Liberar el potencial, las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico

Introducción

Las licencias ocupacionales son regulaciones estatales¹ que establecen requisitos para que las personas puedan ejercer un oficio o una profesión específica. Estos requisitos incluyen educación o adiestramiento formal, experiencia laboral, aprobación de exámenes y pago de tarifas, entre otros. Las licencias ocupacionales funcionan como un permiso para trabajar, porque impiden a las personas desempeñarse en su campo sin poseer una licencia. El propósito declarado de las licencias ocupacionales es establecer estándares mínimos de calidad en la práctica profesional para proteger la salud y la seguridad públicas (Timmons et al., 2022); por ejemplo, muchos trabajos en el ámbito de la salud requieren licencias debido al posible daño que un servicio deficiente podría causar al bienestar y la vida.

A lo largo de los años, la exigencia de licencias ocupacionales se ha expandido a trabajos que no representan riesgos para la salud y la seguridad; esto ha llevado a que el 30% de los empleos en Estados Unidos requieran una licencia al presente, en comparación con menos del 5% en la década de 1950 (Goldman, 2018). Estas exigencias regulatorias se consideran una carga para las personas que aspiran a trabajar en ocupaciones de ingresos bajos y medios, como líder recreativo comunitario, lavador de cabello, guía turístico, asistente administrador de condominio y ayudante electricista, entre otras, debido a que la combinación de costo, esfuerzo y tiempo necesario para obtener una licencia ocupacional puede ser una barrera para desempeñarse en un oficio o una profesión.²

Este informe presenta un diagnóstico de las disfuncionalidades de las licencias ocupacionales, con énfasis en la calidad del servicio, la participación laboral, la movilidad personal y el bienestar público. Se analizan las licencias ocupacionales en Puerto Rico y sus requisitos estableciendo comparaciones con las licencias en Estados Unidos. Además, se comentan las reformas implementadas en varios estados³ y el Distrito de Columbia; y se proponen cinco elementos principales para una reforma de la regulación ocupacional en Puerto Rico: la supresión de licencias ocupacionales, la adopción del reconocimiento universal, la atenuación de las restricciones por antecedentes penales, las revisiones de inicio y las revisiones de cierre.

Calidad del servicio

Se cree que las licencias ocupacionales son necesarias para garantizar un servicio de calidad a los consumidores; sin embargo, la evidencia indica que las licencias no logran necesariamente esto, ya que a menudo se basan únicamente en el cumplimiento de ciertos requisitos en vez de demostrar la competencia o habilidad de las personas. Un estudio reciente encontró, primero, que a través de diversas ocupaciones y estados la concesión de licencias (o formas más estrictas de las mismas) no parece mejorar la calidad de los servicios; y, segundo, que cuando existe una diferencia mensurable entre estados, indicada por la significación estadística, el estado con regulaciones menos estrictas registra la calidad más alta (Sweetland & Carpenter, 2022, p. 10).

Otros estudios han aportado evidencia adicional de que una regulación ocupacional estricta no garantiza un servicio de alta calidad ni reporta beneficios significativos a la salud y la seguridad públicas (Carpenter, 2011; Deyo, 2017; 2022; Hall & Horowitz, 2021; Kleiner & Koumenta, 2022; Peterson, Pandya, & Leblang, 2014; Timmons & Mills, 2018); de hecho, un informe publicado bajo la administración de Barack Obama sostiene que, en general, la investigación empírica no ha encontrado mejoras sustanciales en la calidad, la salud y la seguridad a través de licencias más estrictas (Department of the Treasury Office of Economic Policy et al., 2015, p. 58). En cambio, se ha documentado que las regulaciones de licencias más estrictas se asocian con menos competencia y precios más altos, sin que se observe una mejora en la satisfacción del cliente (Farronato et al., 2020).

Para un sinnúmero de consumidores no es importante si los proveedores de ciertos servicios poseen o no una licencia (o si está vigente o expirada). Cuando necesitan un servicio, muchos consumidores preguntan a conocidos para obtener recomendaciones de proveedores o investigan en línea sobre la calidad, el cumplimiento y el precio de los servicios. La interacción electrónica de consumidor a consumidor está creciendo rápidamente, ya que cada vez más clientes utilizan herramientas en línea para evaluar la calidad de los proveedores (Timmons et al., 2022; Wei et al., 2022); por ejemplo, a través de Yelp, los consumidores pueden encontrar información sobre los proveedores mejor y peor calificados (Carpenter, 2017).

La regulación ocupacional puede incluso menoscabar la calidad del servicio cuando personas activas en el mercado⁴ participan en las juntas de licencias o influyen en la autoridad reguladora (Ohlhausen, 2017b). Esto puede dar lugar a que individuos u organizaciones profesionales establezcan barreras de entrada a la profesión, controlen la oferta y limiten la competencia; así como a que personas con intereses particulares se beneficien a sí mismas,⁵ a expensas del bienestar de los consumidores y en detrimento de los grupos económicamente desfavorecidos (Sanderson, 2014). Estas personas y organizaciones suelen intervenir en los procesos legislativos, para establecer o mantener medidas proteccionistas como las licencias ocupacionales.⁶ De hecho, algunos estudios (Carpenter, 2008; Mellor & Carpenter, 2016; Sanchez et al., 2022) sugieren que las licencias casi siempre se crean —o se conservan en el caso de esfuerzos de reforma— a instancias de asociaciones profesionales que presionan a las legislaturas por regulaciones que limitan la competencia.⁷

Participación laboral

Obtener una licencia ocupacional requiere una inversión significativa de tiempo, esfuerzo y dinero, lo que reduce la disposición de los nuevos trabajadores a ingresar a una ocupación sujeta a licencia (Common Sense Institute [CSE], 2022, p. 1). La investigación ha demostrado que la exigencia de licencias tiene un impacto profundo en la reducción de la oferta laboral en los mercados y crea una escasez persistente de mano de obra (Blair, 2022, p. 7). Las licencias afectan negativamente al empleo y al crecimiento empresarial, obstaculizando los beneficios del emprendimiento (Plemmons, 2021). Estudios han encontrado que las licencias ocupacionales reducen el empleo total entre un 11% y un 27% (Blair & Chung, 2019) en los sectores regulados⁸ y, además, elevan los precios de los servicios licenciados entre un 3% y un 16% (CSE, 2022, p. 2).⁹

