Licenciando libertad: el nuevo horizonte económico de Puerto Rico

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En un año transformador, Puerto Rico ha logrado avances sin precedentes en materia de libertad económica, superando dos décadas de progreso anterior. La promulgación, el 3 de agosto de 2025, de la Ley 102-2025, que reconoce universalmente las licencias ocupacionales y profesionales expedidas en todo Estados Unidos, marca la segunda victoria política histórica para el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico (ILE).

Junto con la Ley 3-2025, que elimina las prohibiciones generales de concesión de licencias a personas con antecedentes penales, y la Ley 96-2025, que establece un plazo de 30 días para que las juntas de concesión de licencias tomen una decisión, estas reformas ponen de manifiesto una defensa basada en pruebas que derriba barreras arraigadas y amplía las oportunidades. Al fin y al cabo, las regulaciones deben proteger a los consumidores, no afianzar monopolios ni excluir a quienes lo merecen.

Leyes 3-2025, 96-2025 y 102-2025: Impactos transformadores

La Ley 3-2025 pone fin al rechazo automático de los solicitantes con antecedentes penales. En la práctica, esto significa que las juntas deben evaluar los casos de forma individual en función de su relevancia para las funciones profesionales. Esta reforma restaura la dignidad y abre vías para acceder a un trabajo significativo. Múltiples evaluaciones estatales vinculan la reducción de las barreras para obtener licencias con una menor reincidencia, al aumentar el empleo estable. Entre 1997 y 2007, los estados con las cargas más pesadas en materia de licencias registraron un aumento de la reincidencia de alrededor del 9 %, mientras que aquellos con las cargas más ligeras registraron una disminución de alrededor del 2.5 %.

En la misma línea, la Ley 102-2025 elimina los obstáculos burocráticos redundantes para los profesionales con licencia que se trasladan a Puerto Rico. Ahora, una licencia estadounidense activa y tres años de experiencia cualifican a los profesionales en campos que van desde la enfermería hasta la ingeniería, lo que agiliza la movilidad. Las protecciones al consumidor se mantienen sólidas gracias a las normas éticas, la supervisión disciplinaria y módulos concisos específicos para Puerto Rico que evalúan la competencia local sin requisitos académicos redundantes.

Reformas similares han sido prometedoras a nivel nacional. Un documento de trabajo multi-estatal reveló que el reconocimiento universal aumentó la relación empleo-población (la proporción de personas en edad de trabajar con empleo) de los trabajadores con licencia en aproximadamente 0.98 puntos porcentuales. Y esos avances se vieron impulsados por una mayor participación y un menor desempleo entre los trabajadores con licencia. Mientras tanto, la migración entrante de trabajadores con licencia aumentó en aproximadamente un 48 % en los estados que adoptaron el reconocimiento universal. En Arizona, por ejemplo, los modelos dinámicos prevén que el reconocimiento universal añadirá unos 15,991 trabajadores y al menos 1,500 millones de dólares al PIB para 2030, con un aumento de la población de 44,376 personas.

Por si fuera poco, la revisión de la Casa Blanca, el Tesoro y el CEA de Obama concluyó que la concesión de licencias aumenta los precios, restringe las oportunidades de empleo y dificulta la movilidad interestatal, con pruebas limitadas de mejoras en la calidad en muchas profesiones.

Para Puerto Rico, estos cambios prometen una contratación más rápida en sectores críticos como la sanidad y la construcción, lo que impulsará la productividad en la economía posterior a la PROMESA (la ley federal de 2016 que establece la supervisión fiscal de la crisis de la deuda de Puerto Rico). Un estudio realizado en 2022 por el ILE en Puerto Rico reveló que existen 34 licencias locales en menos de cinco jurisdicciones de Estados Unidos, incluidas 13 exclusivas de la isla. Esto es una prueba de la restricción atípica de las licencias que el reconocimiento universal y las reformas de igualdad de oportunidades pretenden contrarrestar.

Por último, la Ley 96-2025 completa el marco. Estandariza los procedimientos de concesión de licencias, establece un plazo de 30 días para tomar una decisión y concede licencias provisionales si se superan los plazos, lo que permite 30 días adicionales para las resoluciones definitivas. Esto garantiza que los ciudadanos no se vean penalizados por retrasos burocráticos, lo que permite a los empleadores planificar las contrataciones, a los hospitales organizar los turnos del personal y a los contratistas programar los proyectos.

