Libertad económica de Norteamérica 2023

Resumen ejecutivo

Libertad económica de Norteamérica en 2021

Libertad económica de Norteamérica 2023 es la decimonovena edición de este informe anual del Fraser Institute. Este año mide hasta qué punto en 2021 —el año con datos completos disponibles más recientes— las políticas de las jurisdicciones norteamericanas fueron favorables a la libertad económica, es decir, la capacidad de los individuos para actuar en el ámbito económico sin restricciones indebidas. El informe incluye dos índices: un índice subnacional que examina solo los gobiernos provinciales, estatales, municipales y locales para comparar jurisdicciones individuales dentro del mismo país; y un índice de todo el gobierno que incluye también a los gobiernos federales para comparar jurisdicciones en diferentes países.

En el índice subnacional, Libertad económica de Norteamérica emplea 10 variables para los 92 gobiernos provinciales y estatales en Canadá, Estados Unidos, México y el territorio estadounidense de Puerto Rico, en tres áreas: 1. Gasto gubernamental, 2. Impuestos y 3. Libertad del mercado laboral. En el índice de todo el gobierno, incorporamos tres áreas adicionales a escala federal del informe anual Economic Freedom of the World (EFW): 4. Sistema legal y derechos de propiedad, 5. Moneda sólida y 6. Libertad para comerciar internacionalmente; y añadimos en el Área 1 la inversión gubernamental (variable 1C en EFW), en el Área 2 las tasas marginales más altas de impuestos sobre el ingreso y la nómina (variable 1Dii en EFW), y en el Área 3 la regulación del mercado crediticio y las regulaciones empresariales. Estas adiciones ayudan a captar restricciones a la libertad económica difíciles de medir a escala provincial, estatal, municipal y local.

Resultados de Canadá, Estados Unidos y México

El índice de todo el gobierno

El índice de todo el gobierno incluye datos de EFW (Gwartney et al., 2023). Estos datos, disponibles solo a nivel nacional, permiten una mejor comparación entre las jurisdicciones subnacionales de Canadá, Estados Unidos y México teniendo en cuenta las políticas nacionales que afectan a todas las jurisdicciones dentro de cada país. Canadá y Estados Unidos tienen puntajes similares en EFW; ambos han estado entre los 10 principales países, aunque Canadá bajó en 2021 y ha seguido fuera de los primeros 10. México ocupa un puesto mucho más bajo, el 64 este año; pero esto representa una mejora respecto a años anteriores.

La jurisdicción mejor clasificada en el índice de todos los gobiernos de Libertad económica de Norteamérica 2023 es Nuevo Hampshire con 8.14, seguida de Florida (8.07), Carolina del Sur (8.06) y luego Idaho e Indiana empatados en el cuarto lugar (8.05). Alberta es la provincia canadiense mejor clasificada empatada en el lugar 31 con 7.90. La siguiente provincia es Columbia Británica en el 45 con 7.80. Alberta ocupó el primer lugar del índice por siete años, pero bajó en el informe de 2018 (con datos de 2016) y ha caído aún más allá de los primeros 20 desde entonces.

Por primera vez, incluimos preliminarmente el territorio estadounidense de Puerto Rico en el índice de todo el gobierno. Puerto Rico ocupa el lugar 61 con 6.65, 0.82 por debajo de la provincia canadiense peor clasificada y solo 0.08 por encima del estado mexicano mejor clasificado. De los 32 estados mexicanos, los mejores clasificados son Baja California y Chihuahua (6.57), Nayarit (6.50), Hidalgo (6.49) y Puebla y Tlaxcala (6.48), alrededor de un punto detrás de los que ocupan el lugar más bajo en Canadá. La jurisdicción mexicana más baja es Ciudad de México con 5.55, precedida por Colima con 5.88 y Campeche con 6.02.

Las provincias canadienses peor clasificadas son Terranova y Labrador en el lugar 60 con 7.47, detrás de Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick (7.52) y Nueva Escocia (7.54). Los estados de EE. UU. con la clasificación más baja son Delaware (53º, 7.69), Nueva York (52º, 7.71) y Hawái (empatado en el lugar 50º, 7.74).

La libertad económica promedio en los tres países alcanzó su máximo histórico en 2004 con 7.75 y luego descendió constantemente a 7.27 en 2011. Las provincias canadienses experimentaron el menor descenso, solo 0.24, mientras que en Estados Unidos fue 0.45 y, en México, 0.59. La libertad económica promedio en Norteamérica aumentó lentamente a 7.46 en 2017, pero sigue por debajo del máximo. Canadá fue una excepción en ese período experimentando un declive constante desde 2014. Desde 2017, la libertad económica promedio ha caído aún más a 7.32. La gran mayoría de ese declive ocurrió en 2020, lo que refleja la respuesta gubernamental a la pandemia de cóvid-19.

Los índices subnacionales

Los índices subnacionales son el instrumento apropiado para comparar jurisdicciones dentro del mismo país. Cada país tiene su propio índice subnacional. En Canadá, la provincia más económicamente libre en 2021 fue Alberta con 6.26, seguida por Ontario y Manitoba, más de un punto completo detrás, empatadas con 5.12. La menos libre, por mucho, fue Quebec con 2.67, seguida de Isla del Príncipe Eduardo con 4.01 y Nueva Escocia con 4.04.

En Estados Unidos, el estado más libre económicamente fue Nuevo Hampshire con 7.96, seguido por Florida (7.80), Tenesí (7.73), Tejas (7.64) y Dakota del Sur (7.59). Como los índices se calcularon para cada país por separado, las puntuaciones de los índices subnacionales no son comparables directamente entre países. El estado menos libre fue nuevamente Nueva York con 4.09, seguido por California y Vermont (4.27), Oregón (4.56) y Hawái (4.58). Por segundo año, incluimos el territorio estadounidense de Puerto Rico de manera preliminar en el índice subnacional de EE. UU. Este obtuvo una puntuación de 2.85. La siguiente puntuación más baja fue un 43% más alta.

En México, el estado con mayor libertad económica fue Michoacán de Ocampo con 5.96. Baja California ocupó el segundo lugar (5.85) seguido de Chihuahua (5.52). Los estados mexicanos menos libres fueron Zacatecas (2.41), Campeche (2.86) y Tabasco (2.99).

Libertad económica y bienestar económico a escala subnacional

Las jurisdicciones en el cuartil menos libre económicamente del índice de todo el gobierno tienen un ingreso per cápita promedio de solo US$2,696, mientras que en las del cuartil más libre es US$59,401. En los índices subnacionales, se mantiene la misma relación, con un ingreso per cápita promedio 2.1% por debajo del promedio de su país en las jurisdicciones del cuartil menos libre, mientras que en el cuartil más libre es 3.7% por encima del promedio del país.

Además, se ha encontrado que la libertad económica a escala subnacional está generalmente asociada de manera positiva con gran variedad de medidas del tamaño per cápita y el crecimiento de la economía, y con diversas medidas de actividad empresarial. Hay más de 370 artículos de investigadores independientes que utilizan los datos de Libertad Económica de Norteamérica. Gran parte de esa literatura discute el crecimiento económico o el emprendimiento, pero también hay estudios sobre temas como la desigualdad de ingresos, la expropiación y los mercados laborales. La mayoría de los resultados encuentran que niveles más altos de libertad económica tienen correlación con resultados positivos, como crecimiento económico, menor desempleo, reducción de la pobreza, entre otros.

Libertad Económica de Canadá, Estados Unidos y México en 2021

La libertad económica y el índice

Libertad económica de Norteamérica es un intento de medir la extensión de las restricciones a la libertad económica impuestas por los gobiernos en América del Norte. El índice publicado aquí mide la libertad económica en dos niveles, el subnacional y el de todo el gobierno. A escala subnacional, mide el impacto en la libertad económica de los gobiernos provinciales y municipales en Canadá, y de los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos y México, así como del gobierno en el territorio estadounidense de Puerto Rico. A escala de todo el gobierno, mide el impacto de todos los niveles de gobierno —federal, provincial, estatal, municipal y local— en Canadá, Estados Unidos y México. Se incluyen 10 provincias de Canadá, 50 estados de EE. UU., 32 jurisdicciones de México y Puerto Rico. Los datos más recientes disponibles para el informe son del año fiscal 2021.

¿Qué es la libertad económica y cómo se mide en este índice?

En Economic Freedom of the World (EFW), James Gwartney, Robert Lawson y Walter Block definieron la libertad económica de la siguiente manera.

Los individuos tienen libertad económica cuando (a) la propiedad que adquieren sin el uso de la fuerza, el fraude o el robo está protegida de invasiones físicas por parte de otros y (b) son libres de usar, intercambiar o dar su propiedad siempre que sus acciones no violen los mismos derechos de otros. Por lo tanto, un índice de libertad económica debería medir la medida en que la propiedad adquirida legítimamente está protegida y los individuos participan en transacciones voluntarias. (1996: 12)

Las economías más libres operan con interferencia gubernamental mínima confiando en la elección personal y los mercados para responder preguntas económicas básicas como qué se debe producir, cómo se debe producir, cuánto se produce y a quién se destina la producción. A medida que el gobierno impone restricciones a estas opciones, hay menos libertad económica.

La investigación derivada de los datos de EFW, un proyecto que Michael Walker inició hace 35 años cuando era director ejecutivo del Fraser Institute, demuestra que la libertad económica es importante para el bienestar de los ciudadanos de una nación. Se ha encontrado que la libertad económica tiene correlación con el ingreso per cápita, el crecimiento económico, una mayor esperanza de vida, una menor mortalidad infantil, el desarrollo de instituciones democráticas, las libertades civiles y políticas, y otros resultados sociales y económicos deseables.^[1] Así como el EFW busca medir la libertad económica de los países a escala mundial, Libertad Económica de Norteamérica tiene como objetivo medir las diferencias en la libertad económica a escala subnacional y de todo el gobierno entre las provincias de Canadá y los estados de Estados Unidos y México.

