Antes de partir a disfrutar sus largas y muy merecidas vacaciones, algunos legisladores están empujando un plan piloto para que la jornada laboral en las agencias del gobierno —y más tarde en la empresa privada— se reduzca a 32 horas por semana, cobrando el mismo salario y recibiendo los mismos beneficios.
¿Nos volvimos loques? (Cada día me gusta más esto de usar el inclusivo, estoy explorando la posibilidad de incorporarlo a todas mis columnas).
Si de casualidad en esa raquítica semana laboral cayera un día fiesta, cosa que ocurre con frecuencia, se trabajarían tres días, y ya para simplificar las cosas, lo dejaríamos en dos.
En un país improductivo, donde la dependencia es cada vez mayor, el disparate de reducir la semana laboral —primero entre los trabajadores públicos, y luego obligándola en la empresa privada— es una de las medidas más demagogas y absurdas que han salido del cascarón legislativo.
Trabajadores en los predios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en Hato Rey. (Carlos Giusti/Staff)
¿Qué dicen los proponentes? Ah, que en Estados Unidos ya se está probando. Es un “coco” el que tienen con la metrópoli, que uno se pregunta cómo pueden defender postulados soberanos, o de ruptura con la nación del norte, cuando no hacen más que admirar y copiar lo que se hace allá.
En las vistas que se han llevado a cabo en estos días (nótese en lo que pierden el tiempo), una de las “genias” que impulsa el proyecto afirma que eso no implica mayor gasto ni para la empresa privada ni para el gobierno. ¿Cómo que no implica mayor gasto? Si el patrono tiene que abrir cinco días, porque cuatro no le rinden económicamente, tendrá que contratar más personal para ese día que se queda colgando. No entiendo la aritmética de estos legisladores. Eso se lo sacan de la manga para engañar a los incautos.
Ignoro en qué lugares de Estados Unidos se trabajan 32 horas, con la misma paga y beneficios que si trabajaran 40. O en qué negocios de Bélgica o Gran Bretaña se ha implantado esa política laboral. Se sabe que los mineros, por las duras condiciones que enfrentan, tienen cortas jornadas y se retiran muy temprano en la vida. Los controladores aéreos creo que también. Pero en las oficinas del gobierno, en las farmaceúticas, en los bancos, ¿cuatro días de trabajo y tres de asueto?
Mientras otros países del mundo, que no son ricos e industrializados, sino precisamente repúblicas latinoamericanas que intentan salir a flote, inculcan la disciplina y la moral del trabajo como parte del progreso ciudadano, en la isla quebrada, que por lo pronto vive de las asignaciones federales, se quiere implantar una semana de 32 horas con idéntico salario, mismas vacaciones, bono de Navidad y licencia por menstruación a las “personas menstruantes”.
Según lo que propone la autora de la medida, habría dos planes piloto para probar cómo funciona esa jornada, que ella está segura de que va a funcionar muy bien, pero no obstante hay que constatarlo con métricas y toda la parafernalia, capa de burocracia sobre capa de burocracia. Un plan piloto se diseñaría para la empresa privada, y el otro para ponerlo en práctica en el gobierno. Han llegado al punto de asegurar que esto ayudaría a combatir el cambio climático, ya que no habría tantos carros en la calle. ¿Que no? Un momento: ¿y cómo creen que se va a mover la gente a la playa, a los centros comerciales, al chinchorreo madrugador del viernes que no se irá a trabajar?
En resumidas cuentas, la representante de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos ha dicho que el plan piloto “no es cónsono con el ordenamiento jurídico vigente”, y la jefa del Departamento del Trabajo ha alegado que la medida puede tener un impacto fiscal.
¿Y eso qué les importa? Sería el colmo que aparte de presentar medidas tan urgentes, tuvieran que preocuparse del impacto fiscal. El impacto fiscal que lo breguen allá los de la Junta de Control Fiscal, que para eso están, y, en última instancia, la jueza Laura Taylor Swain, que preside la sala donde se dilucidan los términos de la quiebra del país.
A favor de la semana de 32 horas, vehementemente, además, se ha pronunciado la UTIER, así como la Asociación de Maestros, y un señor que acudió a las audiencias como representante de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (¿es nuevo?). También la fundadora de Ayuda Legal de Puerto Rico, quien dijo que “ya han experimentado ese proceso”, el de achicar la semana laboral, “sin afectar los servicios”. La organización One Fare Wage (sea lo que sea), se posicionó a favor de un achicamiento laboral que es “justo y necesario”. Esa se la robaron al cura.
En cualquier caso, si llegara a aprobarse en ambas cámaras, pero el gobernador cometiera la osadía de no querer firmarla, sepan los proponentes que los redimirá la Inteligencia Artificial. Oh, sí. Parece algo muy lejano e improbable, pero en realidad es un fenómeno que está a la vuelta de la esquina, y serán esos programas supereficientes y superdotados los que decidirán quiénes trabajan, cuánto trabajan, y cómo se les va a pagar.
A lo mejor los robots declaran semanas laborales de 24 horas, ellos podrán con todo, y en lo concerniente a la Legislatura, para que sus señorías descansen los cargados cerebros, que se reúnan un rato dos o tres veces al año. Se les paga el mismo salario, eso ni tocarlo, pero por lo menos no gastan luz, equipo de oficina, agua, ni mucho menos contaminan el ambiente con sus flamantes carros subsidiados.
Estoy pidiendo un turno en las audiencias para ampliar esta idea. Garantizo amplia cobertura.
Esta pieza fue originalmente publicada en El Nuevo Dia