En conjunto, la Ley 102 abre la puerta al talento externo, la Ley 3 la amplía para aquellos que buscan la redención y la Ley 96 garantiza que permanezca desbloqueada.

Reciprocidad en práctica

Como destaca Jorge Rodríguez, fundador y Director Ejecutivo de ILE, estas reformas integran a Puerto Rico en una red nacional de reciprocidad: hoy en día, 27 estados reconocen las licencias expedidas en Puerto Rico para los profesionales que se trasladan, y con la Ley 102-2025, «Puerto Rico [es] ahora la 28ª jurisdicción en aplicar la reciprocidad, defendiendo el derecho constitucional a la movilidad de todos los ciudadanos estadounidenses».

Jorge señala el panorama normativo único de la Isla, y destaca que Puerto Rico mantiene 34 licencias profesionales que no se exigen en 46 o más estados, 13 de las cuales son exclusivas de la Isla. Para ejercer aquí, los profesionales deben «solicitarlo a la junta local, cumplir todos los requisitos legales —incluida la afiliación obligatoria a una asociación, cuando corresponda— y obtener una licencia expedida localmente. Nadie comienza a ejercer inmediatamente después de su llegada». Si las juntas se demoran, «se activa un plazo de tramitación de 30 días; si no se toma una decisión, se concede una licencia provisional, con 30 días más para una resolución definitiva». Por primera vez, como él mismo destaca, «los derechos económicos individuales prevalecen sobre la inercia burocrática».

Nota del editor: Recuentos por ILE; las juntas locales conservan plena jurisdicción disciplinaria. El régimen de Puerto Rico incluye 34 licencias que se encuentran en cinco o menos estados (13 únicas), lo que subraya el valor de la reciprocidad.

De izquierda a derecha: Jorge L. Rodríguez (fundador y Director Ejecutivo de ILE), Arturo V Bauermeister (director jurídico de ILE, miembro fundador de B&D LLC y moderador del evento) y el Honorable Thomas Rivera Schatz (presidente del Senado de Puerto Rico y uno de los principales impulsores de las leyes) en el evento del 23 de abril de 2025, “Fighting Back: Puerto Rico’s Deregulation Efforts,” coorganizado por ILE y la Sección de Abogados de Puerto Rico de la Sociedad Federalista.

Cómo funciona el reconocimiento universal

Quiénes reúnen los requisitos (resumen): Licencia estadounidense vigente; más de 3 años de experiencia; divulgación de sanciones disciplinarias anteriores; finalización de módulos específicos/ética de Puerto Rico; solicitud presentada ante la junta.

• Solicitud: presentar una solicitud de reciprocidad ante la junta de licencias de Puerto Rico.
• Requisitos: poseer una licencia estadounidense vigente con tres años de experiencia y divulgar cualquier historial disciplinario.
• Cumplir: completar los requisitos específicos de Puerto Rico (formación en ética, módulos sobre legislación local y, cuando corresponda, afiliación a una asociación (“colegiación”)).
• Salvaguardias: las juntas conservan toda la autoridad disciplinaria; las licencias provisionales pueden revocarse por causa justificada. Las protecciones al consumidor siguen siendo estrictas.
• Plazos: las juntas deben decidir en un plazo de 30 días; si no lo hacen, se expide una licencia provisional con 30 días adicionales para tomar una decisión definitiva.

Desmontando mitos

• Mito: La Ley 102-2025 favorece a los agentes inmobiliarios del continente.
  • Realidad: Beneficia a todos los profesionales, con garantías que aseguran la calidad y la prevención del fraude. Las juntas conservan la supervisión y exigen módulos de legislación local sin duplicar las credenciales.
• Mito: Solo los agentes inmobiliarios se trasladarán; las enfermeras y los comerciantes no lo harán por los salarios más bajos.
  • Realidad: El reconocimiento universal en otros lugares ha atraído a diversos profesionales, impulsados por los lazos familiares, la calidad de vida y las ventajas del costo de vida. Muchos puertorriqueños buscan regresar, lo que antes se veía obstaculizado por la burocracia.
• Mito: Más créditos académicos garantizan mejores resultados.
  • Realidad: La formación específica supera a la formación académica redundante. El reconocimiento universal da prioridad a las competencias relevantes, en consonancia con las mejores prácticas.
• Mito: Los nuevos participantes perjudican a los profesionales locales.
  • Realidad: La competencia amplía los servicios, modera los precios y estimula los mercados. Y esto beneficia tanto a los consumidores como a los profesionales.