La Federal Trade Commission plantea que las cargas de una regulación ocupacional excesiva —especialmente para empleos de nivel inicial y medio— pueden recaer de forma desproporcionada en los ciudadanos más desfavorecidos económicamente (2018, p. iv) incluyendo a inmigrantes, minorías raciales y étnicas, y mujeres que intentan ingresar a ocupaciones con licencia (Angrist & Guryan, 2008; Blair & Chung, 2019; Boesch, Kokodoko, & Nunn, 2022; Boesch, Lim, & Nunn, 2022; Cassidy & Dacass, 2021; Chung & Zou, 2021). Con frecuencia, estas personas enfrentan costos de educación y trámites que convierten la obtención de una licencia ocupacional en una tarea demasiado onerosa. La excomisionada de esta entidad dijo al respecto:

Me preocupa particularmente que las licencias ocupacionales afecten de forma desproporcionada a quienes tratan de ascender en los peldaños inferiores y medios de la escala económica, así como a las familias de militares y los veteranos. Las regulaciones de las licencias ocupacionales pueden impedir que las personas utilicen sus destrezas vocacionales y accedan a nuevas profesiones, así como que creen pequeñas empresas o nuevos modelos de negocio. (Ohlhausen, 2017a, pp. 4‒5)

Muchas regulaciones del mercado laboral, como las licencias ocupacionales, suelen llevar a la participación en la economía informal (Hoffer & Nesbit, 2020). Se estima que estas transacciones económicas que no reportan al Estado sus ingresos sobrepasan los $17,000 millones en Puerto Rico, lo que equivale a más del 30% del producto interno bruto. Cuando el gobierno interviene innecesariamente en el libre mercado e impone cargas onerosas para que las personas puedan trabajar y emprender pequeños negocios, muchas recurren a rutas alternas que se desvían de la estructura legal y la economía formal (Montalbán Ríos, 2022). Estas prácticas suelen darse en ocupaciones licenciadas como barbero, electricista y plomero.

Movilidad personal

Las leyes de licencias ocupacionales no solo crean barreras de entrada, sino que también desalientan a las personas a cambiar de trabajo o carrera (Kleiner & Xu, 2020), o trasladarse de una jurisdicción a otra, por temor a tener que pasar de nuevo por el proceso de obtener una licencia (Johnson & Kleiner, 2020; Plemmons, 2021). Se estima que las licencias ocupacionales afectan a uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos y pueden constituir una barrera sustancial a la movilidad de las personas (Institute for Justice [IJ], [2022]a). Debido a que las ocupaciones son reguladas por cada jurisdicción utilizando criterios y requisitos distintos, mudarse puede convertirse en un problema para las personas que desean trabajar. Para abordar esta situación, la Federal Trade Commission recomienda la portabilidad de licencias.

Al mejorar la capacidad de los titulares de licencias para brindar servicios en varios estados y obtener rápidamente licencias al mudarse, las iniciativas de portabilidad de licencias pueden beneficiar a los consumidores al aumentar la competencia, las opciones y el acceso a los servicios, especialmente en profesiones con licencia donde los proveedores calificados son escasos. (Goldman, 2018, p. 2)

Por supuesto, la mayor portabilidad se logra cuando una ocupación no está regulada con licencia; esa debería ser la posición predeterminada para la mayoría de las ocupaciones. Solo cuando se demuestra empíricamente la necesidad de una licencia, se debe crear una. En el caso de la regulación con licencia, la portabilidad puede aumentarse mediante el reconocimiento,¹⁰ que es cuando una jurisdicción acepta (es decir, reconoce) licencias de otras jurisdicciones sin requerir que quienes desean trabajar completen formación adicional, aprueben exámenes, etc.

En la actualidad, 21 estados han decretado el reconocimiento universal para titulares de licencias de otros estados y jurisdicciones de Estados Unidos (IJ, [2022]a), y muchos otros han realizado esfuerzos para mejorar la movilidad de los trabajadores entre estados (Hentze & Herman, 2021). La jurisdicción que desee establecer el reconocimiento universal no debe imponer requisitos más onerosos que los del estado de origen del solicitante. Reconocer la licencia de la jurisdicción emisora solo cuando sus requisitos sean iguales o superiores a los de la jurisdicción receptora,¹¹ o exigir residencia, sería contrario a la intención de la portabilidad de licencias, que es facilitar la movilidad entre las jurisdicciones.

Según el Institute for Justice, en la actualidad hay ocho estados (Arizona, Ídaho, Íowa, Kansas, Misisipi, Misuri, Utah y Virginia) que permiten el reconocimiento universal de una licencia del estado de origen, si tiene un "ámbito de práctica" similar o al mismo nivel de práctica que la licencia del estado que la reconoce. Esto significa que una junta no tiene que comparar y contrastar los requisitos de licencia entre los dos estados.¹² Además, en cinco estados (Íowa, Kansas, Misisipi, Ohio y Virginia), los solicitantes de los estados que no tienen licencia para la ocupación pueden obtener una licencia para trabajar, si tienen al menos tres años de experiencia en esa ocupación (IJ, [2022]a).

El proceso para que una persona que tiene la licencia de alguna jurisdicción obtenga la misma licencia y pueda trabajar en Puerto Rico podría tomar varios meses e incluso años. Un ejemplo de esto es el caso de la Dra. Elba Gerena, fisiatra con subespecialidades en medicina neuromuscular e investigación clínica en distrofia muscular, quien esperó dos años para conseguir en la Isla lo que le había tomado alrededor de tres meses en otros estados.

Es difícil resumir mi experiencia en estos últimos dos años tratando de navegar el sistema de salud de la isla. He encontrado un sinnúmero de barreras para poder establecer mi práctica como médico subespecialista y poder ejercer mi profesión con dignidad y excelencia. No existen guías para sobrepasar todos los obstáculos que se te presentan. Y más aún, es decepcionante cuando uno sabe que ha cumplido con todos los requisitos exigidos para poder abrir una práctica privada exitosa y no ver respuesta alguna de las agencias locales y estatales que tienen la potestad de ayudar en este proceso. … por más preparación mental y económica que tuve previo a volver a la isla, después de dos años de luchar diariamente con un sistema quebrantado, he tenido que tomar la decisión de volver a los Estados Unidos. Mi situación es solo un síntoma de un sistema de salud enfermizo, que no está preparado para ayudar ni a los profesionales de la salud ni a los pacientes. Al final de cuentas, el pueblo puertorriqueño es el que tiene que decidir si este es el sistema que quieren continuar apoyando o si escucharán a todas las voces que les han advertido que el sistema está en decaída. (Gerena, 2022)

Como la doctora Gerena, 550,421 personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos, entre 2011 y 2020 (Universidad de Puerto Rico, 2021). Los diez estados con mayor migración entrante de puertorriqueños en ese periodo fueron Florida, Tejas, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Wáshington, Tenesí, Georgia y Nevada.¹³ Facilitar la portabilidad de las licencias ocupacionales que tengan los puertorriqueños en Estados Unidos podría ser un incentivo para que regresen a la Isla.¹⁴

