Por primera vez en muchos años, Puerto Rico se convirtió en un tema político destacable durante el ciclo de elecciones presidenciales de este año. Esta atención se generó a raíz de las polémicas "bromas" del comediante Tony Hinchcliffe, quien se refirió a Puerto Rico como una "isla flotante de basura" durante un mitin de Trump en el Madison Square Garden. Aunque la intención humorística de los comentarios fue ampliamente rechazada por miembros de la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, estos no parecieron influir en los resultados electorales.
A pesar de este incidente, que situó a Puerto Rico en el centro de atención por razones equivocadas, el mismo pone de relieve una cuestión más amplia: la marginación de la isla en el discurso político estadounidense. Los dos principales partidos políticos en Washington, DC, muestran poco interés en la Isla fuera de los ciclos electorales o cuando buscan donaciones para sus campañas. No obstante, Puerto Rico merece una atención más profunda por parte de quienes valoran la libertad y una política pública sólida. Esta situación representa un caso de estudio esclarecedor sobre los peligros que plantea un paradigma político que da prioridad a la intervención gubernamental sobre la libertad individual, esperando que el Estado aborde todas las cuestiones imaginables derivadas de la conducta humana.
El papel de Puerto Rico como un estudio de caso crítico surge de su actual procedimiento de quiebra, en el que algunas cuestiones pendientes permanecen sin resolverse desde 2017. La crisis financiera fue consecuencia directa de la prolongada mala gestión fiscal que ha caracterizado durante mucho tiempo la gobernanza de Puerto Rico, marcada por un elevado gasto público, un endeudamiento excesivo y déficits persistentes. En 2015, la administración del gobernador Alejandro García Padilla, al continuar con estas políticas insostenibles, reconoció el empeoramiento de la situación fiscal de la Isla y decidió detener el servicio de la deuda. Sin embargo, como Puerto Rico, una jurisdicción estadounidense con características similares a las de un estado, no podía declararse en quiebra en virtud de la legislación estadounidense, la legislatura local intentó promulgar su propia ley de quiebra. Este intento fue rechazado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
En 2016, el Congreso y el presidente Obama intervinieron para evitar una catástrofe fiscal para Puerto Rico. Reconociendo el papel fundamental de la Isla en el mercado de bonos municipales, la administración Obama, en colaboración con una Cámara de Representantes controlada por los republicanos, aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Basada en el creciente uso de las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras para hacer frente a las crisis financieras en los municipios de EE. UU. y el establecimiento de juntas de supervisión, PROMESA creó la Junta de Supervisión y Gestión Financiera para Puerto Rico (FOMB, por sus siglas en inglés) para supervisar los procedimientos de quiebra de la isla. La Ley pretendía restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capitales y lograr la estabilidad fiscal mediante la aplicación de reformas pro-mercado y el fomento de la responsabilidad financiera.
Sin embargo, ocho años después de la implantación de PROMESA, los retos de la Isla persisten. El FOMB sigue ejerciendo el control, y Puerto Rico aún no ha logrado recuperar el acceso a los mercados de capitales ni emitir deuda en condiciones viables. Además, la Isla todavía no aplica estrategias fiscales y económicas sólidas que aborden los retos inmediatos y, al mismo tiempo, fomenten la prosperidad a largo plazo. Aunque la presencia sostenida del FOMB puede atribuirse en parte a sus propias medidas -o fracasos-, el persistente estancamiento fiscal y económico tiene raíces más profundas. En esencia, este estancamiento refleja la dependencia de Puerto Rico de un paradigma político profundamente arraigado para la acción política que ha dado lugar a políticas perjudiciales para la isla.
El paradigma político dominante en la política pública puertorriqueña afirma que la intervención gubernamental es el remedio esencial para todo problema, dificultad o mal que surja de la conducta humana. Este marco ha perpetuado políticas de alto gasto público, deuda excesiva, impuestos elevados y déficits persistentes, que han llevado a la Isla a su actual malestar económico y fiscal. Lo más importante es que este paradigma no se limita a administraciones o facciones políticas concretas, sino que trasciende las líneas partidistas e impregna la cultura política de la Isla. A pesar de la alternancia de partidos políticos en el poder y de la aparición de una nueva facción de la oposición en el último ciclo electoral puertorriqueño que promete cambios, casi todos los actores políticos siguen operando dentro de este mismo marco. Aún más preocupante es la influencia del paradigma en la narrativa política de la Isla, donde los debates -desde los políticos y los medios de comunicación hasta el puertorriqueño medio- enmarcan constantemente los problemas y las posibles soluciones con un estribillo común: "el gobierno debe actuar".
