Acciones de libertad económica para un Puerto Rico justo y próspero

"Es momento de aceptar y enfrentar directamente el hecho de que estamos demasiado gobernados. Las agencias gubernamentales se han multiplicado, sus ramificaciones se han extendido, sus poderes se han ampliado y su esfera se ha ensanchado, hasta volver todo el sistema excesivamente pesado. Hemos derivado en un paternalismo peligroso e insidioso, que sumerge la autosuficiencia del ciudadano, debilita la responsabilidad y sofoca la iniciativa individual. No sufrimos por falta de legislación, sino por exceso de ella. Necesitamos menos leyes y más derogaciones". —Roland H. Hartley

Introducción

La libertad económica es el derecho de todo ser humano a ganarse la vida honradamente —es decir, a trabajar, producir, emprender, vender, comprar e intercambiar bienes y servicios— con responsabilidad y de manera voluntaria, sin obstáculos ni interferencias gubernamentales indebidas. Este es uno de los derechos más importantes de las personas libres, ya que se relaciona con su bienestar, desarrollo económico y oportunidad de movilidad ascendente, así como con una mayor expectativa de vida. Donde existe libertad económica, hay más oportunidades, más emprendimiento, más trabajo, más prosperidad y menos pobreza.¹

Para que la libertad económica prospere, es esencial contar con un sistema legal y regulatorio racionalizado y una política pública confiable y neutral. Esto incluye normas, reglamentos y procesos que promuevan un entorno propicio al emprendimiento individual. La medida en que el marco regulatorio y la política pública son favorables para la creación de empresas y su funcionamiento en una jurisdicción se conoce como la facilidad para hacer negocio.² Estudios han demostrado que, a mayor facilidad para hacer negocio, mayor inversión del sector privado, más creación de empleos, más innovación, mejores salarios y mayor crecimiento económico.³

La facilidad para hacer negocio es vital para la inversión doméstica y foránea directa;⁴ y es particularmente importante para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), porque disponen de menos capital y recursos. Las grandes compañías tienen los medios para solventar los costos de las regulaciones excesivas para hacer negocio; pero un ambiente favorable al emprendimiento contribuye a la creación de mipymes, con el beneficio que estas aportan a los individuos y la sociedad. Las mipymes son la columna vertebral del trabajo y las economías, porque emplean a más de dos tercios de la mano de obra mundial (Houngbo, 2023).

Las personas en proceso de comenzar o desarrollar sus mipymes precisan una política pública razonable, transparente y justa para el éxito de sus iniciativas y el logro de sus metas; la burocracia, las cargas y las trabas gubernamentales son sus mayores obstáculos. Esto incluye asuntos como el trámite de permisos, el registro de la propiedad, la obtención de electricidad, el pago de impuestos, el acceso a financiamiento y el cumplimiento de los contratos, entre otros.⁵ Se ha encontrado también que las jurisdicciones con entornos regulatorios más estrictos para el espíritu empresarial y la creación de negocios suelen ser más susceptibles a la corrupción.⁶

Cuando la carga de exigencias y requisitos para crear un negocio, así como las condiciones para gestionarlo, son onerosas para las mipymes, estas a menudo recurren a operar de manera informal. En la economía informal, los trabajadores, los empresarios y los consumidores suelen estar menos protegidos. Asimismo, todos ellos son más sensibles a situaciones especiales como crisis económicas y eventos de la naturaleza. Además, el Gobierno no recibe ingresos de los comercios que operan en la informalidad, y las actividades de estos y sus resultados no figuran en los registros públicos para fines de análisis estadísticos.⁷

Se estima que más del 95% de los negocios de Puerto Rico son mipymes o pymes con menos de 50 empleados, y que estas representan el 42% del empleo del sector privado y el 36% del total de la nómina anual.⁸ Consecuentemente, aligerar la carga regulatoria para la creación de mipymes y facilitar su operación eficiente en la Isla puede (a) ayudar a que estos actores económicos clave gestionen mejor sus recursos y aumenten el crecimiento potencial; (b) contribuir a mantener bajos los costos operacionales y los precios para los consumidores; y (c) ser beneficioso, en general, para los individuos y el Estado.

La misión del Instituto de Libertad Económica (ILE) es identificar y promover la eliminación de las barreras a la libertad económica, para fomentar la prosperidad⁹ de todos los residentes de Puerto Rico, en un sistema de libre mercado que les permita alcanzar sus metas y llevar el tipo de vida que valoran. En 2022, la Isla fue incluida por primera vez en el índice Economic Freedom of North America, un prestigioso estudio publicado por el Fraser Institute que evalúa el grado de libertad económica en 93 jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y México. Tanto ese año como en 2023 y 2024, Puerto Rico se clasificó como la peor jurisdicción de Estados Unidos.

Durante décadas, Puerto Rico ha estado sometido a un control estatal sobre los activos de producción, a un fuerte intervencionismo del Gobierno en la sociedad civil y a una elevada redistribución de los ingresos; esto ha causado distorsiones económicas y fallas de mercado que han limitado la capacidad de apropiación¹⁰ de las personas y los negocios. Estas condiciones generan retornos reducidos en la actividad económica, que limitan el crecimiento al disminuir la inversión privada y el emprendimiento, incidiendo en la baja tasa de participación laboral, los bajos salarios, el alto nivel de pobreza y la alta emigración de la Isla.

El propósito de este documento es señalar las leyes y los reglamentos que limitan la libertad económica en Puerto Rico y ofrecer recomendaciones para establecer y poner en marcha una nueva política pública. Las propuestas del ILE buscan promover (a) el cese de la intervención indebida e innecesaria en la libertad económica de las personas y la iniciativa privada en el libre mercado, (b) la supresión del control gubernamental sobre los activos de producción, (c) la descentralización de la planeación económica¹¹ y (d) la disminución de la redistribución de los ingresos de los trabajadores y las empresas,¹² para crear más y mejores oportunidades en beneficio de todos.

La adopción e implantación de las recomendaciones incluidas aquí contribuirá a (a) eliminar las barreras a la libertad económica; (b) fomentar el desarrollo del sector privado basado en la competitividad y la innovación; (c) propiciar que los individuos en la sociedad determinen lo que es mejor para ellos; y (d) reducir las cargas tributarias que desalientan la creación de riqueza para disminuir la pobreza y la dependencia. El ILE espera que estas sugerencias sean acogidas por quienes tienen la facultad de determinar la política pública en Puerto Rico, para liberar el potencial de todos en la Isla, de modo que sean el motor de la prosperidad de la sociedad puertorriqueña.

