Por décadas, Puerto Rico ha procurado crear un clima atractivo para la inversión privada, pero el PIP pondrá fin a este enfoque, eliminado incentivos e imponiendo contribuciones más elevadas a corporaciones e individuos, escribe Carlos Díaz Olivo.
El plan del independentismo manifiesta reticencia para con la actividad económica privada al considerar el juicio de los burócratas del Estado superior al del ciudadano respecto a lo que le conviene, escribe Carlos Díaz Olivo. (Alexis Cedeño Laboy)
En este proceso electoral, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sostiene que no hay que temerle a su triunfo pues no alterará el arreglo económico existente. En su programa Patria Nueva, el PIP anuncia la adopción de un sistema de tributación corporativa que no distinguirá entre empresas “exentas” y “regulares” y que restablecerá “mayor progresividad en la contribución sobre ingresos”.
A las corporaciones estadounidenses les impondrá una tasa de 15% y “revisará el esquema de deducciones y créditos contributivos para individuos, de suerte que se eviten privilegios a los contribuyentes”. Se indica que el objetivo son los individuos de altos ingresos, pero no define qué significa “altos ingresos”. También anuncia el “restablecimiento de la tasa contributiva alterna de 20% sobre la venta de activos de capital consistente en bienes inmuebles”.
Patria Nueva condena los beneficios de la Ley 22, hoy Ley 60, pues considera que incentivan la evasión y ocasionan el “desplazamiento de comunidades, tornando disfuncional el mercado de bienes raíces, provocándose aumentos extraordinarios, tanto en los precios de viviendas como en alquileres”. Según la propuesta independentista “urge proteger la mayor cantidad de tierras posibles para nuestro sector productor de alimentos”.
Así anuncia que habrán de “identificar, conservar y proteger al menos 750,000 cuerdas de tierras para una agricultura próspera y competitiva”, por lo que se propone “que toda tierra agrícola que no esté dedicada a la producción deberá pagar un impuesto de lujo, medida de carácter fiscal que estimulará a sus dueños y dueñas a producir o pasarlas a quien pueda ponerlas a producir.”
En lo que respecta a fondos federales, los independentistas postulan que “contrario a la creencia propagada por el régimen, el aumento en transferencias federales no ha traído prosperidad a Puerto Rico, sino que ha sido al revés.” Por ello, declaran que “habrá de rediseñarlos para que no sean simples instrumentos para avanzar el clientelismo sociopolítico, sino parte del proceso de transición hacia la soberanía nacional e independencia, en cuyo escenario final los fondos federales dejarán de ser necesarios.”
Por décadas, Puerto Rico ha procurado crear un clima atractivo para la inversión privada. El PIP pondrá fin a este enfoque, eliminado incentivos e imponiendo contribuciones más elevadas a corporaciones e individuos. Estos cambios tendrán impacto significativo en nuestra economía. El Informe sobre Retorno de Inversión preparado por el Departamento de Desarrollo Económico, revela que la inversión de los llamados “ley 22″ para el año 2022 redundó en la creación de 8,266 empleos directos y 19,304 indirectos; 27,570 en total. Los recaudos por concepto de impuestos ascendieron a $201 millones. A esto se les suma 793 negocios de exportación desarrollados por estos inversores y la rehabilitación de estructuras deterioradas, que ampliaron la oferta de habitaciones en el mercado turístico. Los recaudos por concepto de impuestos de ocupación sobrepasan los $20 millones.
La eliminación de los incentivos de la Ley 22 conlleva la pérdida de millones de dólares para nuestra economía. A esto se suma el impacto negativo que experimentarán los puertorriqueños por el incremento a la tributación de las ganancias generadas al vender sus propiedades y aquellos que emanarán de la penalidad a los dueños de terrenos, que al entender del gobierno, están mal o subutilizados. Estos gravámenes sobre la actividad inmobiliaria, pueden provocar paralización y desvaloración en el mercado inmobiliario. El objetivo declarado del independentismo de rediseñar las ayudas federales para hacerlas innecesarias, incide sobre el ciudadano más vulnerable y lo que un estudio de Moody’s Analytics revelado por El Nuevo Día, considera el sostén actual de nuestra economía.
El plan del independentismo manifiesta reticencia para con la actividad económica privada al considerar el juicio de los burócratas del Estado superior al del ciudadano respecto a lo que le conviene y debe hacer. Este modelo ha sido implantado en otras sociedades sin éxito mayor. Socios solidarios del intervencionismo gubernamental y contrarios a la libre elección por individuos y empresas, lo apoyan.
La pregunta fundamental es si ese incremento en la autoridad gubernamental sobre la libertad económica individual es lo que Puerto Rico quiere y necesita. Si la respuesta es “sí“, el triunfo de la independencia en la próxima elección es inminente y debemos prepararnos para las consecuencias anunciadas.
Este articulo de opinión fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
