Para alcanzar la estadidad, Puerto Rico debe mejorar sus prácticas financieras

Habiendo superado casi totalmente la bancarrota, el gobierno de Puerto Rico se enfoca nuevamente en el estatus político de la Isla. Aunque ya existe significante apoyo para la estadidad, se requerirá generar aún más apoyo en Washington, D.C.

Para aumentar las posibilidades de que el Congreso, el presidente y los estados acepten la admisión de Puerto Rico, el gobernador y la legislatura deberían considerar una serie de reformas.

Los conservadores fiscales en el territorio continental estadounidense podrían dudar ante la posibilidad de admitir un nuevo estado que no tenga buen crédito. La última vez que uno de los cincuenta estados incumplió un pago de bono fue hace noventa años. Dado que no existe un proceso de bancarrota estatal y que hay mucha oposición interna ante la creación de uno, cualquier posibilidad de estadidad para Puerto Rico debería estar completamente fuera del proceso de bancarrota y tener el compromiso y capacidad de evitar futuros incumplimientos de pago.

Puerto Rico requirió un proceso de bancarrota porque acumuló demasiada deuda. Por el contrario, los cincuenta estados tienen una deuda relativamente pequeña en relación con su PIB. Los estados generalmente no toman préstamos para cubrir costos operativos, porque 49 de los 50 Estados tienen requisitos constitucionales para un presupuesto equilibrado.

Puerto Rico debería monitorear activamente el crédito de los municipios y las empresas estatales. Los incumplimientos y quiebras de estas entidades le restarán credibilidad al crédito de Puerto Rico y, por ende, deben evitarse mediante identificación e intervención temprana, indica Marc Joffe.(Archivo/ GFR Media)

Inicialmente, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952 también tenía un requisito para un presupuesto equilibrado, pero fue anulado debido a un error de traducción. Si bien la versión en inglés de la constitución limitaba los gastos del Estado Libre Asociado a los “total revenue”, esto se tradujo como “recursos totales” en lugar de “ingresos totales”. Por ello, en 1974, el Fiscal General le permitió a Puerto Rico “equilibrar” su presupuesto operativo con ingresos de bonos.

A raíz de la bancarrota, Puerto Rico debería enmendar su constitución para dejar claro que los gastos no pueden exceder los ingresos tributarios, los cargos por servicios y los fondos de subvenciones. Ninguna otra categoría de ingresos se debería considerar al determinar si el presupuesto del Estado Libre Asociado está equilibrado.

Asimismo, la legislatura podría considerar otras reformas constitucionales para mejorar la sostenibilidad fiscal de Puerto Rico. Por ejemplo, la constitución de Carolina del Sur exige una reserva del fondo general del 7 por ciento, mientras que Colorado limita el crecimiento del gasto a la tasa de aumento de la población y la inflación de precios combinados.

Las reformas constitucionales aumentarán la posibilidad de que Puerto Rico pueda regresar al mercado de bonos municipales a medida que posibles inversionistas vean medidas de responsabilidad fiscal incorporadas en el documento fundacional de Puerto Rico. Es indispensable que Puerto Rico sea solvente ya que ese es un requisito para acabar con la Junta de Supervisión y regresar a la gobernanza normal.

Otra práctica financiera importante para el mercado de bonos es la rapidez con la que los emisores producen sus estados financieros auditados. En este aspecto Puerto Rico necesita mejorar. Si bien la mayoría de los estados realizaron sus auditorías de 2021 dentro de los 250 días posteriores al final del año fiscal, Puerto Rico se tardó 712 días.

La auditoría de 2022 debe figurar a finales de este mes, unos 540 días después del final del año fiscal. Aunque esta ya es una mejora del año anterior, sigue siendo un retraso mayor en comparación a la gran mayoría de los estados, más tiempo del que normalmente exige el gobierno federal (nueve meses), y lo que se acostumbra en el mercado de bonos municipales (seis meses). El Departamento del Tesoro debe continuar sus esfuerzos para acelerar la presentación de informes financieros de Puerto Rico y al mismo tiempo garantizar que los auditores tengan la información necesaria para emitir una opinión clara.

Además, Puerto Rico necesita concluir completamente el actual proceso de bancarrota y llegar a un acuerdo con un grupo más grande de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). El reciente plan de ajuste ofreció una recuperación promedio de 25 centavos por dólar, pero algunos acreedores podrían recibir apenas 12.5 centavos. Si bien los partidarios de PROMESA, incluido el autor de este artículo, reconocieron que los prestamistas tendrían que aceptar un recorte, el plan actual equivale a una verdadera guillotina para los acreedores.

Ya que los inversionistas institucionales en el mercado de bonos municipales serán parte de quienes determinen si Puerto Rico vuelve a ser solvente y, aún más, si es capaz de salir de la supervisión, alienarlos no es una estrategia eficaz a largo plazo para Puerto Rico. Por eso mismo, la legislatura debería encontrar más dinero para llegar a un acuerdo con los acreedores de la AEE recortando otros gastos o utilizando reservas.

Finalmente, Puerto Rico debería monitorear activamente el crédito de los municipios y las empresas estatales. Los incumplimientos y quiebras de estas entidades le restarán credibilidad al crédito de Puerto Rico y por ende deben evitarse mediante identificación e intervención temprana. Carolina del Norte, Ohio, Nueva York y Michigan ofrecen varios modelos de supervisión de gobierno local. El esfuerzo de monitoreo podría reducirse optimizando el sector público de Puerto Rico mediante la consolidación de municipios más pequeños y la privatización de más empresas estatales.

Desde la aprobación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), el gobierno federal ha proporcionado amplia ayuda para huracanes y financiación relacionada con la pandemia. Ahora le corresponde a Puerto Rico mejorar sus prácticas financieras para demostrar que puede ser un miembro solvente de la unión, capaz de asumir las responsabilidades que naturalmente se esperan de los estados.

Marc Joffe es un analista de políticas públicas del Instituto Cato especializado en el federalismo y la política de los estados.

Este articulo fue publicado originalmente por El Nuevo Día.

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