En 1999, el Fraser Institute publicó Provincial Economic Freedom in Canada: 1981–1998 (Arman, Samida y Walker, 1999), una medida de la libertad económica en 10 provincias canadienses. Libertad Económica de Norteamérica actualiza y amplía ese esfuerzo inicial al examinar las 10 provincias canadienses (Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón no están incluidos), los 50 estados de Estados Unidos desde 1981, los 32 estados de México desde 2003 y el territorio estadounidense de Puerto Rico desde 2011. La libertad económica de cada provincia y estado se clasifica tanto a escala subnacional (estatal, provincial, local y municipal) como a escala de todo el gobierno (federal, estatal y local). Esto ayuda a aislar el impacto de los diferentes niveles de gobierno en la libertad económica en Canadá, Estados Unidos y México. El índice subnacional aporta una comparación de las jurisdicciones individuales de un mismo país y el índice de todo el gobierno proporciona una comparación de las jurisdicciones individuales de diferentes países.

Debido a limitaciones y revisiones de datos, algunos períodos de tiempo no son directamente comparables o no están disponibles. Cuando es necesario, generalmente utilizamos los datos más cercanos al período faltante como una estimación de los datos que faltan. Si hubiera cambios en este componente durante ese período, este procedimiento introduciría algún grado de error en la estimación de la libertad económica para ese dato en particular; sin embargo, omitir el componente en los casos en que falta y basar la puntuación del índice en los componentes restantes puede crear un sesgo mayor en la estimación de la libertad económica general.

Examinamos datos a escala estatal y provincial en tres áreas de libertad económica: gasto gubernamental, impuestos y regulación del mercado laboral. Para tener en cuenta factores que varían principalmente entre países, pero no entre jurisdicciones subnacionales, nuestro índice de todo el gobierno incluye variables adicionales de EFW.

Antes de la edición de 2012, no habíamos incluido en el índice norteamericano datos de áreas utilizadas en EFW, en particular, sobre el sistema legal y los derechos de propiedad, y sobre la regulación del crédito y los negocios. Hubo dos razones para esto. En primer lugar, los datos en estas áreas generalmente no están disponibles a escala estatal o provincial. En segundo lugar, estas son principalmente áreas de política nacional y variarían poco de provincia a provincia o de estado a estado. Dado que Canadá y Estados Unidos tenían puntuaciones similares para estas áreas en el índice de naciones y territorios cubiertos por el EFW, eso también significaba que estos factores variaban poco de provincia a estado; y, por lo tanto, no era esencial incluir estos datos en Libertad Económica de Norteamérica.

La mayoría de estas medidas a escala nacional varían sustancialmente para México en comparación con Canadá y Estados Unidos; además, el sistema gubernamental de México es mucho más centralizado, con un papel significativamente mayor para el gobierno federal. Para producir una medida comparable entre los tres países a escala de todo el gobierno comenzamos a incluir datos del EFW para el sistema legal y los derechos de propiedad, y la regulación del crédito y los negocios. Luego agregamos diez componentes adicionales: dinero sólido, libertad para comerciar internacionalmente, empresas gubernamentales e inversiones, tasa máxima de impuestos sobre el ingreso y la nómina, y los seis componentes del área de regulación del mercado laboral.

Este año por primera vez, incluimos preliminarmente al territorio de Puerto Rico en el índice de todo el gobierno de Estados Unidos. Este fue incorporado en el índice subnacional en 2022 y los datos de este índice se han llevado atrás hasta 2011. El siguiente capítulo proporciona más detalles sobre la inclusión de Puerto Rico en los índices.

Resultados en el índice de todo le gobierno

Como indica la Figura 1.1, la jurisdicción mejor clasificada en este índice es Nuevo Hampshire con 8.14, seguida de Florida (8.07), Carolina del Sur (8.06) e Ídaho e Indiana (8.05). Alberta es la provincia canadiense mejor clasificada, en el lugar 31 con 7.90. Columbia Británica, la siguiente provincia, ocupa el lugar 45 con 7.80. La provincia canadiense peor clasificada es Terranova y Labrador en el lugar 60 (7.47), justo detrás de Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick (7.52), y Nueva Escocia (7.54). Siete de las 10 provincias canadienses están por debajo del estado estadounidense peor clasificado, Délaware, en el lugar 53 con 7.69. Los siguientes estados de Estados Unidos con más baja clasificación son Nueva York (52, 7.71), Hawái (50, 7.74) y California (49, 7.77).

Gracias a los esfuerzos de Ángel Carrión-Tavárez del Instituto de Libertad Económica, el año pasado incluimos preliminarmente el territorio de Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos. Este año hemos avanzado al incluirlo preliminarmente también en el índice de todo el gobierno, en el que ocupa el lugar 61 con 6.65 —0.82 por debajo de la provincia de Canadá con la clasificación más baja y solo 0.08 sobre el estado de México mejor clasificado—.

Los estados mexicanos mejor calificados son Baja California y Chihuahua, empatados en el lugar 62 con 6.57, detrás de los 50 estados de Estados Unidos y las 10 provincias canadienses. Esa brecha se había reducido en los últimos años, de más de un punto durante muchos años a 0.75 en el informe del año pasado. Nayarit (6.50) e Hidalgo (6.49) son los siguientes más altos. El más bajo clasificado es Ciudad de México (93, 5.55), seguido por Colima con 5.88 y Campeche con 6.02.

Resultados en los índices subnacionales

Los índices subnacionales son apropiados para comparar jurisdicciones dentro del mismo país. Debido a que gran parte del nuevo gasto gubernamental en respuesta a la pandemia de cóvid-19 se realizó a escala federal, no observamos un descenso en los promedios subnacionales de Canadá y Estados Unidos, aunque el promedio de México sí disminuyó ligeramente.

Canada

Alberta fue la provincia más libre económicamente de Canadá, en 2021, con una puntuación de 6.26. Las siguientes provincias con mayor puntuación fueron Ontario y Manitoba, con 5.12, seguidas por Columbia Británica con 4.60. Antes del informe del año pasado, Columbia Británica ocupó el segundo lugar por muchos años. Quebec se encontraba en el fondo con 2.67, muy por debajo de Isla del Príncipe Eduardo (4.01), Nueva Escocia (4.04) y Nuevo Brunswick (4.27).

Estados Unidos

La Figura 1.2b muestra las puntuaciones subnacionales de Estados Unidos. Nuevo Hampshire (7.96) volvió al primer lugar. Florida quedó en el segundo (7.80), seguido de Tenesí (7.73), Tejas (7.64) y Dakota del Sur (7.59).^[2] El estado menos libre fue nuevamente Nueva York con 4.09 debajo de California y Vermont (4.27), Oregón (4.56), Hawái (4.58) y Nuevo México (4.98).

El territorio estadounidense de Puerto Rico tuvo, por mucho, la puntuación más baja, 2.85; la siguiente fue casi 50% más alta. Incluso 2.85 podría ser una puntuación alta, porque incluir a Puerto Rico en el índice subnacional de Estados Unidos supone implícitamente que los derechos de propiedad, el estado de derecho y la política regulatoria son sustancialmente similares a los 50 estados. Aunque esto podría no ser cierto, esa suposición fue necesaria para su inclusión. En el futuro, intentaremos precisar esas diferencias. Su incorporación preliminar en el índice de todo el gobierno este año es el primer paso en ese proceso. El próximo capítulo contiene una discusión detallada sobre la libertad económica en Puerto Rico.

México

El estado con mayor libertad económica fue Michoacán de Ocampo con 5.96, seguido de Baja California con 5.85 y Chihuahua con 5.52.^[3] Este año, Zacatecas fue el estado mexicano menos libre con 2.41, seguido de Campeche (2.86) y Tabasco (2.99).

Resumen de los resultados

A continuación, se incluyen dos gráficos que demuestran dramáticamente los vínculos entre la prosperidad y la libertad económica. La Figura 1.10 divide los estados y las provincias en cuartiles según la libertad económica a escala de todo el gobierno; por ejemplo, la categoría «Menos libre» representa las jurisdicciones que obtienen puntuaciones en el cuartil más bajo de las calificaciones de libertad económica. Las jurisdicciones en este cuartil menos libre tienen un ingreso per cápita promedio de solo US$2,696. Esto contrasta con el ingreso per cápita promedio de US$59,401 para el cuartil más libre.

La Figura 1.11 es similar a la Figura 1.10, pero muestra la libertad económica a escala subnacional y la mide como desviaciones del promedio nacional, ya que los tres índices subnacionales no son directamente comparables.^[4] Las jurisdicciones en los dos cuartiles más libres tuvieron ingresos per cápita promedio 3.7% por encima del promedio nacional de sus países, mientras que las del cuartil menos libre registraron un 2.1% por debajo del promedio nacional. En cada índice, el ingreso per cápita en las jurisdicciones más libres es sustancialmente más alto que en aquellas que son menos libres.

Libertad económica y bienestar económico

Muchos estudios independientes han vinculado los niveles de libertad económica, según se miden en el índice anualmente EFW, con mayores niveles de crecimiento económico e ingresos;^[5] por ejemplo, Easton y Walker (1997) encontraron que los cambios en la libertad económica tienen un impacto significativo en el nivel de ingresos en estado estacionario, incluso después de tener en cuenta los niveles de tecnología, educación de la fuerza laboral e inversión. Los resultados de este estudio implican que la libertad económica es un determinante separado del nivel de ingresos. La serie EFW del Fraser Institute también muestra una relación positiva entre la libertad económica y el nivel de producto interno bruto (PIB) per cápita, así como su tasa de crecimiento.

