Todos queremos aumento de salario, pero ¿puede el país darse el lujo de dar aumentos sin aumento proporcional en productividad, sin exigir competencia y trabajo de excelencia? Analicemos los hechos:
Puerto Rico es un país quebrado que vive de fondos federales para remediar desastres naturales, ofrecer servicios de salud, atender problemas sociales, proveer seguridad, financiar educación pública, construir y mantener infraestructura de agua, electricidad y carreteras, entre otros. Estamos en sindicatura bajo una junta de Promesa que ha gastado más en la renegociación de nuestra deuda pública que en el crecimiento económico de la Isla y que nos permitiría no solo pagar la deuda sino aumentar los salarios y estándar de vida ahora y en el futuro.
Según la Junta de Planificación de Puerto Rico y la Junta de Promesa, el crecimiento económico real es negativo o anémico, no solo desde 2007 sino hasta 2036. La inversión en construcción y maquinaria y equipo no arranca como en la época dorada de Puerto Rico en la década de 1960 y principios de la década de 1970. La participación laboral, es decir, nuestra gente que está empleada o buscando empleo como porcentaje de la población de 16 años y más apta para trabajar nunca ha sobrepasado el 50%. Nuestros niños en educación pública no pasan las pruebas META. Tenemos generaciones que viven en residenciales públicos y reciben cupones de alimentos, hoy día Tarjeta de Familia.
![BASTA YA](https://institutodelibertadeconomica.org/wp-content/uploads/2024/02/BASTA-YA.jpeg)
Necesitamos salir de la dependencia económica e intelectual de que no podemos hacerlo, sostiene Heidie Calero. (Archivo)
Nuestra infraestructura es frágil. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillado admite que se pierde el 60% del agua procesada y no pueden remediar esto, y anualmente pagamos aumentos en tarifas. La Autoridad de Energía Eléctrica ha sido privatizada y está en espera de fondos federales que no se materializan, pero continuamos pagando aumentos en tarifas. El tren urbano es deficitario y ha descapitalizado a la Autoridad de Carreteras y más que nunca depende de fondos federales para su operación.
Los 78 alcaldes en la Isla intentan servir a sus comunidades desde su óptica y resisten intentos de regionalización para hacerlos viables administrativamente y usar efectivamente fondos federales para proyectos que aumenten la actividad económica.
Se ofrecen incentivos contributivos sin fiscalizar el retorno a dicha inversión que nos cuesta y desmoraliza a empresarios locales que también aportan al país. La Rama Legislativa no presenta una visión ni plan para impulsar crecimiento económico. La Judicatura no aparenta entender que son parte de esta economía y que sus decisiones tardías de meses y años impide la actividad económica. La Rama Ejecutiva se conforma con solicitar más fondos federales, prometiendo su buen uso, pero sin exigirle productividad a sus secretarios de Gabinete y empleados públicos, algunos de los cuales son verdaderos héroes y heroínas que intentan dar servicios en vez de servirse ellos.
Somos una sociedad de envejecientes o, para ponerlo más aceptable, de adultos mayores que viven de pensiones que el resto de los que trabajamos tenemos que financiar también, porque el gobierno ha administrado mal dichos fondos.
En fin, con este trasfondo, ¿cómo es posible que el país siga dando aumentos en salarios que salen de nuestras contribuciones a los empleados públicos, a los legisladores, a los jueces y a los fiscales sin exigir evaluaciones efectivas de su desempeño y productividad? Ah, y ¡sin crecimiento económico real del orden de 4% a 5% anual por los próximos 10 años!
Vivimos en una economía global con grandes retos de competencia y debemos enfocarnos a lograr atraer inversión tanto local como de fuera de la Isla; tener una educación de excelencia; tomar responsabilidad por nuestra salud y estilo de vida; ayudar a los que ayuda necesiten, pero exigir que trabajen los que estén capacitados para hacerlo.
Necesitamos salir de la dependencia económica e intelectual de que no podemos hacerlo. Lo hicimos antes, cuando salimos de la extrema pobreza en la década de 1940. Y ¿por qué ahora nos conformamos con seguir solicitando fondos federales que no controlamos? ¡Basta ya de pedir. Es hora de exigir que todos trabajemos!
Este artículo fue originalmente publicado por El Nuevo Día.