Barreras y recomendaciones

Toda sociedad democrática requiere un libre mercado, altamente competitivo y saludable, para facilitar la libertad económica de todos. El libre mercado está constituido por cuatro pilares fundamentales: libertades individuales, Estado de derecho, derecho a la propiedad privada y gobierno limitado.¹³ Puerto Rico necesita reformas de política pública que fortalezcan estos pilares y eliminen las barreras existentes para que todas las personas, sin distinción de tipo alguno e independientemente de su nivel socioeconómico, tengan la oportunidad de participar en el mercado, sin interferencias ni restricciones gubernamentales indebidas.

Muchas leyes de Puerto Rico deben ser derogadas o enmendadas para detener la erosión de estos pilares. La eliminación de las barreras existentes permitirá a los residentes de la Isla desarrollar plenamente su capacidad de contribuir al bienestar económico y social. Es fundamental llevar a cabo una reforma integral de la política pública, ya que las leyes mencionadas en este documento generan distorsiones económicas y contrapesos en el mercado; por ejemplo, las licencias ocupacionales, los subsidios o incentivos corporativos y los certificados de necesidad y conveniencia limitan y restringen el acceso de quienes desean participar en el mercado.

Por el contrario, las leyes laborales y los reglamentos de control de precios afectan a quienes ya operan en el mercado. Para que las 55 recomendaciones incluidas en este documento tengan un efecto equilibrado, en la medida de lo posible, estas deben ser implementadas simultáneamente y no de manera secuencial. Un enfoque integral que contemple las interrelaciones entre los diversos componentes de la economía hará que la eliminación de las distorsiones económicas creadas por las leyes sea coherente en todos los sectores; esto evitará que la implantación de las medidas cree nuevas distorsiones que terminen beneficiando a algunos y perjudicando a otros.

Licencias ocupacionales

Las licencias ocupacionales son regulaciones estatales que establecen requisitos para que las personas puedan ejercer un oficio o una profesión específica. Estas licencias funcionan como un permiso para trabajar, porque autorizan o impiden a las personas desempeñarse en su campo sin poseer una licencia. El propósito declarado de las licencias ocupacionales es establecer estándares mínimos de calidad en la práctica profesional para proteger la salud y la seguridad públicas; por ejemplo, muchos trabajos en el ámbito de la salud requieren licencias debido al posible daño que un servicio deficiente podría causar al bienestar y la vida.

Con el tiempo, la exigencia de licencias ocupacionales se ha extendido a trabajos que no representan riesgos para la salud ni la seguridad, convirtiéndose en una carga y un disuasivo para quienes desean trabajar, especialmente en ocupaciones de ingresos bajos y medios, debido a la combinación de costos, esfuerzo y tiempo que implica obtener una licencia. Además, estas exigencias onerosas a menudo llevan a las personas a participar en la economía informal.¹⁴ Como resultado, las licencias ocupacionales están reduciendo el empleo y aumentando los costos de los servicios para los consumidores en millones de dólares anualmente.¹⁵

Las regulaciones ocupacionales también son un obstáculo para que las personas con antecedentes penales puedan encontrar empleo, ganarse la vida honradamente e integrarse a la libre comunidad en jurisdicciones como Puerto Rico, donde se prohíbe la concesión de licencias ocupacionales a quienes tienen antecedentes penales. No es de extrañar, pues, que la tasa de reincidencia delictiva en los estados que prohíben las licencias ocupacionales a personas con antecedentes penales o les imponen cargas elevadas para obtenerlas es del 9%, en comparación con el 2.6% en los estados que no prohíben las licencias ocupacionales o tienen cargas bajas.¹⁶

Según un estudio de la Universidad de Puerto Rico, en la Isla se regulan más de 140 ocupaciones, de las cuales al menos 131 tienen una regulación ocupacional activa al presente.¹⁷ En Puerto Rico, hay 34 licencias ocupacionales que son requeridas en menos de 5 estados, incluyendo 13 licencias que solo existen en la Isla (detalladas en el Apéndice A).¹⁸ Este hecho plantea interrogantes sobre la necesidad de requerir licencias en Puerto Rico para ocupaciones que, en la mayoría de los estados, no están reguladas, es decir, que se practican en todas o casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos sin necesidad de una licencia ocupacional.¹⁹

Puerto Rico ha subordinado por demasiado tiempo su propia economía a la política industrial y a los incentivos fiscales de Estados Unidos, en lugar de perseguir un desarrollo económico de base sostenible más allá de las mareas cambiantes de las políticas federales o las alteraciones de los incentivos. Reformar las licencias ocupacionales es una acción que quienes formulan política pública en Puerto Rico tienen en sus manos, para estimular el tipo de crecimiento económico que retendría a los trabajadores y empresarios locales; atraería a la Isla a quienes emigraron; y generaría las oportunidades de prosperidad que emanan de la laboriosidad de las personas.

La reforma de licencias ocupacionales tiene un potencial significativo en medio de los desafíos económicos de Puerto Rico. Este potencial radica en sus efectos combinados: la estimulación del espíritu empresarial, la transición de los trabajadores de la economía informal a la formal, la mejora del acceso a servicios de calidad para los consumidores y la reducción —si no reversión— de la fuga de talento humano que deja la Isla en busca de oportunidades económicas en otros lugares. Después de todo, si muchos puertorriqueños pueden prosperar en Estados Unidos, también pueden hacerlo en Puerto Rico si se les brinda la oportunidad.

Programa de Asistencia Nutricional

Puerto Rico ha recibido fondos federales para asistencia nutricional, primero del Programa de Cupones para Alimentos y luego del PAN, desde 1974. Otros programas federales como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares también operan en la Isla. Es alarmante que, después de 50 años participando en estos programas, Puerto Rico siga enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria y pobreza, así como una tasa de participación en la fuerza laboral considerablemente baja; y que este estancamiento haya perpetuado la dependencia.²¹

En Puerto Rico, hay familias que han recibido más de la mitad de sus ingresos anuales de programas de asistencia social por generaciones. Muchos de estos programas están diseñados para satisfacer necesidades específicas en momentos determinados, como situaciones de desempleo, enfermedad o incapacidad transitoria, en lugar de ser una fuente de sustento permanente. Estos y otros programas dirigidos a familias de bajos ingresos tienen un límite de duración, e incluso aquellos que no caducan están destinados a proporcionar beneficios temporales (Lindner & Nichols, 2012, p. 1), particularmente en el caso de personas en condiciones de trabajar.

