El fiasco de la inmigración en la frontera sur no es la única crisis estadounidense en curso que implica un éxodo de hispanohablantes. Desde 2006, Puerto Rico ha sufrido un colapso económico y fiscal que ha provocado la emigración de casi un millón de personas al territorio continental de Estados Unidos, donde ahora viven más puertorriqueños que en la propia Isla.
Tras el impago oficial de Puerto Rico en 2017 -y la consiguiente saga que condujo a un rescate de facto en 2021-, la devastación económica ha sido tal que la Isla se enfrenta ahora a una escasez de trabajadores de la construcción, a pesar de su desesperada necesidad de reconstruir gran parte de sus infraestructuras tras una reciente racha de desastres naturales. Por su parte, las empresas puertorriqueñas también han denunciado una importante escasez de trabajadores cualificados.
Dado que la migración a Puerto Rico depende de las leyes federales de inmigración de Estados Unidos, las autoridades de la Isla poco pueden hacer para atraer a trabajadores extranjeros. A primera vista, esta situación parece absurda. Después de todo, la República Dominicana se encuentra a sólo 75 millas de la costa occidental del Estado Libre Asociado.
Debido a su relativa proximidad a otros países, su economía dolarizada y el uso del español, la Isla tiene un claro potencial para atraer a muchos de los trabajadores que necesita, tanto cualificados como no cualificados, de toda América Latina y el Caribe.
La medida que mejor puede solucionar la escasez de mano de obra en Puerto Rico también contribuiría en gran medida a aliviar los problemas a lo largo de la frontera con México. Como argumentaba recientemente Jason L. Riley en The Wall Street Journal, permitir que los estados expidan visados de trabajo dejaría las decisiones sobre inmigración en manos de los líderes locales, que suelen tener "un mejor conocimiento de su situación económica" y son más responsables ante los votantes que los burócratas del gobierno central. Al dar a los estados más autonomía sobre sus necesidades específicas de inmigración, se abrirían más vías legales para que los inmigrantes entraran en el país según las realidades de los mercados laborales locales.
Los visados de trabajo estatales, una idea planteada por primera vez en 2014 por estudiosos del Instituto Cato, vuelven a ser relevantes en varios estados que sufren escasez de mano de obra tras la pandemia. Por ejemplo, Utah solo tiene 44 trabajadores disponibles por cada 100 puestos de trabajo vacantes, según una encuesta de la Cámara de Comercio. La tasa de desempleo del estado es sólo del 2.2% y algunas empresas están reduciendo las horas de servicio debido a la incapacidad para contratar. La encuesta de la Cámara muestra que otros ocho Estados tienen menos de 50 trabajadores por cada 100 vacantes.
Como escribe David Bier, del Cato Institute, un sistema de inmigración descentralizado como el de Canadá "permitiría a las autoridades estatales o locales abordar los retos a los que se enfrenta su zona sin que esos problemas se convirtieran en crisis nacionales". Por otra parte, mantener el actual monopolio del gobierno federal sobre las normas de inmigración "significa, en última instancia, pasar por alto los problemas locales."
En su lugar, las categorías de visados federales existentes deben complementarse con una nueva clase de documento de entrada que permita a los titulares trabajar en un Estado o territorio concreto.
La Ley del Programa Piloto de Visados Patrocinados por el Estado 2019, presentada por el representante John Curtis (republicano de Utah), habría proporcionado "una herramienta adicional para conectar a los trabajadores con las industrias que más lo necesitan." Un proyecto de ley similar en el 118º Congreso también ayudaría a resolver la actual crisis fronteriza. Aunque el proyecto de ley de visados estatales de 2019 incluía al Distrito de Columbia, omitía a Puerto Rico. Si un nuevo proyecto de ley incluyera a Puerto Rico, daría al Estado Libre Asociado las herramientas que necesita para superar su actual déficit de mano de obra y la disminución de su población.
Con una población sustancialmente reducida y alquileres mucho más bajos que en el territorio continental de EE.UU., Puerto Rico parece especialmente bien posicionado para acoger a una nueva cohorte de trabajadores invitados legales, predominantemente hispanohablantes. Dar al Estado Libre Asociado y a los estados con escasez de mano de obra la opción de traer más inmigrantes será bueno tanto para la frontera como para la economía de Estados Unidos.
Esta pieza fue originalmente publicada en Ingles en The Hill.
