Durante su participación en la Cumbre de Desarrollo Económico del Centro Unido de Detallistas, el director Ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, recordó que la misión de la Ley Promesa es evitar que Puerto Rico caiga en prácticas que le llevaron a la quiebra. Yadiel Perez / EL VOCERO
El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, advirtió que evalúa con detenimiento las deducciones contributivas como parte de la discusión de la reforma del Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
El funcionario describió el sistema contributivo de Puerto Rico como un andamiaje “enormemente complejo” con sobre 150 créditos, sumado a múltiples decretos, que estimula la economía informal
Si queremos bajar las tasas contributivas tenemos que hacerlo dentro de la base de recaudos, ya que es necesario financiar los presupuestos, especialmente la prestación de servicios como la educación y la salud. Esto no se atiende necesariamente con nuevos impuestos sobre la venta, ya que también podemos eliminar ciertas deducciones y créditos (contributivos).
Robert Mujica
Director ejecutivo Junta de Control Fiscal
“Si queremos bajar las tasas contributivas tenemos que hacerlo dentro de la base de recaudos, ya que es necesario financiar los presupuestos, especialmente la prestación de servicios como la educación y la salud. Esto no se atiende necesariamente con nuevos impuestos sobre la venta, ya que también podemos eliminar ciertas deducciones y créditos (contributivos)”, señaló a EL VOCERO el funcionario tras culminar su participación en la Cumbre de Desarrollo Económico 2026 del Centro Unido de Detallistas (CUD), celebrado ayer en el Embassy Suites by Hilton San Juan Hotel & Casino.
Tan reciente como el pasado año se enmendó la Sección 6060.05 del Código de Incentivos de Puerto Rico con el fin de aclarar las disposiciones sobre la exención en la venta de propiedad inmueble que constituya la residencia principal del vendedor; se aumentó la deducción por aportaciones a Cuentas de Retiro Individual (IRA) en Puerto Rico y se incrementó de $500 a $1,000 la deducción máxima anual por aportaciones a cuentas de ahorro para la educación.
Dato relevante
Más de $18,000 millones
la pérdida de ingresos por Ley 60 entre 2024 y 2030 según el Departamento de Hacienda.
Estas iniciativas se suman a otras cinco medidas contributivas aprobadas previamente en este cuatrienio, relacionadas con exenciones para entidades sin fines de lucro, uniformidad en la radicación de planillas, exenciones sobre rentas residenciales, simplificación del cobro del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y la exención contributiva sobre medicamentos recetados.
Mientras que la Ley 22 del 2012 (ahora parte de la Ley 60 del Código de Incentivos de Puerto Rico del 2019) ofrece exenciones del 100% sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, sin exigir inversión ni creación de empleos.
El Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda, publicado en junio del 2025, apuntó a que las pérdidas de ingresos por concepto de la Ley 60 superarán los $18,000 millones entre 2024 y 2030.
Por otro lado, un estudio del Instituto de Libertad Económica -titulado Los Impuestos en Puerto Rico: Estructura, carga tributaria y comparación con Estados Unidos- apunta a que durante el año contributivo 2023 se radicaron 1,236,709 planillas de contribución sobre ingresos de las cuales un 56.2% (695,568) reclamaron el crédito al trabajo, el cual representó un desembolso total de $1,303 millones.
El estudio -realizado por el director de investigación y política pública del Instituto, Ángel Carrión Tavárez, y el expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Edwin R. Ríos- además establece que “el total de ingresos fiscales al Fondo General —principal fondo para los gastos del Gobierno—provenientes del impuesto sobre ingresos fue $7,424 millones, en el año fiscal 2023. El impuesto pagado de la contribución sobre ingresos a individuos fue el principal en esta categoría, con $3,403 millones equivalentes al 45.8%. Esta cantidad es antes de descontar la participación del Gobierno en el crédito por trabajo de $448 millones”.
Responsabilidad fiscal
Mujica recordó que el asunto principal de la Ley Promesa es restaurar la responsabilidad fiscal de Puerto Rico para evitar que vuelva a caer en las prácticas que llevaron al país a la quiebra, como lo fue el hecho desde 2000 hasta 2016, que se gastó más dinero del que entró cada año a las arcas del gobierno central.
“Lo que ya hemos hecho fue detener el sangrado. Ahora estamos tratando de crear un modelo sostenible para cuando la junta fiscal ya no esté en Puerto Rico”, sostuvo Mujica.
Aprovechó la coyuntura para instar a los detallistas a participar de la conversación, la cual reconoció será difícil, ya que la eliminación de ciertos créditos afecta a sectores en particular.
Reformulación de la estructura
Por su parte, el presidente del CUD, Ramón Barquín III, puntualizó que el País requiere de “reformas estructurales a la economía” que incluyan una reformulación de la estructura del código contributivo de manera que se premie el trabajo y se penalice la evasión.
“Hace falta una reforma laboral amplia y sin precedentes que no penalice al patrono y que, al contrario, le dé las herramientas para que pueda pagar adecuada y justamente dentro de la oferta y la demanda a través de la cual se autorregula el mercado”, dijo el también analista financiero.
Barquín III además planteó la necesidad de una reforma fiscal que “reduzca el tamaño gubernamental y que busque agilidad, eficiencia y rentabilidad”.
“Eso se da adoptando comunicaciones informáticas de tecnología y reconociendo que el gobierno no debe de ser el motor genuino de la economía ni el principal patrono. El desarrollo económico le pertenece a la empresa privada, por lo que la intromisión del gobierno debe ser al mínimo”, añadió.
De igual forma, el presidente de CUD destacó que la evaluación de la reforma contributiva debe verse en conjunto con el desarrollo del presupuesto y otros aspectos que inciden en el desarrollo económico de Puerto Rico.
“Es esencial que se pueda ver holísticamente, por ponerlo en un término médicos, ya que el paciente está en un estado comatoso y se debe de ver en la totalidad de lo que se va a impactar. Cuando hay ausencia de una reforma estructural, un gobierno que incide enormemente en el costo de hacer negocio y existen carencias de un empuje de las aspiraciones tenemos la realidad económica de nuestra jurisdicción, que sigue siendo la más pobre dentro de la nación estadounidense”, concluyó.
Este artículo fue publicado originalmente por El Vocero.