De manera similar, De Haan y Sturm (2000) muestran que los cambios positivos y negativos en la libertad económica conducen a cambios positivos y negativos en las tasas de crecimiento económico. Utilizando el índice de libertad económica de Gwartney et al., 1996 y datos de PIB per cápita de 80 países, sus resultados indican que, después de tener en cuenta el nivel de educación, inversión y crecimiento de la población, los cambios en la libertad económica tienen un impacto significativo en el crecimiento económico.

El cálculo del índice de libertad económica de las provincias de Canadá y los estados de Estados Unidos y México permite investigar, mediante pruebas econométricas, la relación entre la libertad económica y la prosperidad en América del Norte. Desde la publicación de la primera edición de Libertad económica de Norteamérica en 2002, han aparecido más de 370 artículos académicos y de política pública que exploran la relación entre nuestra medida de libertad económica y otros indicadores como el crecimiento económico y la actividad empresarial.^[6] Los hallazgos han sido similares a los que se obtienen utilizando el índice nacional. En un ejemplo reciente, se encontró que un aumento del 10% en la libertad económica se asociaba con un aumento del 5% en el PIB real per cápita del estado (Hall et al., 2019).

La importancia de la libertad económica

Esta publicación se centra en medir la libertad económica. En la edición de 2013 discutimos algunas de las pruebas empíricas del impacto de la libertad económica de otros investigadores independientes;^[7] sin embargo, el lector puede preguntarse por qué la libertad económica está tan relacionada con el crecimiento y la prosperidad, como gran parte de esa literatura ha encontrado. A lo largo del siglo XX, hubo un debate sobre si las economías planificadas o libres producen los mejores resultados. En muchos aspectos, este debate se remonta a los inicios de la economía moderna, cuando Adam Smith argumentó que cada uno de nosotros persiguiendo libremente nuestros propios fines creamos la riqueza de las naciones y los ciudadanos individuales.

Los resultados de los experimentos del siglo XX deberían ser claros: las economías libres producen la mayor prosperidad para las personas en la historia humana. Incluso la pobreza en las naciones económicamente libres habría sido considerada un lujo en las economías no libres. Esta lección fue reforzada por el colapso de los estados en la esfera soviética. Las naciones en desarrollo que adoptaron el modelo de planificación central solo han producido miseria para sus ciudadanos. Aquellas que adoptaron la economía de mercados competitivos han comenzado a compartir con sus ciudadanos la prosperidad de las economías de mercado avanzadas.

Si bien estas comparaciones son ejemplos de extremos opuestos del espectro de libertad económica, numerosas investigaciones muestran la estrecha relación entre esta y la prosperidad. Pruebas econométricas sofisticadas respaldan esta relación, pero los ejemplos también son interesantes. En Estados Unidos, al relativamente libre Virginia le va mucho mejor que al relativamente no libre Virginia Occidental. Este no es el lugar para revisar varios siglos de debate económico, pero los mecanismos de la libertad económica son fáciles de entender. Cualquier transacción realizada libremente debe beneficiar a ambas partes; cualquier transacción que no beneficie a ambas partes sería rechazada por la parte que se quedara corta. Esto tiene consecuencias en toda la economía. Los consumidores que tienen libertad de elegir solo se sentirán atraídos por una calidad y un precio superiores. Los productores deben mejorar el precio y la calidad para satisfacer las demandas de los clientes o estos no realizarán transacciones libremente con ellos. Cada día se producen miles de millones de transacciones mutuamente beneficiosas, lo que impulsa la dinámica que estimula una mayor productividad y riqueza en toda la economía.

Las restricciones a la libertad impiden que las personas realicen transacciones mutuamente beneficiosas. Tales transacciones libres son reemplazadas por la acción del gobierno. Esto se caracteriza por la coerción en la recaudación de impuestos y la falta de elección en los servicios: en vez de ganancias para ambas partes en cada transacción, los ciudadanos deben pagar toda factura exigida en impuestos y aceptar cualquier servicio ofrecido a cambio. El incentivo de los productores en un mercado competitivo gira en torno a la provisión de bienes y servicios superiores para atraer a los consumidores. En cambio, como revela la teoría de la elección pública, los incentivos en el sector público a menudo se centran en recompensar a grupos de interés, buscar ventajas políticas o incluso penalizar a grupos impopulares. Esto difiere mucho del intercambio mutuamente beneficioso aunque, como se señaló antes, el gobierno tiene funciones esenciales de protección y producción.

En cierto modo, es sorprendente que el debate siga, porque la teoría y la evidencia que favorecen a la libertad económica coinciden con la intuición: tiene sentido que el impulso y el ingenio de los individuos produzcan mejores resultados a través del intercambio mutuamente beneficioso que los diseños de un pequeño grupo de planificadores gubernamentales, que no pueden conocer los deseos de todos y es probable que consideren primero su propio bienestar y el de las clientelas a las que deben complacer, al tomar decisiones por todos nosotros.

Descripción de los componentes

La teoría de la libertad económica no difiere en el nivel subnacional del nivel global, aunque se deben encontrar variables diferentes consistentes con dicha teoría que se adapten a medidas subnacionales. Los 10 componentes del índice subnacional se dividen en tres áreas: 1. Gasto público, 2. Impuestos y 3. Libertad del mercado laboral (Regulación, 3Ai–3Aiii). La mayoría de los componentes que utilizamos se calculan como una proporción del ingreso en cada jurisdicción; por lo tanto, no requieren el uso de tipos de cambio o paridades de poder adquisitivo. La excepción es el componente 2B, Tasa marginal máxima del impuesto sobre ingresos y el umbral al que se aplica, en el que la paridad del poder adquisitivo se usa para calcular los umbrales máximos equivalentes en Canadá y México, en dólares estadounidenses.

Con una simple fórmula matemática para reducir los juicios subjetivos, se construyó una escala de 0 a 10 por cada componente, para representar la distribución subyacente de cada uno de los 10 aparatos del índice. La puntuación más alta posible en cada componente es 10, que indica un alto grado de libertad económica; y la puntuación más baja posible es 0, que indica un bajo grado de libertad económica.^[8] Este índice es, pues, una clasificación relativa.

La fórmula de calificación es consistente a través del tiempo para permitir un examen de la evolución de la libertad económica. Para construir el índice global sin imponer juicios subjetivos sobre la importancia relativa de los componentes, cada área y cada componente dentro de cada área se ponderaron por igual.

Para producir datos comparables de impuestos y gastos para jurisdicciones de tamaños y niveles de ingresos muy diferentes, todas las variables se estandarizan dividiendo por ingresos (como la variable del salario mínimo). En Canadá y México se usa «ingreso familiar» y en Estados Unidos, el concepto comparable es «ingreso personal». Utilizamos el ingreso en lugar del PIB porque en algunas jurisdicciones hay grandes niveles de actividad económica (incluido en el PIB) que no benefician directamente a los residentes y el PIB exagera así los recursos que los residentes tienen para pagar la carga del gobierno.

Por ejemplo, debido a peculiaridades en su legislación fiscal, Délaware tiene un número anormalmente alto de sedes de bancos corporativos. Gran parte de los ingresos generados por esas operaciones van a accionistas fuera de Délaware. Esos dólares se incluyen en el PIB, lo que hace que los impuestos y el gasto parezcan menos onerosos como porcentaje de la economía de lo que realmente son. Esos dólares no se incluyen en el ingreso personal, por lo que utilizar el ingreso es una medida más precisa del nivel de libertad económica.

Área 1   Gasto público

1A  Gastos generales de consumo del gobierno como porcentaje de los ingresos

A medida que el tamaño del gobierno se expande, hay menos espacio para la elección privada. Si bien el gobierno puede cumplir roles útiles en la sociedad, también tiende a asumir actividades superfluas según se expande. Hay dos funciones amplias del gobierno que son consistentes con la libertad económica: (1) protección de los individuos contra invasiones de intrusos domésticos y extranjeros, y (2) provisión de algunos bienes seleccionados, lo que los economistas llaman bienes públicos (Gwartney et al., 1996). Estas a menudo se denominan funciones protectoras y productivas del gobierno. Cuando el gobierno va más allá y entra en la provisión de bienes privados que pueden ser producidos por empresas privadas e individuos restringe la elección del consumidor y, por lo tanto, la libertad económica (Gwartney et al., 1996). En otras palabras, el gasto del gobierno, independientemente de los impuestos, por sí solo reduce la libertad económica una vez que este gasto excede lo necesario para proporcionar un nivel mínimo de funciones protectoras y productivas; así, a medida que crece el gasto en consumo del gobierno, una jurisdicción recibe una puntuación más baja en este componente.

1B   Transferencias y subsidios como porcentaje de los ingresos

Cuando el gobierno grava a una persona para dar dinero a otra, separa a los individuos de los beneficios completos de su trabajo y reduce los rendimientos reales de su actividad (Gwartney et al., 1996). Estas transferencias representan la eliminación de propiedad sin dar un beneficio compensatorio y son una infracción a la libertad económica. Dicho de otra manera, cuando los gobiernos toman de un grupo para dar a otro, están violando los derechos de propiedad que deben proteger. Cuanto mayor sea el nivel de transferencias y subsidios, menor será la puntuación que reciba una jurisdicción.

1C   Pagos de seguros y jubilación como porcentaje de los ingresos

Cuando los acuerdos privados y voluntarios de jubilación, seguro de discapacidad, etc. son reemplazados por programas gubernamentales obligatorios, la libertad económica disminuye. A medida que aumenta el monto de dicho gasto, baja la puntuación de este componente.