El PANS tiene un requisito de trabajo que debería establecerse en Puerto Rico. Las personas de 18 a 54 años que no tienen dependientes, no están embarazadas y están sujetas a los requisitos generales de trabajo son denominadas adultos sanos sin dependientes. Estos participantes deben ocuparse al menos 80 horas al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado, para recibir beneficios del PANS por más de tres meses dentro de un período de tres años. El requisito de trabajo facilitaría que los participantes elegibles en Puerto Rico se incorporen a la fuerza laboral y ganen dinero sin perder por completo sus beneficios.²²

Cuando la pérdida de beneficios, el pago de impuestos y los gastos asociados al empleo superan el salario devengado, se genera un incentivo perverso en los beneficiarios que quedan en peor situación financiera que cuando no trabajaban; esto se conoce como la trampa de la pobreza. El PAN ha causado por décadas que los participantes perciban que el costo de trabajar es demasiado elevado, ya que perderían los beneficios si superan el nivel de ingresos netos. Para combatir la inseguridad alimentaria y evitar que las personas caigan en la trampa de la pobreza, es necesario implementar una eliminación gradual de los beneficios a medida que aumentan los ingresos.

Para el año fiscal 2022, 1,556,788 personas en Puerto Rico participaban en el PAN. Entre los participantes adultos, 2 de cada 4 tenían entre 18 y 59 años y el 89% de los menores de 60 años no tenían una discapacidad documentada. En la Isla, el número de adultos sanos sin dependientes entre las edades de 18 a 54 años que no tienen discapacidades documentadas y están fuera del grupo trabajador fue estimado en aproximadamente 266,000.²³ El requisito de trabajo propiciaría que estos beneficiarios entren a la fuerza laboral²⁴ y suplan la escasez estimada de 40,000 trabajadores para los proyectos vinculados a los fondos federales de recuperación.²⁵

El trabajo es una parte fundamental de la actividad humana; es la fuente de los bienes y servicios que satisfacen muchas de las necesidades y aspiraciones de las personas. Los participantes del PAN cuyas posibilidades y oportunidades de trabajar han estado condicionadas por ese programa durante décadas deben tener la libertad de hacerlo y ganar su sustento y el de sus familias, ya sea eligiendo entre los empleos disponibles en el mercado o iniciando un negocio propio; de esta forma, podrían afirmar su libertad económica y superar su situación de dependencia, saliendo de la trampa de la pobreza por su propio esfuerzo.²⁶

Carga contributiva

La carga contributiva se refiere a la proporción del ingreso personal total que los residentes de una jurisdicción determinada pagan en impuestos sobre la propiedad, el ingreso personal, el consumo u otros.²⁸ Una carga contributiva elevada puede restringir la libertad económica al reducir el ingreso disponible de los trabajadores y desalentar el esfuerzo productivo. Un sistema tributario oneroso podría incluso desincentivar la actividad económica si los individuos no se sienten motivados a generar ingresos. Además, puede llevar a la evasión fiscal y a la informalidad, lo que reduce la base contributiva y limita los recursos disponibles para el Gobierno.

Una estructura fiscal justa y una carga contributiva razonable, al contrario, promueven el bienestar, el desarrollo y la prosperidad en la sociedad. Cuando los trabajadores retienen una mayor parte de sus ingresos, tienen más control sobre sus recursos y pueden tomar decisiones que mejoren su calidad de vida. Una carga contributiva ligera brinda a las personas más libertad para disfrutar de sus ingresos en el presente y mayor capacidad de ahorro para el futuro. Puerto Rico necesita un sistema tributario que fomente el cumplimiento voluntario y la formalización de la economía²⁹ y maximice la oportunidad de libertad económica para todos.

Registro de la propiedad

Friedrich A. Hayek afirmó que "el sistema de la propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no sólo para quienes poseen propiedad, sino también, y apenas en menor grado, para quienes no la tienen" (1944/2008, p. 193). Por su parte, Milton y Rose Friedman (1998) añadieron que los derechos de propiedad son en sí mismos los más básicos de los derechos humanos y una base esencial para otros derechos humanos. La propiedad privada es, por tanto, fundamental para que el individuo pueda agenciarse económicamente; y es esencial para la movilidad ascendente de las personas.

El registro de la propiedad debe ser un sistema robusto y eficiente que proteja la propiedad privada y permita realizar transacciones de una manera rápida y segura. El tiempo para presentar una escritura debe ser lo más breve posible y los requisitos, lo más sencillos y menos onerosos, para agilizar las inversiones y transacciones. Como comparación, el costo promedio de tramitar la escritura de una propiedad inmueble (como porcentaje del ingreso per cápita) en Estados Unidos es 0.24%, mientras que en Puerto Rico es 10%. Esta diferencia demuestra la necesidad de que el registro de la propiedad de la Isla sea competitivo con el de otros mercados.³⁰

Facilidad para hacer negocios

La facilidad para hacer negocio se refiere a la medida en que el sistema legal y la política pública son favorables para la creación y operación de empresas en una jurisdicción determinada. Este concepto se estudia científicamente para conocer si el marco regulatorio en un lugar facilita o entorpece la actividad empresarial. Los informes e índices de facilidad para hacer negocio tienen, consecuentemente, una gran importancia ya que su análisis riguroso de los indicadores es utilizado por el Estado para tomar decisiones de política pública y por el sector privado para decidir dónde realizar sus inversiones.³¹

Una puntuación y clasificación más alta en los informes e índices de facilidad para hacer negocio indica una mayor calidad regulatoria, eficiencia en el cumplimiento y protección de los derechos de propiedad privada. La información que aportan estos índices también es considerada importante para examinar los estándares de vida y el bienestar general en una jurisdicción, pues existe una relación recíproca entre la inversión privada, la integración de las personas a la actividad productiva —ya sea trabajando o creando una empresa—, el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza.³²

El Center for the Study of Economic Liberty, de Arizona State University, publicó el informe Doing Business North America 2022 en el que puntuó y clasificó a 83 ciudades de Estados Unidos. Las categorías medidas fueron "Creación de una empresa", "Contratación de trabajadores", "Obtención de electricidad", "Pago de impuestos", "Uso del terreno y el espacio" y "Resolución de la insolvencia". San Juan fue clasificada como la ciudad más difícil para hacer negocios. Las variables del estudio son 2% federales,³³ 70% estatales, 4% condales³⁴ y 24% municipales;³⁵ por lo tanto, los resultados de San Juan pueden considerarse un reflejo de Puerto Rico.