Justicia económica y base académica

Estas reformas reflejan el principio fundamental de ILE: la regulación debe servir a los consumidores, no excluir a los capaces ni proteger los monopolios. La Ley 3 empodera a quienes tienen antecedentes penales. La Ley 102 atrae a profesionales cualificados. Y la Ley 96 garantiza un acceso oportuno. En conjunto, esto fomenta la equidad y reduce el desempleo. Como señala la revisión de 2015 de la Casa Blanca, el Tesoro y el CEA, la concesión de licencias aumenta los precios, restringe el empleo y obstaculiza la movilidad en muchos campos.

Más allá de la economía, estas leyes fomentan la equidad social. La Ley 3 devuelve la dignidad a las personas que han estado encarceladas. Creo no solo en la reducción de la reincidencia y el fortalecimiento de las familias, sino también en la redención. La Ley 102, por su parte, fomenta el regreso de la diáspora puertorriqueña, revitalizando las comunidades con habilidades y lazos culturales. En la era posterior a María y a PROMESA, esto fomenta la resiliencia, por ejemplo, una dotación de personal sanitario más rápida mejora los resultados de salud pública para todos.

Cabe destacar que estas reformas tienen su origen en el informe de ILE titulado Liberar el potencial, las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico, elaborado en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, el Instituto para la Justicia y el Centro de Investigación Regulatoria Knee de la Universidad de West Virginia. Estas políticas se basan en análisis basados en datos, no en ideologías.

Felicitaciones a mi amigo y director de Investigación de Políticas de ILE, el Dr. Ángel Carrión-Távarez, por su incalculable contribución para poner a la isla, estadísticamente hablando, en el mapa.

Implementación: De la ley al impacto

La legislación es la base. Pero la ejecución es el edificio. Para garantizar el éxito, las partes interesadas deben:

• Publicar cuadros de mando trimestrales que hagan un seguimiento del rendimiento de la junta, incluyendo los tiempos de tramitación y el cumplimiento de la Ley 96.
• Publicar datos anónimos de las solicitudes para su examen público y académico.
• Informar sobre los tiempos medios de decisión, las tasas de cumplimiento en 30 días, las licencias provisionales expedidas y las medidas de protección al consumidor.
  • Las ganancias modeladas, como los +15,991 puestos de trabajo y los +1,500 millones de dólares de PIB de Arizona, solo se materializarán en Puerto Rico si las juntas cumplen el plazo de 30 días y expiden licencias provisionales cuando no lo hagan.
• Aclarar mediante medidas ejecutivas: profesiones híbridas, disciplina fuera del estado y normas jurisdiccionales.
  • La posible oposición de las juntas locales, como advirtió recientemente un comentario del Instituto Cato, podría obstaculizar el progreso.
  • Las restricciones fiscales también pueden agotar los recursos de las juntas, lo que podría provocar retrasos en la tramitación de la afluencia prevista de solicitudes en virtud de la Ley 102-2025. Por lo tanto, abordar estos retos mediante una financiación específica o un apoyo racionalizado será fundamental para mantener el impulso.

Una misión crucial cumplida

Estas victorias confirman el enfoque de ILE: investigación meticulosa y persuasión basada en principios. La libertad económica ha pasado de ser una teoría en un informe técnico a convertirse en ley en Puerto Rico dos veces en un año, con una tercera ley que proporciona la base operativa. Aunque adaptadas a los retos únicos de Puerto Rico, como sus 13 licencias exclusivas para la Isla, estas reformas se inspiran en modelos exitosos del territorio continental de Estados Unidos y ofrecen lecciones para todas las jurisdicciones.

Estas victorias impulsan el ciclo de la prosperidad. Comparta sus experiencias con la Ley 102 a continuación para que las juntas rindan cuentas. Los datos reales impulsan el cambio.

Este artículo fue escrito originalmente bajo el nombre de Substack The Bauermeister Brief!. No dude en suscribirse de forma gratuita para recibir nuevas publicaciones y apoyar su trabajo.