1D   Inversión pública (solo en el índice de todo el gobierno)

Cuando el gobierno se involucra en más de lo que de otro modo sería inversión privada, la libertad económica se reduce. Esta variable utilizada solo en el índice de todo el gobierno es la puntuación del país para la variable 1C en el EFW 2023. Una descripción detallada y las fuentes de datos se pueden encontrar en ese informe, disponible en https://doi.org/10.53095/88975012.

Área 2   Impuestos

Según crece la carga fiscal aumentan las restricciones a la elección privada y disminuye la libertad económica. Examinamos las principales formas de tributación por separado.

2A   Ingresos por impuestos sobre la renta y nómina como porcentaje de los ingresos

Esta variable incluye todos los impuestos sobre el ingreso personal y corporativo, así como los impuestos sobre la nómina utilizados para financiar los planes de seguro social (como seguro de desempleo, compensación de trabajadores y planes de pensiones).

2Bi   Tasa marginal máxima del impuesto sobre el ingreso^[9] y el umbral al cual se aplica

Como el impuesto sobre el ingreso es una penalización directa de la actividad económica, incluimos una variable de la tasa impositiva máxima, así como el nivel de ingresos al cual se aplica. Las tasas máximas de impuesto sobre el ingreso personal se clasifican según los umbrales de ingresos a los que se aplican. Los umbrales más altos tienen una mejor puntuación.

2Bii   Tasas marginales máximas de impuestos sobre el ingreso y la nómina (solo en el índice de todo el gobierno)

Esta variable utilizada solo en el índice de todo el gobierno es la puntuación del país para la variable 1Dii en EFW 2023. Una descripción detallada y las fuentes de datos se pueden encontrar en ese informe disponible en https://doi.org/10.53095/88975012.

2C   Impuesto a la propiedad y otros impuestos como porcentaje de los ingresos

Esta variable incluye todas las formas de impuestos distintas a los impuestos sobre el ingreso, la nómina y las ventas (que ya están capturados en las variables 2A y 2D), con una excepción. Los ingresos provenientes de impuestos sobre los recursos naturales están excluidos por tres razones: (1) la mayoría de las áreas no los tienen; (2) su carga recae, en gran medida, en los contribuyentes de otras áreas; y (3) pueden fluctuar ampliamente junto con los precios de los recursos naturales (por ejemplo, el petróleo), creando así valores atípicos que distorsionan las clasificaciones relativas.

2D   Ingresos por impuestos sobre las ventas como porcentaje de los ingresos

Esta variable incluye todos los impuestos sobre las ventas y los ingresos brutos (incluidos los impuestos especiales). Tales impuestos son una fuente importante de ingresos para los gobiernos subnacionales.

Nota sobre las transferencias intergubernamentales y la doble contabilización

Al examinar las dos áreas anteriores, puede parecer que las Áreas 1 y 2 crean una doble contabilización, ya que capturan los dos lados de la hoja del libro mayor del gobierno —los ingresos y los gastos— que presumiblemente deberían equilibrarse con el tiempo; sin embargo, al examinar las jurisdicciones subnacionales, esta situación no se cumple. Varias transferencias intergubernamentales rompen el vínculo entre los impuestos y el gasto a escala subnacional.^[10] La desconexión entre los ingresos y el gasto es aún más pronunciada a escala de todo el gobierno, que incluye al gobierno federal. Obviamente, lo que el gobierno federal gasta en un estado o una provincia no necesariamente tiene una fuerte relación con la cantidad de dinero que recauda en esa jurisdicción; de tal manera, para tomar ejemplos tanto de Canadá como de Estados Unidos, los respectivos gobiernos federales gastan más en la provincia de Terranova y Labrador y en el estado de Virginia Occidental de lo que recaudan por medio de los impuestos en estas jurisdicciones, mientras que el patrón opuesto se aplica a Alberta y Connécticut. Como se dijo anteriormente, tanto los impuestos como el gasto pueden suprimir la libertad económica. Dado que el vínculo entre los dos se rompe al examinar las jurisdicciones subnacionales, es necesario examinar ambos lados del balance del gobierno.

Área 3   Regulación

3A     Regulación del mercado laboral

3Ai   Salario mínimo

Los salarios mínimos elevados restringen la capacidad de los empleados y empleadores para negociar contratos. En particular, la legislación del salario mínimo limita que los trabajadores poco cualificados y los nuevos participantes en la fuerza laboral negocien un empleo que de otro modo aceptarían y, por lo tanto, restringe la libertad económica de estos trabajadores y de los empleadores que podrían contratarlos. Esto afecta la libertad económica de estos trabajadores y de los empleadores que podrían haberlos contratado. Este componente mide el ingreso anual a tiempo completo al salario mínimo como porcentaje del ingreso per cápita. Ya que el ingreso per cápita es un indicador de la productividad promedio en una jurisdicción, esta relación toma en cuenta las diferencias en la capacidad de pagar salarios entre jurisdicciones. A medida que el salario mínimo crece en relación con la productividad, reduciendo el rango de contratos de trabajo que se pueden negociar libremente, hay nuevas reducciones a la libertad económica que bajan la puntuación de la jurisdicción; por ejemplo, es probable que un salario mínimo fijado en el 0.1% de la productividad media tenga poco impacto en la libertad económica; pero en el 50% de la productividad media, limitaría mucho más la libertad de los trabajadores y las empresas para negociar el empleo. Un requisito de salario mínimo de $2 por hora en Nueva York tendrá poco impacto; pero, para una nación en desarrollo, podría eliminar a la mayoría de los trabajadores potenciales de la fuerza laboral.

Este componente mide el ingreso anual obtenido por alguien que trabaja a tiempo completo con el salario mínimo como porcentaje del ingreso per cápita. Dado que el ingreso per cápita es un indicador de la productividad promedio en una jurisdicción, esta relación toma en cuenta las diferencias en la capacidad de pagar salarios entre jurisdicciones. A medida que el salario mínimo crece en relación con la productividad, reduciendo así el rango de contratos laborales que pueden negociarse libremente, se producen mayores reducciones en la libertad económica, lo que resulta en una puntuación más baja para la jurisdicción. Por ejemplo, es probable que una legislación sobre salario mínimo fijada en el 0,1% de la productividad promedio tenga poco impacto en la libertad económica; Fijada en el 50% de la productividad promedio, la legislación limitaría en mucho mayor medida la libertad de los trabajadores y las empresas para negociar empleo. Por ejemplo, un requisito de salario mínimo de 2 dólares la hora para Nueva York tendrá poco impacto pero, para una nación en desarrollo, podría eliminar a la mayoría de los trabajadores potenciales de la fuerza laboral efectiva. La misma idea se aplica, aunque en un rango más limitado, a jurisdicciones dentro de Canadá, Estados Unidos y México.

3Aii   Empleo del gobierno como porcentaje del empleo total provincial o estatal

La libertad económica disminuye por varias razones, a medida que el empleo gubernamental aumenta más allá de lo necesario. El gobierno utiliza dinero expropiado para sacar una cantidad de mano de obra del mercado laboral. Esto restringe la capacidad de los individuos y las organizaciones para contratar libremente servicios laborales, ya que los empleadores tienen que competir con su propio dinero de impuestos para obtener mano de obra. Altos niveles de empleo público también pueden indicar que el gobierno (1) está intentando proveer bienes y servicios que las personas podrían brindar por su cuenta mediante contratos libres entre ellas o que las personas no tendrían interés en obtener si pudieran contratar libremente; y (2) está participando en actividades regulatorias y de otro tipo que restringen la libertad de los ciudadanos. Finalmente, los altos niveles de empleo público sugieren que el gobierno está haciendo un trabajo que podría contratarse de forma privada. Cuando el gobierno, en vez de financiar a proveedores privados, decide brindar un bien o servicio, reduce la libertad económica al limitar la elección y, por lo general, crear un cuasimonopolio en la prestación de servicios. La creación de vales escolares, por ejemplo, puede no reducir los gastos del gobierno, pero sí el empleo público erosionando el monopolio del gobierno sobre la prestación de servicios educativos financiados con fondos públicos, al tiempo que crea más opciones para padres y estudiantes y mejora la libertad económica.

3Aiii   Densidad sindical

Los trabajadores deben tener derecho a formar y afiliarse a sindicatos o a no hacerlo. Las leyes que rigen el mercado laboral a menudo obligan a los trabajadores a afiliarse a sindicatos cuando preferirían no hacerlo; permiten campañas de sindicalización en las que se puede emplear coerción (o disposiciones antidemocráticas como la certificación sindical sin voto secreto); y pueden dificultar la descertificación incluso cuando la mayoría de los trabajadores la favorecerían. Por otro lado, con raras excepciones, los trabajadores siempre pueden sindicalizar un lugar de trabajo y son libres de afiliarse a un sindicato existente o recién formado.

No existe una compilación confiable de datos históricos sobre las leyes y regulaciones del mercado laboral que permitan comparaciones entre jurisdicciones en Canadá, Estados Unidos y México. En este informe intentamos proporcionar una variable proxy para este componente. Comenzamos con la densidad sindical, es decir, el porcentaje de trabajadores sindicalizados en una provincia o un estado. Factores como leyes y reglamentos, nivel de empleo público y densidad manufacturera afectan la densidad sindical. Al medir la libertad económica, nuestro objetivo es capturar el impacto de los factores de política pública y no otros factores. También deseamos excluir el empleo público, aunque es un factor que está altamente correlacionado con los niveles de sindicalización, ya que este empleo se refleja en el componente 3Aii.