Personas con antecedentes penales

Las regulaciones ocupacionales pueden convertirse en un obstáculo para que las personas con antecedentes penales encuentren empleo y se ganen la vida honradamente (Mitchell & Palagashvili, 2020). Esto se debe, en parte, a que muchas de estas personas carecen de los recursos necesarios para cumplir con el proceso de obtención de una licencia ocupacional (Carpenter, 2018). Además, algunos estados prohíben o restringen la concesión de licencias ocupacionales a individuos con antecedentes penales. Se ha observado que los estados con más regulaciones y restricciones tienen tasas más altas de reincidencia criminal.¹⁵ Al comparar un grupo de estados con requisitos bajos de licencias ocupacionales con aquellos que imponen cargas más elevadas, Slivinski encontró que

el aumento promedio en la tasa de reincidencia delictiva durante el período de estudio fue más elevado que el promedio y mucho mayor que en los estados que no prohíben las licencias ocupacionales para los exreclusos o no tienen algún tipo de restricciones en las condiciones por las cuales a un exrecluso se le puede negar una licencia. Estos "estados de prohibición" experimentaron un aumento de más de 9% en la tasa de reincidencia delictiva en tres años. Esto es más de 3.5 veces el aumento promedio de 2.6% para todos los estados en la encuesta y considerablemente más que la disminución de 4.2% en la tasa de reincidencia delictiva promedio en los estados de carga baja y no prohibición. (2016, p. 6)

Las personas con antecedentes penales enfrentan considerables desafíos al intentar reintegrarse en la sociedad, tales como el estigma asociado a un historial criminal, la disminución de habilidades laborales, la interrupción de la educación formal y la pérdida de conexiones sociales (Bucknor & Barber, 2016). Si a esto se agrega la exigencia o incluso la denegación de una licencia ocupacional, sus oportunidades de obtener empleo o emprender negocios en sectores regulados se ven significativamente limitadas. En el período comprendido entre 2015 y 2020, 39 estados y el Distrito de Columbia llevaron a cabo reformas en sus leyes de licencias ocupacionales con el fin de facilitar que personas con antecedentes penales puedan encontrar empleo en ocupaciones que requieren licencia;¹⁶ como resultado de estas reformas:

1. En 21 estados, los exconvictos pueden solicitar una licencia en cualquier momento, incluso antes de inscribirse en alguna capacitación requerida, para determinar si sus antecedentes penales los inhabilitarían.
2. Diecinueve estados impiden a las juntas denegar licencias a exreclusos basándose en términos vagos y arbitrarios como "buen carácter" o "vileza moral".
3. Otros cuatro estados eliminaron los requisitos de carácter moral de muchas de sus licencias, pero no promulgaron una prohibición general.
4. Las juntas en 20 estados tienen prohibido, en general, negar a los exconvictos una licencia para trabajar, a menos que los antecedentes penales del solicitante estén "directamente relacionados" con la licencia.
5. Trece estados imponen un límite de tiempo para considerar condenas antiguas por delitos graves (aparte de los delitos sexuales y violentos), que van desde tres años en Maine hasta 20 años en Wyoming.
6. Dieciocho estados prohíben a las juntas de licencias utilizar expedientes sellados, expurgados, anulados o borrados para inhabilitar a los solicitantes. (Sibilla, 2020)¹⁷

En Puerto Rico, los senadores José Vargas Vidot y Joanne Rodríguez Veve presentaron proyectos de ley para prohibir la discriminación laboral basada en antecedentes penales. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales consolidó los incisos más sustanciales de ambas medidas en un proyecto sustitutivo, para establecer la Ley para Prohibir el Discrimen Laboral por Razón de Tener Antecedentes Penales (2021). El proyecto sustitutivo fue aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, pero el gobernador Pedro R. Pierluisi lo vetó aduciendo que confligía con regulación federal que establece prohibiciones o límites a personas que hayan cometido ciertos delitos. El texto del proyecto decretaba que las juntas examinadoras no podrían rechazar de plano la solicitud de un aspirante a una profesión cubierta por la ley propuesta simplemente por tener antecedentes penales.

Las licencias ocupacionales en Puerto Rico

Se desconoce con exactitud el número de licencias ocupacionales existentes en Puerto Rico y sus cargas. Para empezar a mitigar esta falta de información, la Universidad de Puerto Rico llevó a cabo un estudio sobre las licencias ocupacionales en la Isla y sus requisitos. Estos requisitos abarcan aspectos como edad, nivel de educación, tiempo como aprendiz o experiencia, exámenes, costos iniciales, costos de renovación, periodo de renovación y educación continua, entre otros. Según el mencionado estudio, en Puerto Rico se regulan más de 140 ocupaciones (Ruiz-Torres et al., 2022),¹⁸ de las cuales al menos 131 tienen una regulación ocupacional activa al presente. La Tabla 1 muestra las agencias responsables de las licencias activas identificadas, ordenadas por la cantidad bajo su responsabilidad.¹⁹

En el informe de la Universidad de Puerto Rico, cada una de las licencias ocupacionales de la Isla fue comparada con las licencias de los 50 estados y el Distrito de Columbia tomando como base estudios publicados por el Institute for Justice y el Knee Center for the Study of Occupational Regulation de West Virginia University. Uno de los hallazgos más reveladores fue que en Puerto Rico hay 34 licencias ocupacionales que existen en menos de 5 jurisdicciones de Estados Unidos —entre ellas 13 que solo existen en la Isla— (Tabla 2 a Tabla 6).²⁰ Asimismo, se descubrió que 22 ocupaciones en Puerto Rico requieren licencia en menos del 75% de Estados Unidos y 54 ocupaciones requieren licencia en menos de la mitad de los estados.

El estudio también comparó las licencias ocupacionales de Puerto Rico con las de los 10 estados que tienen la mayor cantidad de inmigrantes puertorriqueños: Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Connécticut, California, Tejas, Illinois y Ohio. En esta comparación se encontró que 40 de las ocupaciones reguladas en la Isla no requieren una licencia en 7 o más de esos 10 estados; específicamente:

1. Veinticuatro no requieren licencia en ninguno de los estados.
2. Ocho requieren licencia en un solo estado.
3. Cuatro requieren licencia en solo dos estados.
4. Cuatro requieren licencia en solo tres estados.

Estos hallazgos plantean interrogantes sobre la necesidad de exigir licencias en Puerto Rico para ocupaciones que, en la mayoría de los estados, no requieren regulación, es decir, que se practican en todas o casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos sin necesidad de una licencia ocupacional.

