En los pasados días se han producido eventos que ilustran razones por las cuales no existe un clima que propenda al desarrollo y nos ayude a generar riquezas. Vivimos en una sociedad plagada de obstáculos para el ejercicio libre de la actividad económica, lo que dificulta que las y los puertorriqueños puedan convertirse en protagonistas de su quehacer económico y promotores de beneficios para todos.
El primer evento que genera consternación es el reclamo urgente de la Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICAM) a la Junta Reglamentadora de este producto para que “cierre la convocatoria abierta de licencias”. A MICAM le preocupa que la Junta tiene pendiente 311 solicitudes de licencias, las cuales, de aprobarse, “desplomarían” la actividad de los dispensarios existentes. Insólito, sencillamente insólito. Los supuestos beneficiarios del sistema capitalista y de la doctrina del laissez-faire que les permitió incursionar en este negocio, se retuercen ante el “daño” que enfrentarían, si a otros emprendedores se les permitiera hacer exactamente lo que a ellos se les permitió. En vez de competir con los nuevos entrantes al mercado por atraer la clientela, basándose en su capacidad de ofrecer un mejor producto a un mejor precio, pretenden prevalecer cerrando el acceso de progreso a otros puertorriqueños.
Los dueños de estaciones de gasolina que operan centros de inspección de vehículos de motor, adoptaron una postura similar en contra del mercado libre. Este grupo empresarial logró la aprobación de la Ley 8 de 2002 que, entre otras cosas, prohíbe que no se abran centros de inspección nuevos, uno frente a otro o en la cuadra próxima. Es decir, en Puerto Rico, el Estado ha ayudado a consolidar la hegemonía de los centros existentes, en vez de proteger al consumidor, facilitando la apertura de nuevas instalaciones, de modo que el público cuente con mayores opciones para obtener estos servicios. Esta actuación es todo lo contrario de lo que supone que ocurra en un sistema de libre mercado.
Pretender que los titulares de los inmuebles localizados en Puerta de Tierra no puedan disponer de sus propiedades y generar ganancias legítimas, vendiéndolas a quien deseen y a los precios que estimen pertinentes, es peligroso, opina Carlos Díaz Olivo. (Pablo Martínez)
Por otro lado, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez denunciaron la venta de propiedades a precios “inflados” en el área de Puerta de Tierra a inversores acogidos a los beneficios de la antigua Ley 22 de 2014, hoy Ley 60 de 2019. Los legisladores manifestaron oposición a la apertura en esta zona de establecimientos dirigidos al turismo y reclamaron detener estas ventas mediante la eliminación de los beneficios de esta legislación fiscal. Esa denuncia encierra ataques preocupantes a la libertad económica.
Pretender que los titulares de los inmuebles localizados en Puerta de Tierra no puedan disponer de sus propiedades y generar ganancias legítimas, vendiéndolas a quien deseen y a los precios que estimen pertinentes, es peligroso pues atenta contra derechos fundamentales garantizados por nuestro ordenamiento jurídico. El supuesto subyacente es que quien ostente el control del Estado puede prescribir cómo podemos disponer de nuestros bienes, pudiendo llegar a prohibir o restringir a quién podemos transferirlos y las condiciones en que podemos hacerlo. Esta postura promueve, además, división e intolerancia en la convivencia social, pues menosprecia y considera indeseables a ciertos “extranjeros”, particularmente a los estadounidenses. Su efecto final es atraso y pobreza social, porque sin un movimiento libre de personas y productos el desarrollo económico no es posible.
Como si los agravios a nuestras posibilidades de desarrollo pleno no fueran suficientes, el Municipio de San Juan promueve un nuevo código de orden público que limitaría la actividad de los negocios y el estipendio de bebidas en la ciudad capital hasta las 12:00 de la noche. Una vez más, se parte del supuesto de que permitir el libre movimiento de ciudadanos, el desarrollo de su iniciativa y ejercicio de su voluntad como consumidores resulta peligroso y corresponde al Estado, como supremo conocedor de lo correcto, intervenir para prohibirlo.
Estos cuatro ejemplos o modalidades de opresión ciudadana, fundadas en la restricción al libre ejercicio de nuestra actividad económica, imposibilitan que Puerto Rico pueda mejorar la calidad de vida y ampliar los ofrecimientos para nuestra población. Sin libertad económica no hay desarrollo pleno y tampoco libertad política e individual.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.