Realizamos pruebas estadísticas para determinar cuán significativo era el efecto del empleo público en la sindicalización y mantuvimos este factor constante en el cálculo del componente. También realizamos pruebas para determinar si el tamaño del sector manufacturero era significativo. No fue así y, por lo tanto, no corregimos este factor al calcular el componente. También puede ser que el tamaño de la población rural tenga un impacto en la sindicalización. Desafortunadamente, no hay datos consistentes de Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de esta limitación, los autores creen que este componente de variable proxy es el mejor disponible en este momento. Sus resultados son consistentes con la información publicada disponible (véase Godin et al., 2006).^[11]

La mayoría de los componentes de las tres esferas descritas antes existen a escala subnacional y de todo el gobierno. Los impuestos sobre el ingreso y la nómina, por ejemplo, se calculan primero para los gobiernos locales, municipales, provinciales y estatales, y luego nuevamente contando todos los niveles de gobierno que capturan dichos ingresos de las personas que viven en una provincia o estado.

Componentes agregados para el índice de todo el gobierno

Para captar con mayor precisión las diferencias en la libertad económica en los estados mexicanos en relación con el resto de América del Norte, incluimos una serie de variables del EFW en nuestro índice de todo el gobierno de estados y provincias. El índice amplía el área regulatoria para incluir datos sobre estas áreas. La regulación laboral pasa a ser uno de los tres componentes del Área 3: Regulación, que comprende 3A: Regulación del mercado laboral; 3B: Regulación del mercado de crédito (Área 5A de EFW); y 3C: Regulaciones comerciales (Área 5C de EFW).

Es fácil entender por qué la regulación del crédito y los negocios afecta la libertad económica. Cuando el gobierno limita quién puede prestar y tomar prestado de quién e impone otras restricciones a los mercados de crédito, se reduce la libertad económica; y cuando el gobierno limita la capacidad de los empresarios para tomar sus propias decisiones, la libertad se reduce.

Es fácil entender por qué la regulación del crédito y los negocios afecta la libertad económica. Cuando el gobierno limita quién puede prestar y pedir prestado a quién e impone otras restricciones a los mercados crediticios, la libertad económica se reduce; cuando el gobierno limita la capacidad de los empresarios para tomar sus propias decisiones, la libertad se reduce.

3A   Regulación del mercado laboral
3Aiv   Regulaciones laborales y salario mínimo
3Av   Regulaciones de contratación y despido
3Avi   Determinación flexible del salario
3Avii   Regulaciones horarias
3Aviii   Costos del despido de trabajadores
3Aix   Servicio militar
3Ax   Mano de obra extranjera

3B   Regulación del mercado de crédito
3Bi   Propiedad de los bancos
3Bii   Crédito al sector privado
3Biii   Controles de tasas de interés/tasas de interés negativas

3C   Regulaciones comerciales
3Ci   Requisitos administrativos
3Cii   Costos burocráticos
3Ciii   Inicio de un negocio
3Civ   Administración pública imparcial
3Cv   Restricciones de licencia
3Cvi   Costo del cumplimiento tributario

También incluimos otras tres áreas: Área 4: Sistema legal y derechos de propiedad (Área 2 de EFW), Área 5: Moneda sólida (Área 3 de EFW) y Área 6: Libertad para comerciar internacionalmente (Área 4 de EFW).

Área 4   Sistema legal y derechos de propiedad

La protección de los derechos de propiedad y un sistema legal sólido son vitales para la libertad económica; de lo contrario, el gobierno y actores económicos poderosos pueden limitar la libertad económica de los menos poderosos, en beneficio propio. Las variables de Sistema legal y derechos de propiedad del EFW son las siguientes.

4A   Independencia judicial
4B   Imparcialidad de los tribunales
4C   Protección de los derechos de propiedad
4D   Interferencia militar en el estado de derecho y la política
4E   Integridad del sistema legal
4F   Cumplimiento legal de los contratos
4G   Restricciones regulatorias en la venta de bienes inmuebles
4H   Confiabilidad de la policía

Área 5   Moneda sólida

Una moneda sólida es importante para la libertad económica porque, sin ella, la alta tasa de inflación resultante es un impuesto oculto para los consumidores. Las variables de dinero sólido del EFW son las siguientes.

5A   Crecimiento monetario
5B   Desviación estándar de la inflación
5C   Inflación: año más reciente
5D   Libertad para poseer cuentas bancarias en moneda extranjera

Área 6   Libertad para comerciar internacionalmente

La libertad para comerciar internacionalmente es crucial para la libertad económica, porque aumenta la capacidad de los individuos para participar en el intercambio voluntario, lo que crea riqueza para el comprador y el vendedor. Las variables del Área 6 de EFW son las siguientes.

6A   Aranceles
6Ai   Ingresos por impuestos comerciales
6Aii   Tasa arancelaria media
6Aiii   Desviación estándar de las tasas arancelarias

6B   Barreras regulatorias al comercio
6Bi   Barreras no arancelarias al comercio
6Bii   Costos de importación y exportación

6C   Tasas de cambio del mercado negro

6D   Controles de la circulación de capitales y personas
6Di   Apertura financiera
6Dii   Controles de capital
6Diii   Libertad de los extranjeros para visitar
6Div   Protección de activos extranjeros

Los Apéndices A y B del informe tienen más información de las variables y los cálculos. Para obtener descripciones detalladas de las variables a escala de país, los lectores pueden consultar el «Appendix: Explanatory Notes and Data Sources» de EFW (Gwartney et al., 2023). La inclusión de estos datos de EFW aumenta las puntuaciones de las provincias de Canadá y los estados de Estados Unidos, ya que ambos países se desempeñan bien en estas áreas, en comparación con otras naciones. Su efecto en los estados de México tiende a ser el opuesto.

Referencias

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Clemens, Jason, Matthew Lau, Milagros Palacios y Niels Veldhuis (2017). End of the Chrétien Consensus? Fraser Institute. <https://www.fraserinstitute.org/studies/end-of-the-chretien-consensus>.

De Haan, Jakob y Jan Egbert Sturm (2000). On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth. European Journal of Political Economy 16: 215–241.

Doucouliagos, Chris y Mehmet Ali Ulubasoglu (2006). Economic Freedom and Economic Growth: Does Specification Make a Difference? European Journal of Political Economy 22, 1: 60–81.

Easton, Stephen y Michael Walker (1997). Income, Growth, and Economic Freedom. American Economic Review 87, 2: 328–332.

Godin, Keith, Milagros Palacios, Jason Clemens, Niels Veldhius y Amela Karabegović (2006). An Empirical Comparison of Labour Relations Laws in Canada and the United States. Studies in Labour Markets 2 (May). Fraser Institute.

Gwartney, James, Robert Lawson y Walter Block (1996). Economic Freedom of the World, 1975–1995. Fraser Institute.

Gwartney, James, Robert Lawson y Ryan Murphy (2023). Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report. Fraser Institute. <https://fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2023-annual-report>.

Hall, Joshua C., Donald J. Lacombe y Timothy M. Shaughnessy (2019). Economic Freedom and Income Levels across US States: A Spatial Panel Data Analysis. Contemporary Economic Policy 37, 1: 40–49.

Hall, Joshua C., and Robert Lawson (2014). Economic Freedom of the World: An Accounting of the Literature. Contemporary Economic Policy 32, 1: 1–20.

Hall, Joshua C., Dean Stansel y Danko Tarabar (2015). Economic Freedom Studies: A Survey. En Richard J. Cebula, Joshua C. Hall, Franklin G. Mixon, Jr. y James E. Payne, eds., Economic Behavior, Economic Freedom, and Entrepreneurship (Edward Elgar): 38–50.

Lawson, Robert (2022). Economic Freedom in the Literature: What Is It Good (Bad) For? En James Gwartney, Robert Lawson, Joshua Hall y Ryan Murphy, Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report (Fraser Institute, 2022): 187–199. <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-of-the-world-2022-annual-report>; <https://www.fraserinstitute.org/studies/economic-freedom-in-the-literature-what-is-it-good-bad-for>.

National Right to Work Legal Defense Foundation (2011). Right to Work States. <http://www.nrtw.org/rtws.htm>, al 8 de julio 2011.

Stansel, Dean y Meg Tuszynski (2018). Sub-National Economic Freedom: A Review and Analysis of the Literature. Journal of Regional Analysis and Policy 48, 1: 61–71.

[1].       Una lista de artículos e información adicional está disponible en https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/. También puede consultar a Easton y Walker, 1997; y De Haan y Sturm, 2000. Para un resumen de la literatura sobre libertad económica a escala internacional, consulte Doucouliagos y Ulubasoglu, 2006; Hall y Lawson, 2014; y Lawson, 2022.

[2].     Como los índices se calcularon por separado para cada país, las puntuaciones numéricas en los índices subnacionales no son directamente comparables entre países.

[3].     México tiene una estructura de gobierno mucho más centralizada que Canadá y Estados Unidos. Como el índice subnacional excluye el impacto del gobierno federal es una medida menos útil del nivel relativo de libertad económica entre los estados mexicanos.

[4].     Como las puntuaciones del índice subnacional se calculan por separado para cada país, no podemos promediar las puntuaciones de jurisdicciones en diferentes países. En su lugar, hemos calculado la desviación de la puntuación de libertad económica del promedio nacional para cada jurisdicción y la hemos utilizado para determinar los cuartiles.

[5].     Para ver una muestra de trabajos empíricos sobre el impacto de la libertad económica, según se mide en EFW, en la prosperidad económica, visite https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/citations. Doucouliagos y Ulubasoglu, 2006; Hall y Lawson, 2014; y Lawson, 2022 ofrecen un resumen de la literatura sobre el impacto de la libertad económica a escala internacional.

