias, que eligen en un mercado la escuela que quieren para sus hijos. De esta manera, las instituciones educativas ya pasan a funcionar con otros incentivos: si quieren recibir los fondos para seguir funcionando, deberán ofrecer un buen servicio para ser elegidas. En pocas palabras, se trata de financiar a la oferta en lugar de la demanda, lo que es absolutamente ineficiente y garantía de los peores desincentivos.
Este cambio de perspectiva termina con un sistema parasitario y prebendario que se hace de recursos sin importar nada más. No es casual que los sindicatos docentes se nieguen a cualquier propuesta innovadora y propongan dejar todo como está.
Aunque el sistema de vouchers ha arrojado varios casos de éxito, como en los sistemas educativos de países como Suecia o Chile, no hace falta más que ver como funciona la economía con los otros bienes y servicios. La competencia mejora la oferta y su ausencia es sinónimo de decadencia. Mucho más, si los recursos están siempre garantizados por el Estado.
De avanzar en esta dirección, las instituciones educativas además podrían manejarse con mayor autonomía. Aunque no forme parte de la discusión actualmente, es una atrocidad que los salarios de los docentes de las escuelas públicas estén regulados e igualados. ¿Por qué tienen que cobrar todos los maestros lo mismo? ¿Cómo esperan que funcione un sistema sin ningún premio ni castigo? Cada comienzo de año lectivo es usual ver a los sindicatos protestar por “aumentos de sueldos” que van a un sistema colectivista igualador, que suprime la innovación y el reconocimiento a los que lo merecen.
La propuesta de avanzar hacia un sistema de vouchers podría mejorar la vida de una buena parte de la sociedad, que se encuentra descentralizada y no forma un grupo de lobby. Los que están interesados en que nada cambie, sí son un grupo de presión, que contribuye permanentemente a la desinformación general. La discusión es absolutamente desigual, pero el sentido común señala el camino. Es cuestión de profundizar la discusión en la opinión pública y que la gente saque sus propias conclusiones.
Este artículo fue originalmente publicado en PanAm Post.