Los permisos comerciales han sido un tema persistente en la discusión sobre la carga regulatoria de Puerto Rico. La dificultad de obtener permisos para actividades empresariales legítimas se ha descrito como un proverbial muro de ladrillo para el espíritu empresarial, especialmente para el establecimiento y desarrollo de mipymes. A lo largo de los años, se han aprobado leyes consideradas reformas; pero estas no han aliviado la carga de los requisitos ni han agilizado el proceso de concesión de permisos. Lo que se necesita es un cambio en la política pública basado en un cuestionamiento y análisis en profundidad de la necesidad de los requisitos y la eficiencia de los procesos.³⁷

La contratación de trabajadores en Puerto Rico es la más onerosa comparada con las 83 jurisdicciones incluidas en Doing Business North America 2022. El Estado debe proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, pero también permitir que el mercado se autorregule y determine qué incentivos ofrecer, más allá de los beneficios esenciales garantizados por las leyes; de esta manera, se promueve la inversión, la creación y el desarrollo de empresas, así como la movilidad laboral; y los beneficios podrían variar, según la industria, respondiendo a las diversas necesidades de los empleados.

Los empleadores y empleados deben tener la libertad de determinar los beneficios que son deseables y pertinentes para ellos. Hay industrias en las que los empleados son estudiantes universitarios o personas jóvenes, para quienes un salario por hora más alto puede ser más atractivo que otros beneficios. En otras industrias, los empleados podrían valorar beneficios como el cuido de niños en el área de trabajo o días libres para asistir a eventos de sus hijos. Cuando hay libertad económica y de mercado, los trabajadores y las empresas pueden atender mejor sus intereses y necesidades particulares e incluso superar los beneficios establecidos por la ley.

La obtención de electricidad resulta crucial para la facilidad de hacer negocios, ya que una energía asequible y confiable es fundamental para la operación diaria de cualquier empresa. Sin una infraestructura eléctrica eficiente, las organizaciones enfrentan mayores costos operativos. Puerto Rico quedó en último lugar en cuanto a accesibilidad, fiabilidad y costo de la electricidad, en el índice general del estudio. Las consabidas ineficiencias y los altos costos de la energía eléctrica en Puerto Rico desincentivan la inversión privada y el emprendimiento; y son un obstáculo para el crecimiento, especialmente, de las mipymes en la Isla.

Puerto Rico tiene la segunda tasa contributiva corporativa más alta del mundo, con un 37.5%, mientras que la tasa contributiva corporativa federal y estatal combinada de Estados Unidos es del 25.77%.⁴⁴ Este ambiente impositivo actúa como un elemento disuasorio para los inversionistas locales y representa una desventaja competitiva para atraer inversión privada desde Estados Unidos y otros países. Un sistema tributario eficiente, justo y simple es vital para la facilidad de hacer negocios y el crecimiento económico, ya que permite a las organizaciones planificar mejor sus finanzas y operar de manera más efectiva.⁴⁵

Puerto Rico también quedó clasificado en último lugar en el uso del terreno y el espacio. Esta categoría incluye toda la secuencia de procedimientos necesarios para que una empresa adquiera una propiedad, transfiera el título de propiedad a nombre del comprador y pueda utilizarla para ampliar su negocio o como garantía en la obtención de préstamos. Es necesario reducir el costo de tramitar una escritura y simplificar los procesos para transferir la titularidad de propiedad inmueble en la Isla. Mejorar la eficiencia de los procesos inmobiliarios beneficiaría a las personas y las empresas e incentivaría la inversión.

Impuesto sobre el inventario

Los municipios de Puerto Rico recaudan un impuesto sobre el inventario que pone en desventaja a los comercios y a los consumidores en la Isla. Este impuesto se aplica al valor de los inventarios en forma de productos acabados (listos para la venta), trabajos en curso (productos parcialmente ensamblados) o materias primas. Los recaudos de este impuesto totalizan aproximadamente $237 millones.⁴⁶ Debido a este impuesto, los comercios mantienen niveles de inventario inferiores a los óptimos, lo que provoca escasez de productos de consumo, precios más elevados y baja competitividad frente a competidores establecidos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

El efecto negativo de este impuesto en la libertad económica de los residentes de Puerto Rico, comparado con su efecto en el presupuesto consolidado del Gobierno, lo convierte en una medida innecesaria y extremadamente onerosa. Como se ha demostrado empíricamente en múltiples ocasiones y lugares, al bajar los impuestos se reduce la evasión y aumentan los recaudos. El impuesto sobre el inventario ha sido eliminado en 36 estados de Estados Unidos⁴⁷ y su eliminación en Puerto Rico aumentaría los inventarios, mejorando la competitividad y reduciendo los precios en el mercado, lo que generaría mayores contribuciones en ingresos y ventas.

Control de precios de los estacionamientos

El negocio de estacionamientos en Puerto Rico se considera de interés público, por lo que las tarifas que pueden cobrar sus propietarios y operadores están reguladas por el Gobierno. Esta intervención estatal desincentiva la actividad económica, reduce la inversión privada y la innovación, restringe la oferta disponible, limita las oportunidades para que nuevos participantes compitan en el mercado y genera ineficiencias operativas. Como resultado, la falta de nuevas ofertas mantiene la oferta existente en condiciones subóptimas, lo que limita el potencial de crecimiento del sector y disminuye la calidad del servicio para el consumidor.

Los negocios de estacionamientos en Puerto Rico son propiedad privada y, como tales, deben operar sin intervenciones gubernamentales indebidas, para que los propietarios puedan fijar las tarifas de acuerdo con sus costos operacionales y las condiciones del mercado. El rol del Estado es crear "las condiciones en que la competencia actuará con toda la eficacia posible, [y] complementarla allí donde no pueda ser eficaz" (Hayek, 1944/2008, p. 127). La intervención estatal a través del control de precios impone restricciones que contravienen este principio. En un mercado competitivo, los precios se ajustan de manera natural a las condiciones de oferta y demanda.

Control de precios de la transportación de carga

Solo dos jurisdicciones estadounidenses regulan los precios de la transportación de carga, y Puerto Rico es una de ellas. La Comisión de Servicio Público es la entidad que controla los precios de la transportación de carga general, carga de agregados, carga especializada y todas las modalidades sujetas a la jurisdicción de dicha comisión. La regulación de los precios de la transportación de carga aumenta los costos, reduce la calidad de los servicios prestados por transportistas y cargadores,⁴⁸ y causa que los comercios mantengan inventarios mayores a los óptimos al no haber incentivos para crear eficiencias en el proceso.