[6].     Economic Freedom of North America, «Appendix C», contiene una lista de los artículos más recientes.

[7].     Hall et al., 2015 y Stansel y Tuszynski, 2018 aportan información más reciente sobre esto.

[8].     Por la forma en que se calculan las puntuaciones de libertad económica, una puntuación de 10 no indica una libertad económica perfecta, sino más bien la mayor libertad entre las jurisdicciones existentes.

[9].     Consulte el «Apéndice A» del informe para obtener más información sobre cómo se derivó la calificación para la tasa marginal máxima y su umbral.

[10].   La mayoría de los gobiernos tienen fuentes de ingresos además de los impuestos y los gobiernos nacionales también tienen obligaciones financieras internacionales, por lo que la relación entre los impuestos y el gasto no será exactamente uno a uno, incluso a escala nacional; sin embargo, con el tiempo, la relación será cercana para la mayoría de los gobiernos nacionales, excepto aquellos que reciben grandes cantidades de ayuda extranjera.

[11]. La National Right to Work Legal Defense Foundation (2011) tiene una medida de las leyes de derecho al trabajo y cuándo fueron establecidas para los estados de EE. UU. Consideramos utilizar esto para reemplazar o complementar la medida de las tasas de sindicalización usadas antes. El beneficio de utilizar una medida de tasas de sindicalización es que recoge algunas de las diferencias en la aplicación y libertades informales que no son captadas por la legislación; por ejemplo, algunos estados pueden tener leyes de derecho al trabajo con una aplicación débil, mientras que otros que no tienen tales leyes pueden proteger más la libertad laboral en la práctica. Aunque decidimos no incluir una medida para la legislación de derecho al trabajo, el análisis valida la variable proxy como una medida apropiada de la libertad de los trabajadores.

Una mirada más de cerca la libertad económica en Puerto Rico

Ángel Carrión-Tavárez

La incorporación de Puerto Rico en Libertad Económica de Norteamérica 2022 fue un primer intento de evaluar la libertad económica en la Isla. Los indicadores sugerían que Puerto Rico compararía mal con cualquier jurisdicción de Estados Unidos y los resultados del año pasado lo confirmaron. Desde el punto de vista de la investigación, fue particularmente importante que las preguntas planteadas y el diálogo iniciado durante ese proceso sirvieron para ampliar el trabajo y examinar más de cerca la situación de la Isla, en la edición de este año.

Este capítulo aporta información del proceso de incorporación de Puerto Rico en el índice de todo el gobierno y el índice subnacional incluyendo una descripción de los datos y los resultados. También contiene unos breves apuntes sobre los permisos comerciales y las restricciones por el cóvid-19 en la Isla. Por último, se aborda cómo la falta de libertad económica está afectando a Puerto Rico; y se adelantan posibles cursos de acción y métodos para aumentar aún más la precisión y comparabilidad de las puntuaciones y clasificaciones de Puerto Rico, en la próxima edición.

Puerto Rico en Libertad económica de Norteamérica 2023

El índice de todo el gobierno de Libertad económica de Norteamérica contiene variables en las áreas «Gasto público», «Impuestos», «Regulación», «Sistema legal y derechos de propiedad», «Moneda sólida» y «Libertad para comerciar internacionalmente». Para las tres últimas áreas, cada jurisdicción recibe la puntuación de su nación en Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report (Gwartney et al., 2023); por ejemplo, todas las provincias de Canadá reciben la puntuación nacional canadiense en dicho informe mundial, bajo el supuesto de equivalencia en todo Canadá.

Los datos de la mayoría de las áreas regulatorias, el estado de derecho, la solidez monetaria y la libertad de comercio no están disponibles o no se consideran relevantes para las jurisdicciones subnacionales; por lo tanto, el índice subnacional se basa en componentes y subcomponentes a escala estatal y local, solo en «Gasto público», «Impuestos» y «Regulación del mercado laboral». El informe supone que esas otras áreas de política pública son aproximadamente equivalentes dentro de las naciones; y, por ello, y las puntuaciones y clasificaciones subnacionales no las incluyen.

Incluir a Puerto Rico en Libertad económica de Norteamérica era importante para tener un punto de referencia para evaluar la situación de la libertad económica en la Isla. La iniciativa enfrentó dos limitaciones que plantearon un reto de medición; la primera fue la falta de datos, ya que Economic Freedom of the World (EFW) no incluye a Puerto Rico; y la segunda, la debilidad de la Isla en comparación con los promedios de Estados Unidos en áreas como el estado de derecho y la regulación.^[12]

Esto planteó el problema de si dar o no a Puerto Rico las puntuaciones internacionales de Estados Unidos. La cuestión no tenía una solución clara y sencilla, ya que las limitaciones mencionadas afectan al índice de todo el gobierno y al índice subnacional. Como se señaló, el índice de todo el gobierno da a los 50 estados^[13] la puntuación de Estados Unidos como país en EFW; y el índice subnacional supone la igualdad entre los estados —que los 50 estados tienen puntuaciones relativamente similares en las áreas del informe mundial—.^[14]

Como los datos disponibles sugieren que esto no es cierto para Puerto Rico, se decidió recopilar datos comparables de Puerto Rico para las variables utilizadas en el índice de todo el gobierno, en 2021. Aunque no sería un ejercicio perfecto, independientemente de cómo se ajustara la puntuación, este esfuerzo daría una idea general de cómo se compara la Isla con las demás jurisdicciones, como un primer paso. Además, se amplió la recopilación de datos para las 10 variables subnacionales, en los 11 años más recientes del índice (2011-2021).

Datos

Para la recopilación de datos y los cálculos de las variables utilizadas solo en el índice de todo el gobierno, se usaron las definiciones, descripciones y fórmulas incluidas en el «Appendix Explanatory Notes and Data Source» de EFW 2023.^[15] La recopilación de datos y los análisis estadísticos para el índice subnacional se basaron en las notas metodológicas de las áreas y variables de Canadá, Estados Unidos y México de Libertad económica de Norteamérica 2022.

Los datos de «Ingreso personal», los componentes «1A Gastos generales de consumo del gobierno», «1B Transferencias y subsidios», «1C Pagos de seguros y jubilación» y el subcomponente «3Aii Empleo del gobierno» se obtuvieron del Área de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación (similar al U.S. Bureau of Economic Analysis). La fuente de datos de «2A Ingresos por impuestos sobre el ingreso y la nómina», «2Bi Tasa marginal máxima del impuesto sobre el ingreso» y «2D Ingresos por impuestos sobre las ventas» fue el Departamento de Hacienda (similar al US Treasury).^[16]

Otras fuentes utilizadas fueron el U.S. Census Bureau (USCB), para «Población»; el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, para «2C Impuesto a la propiedad y otros impuestos»; LexJuris de Puerto Rico, para «3Ai Salario mínimo»; y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (similar al U.S. Department of Labor), para «Empleo» y «3Aiii Densidad sindical»; incidentalmente, los datos de 3Aiii se recopilaron y publicaron esporádicamente hasta 2015; desde entonces, no se han publicado datos institucionales en Puerto Rico.

Los datos para las variables utilizadas únicamente en el índice de todo el gobierno se obtuvieron de (a) fuentes citadas en EFW 2023, (b) encuestas internacionales, (c) encuestas locales, (d) publicaciones del gobierno de Puerto Rico y (e) otras publicaciones. Puerto Rico recibió la misma puntuación que Estados Unidos en 16 componentes y subcomponentes, la mayoría de ellos en las áreas «Moneda sólida»^[17] y «Libertad para comerciar internacionalmente». Para puntuar las demás variables, se usaron los datos encontrados en las fuentes, así como las fórmulas correspondientes.

Las puntuaciones obtenidas directamente de las fuentes o como resultado de la fórmula se ajustaron basado en las puntuaciones de Canadá, Estados Unidos y México incluidas en el conjunto de datos preliminar de EFW 2023, en «4A Independencia judicial», «4B Imparcialidad de los tribunales», «4F Cumplimiento legal de los contratos», «4G Restricciones regulatorias en la venta de bienes inmuebles», «5Ci Carga regulatoria» y «3Cvi Costo del cumplimiento tributario».

En Doing Business 2020, la puntuación de Puerto Rico fue el 83% de la de Estados Unidos; y, en The Global Competitiveness Report 2014-2015 ―que incluyó a la Isla―, la ratio fue 84%. Los resultados de los cálculos de las variables utilizadas para el índice de todo el gobierno dieron una puntuación para Puerto Rico de 84% de la de Estados Unidos, en estado de derecho, y de 91%, en regulación. En resumen, las puntuaciones obtenidas no están «fuera de línea con las puntuaciones internacionales comparativas» (F. McMahon, comunicación personal, 1 de julio de 2023).

En aquellos indicadores en que los resultados de los cálculos fueron más altos que las puntuaciones encontradas en las fuentes internacionales, se decidió reducir la puntuación de Puerto Rico al 83% de la de Estados Unidos. Esta determinación se hizo a base de la ratio de Puerto Rico y Estados Unidos en Doing Business 2020, con la perspectiva de mantener la comparabilidad internacional. Este ajuste se realizó solamente en los componentes «3A Regulación del mercado laboral», «3B Regulación del mercado de crédito», «3C Regulaciones comerciales» y «Área 4 Sistema legal y derechos de propiedad».

En el conjunto de datos se incluyó una sección de comentarios con la siguiente información sobre Puerto Rico y los datos.

