La propuesta de extender a Puerto Rico el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) debe plantearse como una oportunidad para elevar la calidad de vida de miles de familias mientras sus miembros se integran, a base de sus capacidades, a la fuerza laboral.
El componente laboral del SNAP es cónsono con la aspiración de fortalecer a la sociedad con la productividad de más trabajadores, reduciendo la dependencia gubernamental permanente que erosiona al erario, y enajena la ética y la dignidad derivadas del sustento propio. En cambio, las personas con condiciones que les impiden valerse por sí mismas o trabajar deben recibir la justa asistencia pública.
Al presente, Puerto Rico recibe una subvención en bloque mediante el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el cual proyecta para 2023 una asignación de $2,633 millones. Mover a la isla al SNAP le representaría una aportación de $4,500 millones al año, según estimaciones recientes.
El Nuevo Dia
La implantación del SNAP aquí propiciaría que alrededor de 246,000 personas se sumen a la fuerza laboral. Retendrían el beneficio de asistencia nutricional mientras avancen hacia un empleo fijo, de acuerdo con un estudio del Instituto de Libertad Económica (ILE). Se proyecta también un alza de 8.2% en los recipientes de asistencia nutricional en Puerto Rico, mediante la eliminación del trato desigual entre los ciudadanos estadounidenses que residen en la isla, y los que habitan en los estados y otros territorios.
Evolucionar al SNAP no afectaría adversamente a las personas con condiciones que les imposibilitan trabajar. Al contrario, estos ciudadanos recibirían con ese programa un incremento con respecto a la ayuda que el PAN les otorga ahora, de acuerdo con proyecciones de los propulsores del cambio.
El presidente Joe Biden se ha pronunciado a favor de poner en vigor el SNAP en Puerto Rico. En días recientes, la subsecretaria para Alimentación y Nutrición del Departamento de Agricultura federal, Stacy Dean, se mostró receptiva a que aquí pueda establecerse plenamente en menos de 10 años. Dean hizo las expresiones al referirse a los pasos que los gobiernos estatales deben dar para implantar el programa. Sin embargo, la aprobación de su extensión a la isla está sujeta a legislación del Congreso, donde será vital exponer la iniciativa como una medida de justicia social para el pueblo puertorriqueño.
De encaminarse una transición al SNAP, será necesario que el gobierno de Puerto Rico realice los ajustes administrativos e infraestructurales requeridos por las autoridades federales. Mientras, debe evaluarse la recomendación de hacer la implantación por etapas, mediante un programa piloto.
A corto plazo, es necesario que la población local conozca claramente el alcance del SNAP, comparado con la ayuda proveniente del PAN que ha estado vigente en Puerto Rico por cuatro décadas. Por ejemplo, conviene orientar sobre el requisito de trabajar, incluidas las disposiciones aplicables a personas que no tienen condiciones de discapacidad documentadas. El SNAP requiere al menos 80 horas de trabajo al mes o participar en un programa de capacitación laboral calificado, en caso de personas saludables de 18 a 49 años que no tienen dependientes.
Convendría que la eventual evolución del PAN al SNAP incorpore la opción del trabajo por cuenta propia, permitiendo que toda esta gama de actividades ingrese al ámbito laboral oficial. Además, será clave el apoyo del sector empresarial para incrementar la disponibilidad de puestos y entrenamientos para nuevos trabajadores, con remuneración adecuada y oportunidades de desarrollo.
El SNAP se perfila como un mecanismo para sumar a la fuerza laboral capital humano cuya productividad podría estar hoy limitada por temor a perder ayudas para el sustento familiar o por la comodidad de depender del gobierno. Su implantación tiene el potencial de fortalecer las oportunidades de progreso de muchos ciudadanos que pueden convertirse en aliados activos del desarrollo óptimo de Puerto Rico.
Esta pieza fue publicada originalmente en El Nuevo Dia.