Las cargas de las licencias ocupacionales en la Isla

En 2022, el Institute for Justice publicó License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing, 3rd Edition. Este informe ofrece un estado actualizado de la amplitud y las cargas de las licencias requeridas para 102 ocupaciones de bajos ingresos en los 50 estados, el Distrito de Columbia y, por primera vez, Puerto Rico. De las 131 licencias ocupacionales activas en la Isla, 49 formaron parte de la muestra examinada en License to Work. La carga promedio de estas 49 licencias fue 144 días de educación y experiencia requeridas, al menos un examen y $228 en tarifas. Esta carga promedio no incluye el tiempo y los costos necesarios para cada una de las licencias.

El estudio License to Work destaca que algunos de los requisitos en Puerto Rico exceden considerablemente los de Estados Unidos. Entre las licencias ocupacionales de la Isla cuyos requisitos, por ejemplo de educación, están significativamente por encima de los mínimos requeridos en Estados Unidos sobresalen las de manicurista: 1,000 horas vs. 12 horas en Alaska; cuidador de la piel: 1,000 horas vs. 220 horas en Florida; ayudante electricista: 500 horas vs. 0 en Minesota, Íowa y Maine —los únicos tres estados que tienen esta licencia—; y técnico de farmacia: un grado asociado y una pasantía supervisada de 1,000 horas, requisitos que superan los establecidos en todas las demás jurisdicciones.

Los autores añaden que otros requisitos en Puerto Rico son demasiado onerosos considerando el riesgo limitado que representan para el público (Knepper et al., 2022); por ejemplo, se exigen casi ocho meses de preparación para cosmetología; mientras que se requieren tres meses para trabajar como técnico de emergencias médicas,²¹ quienes con frecuencia atienden a personas en situaciones de vida o muerte. Otro ejemplo es la licencia de diseñador de interiores, que solo existe en tres estados y en la Isla requiere más horas de educación continua que profesiones como enfermero, paramédico, fisioterapeuta, podólogo, veterinario e higienista dental. Estos contrastes plantean dudas sobre si las licencias en Puerto Rico se establecen realmente para proteger la salud y la seguridad públicas.

La colegiación obligatoria

Las licencias ocupacionales no son lo mismo que la colegiación profesional; y, en muchos casos, esta última constituye una carga adicional para quienes aspiran a ejercer una profesión en Puerto Rico. Los colegios profesionales son agrupaciones de individuos de una misma profesión establecidas para "la defensa, organización y control del ejercicio profesional" (Delgado-Alemany et al., 2020, p. 233).²² La afiliación a estos colegios requiere tener el título académico o profesional correspondiente, poseer y mantener vigente la licencia para la práctica de la profesión y pagar una cuota inicial y de renovación al colegio. A diferencia de Estados Unidos, en Puerto Rico, algunas profesiones exigen que los practicantes pertenezcan obligatoriamente a un colegio profesional.

En la Isla, más de 20 profesiones requieren una licencia ocupacional y, además, colegiación obligatoria en la actualidad. Para algunas personas, la colegiación obligatoria viola el "principio general de la libertad individual en el que se fundan las Constituciones democráticas" (Marcheco Acuña, 2018, p. 102), así como los derechos a la libre asociación y al libre ejercicio profesional. La colegiación obligatoria ha sido discutida en los tribunales de Puerto Rico varias veces; y, en la mayoría de los casos, los tribunales declararon inconstitucional la colegiación obligatoria, al considerar que contraviene la libertad de asociación y que no representa la alternativa menos onerosa y restrictiva para proteger la salud y el bienestar públicos.²³

Reforma de la regulación ocupacional

La reforma de la regulación ocupacional ha sido un tema clave en la política pública tanto de administraciones demócratas como republicanas en Estados Unidos, para fomentar la participación laboral, la movilidad y el desarrollo económico. La administración de Barack Obama publicó un informe titulado Occupational Licensing: A Framework for Policy Makers que concluye que los legisladores y formuladores de política pública estatales deberían adoptar reformas institucionales que promuevan un enfoque más cuidadoso e individualizado de la regulación ocupacional. Este enfoque debería considerar los costos y beneficios, así como armonizar los requisitos en todos los estados (Department of the Treasury Office of Economic Policy et al., 2015, p. 56).

Por su parte, el expresidente Donald J. Trump emitió la Orden Ejecutiva Increasing Economic and Geographic Mobility, con el propósito de reducir la carga de las regulaciones ocupacionales que obstaculizan la creación de empleo y frenan el crecimiento económico. Este documento indica que las licencias ocupacionales frecuentemente imponen costosos requisitos a los potenciales solicitantes de empleo, incluso en ocupaciones con un potencial limitado de ingresos futuros. Además, destaca que investigaciones recientes descubrieron los requisitos de licencias han costado aproximadamente 2.85 millones de empleos y más de $200 mil millones anuales en mayores costos para los consumidores (Exec. Order No. 13966, 2020, p. 1).

Asimismo, la Orden Ejecutiva Promoting Competition in the American Economy del presidente Joseph R. Biden, Jr. reconoce que algunos requisitos de licencias ocupacionales pueden obstaculizar la capacidad de los trabajadores para encontrar empleo; e insta a los gobiernos estatales y territoriales a revisar las regulaciones ocupacionales existentes, para que sus requisitos sean los menos restrictivos para la competencia (Exec. Order No. 14036, 2021, pp. 1‒2). Esto es fundamental en Puerto Rico —con una tasa de participación laboral histórica menor de 50% y 41.7% de personas en situación de pobreza (U.S. Census Bureau, 2023)— para propiciar que más personas puedan entrar a la fuerza laboral y fomentar la creación de pequeños negocios.²⁴

Elementos de la reforma de licencias ocupacionales en Puerto Rico

Reformar las licencias ocupacionales en Puerto Rico es imperativo para alinear sus requisitos con la evidencia y las necesidades actuales, facilitar la participación en la fuerza laboral y coadyuvar a superar la dependencia. La revisión de estas licencias debe centrarse en el estricto cumplimiento de los objetivos de salud, seguridad y bienestar público en cada una de ellas (Timmons & Norris, 2021). La reforma de la regulación ocupacional en la Isla representa una oportunidad para equilibrar la protección del público con la creación de vías de libertad económica más accesibles y equitativas para todos. Lograr cambios efectivos y alcanzar los objetivos planteados es un proceso que conlleva los siguientes elementos.

Eliminación de licencias ocupacionales

Se recomienda que la reforma de la regulación ocupacional comience con las licencias que, a primera vista, no plantean un riesgo evidente para la salud y la seguridad públicas; y, por lo tanto, parecen innecesarias. Este grupo incluye las 13 licencias exclusivas de Puerto Rico y las 21 que —aparte de en la Isla— existen en menos de cinco jurisdicciones de Estados Unidos. Estas 34 ocupaciones o profesiones se practican en todos o casi todos los estados sin necesidad de regulación, y es probable que muchas de ellas también puedan ejercerse en Puerto Rico sin requerir una licencia ocupacional.