• El gobierno de Puerto Rico se considera un gobierno estatal sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos; tiene autonomía fiscal para imponer tributos, gestionar su presupuesto y emitir deuda; y recibe fondos del gobierno federal.
• En Puerto Rico, los datos económicos y fiscales se presentan principalmente en años fiscales (del 1 de julio al 30 de junio).
• Las variaciones en los datos económicos y fiscales de 2016 a 2021 representan el efecto neto de un conjunto de eventos económicos.
• En 2016, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se declaró incapaz de pagar su deuda; como resultado, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (Promesa), que estableció la Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (FOMBPR);^[18] esta junta gestiona la crisis fiscal de Puerto Rico, mientras el gobierno reestructura su deuda.
• Bajo Promesa, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se declaró en bancarrota en 2017 y no tuvo que pagar los costos del servicio de la deuda de 2017 a 2021, ya que estaba en proceso de quiebra.^[19]
• En septiembre de 2017, la Isla fue azotada por dos huracanes —Irma y María— que causaron daños catastróficos.^[20] Esto interrumpió la producción y se recibieron miles de millones de dólares del gobierno federal para mitigar los daños y reconstruir la infraestructura.
• Una serie de terremotos afectó a Puerto Rico en enero de 2020.
• Desde marzo de 2020, la Isla fue afectada por la pandemia de cóvid-19.

La escasez de información sobre Puerto Rico en los índices e informes mundiales fue un reto. La investigación no enfrentó desafíos diferentes o mayores a los de un proyecto de búsqueda de datos cualitativos y cuantitativos. Las puntuaciones de Puerto Rico se basan en datos del año fiscal 2021. Por último, las puntuaciones y clasificaciones incluidas en Libertad económica de Norteamérica 2023 son preliminares, porque la incorporación de Puerto Rico en este informe es un trabajo en progreso.

Resultados

Puerto Rico fue incluido en el índice de todo el gobierno por primera vez este año. Este índice comprende las 10 provincias de Canadá, los 50 estados de Estados Unidos y ahora Puerto Rico, así como los 31 estados y la capital de México para un total de 93 jurisdicciones. La Isla ocupa el lugar 61, con una puntuación de 6.65. Las jurisdicciones más bajas de Estados Unidos y Canadá son, respectivamente, Délaware, en el lugar 53 con 7.69, y Terranova y Labrador, en el 60 con 7.47. Los estados más altos de México son Baja California y Chihuahua, en el lugar 62 con 6.57 (Figura 3.1); por lo tanto, Puerto Rico está más cerca de México que de Estados Unidos y Canadá.

Entre las jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y México en el índice de todo el gobierno, Puerto Rico ocupa el último lugar en «Gasto público» (incluido el último en «Pagos de seguros y jubilación»), el 48 en «Impuestos» y el 62 en «Libertad del mercado laboral». La Isla también ocupa el último lugar en uno de los siete indicadores de libertad económica utilizados solamente en este índice; el 61 en tres de ellos; y el 43, 33 y 1 en los otros tres (Tabla 3.1). El área en que Puerto Rico ocupa el primer lugar es «Moneda sólida», en la que recibió la misma puntuación que Estados Unidos.

En el índice subnacional de Estados Unidos, la situación de Puerto Rico no cambió mucho en comparación con el año pasado. Los resultados sitúan a la Isla en el lugar 51 de la clasificación general, por segundo año consecutivo, con una puntuación de 2.85; esta es más alta que la del año pasado, pero sigue estando muy por debajo de la del último de los estados. Las siguientes jurisdicciones más bajas son Nueva York en el lugar 50 con 4.09 (un 43% más que Puerto Rico) y California y Vermont en el 48 con 4.27 (Figura 3.2.). Nuevo Hampshire fue el estado más alto con 7.96

Puerto Rico también ocupa el lugar 51 en dos de las tres áreas del índice subnacional. Como muestra la Tabla 3.2, la Isla es última en cuatro de las diez variables, empata en el último lugar en otra y está por debajo de 40 en tres de las otras cinco.^[21] Además, tuvo la peor puntuación de las tres áreas, en los cinco años del periodo de 2016 a 2020, excepto en 2016 cuando quedó en el lugar 50 en el Área 1 (Gasto público), seguido de Alaska.

La puntuación de la Isla disminuyó de forma constante de 1.98 en 2016 a 1.14 en 2019. Sus puntuaciones de 2.04 en 2020 y 2.85 en 2021 cambiaron ese patrón; no obstante, están muy por debajo de la media estadounidense de 6.29 en 2020 y 6.20 en 2021. En Puerto Rico no ha habido cambios de política pública que mejoren la situación de la libertad económica; consecuentemente, en «Carga regulatoria» y otros indicadores como «Apertura del mercado» y «Permisos comerciales»,^[22] la Isla continúa rezagada.

Los permisos comerciales

Los permisos comerciales han sido un tema persistente en la discusión de la carga regulatoria de Puerto Rico. Los procesos de permisos han enfrentado incluso desafíos legales, como la anulación del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (JP, 2020).^[23] La dificultad de obtener permisos para actividades empresariales legítimas se ha descrito como un proverbial muro de ladrillo para el espíritu empresarial, especialmente para el establecimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

El trámite de permisos es tan complejo en Puerto Rico que comúnmente se le denomina permisología. Este barbarismo está compuesto del sustantivo «permiso» (del latín permissum), entre cuyas acepciones está licencia o consentimiento para hacer algo; y el elemento composicional «logía» (del griego λογία), que significa tratado, estudio o ciencia. Permisología viene a ser, por lo tanto, la ciencia que estudia los permisos o el conocimiento de la gestión o el trámite de permisos;^[24] y, en consecuencia, a los agentes y gestores de permisos en la Isla se les conoce como permisólogos.

En los últimos 15 años, se han aprobado leyes que se consideran reformas,^[25] pero estas no reflejaron un cambio en la política pública que aliviara la carga de los requisitos y agilizara el proceso de concesión de permisos. En general, mantuvieron los mismos requisitos y solo cambiaron el orden en que deben tramitarse y la entidad de gobierno responsable de administrarlos.^[26] En la Isla, la necesidad de los requisitos y la eficiencia de los procesos de permisos de construcción y negocios no han sido cuestionadas y analizadas en profundidad, lo cual es un elemento indispensable de una reforma y un cambio de política pública.

La Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (2023) ha incluido la reforma de permisos en todos sus planes fiscales anuales, desde el primero en 2017, como parte de las reformas necesarias. Seis años después, esta sigue diciendo que el Gobierno debe centrarse en agilizar el proceso de permisos, considerado un obstáculo para el desarrollo económico. El hecho es que el proceso de permisos en Puerto Rico toma mucho tiempo y es difícil de navegar, involucra a múltiples partes interesadas y agencias gubernamentales, y requiere un nivel significativo de documentación, lo que a menudo resulta en varias iteraciones para completar una solicitud de permiso (FOMBPR, 2023: 60).

Las órdenes ejecutivas por el cóvid-19

Puerto Rico tuvo más de 80 órdenes ejecutivas en dos años con respecto al cóvid-19. Según un estudio de la Junta de Planificación (2022), estas redujeron la producción industrial en $14,995.4 millones y causaron una reducción en la demanda final estimada en $7,546.4 millones, en el año fiscal 2020. Las pérdidas en las ventas del comercio se estimaron en $1,794.1 millones y el empleo pudo haberse reducido en 101,935 puestos de trabajo. El impacto sobre el producto nacional bruto se estimó en un 9.0%; pero podría llegar al 12.1%, si se considera el efecto que la reducción de los ingresos salariales tiene sobre el consumo personal (JP, 2022).^[27]

En el año fiscal 2021, la reducción de la demanda final como consecuencia de las restricciones se estimó en 7,600.5 millones de dólares. Esta reducción representa el 12.8% del producto nacional bruto a precios constantes (JP, 2022). Las restricciones producto de las órdenes ejecutivas causaron «una reducción de $21,420.6 millones en la producción y la pérdida de 165,104 empleos. El 46% de la caída de la producción se produjo en el sector [de] servicios, con un descenso de $9,906.3 millones, seguido de la manufactura, con una reducción de $5,815.3 millones» (Oficina del Contralor, 2022). En estos dos sectores y el comercio se registró el 81% de las pérdidas totales.

La falta de libertad económica

La falta de libertad económica en Puerto Rico está en el centro de los principales problemas socioeconómicos que enfrentan sus residentes. Durante los últimos 70 años, Puerto Rico ha tenido un pobre crecimiento económico relativo a Estados Unidos; y la brecha entre la Isla y los estados se ha hecho cada vez más grande. La expectativa de converger con las jurisdicciones más ricas de Estados Unidos no se materializó; por el contrario, en lugar de una convergencia se ha dado una divergencia —un distanciamiento de la economía de la Isla con respecto a la economía de los estados—.

Puerto Rico no ha sido capaz de cerrar la brecha ni siquiera con los estados más pobres de Estados Unidos. En 2021, 41.7% de los habitantes de Puerto Rico vivían en la pobreza, mientras que la tasa oficial de pobreza de Estados Unidos era 11.6% (USCB 2022a, 2022b). La tasa oficial de pobreza de Nuevo México es 18.2%,^[28] menos de la mitad que en la Isla; y su ingreso per cápita de $29,624 es más del doble de los $14,047 de Puerto Rico (Shrider y Creamer, 2023; USCB, 2022a, 2022c). Además, con un Índice de Gini de 0.542, la desigualdad de ingresos de la Isla es mayor que la de cualquier estado y la del Distrito de Columbia, que le sigue con 0.531 (USCB, 2022d).