El predominio de este paradigma en Puerto Rico -y sin duda en gran parte de Occidente- puede atribuirse a lo que Kenneth Minogue identificó en The Liberal Mind como la mentalidad del liberal moderno y su influencia en la actividad política. Esta mentalidad rechaza las complejidades de la conducta humana y asume que se puede lograr una sociedad perfecta si, como escribe Minogue, se adopta "una nueva comprensión de la política", una que considere la política simplemente como "una actividad técnica como cualquier otra". El enfoque técnico del liberal moderno comienza definiendo un ideal -una sociedad perfecta- e identificando los obstáculos para su realización. Estos obstáculos, que Minogue denomina situaciones de sufrimiento, se enmarcan invariablemente como problemas que requieren la intervención del gobierno. Como resultado, el ámbito de la acción política legítima se amplía drásticamente, justificado por la búsqueda de este ideal. Sin embargo, como Minogue observó astutamente, las complejidades de la conducta humana hacen que el ideal sea inalcanzable. En consecuencia, el liberal moderno se ve perpetuamente inmerso en una cruzada, politizando continuamente todos los aspectos de la conducta humana y luchando contra los "dragones", tanto conocidos como emergentes, que se perciben como barreras a esta elusiva utopía.
La mentalidad (ideológica) liberal moderna ha influido profundamente en la actividad y el discurso político; este presenta un intrigante enigma que podríamos denominar la paradoja de la confianza. Un tema central del pensamiento político occidental es la cuestión de la legitimidad política -la justificación de la autoridad del Estado y la obligación del individuo de obedecer sus normas-, que trata de conciliar la libertad individual con la autoridad dentro de una asociación voluntaria. Aunque varias respuestas teóricas abordan esta preocupación, en términos prácticos o populares, muchos ven el proceso democrático de las elecciones como el medio de conferir legitimidad a la administración transitoria en el poder. A través de las urnas, los votantes depositan su confianza en los actores políticos, creyendo que son la opción más adecuada o la menos indeseable para gobernar los asuntos del Estado.
La paradoja de la confianza surge cuando la confianza que los votantes otorgan a los actores políticos no es recíproca. En su lugar, los actores políticos suelen aplicar políticas que reflejan poca fe en la capacidad de los individuos para gestionar sus propios asuntos, al tiempo que nacionalizan la confianza en su propio juicio para determinar qué es lo mejor para el individuo. Esta falta de confianza en la libertad individual no es sorprendente, ya que el liberal moderno -y la mentalidad ideológica más amplia- atribuye gran parte del sufrimiento, las imperfecciones y los males sociales de la humanidad a que los individuos persiguen libremente su propia felicidad e identidad moral. Desde la perspectiva del ideólogo, la salvación reside en depositar la confianza en el gobierno para determinar qué es lo mejor y adoptar el paradigma político de que todo problema exige una solución proporcionada por el gobierno. El ideólogo cree que sólo así puede alcanzarse el ideal de una sociedad perfecta.
El informe Economic Freedom of North America 2023 del Instituto Fraser pone de relieve el impacto perjudicial de este arraigado paradigma político en la economía de Puerto Rico. La isla ocupa el último lugar en libertad económica entre los 50 estados de EE. UU. y está peor que todas las provincias de Canadá. Esta baja clasificación es indicativa de políticas que ahogan el crecimiento económico y el desarrollo. Por ejemplo, Puerto Rico tiene el impuesto de sociedades más alto del mundo, el 37.5%. Además, Puerto Rico tiene la mayor proporción de trabajadores del sector público en relación con su población activa total, junto con una de las tasas de participación laboral más bajas del mundo. Por no hablar de la asfixiante cantidad de regulaciones que pesan sobre las empresas.
Esto representa sólo una pequeña fracción de los daños que este paradigma de acción política ha infligido a Puerto Rico. No obstante, los resultados del ciclo electoral 2024 en Puerto Rico ofrecieron signos marginales de esperanza. Estos se reflejan en la incorporación de narrativas centradas en la libertad individual y la libertad económica en el discurso político puertorriqueño por parte de candidatos de los principales partidos, desde la Gobernadora electa alineada con el Partido Republicano, Jennifer González, hasta candidatos de partidos más pequeños como Proyecto Dignidad. Sin embargo, ni siquiera la adopción de políticas más favorables a la libertad en Puerto Rico será suficiente. Para asegurar el futuro de la libertad en Puerto Rico, el dañino paradigma político que durante tanto tiempo ha dominado su política debe experimentar un cambio significativo.
Ese cambio debe iniciarse en el plano teórico, basándose en concepciones que sirvan de fundamento. En primer lugar, el Estado debe concebirse como una asociación civil, en la que los individuos, actuando dentro de un marco legal, persiguen su propia felicidad e identidad moral. Esto conduce, en segundo lugar, a una visión particular de la política, no como un juego de suma cero o una cruzada para salvar el mundo, sino como un esfuerzo limitado. Desde este punto de vista, las doctrinas políticas, cada una con el mismo valor y ninguna poseedora de toda la sabiduría sobre los problemas políticos, entablan un diálogo para dar forma y afinar el marco de leyes que rigen la asociación civil.