Adopción del reconocimiento universal

Un elemento importante de las reformas de regulación ocupacional que han tenido lugar en varios estados es la adopción del reconocimiento universal. Implementar la universalidad de las licencias ocupacionales en Puerto Rico facilitaría el retorno de los puertorriqueños que residen en Estados Unidos y desean regresar a la Isla, permitiéndoles ejercer la profesión que practican en sus estados. Se recomienda reconocer las licencias de otras jurisdicciones como válidas, independientemente de si sus requisitos son más, menos o igual de exigentes. Esto agiliza el proceso administrativo, ya que no requeriría revisar detalladamente los regímenes de licencias de otros estados (Knepper et al., 2022, p. 57).

Basado en la reforma de Arizona, el Institute for Justice redactó y publicó un modelo de ley denominado Universal Recognition of Occupational Licenses Act. Este modelo incorpora el reconocimiento de una licencia de otro estado si el trabajador (a) está actualmente autorizado para ejercer su profesión por otro estado y (b) ha estado autorizado durante al menos un año (IJ, 2020). Además, incluye un mapa interactivo que muestra los 20 estados que han aprobado alguna forma de reconocimiento universal de licencias ocupacionales (IJ, [2022]). Esta herramienta puede utilizarse para acceder a las leyes y enmiendas de esos 20 estados e identificar las prácticas que podrían servir de modelo para la legislación en Puerto Rico.

Atenuación de las restricciones para personas con antecedentes penales

La reforma de licencias ocupacionales de Puerto Rico debe considerar estos tres elementos, en los casos de personas con antecedentes penales:

1. Limitar las inhabilitaciones a condenas directamente relacionadas con la licencia solicitada, en lugar de permitir prohibiciones generales basadas en cualquier condena (o incluso arresto), o disposiciones vagas y arbitrarias de "buena reputación moral" que son difíciles de aplicar de manera justa y dejan a los aspirantes sin saber si se les habilitará.
2. Dar a las personas con antecedentes penales la oportunidad de solicitar a una junta de licencias en cualquier momento, incluso antes de invertir en la educación o capacitación requeridas, para que se determine si sus antecedentes penales serán inhabilitantes.
3. Dejar al gobierno la responsabilidad de demostrar que una persona debe ser excluida de una ocupación para proteger la salud y la seguridad públicas, en lugar de exigir a los exconvictos que demuestren por qué no deben ser excluidos (Knepper et al., 2022, p. 58).

Previsión de nuevas licencias

Para evitar la aprobación de nuevas licencias ocupacionales mientras se revisan las existentes, se sugiere la creación de una comisión independiente encargada de examinar y evaluar si una nueva licencia propuesta está justificada. Este proceso, conocido como revisión de inicio (sunrise review en inglés), implica un análisis cuidadoso basado en datos, que se realiza antes de que la legislatura de un estado considere cualquier nueva regulación. El resultado de este proceso debe proporcionar información completa y detallada de los beneficios y perjuicios de la regulación propuesta (Bison, 2020). Durante los procesos de revisión de inicio se plantean preguntas como:

1. ¿El daño a la salud y la seguridad públicas está bien documentado, es significativo y está afectando ampliamente a la población y no es meramente anecdótico, potencial o incluso probable?
2. En caso de existir daños, ¿cuál es la opción voluntaria o reglamentaria menos restrictiva disponible para evitar de manera óptima esos daños?
3. ¿Cuáles son los costos y beneficios probables de la regulación propuesta? ¿Los costos compensan los beneficios? (Knepper et al., 2022, p. 57)

El Institute for Justice publicó un estudio sobre las leyes estatales y las revisiones de inicio titulado Too many licenses? (Sanchez et al., 2022), así como el Occupational Licensing Review Act. Model Legislation, con el objetivo de asistir a los estados en la redacción de su legislación (IJ, 2021).²⁵ Las revisiones de inicio ayudan a las legislaturas a evaluar si las propuestas de creación o ampliación de licencias y otras regulaciones ocupacionales son esenciales para proteger al público o, por el contrario, constituyen barreras que restringen la competencia.

Revisión de las licencias existentes

Para identificar las licencias ocupacionales existentes que puedan ser inapropiadas o innecesarias, se propone la creación de una comisión independiente con la autoridad para llevar a cabo revisiones periódicas de las leyes de regulación ocupacional en vigencia. Este proceso se conoce como revisión de cierre (sunset review en inglés). El objetivo es determinar cuáles de las licencias activas siguen siendo necesarias, pero tal vez deben modificarse para que la carga sea adecuada, y cuáles deberían eliminarse. Los criterios establecidos para las revisiones de inicio también pueden aplicarse a las revisiones de cierre. Además de esos criterios, durante los procesos de revisión de cierre pueden plantearse preguntas como:

1. ¿Qué evidencia respalda que el requerimiento de una licencia sea la mejor forma de protección para los consumidores en esa ocupación?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre una política de titulación o registro y la concesión de una licencia para esa ocupación?
3. ¿Por qué las leyes existentes contra el fraude no ofrecen una protección adecuada a los consumidores o no les brindan recursos suficientes en caso de perjuicio? (Timmons & Vargo, 2021, p. 5)²⁶

Los trabajos de Norris et al. (2020) y McLaughlin et al. (2020) publicados por el Center for Growth and Opportunity de Utah State University y el Mercatus Center de George Mason University, respectivamente, son recursos adicionales que la comisión independiente podría aprovechar.

Un menú de opciones regulatorias

Ya sea durante revisiones de inicio o de cierre, es crucial considerar la opción regulatoria menos restrictiva. Hemphill y Carpenter (2016) ofrecen un útil menú de opciones, que puede considerarse como una jerarquía con las formas menos intrusivas de regulación en la parte superior y las más restrictivas —las licencias— en la parte inferior (Figura 1). Estos investigadores describen todas las opciones en detalle; aquí se presentan algunas de las más comunes. Las opciones superiores en la jerarquía son voluntarias e incluyen las siguientes.

