La desgracia ambiental en la Reserva Bahía Jobos en Salinas, sin duda es razón para indignación, consternación y acción. Sin embargo, es importante señalar que este no es un caso aislado y que la reflexión debe ser más profunda, ya que Salinas es un triste reflejo de construcciones informales, que componen 55% de todas las construcciones en la Isla.
Si bien tiene méritos señalar el atropello al estuario en aproximadamente 20 cuerdas de terreno, se debe comprender que en toda la isla hay 2.3 millones de cuerdas. De estas, es alarmante que cerca de 205,000 corresponden a construcciones informales y 195,000 a construcciones formales, desarrollos o cascos urbanos. Si aspiramos a un mejor medio ambiente y entorno, tenemos que ser más juiciosos y pragmáticos con las 1.9 millones de cuerdas en la Isla que aún no han sido impactadas.
Resulta curioso que nadie entienda como en la Bahía de Jobos se les proveen servicios a construcciones ilegales cuando históricamente, los gobierno estatales y municipales han consentido a esta práctica en toda la Isla. Casos de construcciones informales arropan la Isla, desde la costa hasta las montañas, en residencias construidas de bloque en bloque por sus dueños sin planos, permisos o inspecciones y hasta negocios que nos gusta frecuentar operan ilegalmente en los paseos de las carreteras y hasta estructuras a orillas del mar. El famoso “ay bendito” no solo ha mirado hacia el lado en la Bahía de Jobos, sino en la Isla entera.
Aquellos cuyos deseos de vivienda o recreación no son atendidos por el desarrollo formal, optan por arriesgarse a pedir perdón, pues sienten que conseguir permisos, es tarea difícil, costosa y casi imposible. Mientras, los desarrollos y construcciones formales que dependen de permisos para que nuestros proyectos sean financiables y asegurables, algunos demoran años y otros nunca salen aprobados.
La mejor muestra del fracaso del sistema de planificación y permisos, y sus daños al ambiente, es el hecho de que el 54% de la población de la Isla no cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario. Peor aún, estudios señalan que el 90% de esa población tiene pozos sépticos inadecuados. Como resultado, 99% de las pruebas realizadas a las aguas en nuestros embalses y sobre 60% de las aguas costaneras y balnearios no cumplen con los criterios de calidad de agua, en especial para coliformes fecales.
Para los que llevamos años navegando el tortuoso proceso de planificación y permisos en la Isla, es obvio que existen visiones y fuerzas anti-desarrollo, de dirigismo gubernamental y con poco respeto hacia el derecho al uso y disfrute de la propiedad privada. Esta visión permea múltiples leyes y reglamentos, incluso el Plan de Uso de Terrenos. La timidez de nuestros gobernantes y la falta de una política pública firme de desarrollo económico, articulada y fundamentada en ciencia, no en temores electorales ni en las redes sociales, permea hasta los escritorios de los funcionarios responsables por la evaluación y otorgación de permisos. Esta ambivalencia de nuestros líderes muchas veces causa que a funcionarios les tiemble la mano cuando un proyecto de desarrollo formal busca atender demanda de vivienda, comercial o recreacional, aun cumpliendo con todo el mencionado exceso de leyes y reglamentos.
La experiencia nos dice que mientras nuestros políticos y el sistema vigente de planificación y permisos dificultan el desarrollo formal en cumplimiento de códigos de construcción y normas de seguridad elementales, la gente busca atender sus necesidades, su felicidad y sus anhelos, aunque sean al margen de la ley, de su seguridad y de protecciones o mitigaciones básicas al ambiente.
Seguir planificando para las gradas, al margen de realidades económicas, de las fuerzas de los mercados y la competencia global, le hace daño a Puerto Rico, a su ambiente y a su gente. Tenemos que ser honestos y reconocer que el marco legal y reglamentario vigente, caracterizado por marcada inherencia e intervención gubernamental, no ha servido para proteger el medio ambiente ni logrado agilizar los permisos y establecer una solidez económica que permita promover las necesidades y aspiraciones de nuestra gente. Los tiempos requieren un modelo radicalmente distinto al vigente y lograrlo requiere mayor sentido común y voluntad de nuestros políticos.
Esta pieza apareció originalmente en El Vocero
Rafael Rojo es expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Actualmente funge como el presidente y jefe ejecutivo de VRM Companies, una empresa líder en el desarrollo de bienes raíces y capacidades de mejora de la comunidad.