En Puerto Rico, las tarifas son 2.5 veces más altas que en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos; esto, además de suprimir la innovación al no existir motivos para ella, encarece los precios de los productos, en particular los comestibles. Peor aún, la regulación de los precios de la transportación de carga en la Isla crea una rigidez en el mercado, con procesos burocráticos que impiden a los agentes económicos responder y adaptarse a emergencias y situaciones imprevistas, como un huracán o una pandemia.⁴⁹ Esta falta de eficiencia se traduce en mayores costos operativos, afectando tanto a las empresas como a los consumidores.

El sistema de tarifas fijas de Puerto Rico ha demostrado su ineficiencia en numerosas ocasiones como cuando los precios de la gasolina han subido de manera repentina. Cuando el precio de la gasolina sube la demanda se reduce, lo que afecta el trabajo de los transportistas de combustible. Este tipo de transporte no les brinda la flexibilidad de acarrear otros productos, ya que está diseñado solo para combustible. En situaciones como esta, los transportistas y los dueños de negocios podrían llegar a acuerdos libres y voluntarios entre sí basados en las fluctuaciones del mercado, sin que se afecten el servicio ni el suministro.⁵⁰

Las tarifas de la Comisión de Servicio Público podrían mantenerse como una guía y aplicarse solo en transacciones individuales. Puerto Rico cuenta con un alto número de compañías de transportación de carga y de empresas que contratan sus servicios. En un mercado tan amplio como el de la Isla, los distintos participantes deben tener la potestad de negociar y pactar las tarifas que sean beneficiosas para ellos sin intervención gubernamental. A fin de cuentas, el Estado no debe, de ninguna manera, tener injerencia ni imponerse sobre los contratos acordados libre y voluntariamente entre partes independientes.

Contratos de distribución

La "Ley de Contratos de Distribución" reglamenta las relaciones entre los principales o concedentes⁵¹ y sus distribuidores en Puerto Rico, para proteger a los distribuidores de arbitrariedades. Esta dice en el Artículo 2 lo siguiente: "No empece la existencia en un contrato de distribución de una cláusula reservándole[s] a las partes el derecho unilateral a poner fin a la relación existente, ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relación establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa" (Ley Núm. 75, 1964, p. 2).

La necesidad de establecer "justa causa" obliga al principal o concedente a demostrar, en corte, que hubo incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato, u otra acción u omisión del distribuidor que afectó adversamente y de forma sustancial sus intereses; sin embargo, el deber del Gobierno en un Estado de derecho no es beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes, sino hacer cumplir los contratos realizados libre y voluntariamente en un mercado libre, de manera eficiente y rápida. En ningún momento debe el Estado actuar como juez y parte, utilizando la ley para favorecer o desfavorecer a cualquiera de las partes en un contrato.

La Ley Núm. 75 de 1964 presupone que existe un desequilibrio entre las partes y otorga ventajas al distribuidor con el propósito de lograr un balance proporcional entre ellas. También intenta evitar que, tras una inversión económica significativa del distribuidor, el principal o concedente establezca relaciones con otro distribuidor en busca de eficiencias. La búsqueda de un equilibrio no debe limitar la entrada de nuevos actores al negocio de distribución ni reducir la competencia por las marcas en el libre mercado. Además, el Gobierno debe aspirar a que las partes puedan llegar a cualquier tipo de acuerdo —incluso de exclusividad— si así lo desean.

Para quienes opten por realizar contratos conforme a las disposiciones de la Ley 75, se propone modificar lo relacionado con la determinación de "justa causa" y la indemnización al distribuidor. Con el objetivo de que las partes tengan un conocimiento más claro y confiable de su situación, así como para reducir el tiempo y los costos de resolver cualquier disputa contractual, se debe suprimir la definición del beneficio y todos los factores para fijar la cuantía de la compensación, excepto el "costo de las mercaderías, partes, piezas, accesorios y útiles que el distribuidor tenga en existencia y de cuya venta o explotación no pueda beneficiarse" (Ley Núm. 75, 1964, p. 3).

En definitiva, es preciso asegurar que la rigidez de esta regulación no afecte negativamente al mercado, debido al alto costo que podría representar para los principales o concedentes introducir sus productos en Puerto Rico y modificar o terminar sus contratos con su distribuidor local. Al igual que en el control de precios en la transportación de carga, es esencial propiciar siempre acuerdos libres y voluntarios entre las partes, sin la intervención del Estado; de esta manera, se fomenta un mercado lo más competitivo e innovador posible, lo que contribuye a que los consumidores de la Isla tengan acceso a una mayor variedad de productos a los mejores precios.

Inspección de furgones

En Puerto Rico se inspecciona el 100% de los furgones que llegan a la Isla. Desde su implantación en 2009, la inspección de furgones ha costado más de $20 millones anuales, lo que, en la cadena de valor, tiene un impacto significativo en los consumidores. Las inspecciones son realizadas por una empresa estadounidense, por lo que el dinero cobrado se va de la Isla sin dejar un beneficio económico.⁵² La inspección de furgones se ha convertido en un impuesto adicional para el consumidor puertorriqueño, sin aportar valor a la sociedad, pues la mayor parte del dinero generado no entra al Departamento de Hacienda sino a una compañía privada.

En 2019, la Oficina del Contralor publicó un informe de auditoría como resultado de la investigación de una querella relacionada con el contrato de inspección de furgones. El informe, dirigido al gobernador y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, reveló que dos enmiendas del contrato para la inspección de furgones contienen "cláusulas leoninas" que obligan a pagar por el 100% de los furgones, aunque algunos no hayan sido escaneados debido a situaciones "como la falta de energía eléctrica, la avería momentánea del sistema, la fila de espera extensa para la inspección de furgones, etc." (2019, p. 5).⁵³

Certificados de Necesidad y Conveniencia

En Puerto Rico, es obligatorio solicitar y obtener un certificado de necesidad y conveniencia otorgado por el secretario de Salud antes de construir o adquirir una instalación de salud; ofrecer o desarrollar un nuevo servicio de salud o hacer inversiones de capital de $500,000 o más en una instalación de salud existente; o adquirir equipo médico altamente especializado por valor de $250,000 o más.⁵⁴ Estos certificados fueron concebidos para atender adecuadamente las necesidades de salud de la población; no obstante, su efecto ha sido restringir los servicios, perjudicando a quienes deseaban ayudar.