1. Competencia en el mercado (sin regulación gubernamental). En las redes sociales, los blogs de consejos y los sitios web (como Angie y Yelp), los consumidores tienen acceso fácil a una gran cantidad de información sobre los proveedores de servicios. A medida que los consumidores utilizan esta información para elegir proveedores, las fuerzas del mercado creadas en el proceso pueden identificar y soslayar a incompetentes y estafadores de manera más efectiva que la regulación gubernamental.
2. Certificación profesional y mantenimiento de terceros. Estas certificaciones pueden obtenerse a través de asociaciones profesionales. La National Commission for Certifying Agencies, por ejemplo, ha acreditado aproximadamente 300 programas profesionales y ocupacionales de más de 120 organizaciones en las últimas tres décadas. Estos programas de certificación abarcan diversas ocupaciones como consejeros, enfermeras, técnicos de emergencias, terapeutas respiratorios, operadores de grúas y técnicos automotrices, entre otras. Las certificaciones suelen tener requisitos similares a las regulaciones estatales para obtener licencias y muchos empleadores las exigen para el empleo.
3. Fianza o seguro voluntario. Dado que algunas ocupaciones presentan más riesgos para los consumidores que otras, esta opción garantiza la protección contra pérdidas por robo o daño causadas por un proveedor de servicios. En la práctica, traslada la gestión de riesgos a las compañías de fianzas y seguros.

Los elementos restantes de la jerarquía requieren intervención del gobierno. Estos se presentan de menos a más restrictivos.

4. Inspecciones. Las inspecciones de negocios son comunes en algunas industrias, como la de restaurantes, y pueden aplicarse a diversas profesiones, como las de barbería y cosmetología, en las que la principal preocupación del gobierno es la limpieza de instrumentos e instalaciones.
5. Fianza o seguro obligatorio. Para algunas ocupaciones, los gobiernos pueden considerar insuficiente la fianza o el seguro voluntario y exigir en su lugar fianza o seguro obligatorio. Esto puede ser preferible cuando, por ejemplo, partes no involucradas en un contrato entre un cliente y un proveedor de servicios puedan estar expuestas a un riesgo por parte del proveedor de servicios, ya que brinda algún medio de restitución al tercero.
6. Registro. Esta opción requiere que los proveedores notifiquen al gobierno su nombre, su dirección y una descripción de sus servicios. El registro facilita el proceso para acciones civiles privadas y también puede ser suficiente para disuadir a personas malintencionadas de ofrecer servicios.
7. Certificación estatal. El gobierno actúa aquí como el organismo certificador, en lugar de una organización privada. Este acuerdo restringe el uso de un título (por ejemplo, diseñador de interiores certificado) en la práctica de una ocupación. Con esto, los proveedores de servicios pueden indicar a los consumidores que han completado los requisitos necesarios para obtener la certificación y los proveedores no certificados pueden ejercer. Así, los consumidores son libres de decidir por sí mismos qué tipo de proveedor prefieren.
8. Licencia ocupacional. Las licencias son la forma más restrictiva de regulación ocupacional y dado que a menudo, si no casi siempre, son creadas a petición de líderes de la industria y conllevan costos significativos y beneficios cuestionables, deberían crearse o mantenerse con mucha precaución. Además, los intentos de crear nuevas licencias o perpetuar las existentes deben estar respaldados por evidencia empírica de su necesidad, no solo de anécdotas y especulaciones.

Para aplicar esta jerarquía, Hemphill y Carpenter recomiendan que los legisladores o funcionarios de agencia (a) identifiquen el problema, (b) cuantifiquen el riesgo y (c) apliquen soluciones lo más vinculadas posible al problema. Además, la aplicación de la solución adecuada debe comenzar siempre considerando las opciones situadas en la parte superior de la jerarquía —los mecanismos basados en el mercado— y luego optar por la regulación gubernamental solo si fuera necesario.

Conclusión

Las barreras impuestas por las licencias ocupacionales se han convertido en obstáculos injustificados para el ejercicio de una diversidad de oficios y profesiones. Estas regulaciones, originalmente destinadas a garantizar la calidad para salvaguardar la salud y la seguridad públicas, se han extendido a ocupaciones en las cuales los riesgos son mínimos y la necesidad de regulación no está justificada. El exceso de regulación desalienta la participación laboral, limita la movilidad personal y crea barreras económicas que afectan más a aquellos con menos recursos; por lo tanto, la reforma de la regulación ocupacional no puede perder de perspectiva el derecho de las personas a trabajar y ganarse la vida.

El derecho a ganarse la vida honradamente está reconocido de forma explícita en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Artículo II, sección 16 reconoce "el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación", lo que también se menciona de manera similar en la sección 20: "El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos: … El derecho de toda persona a obtener trabajo". La sección 20 reconoce además "[e]l derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar" (Const. P.R. art. II, §§ 16, 20), lo cual está condicionado a los derechos anteriores de libertad ocupacional y obtención de trabajo.

Con demasiada frecuencia, esos derechos se ven obstaculizados —cuando no negados— por licencias ocupacionales innecesarias que impiden o dificultan que los trabajadores ejerzan la profesión de su elección. El gobierno de Puerto Rico tiene el deber de proteger la salud y la seguridad públicas; sin embargo, las licencias ocupacionales rara vez cumplen con ese deber y, por el contrario, protegen a los titulares de licencias de la competencia. Obstaculizar los derechos de libre ejercicio profesional no puede justificarse bajo estas circunstancias.

Además, como se ha discutido extensamente, Puerto Rico ha subordinado por demasiado tiempo su propia economía a la política industrial y a los incentivos fiscales de Estados Unidos, en lugar de perseguir un desarrollo económico de base sostenible más allá de las mareas cambiantes de las políticas federales o las alteraciones caprichosas de los incentivos.²⁷ Reformar las licencias ocupacionales es una acción que quienes formulan política pública en Puerto Rico tienen en sus manos, para estimular el tipo de crecimiento económico que retendría a los trabajadores y empresarios locales; atraería a la Isla a quienes emigraron; y generaría las oportunidades de prosperidad que emanan de la creatividad, el talento y la innovación de las personas. Esta acción no dependería de la incierta y poco confiable formulación de políticas federales y de lo que se derive de ella.

A primera vista, la reforma de licencias ocupacionales puede parecer algo pequeño en medio de los desafíos económicos actuales de Puerto Rico; pero es una acción con un significativo potencial latente. Este potencial radica en sus efectos combinados de transición del trabajo y los trabajadores de la economía informal a la formal estimulando el espíritu empresarial, frenando costos y mejorando el acceso a servicios de calidad para los consumidores, y reduciendo —si no revirtiendo— la fuga de talento humano que deja la Isla en busca de oportunidades económicas en otros lugares. Después de todo, si los puertorriqueños pueden lograr prosperidad en Estados Unidos, pueden hacer lo mismo en Puerto Rico si se les brinda la oportunidad.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a Jorge L. Rodríguez y Milton J. Quiles por su exhaustiva revisión de literatura y análisis de la información. Asimismo, agradecen a Carlos E. Chardón y a Edwin R. Ríos su minuciosa lectura y crítica del manuscrito.