En The Anatomy of Thatcherism, Shirley Letwin esboza los pasos necesarios para establecer un paradigma político que favorezca la libertad. El proceso comienza con la identificación del problema, una tarea que se hace más compleja por el dominio del pensamiento ideológico en la política moderna, donde los ideólogos no reconocen límites a los problemas que perciben. En este contexto, los conceptos de Estado como asociación civil y de política como ejercicio limitado son cruciales, ya que definen las fronteras de la acción política legítima. La visión oakeshottiana de la vida moderna como una aventura, con sus retos inherentes, proporciona una orientación adicional en esta identificación.
El segundo paso consiste en determinar si el problema se deriva de la inacción del gobierno o de una acción excesiva. Dado que el paradigma imperante en Puerto Rico y Occidente favorece la intervención del gobierno en casi todos los asuntos, es razonable concluir que muchos problemas surgen de una acción excesiva. En consecuencia, la respuesta adecuada es reducir la intervención y facultar a los individuos para que gestionen sus propios asuntos.
Si el problema surge de la inacción, la intervención del gobierno se hace necesaria. Sin embargo, dicha acción debe atenerse a la concepción del Estado como asociación civil y de la política como ejercicio limitado. También debe guiarse por la prudencia Humean, no como un principio absoluto, ya que ciertos desafíos políticos pueden requerir virtudes como el valor y el honor, que podrían ser incompatibles con la prudencia, sino como un enfoque de la política que respeta la diversidad, la complejidad y la riqueza de la conducta humana.
A nivel práctico, la mejor esperanza de Puerto Rico puede residir en la aparición de un líder carismático que reoriente la dirección moral y política de la Isla. Shirley Letwin ilustra el potencial de tal líder a través del ejemplo de Margaret Thatcher. Letwin argumentó que el núcleo del programa político de Thatcher no era una transformación radical de Gran Bretaña, sino una restauración moral de su modo de vida individualista. Esta restauración era necesaria porque las virtudes vigorosas -como ser "recto, autosuficiente, enérgico, aventurero, de mentalidad independiente, leal a los amigos y robusto contra los enemigos"- se estaban perdiendo o socavando. Estas virtudes, afirmaba Letwin, eran sustituidas cada vez más por virtudes más suaves, como "la bondad, la humildad, la amabilidad, la simpatía [y] la alegría". Sin embargo, el thatcherismo no pretendía abolir las virtudes más suaves, sino enfatizar las vigorosas, incluso cuando entraban en conflicto con las más suaves.
El declive de las virtudes vigorosas, que Thatcher identificó como el problema clave de Gran Bretaña, condujo a una visión del individuo como moralmente autónomo e independiente. Este enfoque en las virtudes también enfatizaba a la familia como la unidad social central donde se desarrollan estos rasgos. Además, esta visión del individuo y la familia se apoyaba en una conceptualización de Gran Bretaña como una asociación civil, donde las leyes crean las condiciones para un individualismo que fortalece a la nación.
Esta visión permitió a los thatcheristas identificar problemas políticos que los métodos políticos tradicionales no podían resolver. Como señala Letwin, el "cambio de paradigma o de método surge necesariamente de la naturaleza de la visión positiva de los individuos, las familias y Gran Bretaña en el thatcherismo". Por lo tanto, el ejemplo de Thatcher y los principios del thatcherismo proporcionan valiosas ideas sobre cómo podría lograrse ese cambio.
La lucha de Puerto Rico sirve de microcosmos de problemas más amplios a los que se enfrentan tanto Estados Unidos como el mundo occidental. El paradigma político que ha dominado en Puerto Rico -considerar al gobierno como la solución a todos los problemas- refleja una tendencia predominante en muchas naciones occidentales. La experiencia puertorriqueña ofrece valiosas ideas sobre los peligros de adoptar políticas orientadas a la libertad sin cambiar fundamentalmente el enfoque político. Incluso si se persiguen políticas más centradas en la libertad, sin un cambio en el paradigma político subyacente, las perspectivas de libertad seguirán siendo sombrías. Así como Puerto Rico debe transformar su paradigma político tanto teórica como prácticamente, también deben hacerlo Estados Unidos y otras naciones occidentales. Si Puerto Rico tiene éxito en este empeño, podría servir de brillante ejemplo. Sin embargo, si fracasa, la experiencia de Puerto Rico, que condujo a la bancarrota, se erigirá como un cuento con moraleja de lo que ocurre cuando el gobierno se convierte en el arquitecto de la salvación en lugar del propio pueblo.
Ojel L. Rodríguez Burgos, PhD, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sagrado Corazón de San Juan de Puerto Rico, investigador invitado en el Instituto de Historia Intelectual de Saint Andrews y colaborador del Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico.
Este articulo fue originalmente publicado en inglés en Law & Liberty.