Los certificados de necesidad y conveniencia son, por naturaleza, anticompetitivos porque desincentivan la inversión privada, disminuyendo así la diversidad y la innovación en el mercado. La limitación de la oferta encarece los precios y reduce la calidad de los servicios disponibles. Cuando, por el contrario, se promueve la inversión privada en los servicios de salud basada en las fuerzas del mercado y los principios de la oferta y la demanda, se brindan más y mejores opciones a los ciudadanos y se reduce el riesgo de que personas con intereses directos en el mercado puedan controlar el acceso a este en su área para limitar la competencia.⁵⁵

La Ley Núm. 2 pone "la planificación ordenada" de las instalaciones y "los costos de los servicios de salud" (1975, p. 1) en manos de un secretario —una autoridad central— en el Gobierno. Esto convierte al funcionario en un censor,⁵⁶ alguien con la potestad de interferir en la actividad vital del mercado y de decidir por los emprendedores y los consumidores qué inversiones y servicios hacen falta. Además, supone fatuamente que este funcionario es superior al resto de la sociedad, ya que le otorga en la práctica la capacidad de elegir por los demás a dónde ir, a quién comprar y cuánto pagar por un producto o servicio de salud necesitado.

En Estados Unidos, 17 estados no tienen una ley de certificado de necesidad.⁵⁷ Entre 2022 y enero de 2024, 23 jurisdicciones modificaron sus leyes de certificado de necesidad, mayormente para hacerlas más flexibles o excluir a instalaciones específicas.⁵⁸ Algunas de estas acciones legislativas —como las de Florida y Montana— eximieron de certificado a, prácticamente, todas las instalaciones.⁵⁹ Esta tendencia hacia la flexibilización o eliminación de los certificados de necesidad refleja un movimiento hacia una mayor desregulación y liberalización del mercado, en respuesta a la demanda de un sistema de salud más eficiente y competitivo.

Subsidios e incentivos corporativos

Estudios han demostrado que al Estado le son más beneficiosos los recortes fiscales generales que los programas de incentivos. El Tax Expenditure Report for Tax Year 2023 reveló que Puerto Rico dejó de ingresar sobre $30,413 millones, debido a los créditos e incentivos contributivos otorgados. Específicamente, esta cifra se distribuye en $5,230.9 millones (17.20%) por el impuesto sobre ingresos y ganancias de individuos; $22,222 millones (73.07%) por el impuesto sobre ingresos y ganancias de corporaciones; $2,353.4 (7.74%) millones por el impuesto sobre ventas y usos; y $606.7 (1.99%) millones por los arbitrios.

Si bien es cierto que dichos ingresos no pueden darse por seguros, ya que posiblemente la actividad económica no existiría sin el incentivo, esto demuestra la necesidad de asegurarse de que el incentivo brinde el retorno de inversión esperado y esté enfocado en áreas estratégicas de desarrollo para la Isla; de lo contrario, los incentivos pueden actuar como subsidios injustificados, prestándose para amiguismo, favoritismo y financiamiento político. Es esencial, por lo tanto, definir las áreas estratégicas de desarrollo y establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir la efectividad de los incentivos y su impacto real en la economía.

Existe una gran diferencia entre los subsidios y los incentivos corporativos. En los subsidios, se utilizan fondos públicos directamente para complementar o financiar la inversión privada. En cambio, los incentivos consisten en dejar de recibir fondos públicos; es decir, en reducir las cargas contributivas que se imponen a la inversión y la actividad económica. El Gobierno debe asegurarse de que los subsidios atiendan una necesidad inminente de carácter estratégico o de salud y seguridad pública en Puerto Rico. Los subsidios deben otorgarse con la mayor transparencia y bajo el más estricto escrutinio, ya que se está usando el dinero de los contribuyentes.

Los incentivos, por su parte, deben utilizarse única y exclusivamente para áreas previamente identificadas como esenciales en el plan estratégico y de desarrollo de la Isla. La actividad económica de productos y servicios básicos, como las actividades de consumo al por menor, no deben recibir incentivos. Es fundamental que los incentivos sean dirigidos a sectores que fomenten la innovación, la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible. Además, debe haber un sistema riguroso de evaluación y seguimiento para asegurar que estos incentivos generen los beneficios esperados y no se conviertan en una carga para los recursos públicos.

En Puerto Rico, los subsidios y los incentivos han sido utilizados para tratar de subsanar los efectos negativos de leyes y reglamentos como los señalados en este informe. Los excesos regulatorios del Estado causan distorsiones económicas y fallas en el funcionamiento del mercado, que afectan la eficiencia de las organizaciones y limitan el crecimiento económico y la creación de empleos. Para corregir esto, es preciso implementar una política pública orientada a reducir la intervención estatal, simplificar los procesos y fomentar un entorno más competitivo que permita a los emprendedores prosperar sin la necesidad de subsidios e incentivos excesivos.

Negocios municipales

Los municipios de Puerto Rico tienen la facultad de adquirir, crear, operar y vender empresas y franquicias comerciales. Los municipios pueden gestionar todo tipo de negocios o entidades corporativas con fines de lucro utilizando fondos públicos. Las entidades corporativas propiedad de los municipios u operadas por estos están exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles y contribuciones. Este tipo de legislación se presta para la malversación de fondos públicos, el nepotismo, el amiguismo y la corrupción, además de ser un disuasivo para la inversión privada y afectar negativamente la competencia justa y la eficiencia del mercado.⁶⁰

Los fondos públicos no deben ser utilizados para que el Gobierno compita con el sector privado —que es una fuente sustancial de los fondos públicos— en la oferta de bienes y servicios que la empresa privada puede brindar. Mucho menos deben utilizarse para que el Gobierno actúe en el mercado en desigualdad de condiciones, lo que constituye una competencia desleal. Los agentes económicos deben ser entidades privadas que realicen acuerdos e intercambios de manera libre y voluntaria, según las necesidades del mercado. El Estado debe enfocarse en su rol de regulador, implementando solo las medidas estrictamente necesarias para crear un campo de igualdad de competencia.

Puerto Rico tiene la mayor cantidad de empleados gubernamentales como porcentaje del empleo total, entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos. A mayo de 2024, la Isla contaba con 166,122 puestos de trabajo ocupados en el Gobierno estatal y local, incluyendo puestos de carrera, confianza y otros. Esta cantidad representa aproximadamente 510 empleados públicos por cada 10,000 habitantes, lo que sugiere que la histórica baja tasa de participación laboral de la Isla —una de las más reducidas del mundo— se debe, en gran medida, a la persistentemente baja participación laboral en el sector privado.