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Acerca de los autores

Ángel Carrión-Tavárez
El Dr. Ángel Carrión-Tavárez es director de Investigación y Política Pública del Instituto de Libertad Económica (ILE). Posee un Doctorado en Integración y Desarrollo Económico y Territorial de la Universidad de León, España. Fue el fundador y editor de la revista de economía y política Panorama 21, publicada en español, inglés y portugués. Ha ocupado los cargos de editor ejecutivo del semanario de negocios Caribbean Business y editor-jefe y presidente de la junta de la revista arbitrada Fórum Empresarial. El doctor Carrión-Tavárez también se desempeñó como coordinador académico del Certificado en Edición y Artes Editoriales, profesor de Geografía Regional y Empresarial, y director del Centro de Investigaciones Comerciales en la Universidad de Puerto Rico. Desde su incorporación al ILE en 2021, sus investigaciones han resultado en varios documentos de política pública e informes incluyendo Del PAN al PANS: un puente a la libertad económica para los residentes de Puerto Rico, El libre mercado en Puerto Rico 2022 y Doing Business North America 2022 Report publicado por el Center for the Study Economic Liberty de Arizona State University. Además, ha sido coautor del informe Economic Freedom of North America, desde 2022, una publicación del Fraser Institute.

Dick M. Carpenter, II, Ph.D.
El Dr. Dick M. Carpenter II es director sénior de Investigación Estratégica en el Institute for Justice (IJ). Trabaja con el personal y los abogados del IJ para definir, implementar y gestionar investigación en ciencias sociales relacionada con la misión del instituto. Su trabajo ha aparecido en revistas académicas como Economic Development Quarterly, Criminal Justice Policy Review, Economic Affairs, Journal of Entrepreneurship and Public Policy, The Forum, Fordham Urban Law Journal, International Journal of Ethics, Education and Urban Society, Urban Studies y Regulation and Governance. Los resultados de sus investigaciones también han sido citados en periódicos como el New York Times, Washington Post y Wall Street Journal. La investigación del doctor Carpenter para el IJ ha resultado en informes incluyendo License to Work: A National Study of Burdens from Occupational Licensing, 2nd ed.; The Price of Taxation by Citation: Case Studies of Three Georgia Cities that Rely Heavily on Fines and Fees; Upwardly Mobile: Street Vending and the American Dream; Seize First, Question Later: The IRS and Civil Forfeiture; y Victimizing the Vulnerable: The Demographics of Eminent Domain Abuse. También es coautor del libro Bottleneckers: Gaming the Government for Power and Private Profit.

Edward J. Timmons
El Dr. Edward J. Timmons es profesor asociado de Economía y director del Knee Regulatory Research Center en West Virginia University. Realizó su Doctorado en Economía en Lehigh University. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas como The Journal of Law and Economics, The Journal of Regulatory Economics, The Journal of Labor Research, The British Journal of Industrial Relations, Health Policy, Monthly Labor Review y Nicotine and Tobacco Research. Su trabajo ha sido citado por la Federal Trade Commission, la Casa Blanca durante la administración del presidente Barack Obama y en una audiencia del Senado titulada "License to Compete: Occupational Licensing and the State Action Doctrine". Regularmente es solicitado para dar testimonio experto en legislaturas estatales de Estados Unidos, sobre reforma de licencias ocupacionales y asuntos afines al ejercicio de los profesionales de enfermería. También ha escrito numerosos artículos en publicaciones como Harvard Business Review, Philadelphia Inquirer, U.S. News & World Report y The Hill. En mayo de 2014, fue investigador visitante en el Collegio Carlo Alberto en Moncalieri, Italia. Es senior affiliated scholar del Mercatus Center y senior research fellow del Archbridge Institute.

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Dr. Ángel Carrión-Tavárez
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El Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico es un grupo de expertos de libre mercado que aboga por la libertad económica de los residentes de Puerto Rico. Existimos para garantizar que todos en la Isla tengan las mismas oportunidades de liberar su máximo potencial y crear su propio éxito. Creemos que la prosperidad debe ser impulsada por la creatividad, el espíritu empresarial y la innovación de las personas. Queremos vivir en un Puerto Rico donde todos puedan prosperar en una sociedad libre y abierta.

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¹ La regulación ocupacional puede existir a escala municipal, condal y federal en Estados Unidos. Las alusiones a licencias ocupacionales en este informe se refieren particularmente a las licencias estatales.

² Kleiner y Vorotnikov (2018) abundan sobre los costos económicos de las licencias ocupacionales y detallan las características de los trabajadores que tienen una licencia, una certificación o ninguna de las dos por estado.

³ El nombre "estado" con "e" minúscula en singular y plural en este informe se refiere a los 50 estados federados de Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia.

⁴ Se refiere a personas que trabajan en la misma profesión que regulan y que pueden obtener la totalidad o gran parte de sus ingresos de ella (Ohlhausen, 2017b).

⁵ Ohlhausen puntualiza que cuando personas con intereses económicos controlan, dominan o tienen influencia en una entidad reguladora, existe el riesgo de que las decisiones de esa entidad sirvan a los intereses económicos privados de sus miembros y no a la política pública del Estado o al bienestar de sus ciudadanos (2017b, p. 3).

⁶ La negociación por cuenta propia puede surgir de los sesgos inherentes asociados con "intereses privados singularmente fuertes" y "una evaluación del riesgo estructural de que los participantes en el mercado confundan sus propios intereses con los objetivos de política pública del Estado" (N.C. State Bd. of Dental Examiners v. Fed. Trade Comm’n, 2014).

⁷ Estos estudios son coherentes con el concepto más amplio de la teoría de la elección pública. Como lo describe Larkin, los productores, consumidores y votantes buscan maximizar su propio bienestar; los políticos, conseguir o mantenerse en un cargo; y los burócratas, expandir su autoridad. El resultado es un intercambio en un mercado político. Los grupos de interés intercambiarán beneficios políticos en forma de votos, contribuciones de campaña, charlas remuneradas, compras de libros y esfuerzos para conseguir votos a cambio de los beneficios económicos que pueden proporcionar las regulaciones que crean o refuerzan cárteles, como las licencias ocupacionales. Los funcionarios gubernamentales son conscientes de las motivaciones de los grupos de interés y los utilizan en su propio beneficio político. Los cabilderos y las asociaciones actúan como intermediarios (2016, pp. 228‒229).

⁸ Kleiner y Krueger (2013) documentaron anteriormente que las ocupaciones que exigen una licencia para trabajar tienen un crecimiento más lento que las que no la requieren. Estos investigadores encontraron que en los estados donde las ocupaciones como bibliotecario, terapista respiratorio, dietista y nutricionista no tenían licencia había una tasa de crecimiento 20% más rápida que en los estados que otorgaron licencias para estas ocupaciones.

⁹ La reducción en la competitividad y la oferta causa que quienes tienen licencias cobren más por sus servicios de lo que cobrarían si estuvieran participando en un mercado abierto.

