Foto: Pioneer Institute
Las licencias ocupacionales son regulaciones que impone el Estado sobre la fuerza laboral. Este exige que para ejercer ciertos oficios las personas adquieran un grado de conocimiento por un tiempo determinado, aprueben exámenes, paguen tarifas al Gobierno, entre otros requerimientos. El propósito de esto es de salvaguardar la seguridad y la salud pública, proteger a los consumidores garantizando requisitos educativos y supervisión industrial, y apoyar el desarrollo laboral y profesionalismo mejorado.1 Si una persona no posee una licencia o certificación para ejercer un oficio que lo requiera, puede enfrentarse a multas y tiempo de cárcel.2
Esta regulación estatal presenta barreras contra las libertades económicas del individuo y su derecho a ganarse la vida como prefiera. Se ha demostrado que dichas regulaciones reducen el empleo en ocupaciones licenciadas, la movilidad geográfica, la innovación y la competencia del mercado; incrementan los precios de bienes y servicios; e imponen cargas desproporcionadas a la población de bajos ingresos al igual que a veteranos militares, personas con historial criminal, inmigrantes autorizados a trabajar y personas desempleadas.3 Además, frecuentemente son utilizadas por las élites y grupos de interés para aniquilar la competencia y excluir al pequeño comerciante.4
En los 1950, alrededor de 1 de 20 americanos requería una licencia ocupacional para ejercer un oficio. Hoy día, se estima que esa cifra es uno de cada cuatro americanos.5 Según los investigadores del índice License to Work (LTW) del Institute for Justice, el aumento en nuevas licencias ocupacionales se debe a la expansión regulatoria de ocupaciones no reguladas anteriormente por el Estado. Este aumento en las ocupaciones que son reguladas ha causado preocupaciones a los individuos, legisladores y líderes de diversos sectores que han reconocido que licenciarse conlleva unos costos y no necesariamente aumenta la calidad y protege a los consumidores.
Estas cargas de licenciamiento pueden variar entre las jurisdicciones y frecuentemente son desproporcionales a los riesgos de salud y seguridad pública. Dichas inconsistencias nos invitan a cuestionar si es necesario regular ciertas ocupaciones;6 por ejemplo, ocupaciones como cosmetología, terapia de masajes, barbería, entre otras, que promueven la movilidad ascendente del individuo modesto requieren una licencia. Este requisito puede reducir el acceso a empleos implicando serios impedimentos para que las personas de bajos recursos puedan superarse y encaminarse a la prosperidad, lo que se ha visto en jurisdicciones donde ocupaciones particulares son reguladas.
Otra manera en que las licencias ocupacionales impactan el acceso a empleos es dificultando la movilidad geográfica. Cada jurisdicción varía en cuanto a las ocupaciones que regula y los requerimientos. Como consecuencia, cuando una persona se muda de una jurisdicción a otra, puede verse obligada a tener que adquirir nuevamente las credenciales que lo acreditan para ejercer su oficio. Esto implica la descalificación de una persona en un oficio simplemente por haber cruzado una frontera. De igual manera, esto desincentiva la movilidad hacia jurisdicciones que puedan ofrecer mejores oportunidades para una persona.
En teoría, se supone que las licencias ocupacionales mejoren la experiencia de servicio del consumidor y protejan la salud y seguridad pública, estableciendo un mínimo de cualificaciones y evitando practicantes incompetentes; sin embargo, a través de índices como el LTW, se ha demostrado que requerir una licencia o certificación para ejercer un oficio aumenta los costos a los consumidores, empleadores, trabajadores y el Gobierno, sin garantizar mejores resultados. Se ha reconocido la urgencia de impulsar reformas en el área de las licencias ocupacionales.
Es fundamental que se hagan análisis de costo y beneficio para determinar la necesidad de regular ciertas ocupaciones. Este argumento es apoyado por el reporte Framework for Policymakers de 2015, en el que se recomienda a los legisladores adoptar las mejores prácticas para “facilitar una consideración cuidadosa de los costos y beneficios de las licenciaturas”.7 En el 2015, el Departamento del Tesoro, el Consejo de Asesores Económicos y el Departamento del Trabajo de Estados Unidos bajo la administración del expresidente Barack Obama emitieron un reporte exponiendo los problemas de las licencias ocupacionales y haciendo un llamado a la reforma. De igual manera, en el 2017 el secretario del trabajo bajo la presidencia de Donald J. Trump, Alexander Acosta, destacó dicha cuestión y alentó a los legisladores a impulsar reformas de licencias ocupacionales.8
1 National Conference of State Legislatures. (2019). The evolving state of occupational licensing: Research, state policies and trends. 2nd ed.
2 Carpenter, D. M., Sweetland, K., Knepper, L., & McDonald, J. (2017). License to work: A national study of burdens from occupational licensing. Institute for Justice.
3 Carrión-Tavárez, Á., Carpenter II, D. M., & Timmons, E. J. (2024, febrero). Liberar el potencial. Las cargas de las licencias ocupacionales y cómo se pueden reformar en Puerto Rico. Instituto de Libertad Económica. https://doi.org/10.53095/13584010
4 Carpenter, D. M., Knepper, L., Erickson A. C., and Ross J. K. (2012). Arizona profile. License to work: A national study of burdens from occupational licensing. Institute for Justice. https://ij.org/report/license-to-work-3/
5 U.S. Bureau of Labor Statistics. (2016). 2016 data on certifications and licenses. https://www.bls.gov/cps/certifications-and-licenses.htm
6 Carpenter, D. M., Sweetland, K., Knepper, L., & McDonald, J. (2017). License to work: A national study of burdens from occupational licensing. Institute for Justice.
7 Morris K. (2015). Reforming occupational licensing policies. Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/THP_KleinerDiscPaper_final.pdf
8 Department of Labor. (2017, July 21). U.S. secretary of labor Acosta addresses occupational licensing reform [News release]. https://www.dol.gov/newsroom/releases/opa/opa20170721