Si se considera que el producto interno bruto per cápita nominal de la Isla es aproximadamente un 25.7% inferior al más bajo de los 50 estados (Misisipi), el Gobierno de Puerto Rico debe aspirar a un nivel de empleo público de alrededor de 379 empleados por cada 10,000 habitantes; esto puede lograrse mediante la disminución natural del número de empleados, sin necesidad de despidos directos,⁶¹ y como resultado de la implantación de todas las recomendaciones de este informe. La eliminación de las barreras que han estado limitando la actividad económica durante décadas impulsaría la creación de empresas y empleos en el sector privado.⁶²

La libertad económica disminuye a medida que el empleo público aumenta más allá de lo necesario. Cuando el Gobierno contrata empleados, está utilizando dinero extraído de los contribuyentes mediante arbitrios, impuestos y tarifas, para sustraer recursos humanos del mercado laboral. Esto restringe la capacidad de los empleadores para contratar libremente trabajadores, ya que deben pugnar contra su propio dinero para obtener mano de obra. Los altos niveles de empleo público también pueden indicar que el Estado está limitando las opciones de las personas al crear un cuasimonopolio gubernamental en la prestación de servicios.⁶³

En Puerto Rico, el 66.5% de los empleados públicos laboran en el Gobierno estatal, mientras que apenas el 29.1% trabaja en los municipios. Un 1.2% labora en la Rama Legislativa; un 2.8%, en el Poder Judicial; y un 0.5%, en otras entidades. En Estados Unidos, la proporción es inversa: el 72.7% de los empleados públicos trabajan a nivel municipal, mientras que el 27.3% lo hacen a nivel estatal.⁶⁴ Los municipios pueden servir como estructura organizacional para promover eficiencias operacionales y mejorar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía, relocalizando a los empleados públicos estatales donde sean más necesarios.

Finalmente, el gasto de consumo general del gobierno como porcentaje del ingreso en Puerto Rico es uno de los cinco más altos de Estados Unidos. Para reducir el gasto gubernamental y aumentar la eficiencia, se debe evaluar la necesidad de mantener las 132 agencias y entidades estatales existentes en la Isla (listadas en el Apéndice B). Hay estados con poblaciones similares a la de Puerto Rico que operan con solo 37 agencias, y otros con poblaciones mayores y el doble del producto interno bruto nominal per cápita de la Isla que no superan las 90 agencias; esto sugiere un exceso de agencias en Puerto Rico y un margen considerable para reducir el gasto público.

Proyectos de ley recientes

Durante el cuatrienio 2021-2024, ha habido un aumento en los proyectos de ley que atentan contra la libertad económica de los residentes de Puerto Rico y el buen funcionamiento del libre mercado. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas del proceso legislativo y algunos han llegado a la consideración del gobernador Pedro R. Pierluisi. Las situaciones que estas iniciativas pretenden solucionar podrían ser atendidas eficientemente por el mercado, haciendo innecesaria la intervención del Gobierno. A continuación, se presenta una lista de varios proyectos que no deberían convertirse en ley, sus motivos y su estatus actual.

1. P. de la C. 1557 de 1 de noviembre de 2022, para crear la "Ley para Regular el Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico", "a los fines de asegurar la efectiva reglamentación y eficaz fiscalización del Arrendamiento a Corto Plazo en Puerto Rico; y para otros fines relacionados" (2022, p. 1).

Estatus: Aprobado por la Cámara de Representantes.

2. P. del S. 1052 de 13 de octubre de 2022, para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 180-1998, "Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico"; enmendar el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 26-2017, "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"; y añadir un subinciso siete en la sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley Núm. 8-2017, "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", "para crear una licencia para mujeres y personas menstruantes y para otros fines relacionados" (2022, p. 1).

Estatus: Radicado.

3. P. de la C. 1356 de 13 de mayo de 2022, "Ley para Facilitar la Implementación del Trabajo a Distancia en la Empresa Privada y Convertir a Puerto Rico en el Centro Digital de las Américas", "a los fines de establecer guías y parámetros que impulsen a Puerto Rico como alternativa competitiva en el mercado laboral del trabajo a distancia en el continente americano; aclarar la aplicabilidad de las disposiciones estatutarias aplicables en materia de legislación protectora del trabajo y tributaria; reiterar el derecho de prestar servicios para un patrono o contratista desde el hogar propio; y, para esos propósitos y otros relacionados…" (2022, p. 1).

Estatus: Aprobado por la Asamblea Legislativa y enviado al gobernador.

4. P. del S. 753 de 9 de febrero de 2022, para añadir un nuevo subinciso 65 al inciso (b) del Artículo 2.04 de la Ley Núm. 85-2018, "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", "a los fines de disponer que el Secretario de Educación en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos diseñe un curso sobre sindicalismo, organización sindical, negociación colectiva y otros derechos constitucionales establecidos en las secciones 16, 17 y 18 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines relacionados" (2022, p. 1).

Estatus: Radicado.

5. P. del S. 692 de 6 de diciembre de 2021, para enmendar los Artículos 2.8, 2.9, 2.10 y 2.20 de la Ley 4-2017, "Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral", "a los fines de establecer que las modificaciones de los contratos laborales requieren el consentimiento expreso de todas las partes; para establecer que se deberán consentir expresamente por todas las partes los pactos para incluir métodos alternos para resolver disputas laborales y para otros fines relacionados" (2021, p. 1).

Estatus: Aprobado por el Senado.

6. P. del S. 224 de 8 de marzo de 2021, para enmendar el Artículo 3 de la Ley 427-2000, "Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Leche Materna", "con el fin de proveer tiempo adicional a las madres trabajadoras para extraerse leche materna o lactar a su hijo o hija durante la jornada laboral; aclarar que el tiempo utilizado para esos fines será considerado tiempo trabajado por la madre trabajadora…" (2021, p. 1).

Estatus: Aprobado por el Senado.

7. P. de la C. 474 de 26 de enero de 2021, para crear la "Ley de Legitimación Activa Ambiental", "a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por un deseo legítimo para el propósito de hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos" (2022, p. 1).

Estatus: Vetado por el gobernador.

Conclusión

Este informe ha presentado una muestra de las leyes y los reglamentos que están incidiendo en la libertad económica de las personas y en el desarrollo del libre mercado en Puerto Rico. Las regulaciones señaladas constituyen barreras gubernamentales a la capacidad de los trabajadores de participar en la esfera económica y de contribuir con su laboriosidad y su talento a la prosperidad y el bienestar de todos en la Isla. La eliminación de estas barreras creadas por políticas públicas centralistas, paternalistas y proteccionistas es fundamental para que los residentes de Puerto Rico se conviertan en el motor del crecimiento económico.