¹⁰ El reconocimiento es solo una forma —la menos restrictiva— de portabilidad (aparte de la ausencia de licencia). Otra es la reciprocidad, en la que dos estados, por ejemplo, acuerdan reconocer las licencias de cada uno, siempre que los requisitos de estas sean equivalentes entre los estados o se cumplan otras condiciones. El pacto interestatal es la forma más restrictiva y menos deseada. Bajo estos acuerdos, los estados suscriben contratos formales para crear o respaldar un sistema de gobierno y un andamiaje separados, para armonizar y supervisar los requisitos de licenciamiento de una ocupación específica. Los profesionales en ocupaciones reguladas en los estados que forman parte del acuerdo pueden moverse y trabajar libremente entre los estados participantes.

¹¹ Esto penalizaría a quienes provengan de jurisdicciones donde la carga de requisitos para una licencia sea menos onerosa.

¹² Arizona fue el primer estado en tener reconocimiento universal sin un requisito de "sustancialmente equivalente", por medio del estatuto H.B. 2569 (2019, p. 2). Un estudio reciente estima que el reconocimiento universal en Arizona aumentará la población en 44,376 personas, los empleos en al menos 15,991 trabajadores y el producto interno bruto en $1,500 millones para el año 2030 (Common Sense Institute, 2022).

¹³ Todos estos estados superan ampliamente a la Isla en libertad económica, en el informe Economic Freedom of North America 2022 (Stansel et al., 2022); en este informe publicado por el Fraser Institute, Florida tuvo la puntuación más alta con 7.94 y Arizona la más baja con 5.87 de los estados a los que más puertorriqueños emigraron, mientras Puerto Rico llegó en último lugar con 2.04 —74.31% menos que Florida y 65.25% menos que Arizona—.

¹⁴ El estudio de Bae y Timmons (2023) aporta información de los efectos del reconocimiento universal en la actividad del mercado laboral y la movilidad geográfica de las personas con licencia.

¹⁵ Según el Institute for Justice, reducir las cargas de las licencias podría contribuir grandemente a bajar las tasas de reincidencia al reinsertar en el trabajo a los exconvictos y ayudarles a reintegrarse a la sociedad (IJ, [2022]b).

¹⁶ Posteriormente, Ohio y el Distrito de Columbia aprobaron reformas adicionales sobre la consideración de antecedentes penales para el otorgamiento de licencias ocupacionales. Los proyectos de ley aprobados en Ohio y el Distrito de Columbia fueron respectivamente Revise Occupational License Restrictions for Former Criminals (2021) y Removing Barriers to Occupational Licensing for Returning Citizens Amendment Act of 2019 (2021).

¹⁷ CCRC Staff (2021) proporciona más información sobre las leyes promulgadas que limitan la consideración de los antecedentes penales por parte de las agencias de licencias ocupacionales.

¹⁸ Algunas licencias ocupacionales de la Isla como las de tecnólogo en ultrasonido médico (cardíaco) y tecnólogo en ultrasonido médico (vascular) fueron incluidas en el estudio de la Universidad de Puerto Rico como una sola licencia: "Sonographer (Cardiovascular)". Asimismo, las licencias de líder recreativo adulto mayor y líder recreativo comunitario aparecen en el estudio como una licencia única: "Recreation Leader". Además, en el estudio de la Universidad de Puerto Rico no se incluyeron las licencias de ocupaciones deportivas como, por ejemplo, árbitro, juez, oficial, boxeador y jinete, por considerarlas ocupaciones atípicas.

¹⁹ Para la elaboración de todas las tablas incluidas en este informe se utilizaron datos de las entidades a cargo de las licencias en Puerto Rico y Ruiz-Torres et al. (2022); en los casos en que hubo discrepancia entre estas fuentes, se utilizaron los datos de las entidades a cargo de las licencias.

²⁰ Entre las ocupaciones incluidas en la Tabla 2 y la Tabla 3 hay cuatro cuya denominación no es licencia sino permiso, autorización, certificación o reválida; estas son: Permiso de asistente de administrador de condominio, Autorización de operador para cuidado médico, Certificación de guía turístico y Reválida de notario. Entre estas denominaciones existen diferencias; pero si, en definitiva, son un requisito para trabajar controlado por el gobierno, son equivalentes a una licencia ocupacional.

²¹ Esta diferencia es más curiosa al saber que los requisitos de capacitación para el técnico de emergencias médicas de nivel básico en la Isla —400 horas de cursos acreditados— triplican los requisitos de la mayoría de los estados.

²² Esto incluye la deontología definida "como la concreción de determinados principios éticos en reglas de conducta exigibles a quienes practican una profesión" (Marcheco Acuña, 2018, p. 86).

²³ En estos casos, las decisiones judiciales dejaron la puerta abierta a la colegiación voluntaria, como en Rodríguez Casillas v. Colegio de Técnicos y Mecánicos (2019).

²⁴ La Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (FOMBPR) creada bajo la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 se ha expresado también sobre este asunto. "Para promover la participación en la fuerza laboral y crear incentivos para que los trabajadores cualificados se reubiquen y permanezcan en la Isla, el Gobierno debe, según corresponda, simplificar, eliminar o armonizar los requisitos de licencias ocupacionales con los de Estados Unidos. Además, el Gobierno debe identificar las licencias ocupacionales con el mayor número de miembros de la fuerza laboral en la economía informal, con el fin de aprovechar y establecer las mejores prácticas para la creación de nuevas licencias y evitar la producción de regulaciones onerosas y revisiones legislativas que requieren mucho tiempo" (FOMBPR, 2023b, p. 63).

²⁵ Además, Timmons & Norris (2021) plantean lo que se debe tener en cuenta a la hora de establecer la revisión de inicio.

²⁶ Timmons y Vargo dicen que, al preguntarse si el estado está aplicando bien la normativa, se podría pedir a los reguladores que realicen un análisis básico de costo y beneficio. Las anécdotas de infracciones que no pueden atribuirse directamente a la regulación son insuficientes como justificación. Más bien, deben presentarse pruebas de que existe un problema real en el mercado laboral y de que el problema es sistémico y no anecdótico. Además, debería indicarse claramente por qué la concesión de licencias mejora los resultados para los consumidores, en lugar de empeorar las cosas. (2021, p. 5).

²⁷ Numerosos académicos han abordado este asunto incluyendo Atiles-Osoria (2018), Cabán (2018), Caraballo-Cueto y Lara (2018), García (2021), Lloréns (2018) y Rawlins (2018).

Citación sugerida:

Carrión-Tavárez, Á., Carpenter II, D. M., & Timmons, E. J. (2024, febrero). Liberar el potencial. Las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico. Instituto de Libertad Económica. https://doi.org/10.53095/13584010