La polarización extrema que enfrenta la política nacional y el endeudamiento sin precedentes del gobierno federal representa una peligrosa situación para Puerto Rico.
Ante la deuda pública federal ascendente a $35 billones (trillions en inglés) y el déficit fiscal ascendente a $1.9 billones (trillions), el Congreso Federal se verá obligado a introducir recortes masivos en el gasto discrecional. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Era indispensable escribir una columna sobre este tema: la sostenibilidad o permanencia de las ayudas federales hacia Puerto Rico bajo los posibles escenarios políticos y fiscales del gobierno federal. El asunto ha tomado un protagonismo único durante las pasadas semanas en la campaña electoral. Públicamente, he sido consistente con el tema de la alta dependencia en las ayudas federales que ha generado Puerto Rico durante las pasadas dos décadas.
Desde este foro, he explicado la peligrosidad y la vulnerabilidad de que la isla esté cada vez más dependiente al envío de fondos federales en momentos de alta volatilidad política en la capital federal y ante la grave situación financiera que enfrenta el gobierno de Estados Unidos. La polarización extrema que enfrenta la política nacional y el endeudamiento sin precedentes del gobierno federal representa una peligrosa situación para Puerto Rico, cuya economía cada día depende más de ayudas federales.
En el furor de la campaña política, los partidos políticos tradicionales han comenzado a usar el tema de los fondos federales como elemento trascendental en la petición del voto del electorado.
Sin embargo, en la fogosidad del debate y los estribillos vacíos, carentes de fundamentos, se parece obviar las realidades políticas y fiscales anteriormente descritas, pero peor aún, no parecen inclinados a generar propuestas alternas en caso de que, por razones fiscales o políticas, el Tío Sam decida comenzar a racionar el envío de los fondos discrecionales.
Esencialmente, dentro de la actual coyuntura, Puerto Rico enfrenta dos escenarios peligrosos. Ante la deuda pública federal ascendente a $35 billones (trillions en inglés) y el déficit fiscal ascendente a $1.9 billones (trillions), el Congreso fdederal se verá obligado a introducir recortes masivos en el gasto discrecional. El otro riesgo es que bajo un escenario hipotético en el que la Alianza Independentista prevalezca en las elecciones, se genere una discusión de transición ordenada a una posible independencia.
Así las cosas, en esta columna, trataré de explicar de forma empírica y con datos, cuán viable es Puerto Rico bajo un escenario de reducción gradual o inmediata del envió de fondos federales y cómo podemos manejar los riesgos asociados a cualquier de esos dos escenarios.
¿A cuánto ascienden los fondos federales que llegan a Puerto Rico?
Desde el impacto de los huracanes y el Covid-19, los fondos federales enviados a la isla han aumentado de forma drástica y en el 2023, llegaron a unos $33,862 millones. Esos fondos pueden ser segmentados en dos partidas: programas que ya hemos pagado, como el Seguro Social ($9,836 millones), el Medicare ($7,458 millones) y las pensiones de los veteranos ($1,500 millones); y los fondos discrecionales, como el Medicaid, los fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), las becas universitarias y el WIC, entre otros.
Para el año fiscal 2023, las ayudas discrecionales ascendieron a $15,068 millones, mientras que las transferencias federales ganadas fueron $18,794 millones. Diversas agencias del gobierno local reciben, igualmente, importantes subvenciones federales para financiar programas y servicios.
En el 2014, el total de las transferencias federales representó el 26% del Producto Nacional Bruto (PNB), pero en el 2023, el total de las ayudas representó el 42% del PNB. Es evidente que las calamidades, la quiebra y el estancamiento económico han aumentado la dependencia en los fondos no discrecionales obligados a Puerto Rico. En la pasada década, las partidas de mayor aumento fueron las pensiones hacia los veteranos que aumentaron de unos $869 millones a $1,500 millones, el Programa de Medicare aumentó de $4,481 millones a $7,458 millones, y el PAN aumentó, de $1,868 millones a $3,342 millones.
Al flujo de fondos federales tradicionales, hay que agregar las partidas multimillonarias asignadas a la reconstrucción de la isla que ascienden a $40,000 millones. He planteado que la economía local ha entrado a una fase acelerada de federalización vía inyecciones masivas de dinero que se envía desde el norte.
La urgencia de crear planes para mitigar los potenciales impactos de la reducción en los fondos federales
Evidentemente, en el contexto actual, los fondos federales juegan un importante rol en el funcionamiento y la estabilidad de la economía puertorriqueña.Por ende, a corto y mediano plazo, Puerto Rico no será viable sin los fondos que actualmente recibe. El 60% de las familias depende de ayudas y hay industrias completas, desde los alimentos y la salud, hasta la construcción y la educación que operan, gracias a los fondos que se reciben anualmente.
Eso no implica, que el gobierno local y el Congreso federal busquen alternativas para mitigar los efectos de una potencial reducción en los fondos que hoy recibe la isla. Bajo el escenario hipotético de que se agudice la crisis fiscal federal y se comiencen a implementar recortes en los fondos discrecionales, habría efectos directos en el acceso a la salud, los alimentos, y la educación, que dependen del Medicaid, el PAN y las becas universitarias, respectivamente. Además del impacto directo hacia los beneficiarios de esos programas, la contracción de los sectores productivos que se financian con tales asignaciones -desde empresas de alimentos hasta instituciones educativas- tendría efectos multiplicadores en el resto de la economía.
Bajo el escenario hipotético de que la Alianza Independentista prevalezca en las elecciones, aunque a corto plazo no haya una pérdida inmediata de los fondos federales, puede que se comience una discusión en la capital federal para transitar a Puerto Rico hacia la independencia. Ese escenario implica que el gobierno federal y el gobierno local negocien un proceso de transición gradual para no afectar la viabilidad a mediano y largo plazo de una hipotética república.
Bajo cualquiera de los escenarios anteriormente mencionados, localmente, debemos comenzar a generar una discusión seria y profunda sobre cómo reducimos la dependencia en fondos que no controlamos y comenzar a construir una economía fundamentada en la producción de riqueza propia y nuestro propio trabajo.
Este articulo de opinión apareció originalmente en El Nuevo Día.