El cese de la intervención innecesaria en la iniciativa privada y la creación de un entorno más favorable para la inversión son pasos cruciales para corregir las distorsiones económicas y las fallas de mercado causadas por la actual política pública, que ha limitado por décadas el potencial en la Isla. La inversión privada, el emprendimiento y el trabajo son factores fundamentales para el bienestar y el progreso de las sociedades; pero, para que estos sean los impulsores del crecimiento en Puerto Rico, es imprescindible garantizar la capacidad de apropiación de las personas y las empresas, así como aumentar los retornos de la actividad económica.

Las recomendaciones de este informe deben ser atendidas de manera integral y sincrónica para lograr un cambio de política pública histórico en Puerto Rico. Implementar algunas de ellas y descartar otras, ya sea por consideraciones políticas o intereses particulares, seguirá beneficiando a unos a costa de otros. Esa inequidad e injusticia han imperado en Puerto Rico por demasiado tiempo y han causado mucho daño. Solo a través de un entorno verdaderamente abierto y justo se podrá liberar el potencial de cada persona en la Isla, dándole la oportunidad de prosperar y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad puertorriqueña.

Limitaciones

Este informe no incluye la totalidad de leyes y reglamentos que afectan la libertad económica de los residentes de Puerto Rico. Abarcar de manera exhaustiva todas las regulaciones pertinentes requeriría un estudio más extenso y detallado. El documento aporta una muestra representativa de las barreras más críticas y constituye un punto de partida para el establecimiento de una nueva política pública que libere el potencial y fomente la prosperidad y el bienestar en la Isla.

Agradecimientos

El autor expresa su agradecimiento a Jorge L. Rodríguez por su esmerada recopilación de las leyes incluidas y por su diligente respuesta a las numerosas consultas realizadas. Asimismo, extiende su gratitud a las personas que aportaron documentos y compartieron sus experiencias sobre los diversos temas incluidos en este trabajo para enriquecer el contenido. Finalmente, agradece a Edwin R. Ríos y Ojel L. Rodríguez Burgos su minuciosa lectura y crítica del manuscrito.

Referencias

Apéndice A: Licencias ocupacionales de Puerto Rico que existen en menos de cinco estados

Apéndice B: Agencias del Gobierno de Puerto Rico

1. Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA)¹
2. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA)
3. Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef)
4. Administración de Familias y Niños (Adfan)
5. Administración de Instituciones Juveniles (AIJ)
6. Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV)
7. Administración de Seguros de Salud (ASES)
8. Administración de Servicios Generales (ASG)
9. Administración de Servicios Médicos (ASEM)
10. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
11. Administración de Terrenos (AT)
12. Administración de Vivienda Pública (AVP)
13. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR)
14. Administración del Derecho al Trabajo
15. Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores
16. Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden)
17. Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA)
18. Administración para el Sustento de Menores (Asume)
19. Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead)
20. Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA)
21. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)
22. Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
23. Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS)
24. Autoridad de Edificios Públicos (AEP)
25. Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)
26. Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR)
27. Autoridad de Transporte Marítimo (ATM)
28. Autoridad de los Puertos (AP)
29. Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCCPR)
30. Autoridad del Puerto de Ponce (APP)
31. Autoridad para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica)
32. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI)
33. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)
34. Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP)
35. Banco Gubernamental de Fomento (BGF)
36. Banco de Desarrollo Económico (BDE)
37. Censo de Puerto Rico
38. Centro de Diabetes para Puerto Rico (CDPR)
39. Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM)
40. Colegio Universitario de Justicia Criminal (CUJ)
41. Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP)
42. Comisión Estatal de Elecciones (CEE)
43. Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR)
44. Comisión de Derechos Civiles (CDC)
45. Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (Cdcoop)
46. Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA)
47. Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico
48. Comisión de Servicio Público (CSP)
49. Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST)
50. Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (Promoexport)
51. Compañía de Fomento Industrial (Pridco)²
52. Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico (CPNPR)
53. Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)
54. Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
55. Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR)
56. Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de PR (Cossec)
57. Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas
58. Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública
59. Corporación de Seguros Agrícolas (CSA)
60. Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR)
61. Corporación del Centro de Bellas Artes (CBA)
62. Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (CCCPRC)
63. Corporación del Conservatorio de Música (CCM)
64. Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE)
65. Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña
66. Corporación para las Artes Musicales (CAM)
67. Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
68. Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM)
69. Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI)
70. Departamento de Agricultura (DA)
71. Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco)
72. Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)
73. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)
74. Departamento de Educación (DE)
75. Departamento de Estado
76. Departamento de Hacienda (DH)
77. Departamento de Justicia (DJ)
78. Departamento de Recreación y Deportes (DRD)
79. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
80. Departamento de Salud (DS)
81. Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP)
82. Departamento de la Familia (DF)
83. Departamento de la Vivienda (DV)
84. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)
85. Escuela de Artes Plásticas (EAP)
86. Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico (Figna)
87. Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR)
88. Instituto de Ciencias Forenses (ICF)
89. Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)
90. Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR)
91. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR)
92. Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos
93. Junta de Calidad Ambiental (JCA)
94. Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)
95. Junta de Planificación (JP)
96. Junta de Relaciones del Trabajo (JRT)
97. Lotería Tradicional de Puerto Rico
98. Negociado de la Policía de Puerto Rico
99. Negociado del 911
100. Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH)
101. Oficina Estatal de Política Pública Energética (Oeppe)
102. Oficina de Administración de las Procuradurías (OAP)
103. Oficina de Administración de los Tribunales (OAT)
104. Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH)
105. Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI)
106. Oficina de Gerencia de Permisos
107. Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
108. Oficina de la Comisionada Residente en Washington
109. Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
110. Oficina de Ética Gubernamental (OEGPR)
111. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
112. Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)
113. Oficina del Contralor Electoral (OCE)
114. Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR)
115. Oficina del Gobernador
116. Oficina del Inspector General (OIG)
117. Oficina del Inspector General de Permisos (OIGP)
118. Oficina del Procurador General (OPG)
119. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea)
120. Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)
121. Oficina del Procurador del Paciente (OPP)
122. Oficina del Procurador del Veterano (OPV)
123. Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec)
124. Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI)
125. Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (PEAT)
126. Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ)
127. Puerto Rico Innovation & Technology Service (Prits)
128. Salud Correccional
129. Sistema de Retiro para Maestros (SRM)
130. Sistemas de Información de Justicia Criminal (SIJC)
131. Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR)
132. Universidad de Puerto Rico (UPR)