Puerto Rico ha tenido una tasa de participación laboral marcadamente baja durante décadas. De 1990 a 2021, esta promedió 44.52% alcanzando un máximo histórico de 49.80% en febrero de 2007 y un mínimo histórico de 38.50% en octubre de 2017 (International Labour Organization [ILO], 2022a). En los estados y el Distrito de Columbia, el promedio fue 65.3% de 1990 a 2021 (ILO, 2022b). El desempleo en Puerto Rico también ha sido históricamente más alto que en Estados Unidos, con una tasa de desempleo promedio de 14.3% de 1976 a 2021 (US Bureau of Labor Statistics, 2022).

Puerto Rico experimentó una elevada migración saliente de 2011 a 2020; se estima que 550,421 personas emigraron a los estados en dicho periodo (Universidad de Puerto Rico, 2021). Esta es una cifra significativa considerando que la población de la Isla es actualmente 3,221,789 (USCB, 2022a). Es probable que los puertorriqueños continúen emigrando en gran número como resultado de las persistentes dificultades económicas y las brechas salariales entre la Isla y los estados (Duany 2022). Este patrón es consistente con los hallazgos de investigaciones que han encontrado que la emigración está asociada con la falta de libertad económica.

Próximos pasos

En el proceso de incorporar a Puerto Rico en Libertad económica de Norteamérica, los coautores del informe han discutido ideas para aumentar la precisión de los datos de la Isla. El curso de acción a seguir en el nuevo ciclo de investigación será ampliar la recopilación de datos para complementar la ausencia de información sobre Puerto Rico en los índices e informes mundiales. Esto podría hacerse (a) utilizando fuentes de datos alternativas incluidas en el Economic Freedom of the World: 2023 Annual Report o (b) realizando una encuesta con las preguntas especificadas en el «Appendix Explanatory Notes and Data Sources» de ese informe.

Con los datos adicionales recopilados, se revisarán las puntuaciones de Puerto Rico en 2021 utilizadas en Economic Freedom of North America 2023 y se calculará una ratio entre las puntuaciones pertinentes de Estados Unidos y Puerto Rico. Esta ratio podría aplicarse a la puntuación global o directamente a las variables con datos.^[29] Finalmente, la ratio se usará para estimar las puntuaciones de Puerto Rico en un número predeterminado de años previos a 2021, a efectos del índice de todo el gobierno, y calcular así la libertad económica en años adicionales (como lo hemos hecho este año con el índice subnacional).^[30]

Conclusión

La libertad económica tiende a estar asociada positivamente con una variedad de resultados económicos, incluido el nivel y el crecimiento de los ingresos; no debe sorprender, en consecuencia, que la falta de ella se refleje en la situación económica y social que ha aquejado a Puerto Rico desde hace décadas. La incorporación de la Isla a Libertad económica de Norteamérica ha brindado un punto de referencia con otras jurisdicciones y la oportunidad de llevarlo a la discusión pública en Puerto Rico. También ha servido para educar sobre la importancia de la libertad económica para el desarrollo económico y social de la Isla.

Conocer la situación precisa de la libertad económica en Puerto Rico requiere la recopilación de datos adicionales sobre el estado de derecho, la regulación y áreas afines. El trabajo realizado en estos dos primeros años es un punto de partida con un nuevo camino a seguir en el próximo ciclo. Por ahora, es importante divulgar los resultados de este año para crear conciencia de la necesidad de mayor libertad económica en la Isla y presentar alternativas de política pública para lograrlo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos —donde reside actualmente la mayoría de los puertorriqueños—.

Referencias

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Duany, Jorge (2022). Refugiados climáticos. El Nuevo Día (octubre 9). <https://www.elnuevodia.com/opinion/desde-la-diaspora/refugiados-climaticos/>, a octubre 10, 2023.

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[12].  Por ejemplo, consideremos la medida indirecta del estado de derecho y la regulación en Doing Business 2020. En este informe, Puerto Rico ocupó el lugar 65 mientras que Estados Unidos ocupó el 6 y Canadá el 23; por consiguiente, la suposición de que las provincias y los estados tienen puntuaciones comparables a su promedio nacional no se cumple para la Isla. Puerto Rico podría ser más o menos comparable a México, que ocupó el lugar 60 en dicho índice.

[13].  Las expresiones «los 50 estados» y «los estados» en este capítulo se refieren a los 50 estados federados de Estados Unidos.

[14]. Aunque la mayoría de los datos que faltan corresponden al ámbito federal, los gobiernos estatales o territoriales desempeñan un papel en el estado de derecho, la regulación y el comercio igual de importante, si no más. Así mismo, se supone que las pun-tuaciones nacionales de Canadá y México se aplican a sus jurisdicciones subnacionales (F. McMahon, comunicación personal, 14 de diciembre de 2021).

[15]. Los datos de algunas variables se obtuvieron de las fuentes utilizadas, mientras que otras requirieron una elaboración basada en la información de este informe anual.

[16]. El Programa de Planificación Económica y Social de la JP y el Departamento de Hacienda son las principales fuentes de informa-ción económica en Puerto Rico.

[17]. En «5B Desviación estándar de la inflación» y «5C Inflación: año más reciente» se consideraron los datos oficiales de la Junta de Planificación; sin embargo, es posible que estos datos estén infravalorados; por lo que, en su lugar, se dio a Puerto Rico la pun-tuación de Estados Unidos.

[18].  Para Bevir (2010), el estado de derecho suele definirse en oposición a la arbitrariedad típica de diversas formas de despotismo, absolutismo, autoritarismo y totalitarismo, considerados males que el estado de derecho debe frenar. Según Bevir, estos tipos de despotismo incluyen formas de gobierno altamente institucionalizadas en una estructura de poder, por medio de alguna entidad soberana como una junta. Es interesante, pues, que la FOMBPR sea comúnmente llamada la «Junta de Control Fiscal» o simplemente la «Junta» por la gente en general, en la Isla.

[19].  La serie de intereses pagados del componente «1A Gastos generales de consumo del gobierno» fue revisada en el conjunto de datos de esta edición. Luego de que Puerto Rico se declarara en quiebra en 2017, esta partida se redujo sustancialmente entre 2018 y 2021. Además, en el componente «2A Ingresos por impuestos sobre la renta y nómina», se añadió la partida de ingresos por sociedades para 2020 y 2021, debido a que la Ley 60 (de 2019) introdujo opciones en el pago de la declaración de la contribución sobre ingresos.

[20].  Puerto Rico tuvo una pérdida migratoria un año después de estos huracanes. Alrededor de 133,500 personas se trasladaron del territorio a los estados en 2018 —un 36.9% más que los 97,500 que emigraron el año anterior—. Los estados que recibieron el mayor número de puertorriqueños fueron Florida, Pensilvania, Massachusetts, Nueva York y Tejas (Glassman, 2019).

[21]. Nuestros datos para la variable «3Aiii Densidad sindical» son del año 2014 (publicados el 17 de abril de 2015), ya que no se dis-ponía de datos más recientes.

[22].  «Apertura del mercado» y «Permisos comerciales» son dos nuevos subcomponentes añadidos en EFW 2023; estos no se utilizan en Libertad económica de Norteamérica 2023.

[23].  El 2023 Transformation Plan for Puerto Rico (mejor conocido como Plan Fiscal 2023) dice que la imprevisibilidad y la inconsistencia en los procesos de permisos se agrava por la ambigüedad de las leyes que rigen los permisos. El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios se implementó en 2021, pero fue declarado nulo por el Tribunal de Apelaciones el 31 de marzo de 2021, el 12 de abril de 2021 y el 14 de marzo de 2022, en tres sentencias diferentes. Desde entonces, ha habido una gran confusión sobre la normativa que regula la actual ley de permisos. En octubre de 2022, la Junta de Planificación publicó un documento revisado del Reglamento Conjunto para comentario público y aún no ha sido aprobado. Aparte, numerosos municipios tienen planes territoriales desactualizados que retrasan y complican aún más la capacidad del estado para apoyar sus iniciativas de desarrollo económico (FOMBPR, 2023: 60). La anulación del reglamento fue confirmada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad (Microjuris, 2023).

[24].  La Real Academia de la Lengua Española recomienda el empleo de las expresiones tradicionales «permisos», «trámites» y «gestión de permisos», así como el coloquialismo «papeleo», en lugar del vocablo permisología.

[25].  Estas han sido la «Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico» (2009), la «Ley Núm. 19 del Año 2017 para Enmendar la Ley Núm. 161 de 2009» (2017) y la «Ley para Simplificar y Transformar el Proceso de Permisos de 2017» (2022).

[26].  L. Rodríguez, comunicación personal, 15 de septiembre de 2023.

[27].  El estudio de la JP toma en cuenta las medidas de las órdenes ejecutivas, «pero no mide la respuesta de los consumidores o las acciones tomadas por las empresas a estas medidas. Tampoco se consideraron los estímulos económicos» estatales y federales aplicados para contrarrestar los daños causado por las restricciones impuestas para controlar la pandemia (Oficina del Contralor, 2022).

[28].  Según la medida de pobreza suplementaria, el porcentaje de personas en situación de pobreza en Nuevo México es de 10.2% utilizando un promedio de tres años (2020, 2021 y 2022); y la jurisdicción con el porcentaje más alto es el Distrito de Columbia con 14.8 (Shrider y Creamer, 2023).

[29].  Este proceso se explica detalladamente en la página 42 de Stansel, Torra, McMahon y Carrión-Tavárez, 2022.

[30].  Este es un enfoque diferente al proceso de este año, que (a) se basó en el uso de una ratio de Doing Business 2020 (como se explicó antes); (b) se aplicó solo a unas pocas variables; y (c) se utilizó únicamente para calcular una puntuación preliminar para Puerto Rico en 2021, para el índice de todo el gobierno.