Edward Timmons propone revisar requisitos de las licencias ocupacionales para incentivar acceso al trabajo.
En Puerto Rico, se identifican al menos 13 ocupaciones que solo requieren licencia en la isla, mientras que en Estados Unidos ninguna obligación similar existe, escribe Edward Timmons. (Shutterstock)
Puerto Rico necesita más trabajadores y una verdadera reforma de licencias ocupacionales puede ayudar. La Isla está rezagada respecto a Estados Unidos en cuanto a participación en la fuerza laboral: solo el 45% de las personas trabaja o busca empleo activamente. Esta cifra es casi 20 puntos porcentuales menos que el promedio estadounidense.
Puerto Rico no puede permitirse mantener regulaciones innecesarias que dificultan el acceso al trabajo; y eso es exactamente lo que hacen las leyes de licencias ocupacionales. Estas leyes prohíben a la gente trabajar si no cumplen unos requisitos mínimos, que suelen incluir niveles específicos de educación y adiestramiento, la aprobación de exámenes y el pago de tarifas. Aunque en algunos casos se pueden presentar argumentos válidos a favor de las licencias ocupacionales, a menudo estas se utilizan para restringir la competencia y proteger a los profesionales ya establecidos.
Al hacer más costoso el proceso de comenzar a trabajar, estas exigencias podrían desalentar a las personas en Puerto Rico a buscar empleo. La investigación económica respalda esta hipótesis: dos estudios publicados que demostrado que las licencias ocupacionales restrictivas reducen la oferta de trabajadores en más de un 25%.
Un reciente informe que coescribí junto con el Dr. Ángel Carrión-Tavárez y el Dr. Dick M. Carpenter II identifica 13 ocupaciones que solo tienen licencia en Puerto Rico. Si ningún estado federado exige licencia para ejercer esas ocupaciones, es difícil justificar por qué debe requerirse en Puerto Rico.
También es importante destacar que la concesión de licencias ocupacionales no es la única forma de regular estas profesiones y mantener seguros a los ciudadanos puertorriqueños. Hay formas mejores y más eficaces de regular que no tienen los mismos costos que la concesión de licencias. La certificación privada, por ejemplo, es una forma excelente de proporcionar a los consumidores la información que necesitan para elegir a los proveedores de servicios. El propio mercado es también un regulador excelente: los proveedores de servicios deficientes no duran mucho tiempo en el negocio, ya que hoy en día la reputación de cualquier profesional se puede consultar fácilmente desde un teléfono inteligente.
Afortunadamente, en Puerto Rico se está considerando legislación que podría ayudar, aunque todavía hay espacio para mejorar. La Ley Núm. 3 del 9 de abril de 2025 ayuda a ciudadanos puertorriqueños que buscan rehacer sus vidas tras cometer errores en el pasado, al facilitarles la obtención de una licencia. El empleo digno se reconoce ampliamente como una de las formas más eficaces de reintegrarse a la sociedad. Esta ley abre esa posibilidad para licencias emitidas por el Departamento de Salud y el Departamento de Estado, pero excluye más de 40 licencias ocupacionales que emiten otros departamentos. La reforma tendría un mayor impacto si se incluyeran todas las agencias.
El P. del S. 6 atiende uno de los problemas más difíciles creados por las licencias ocupacionales al facilitar que un puertorriqueño pueda transferir su licencia de EE. UU. a Puerto Rico. Si un médico o enfermero con experiencia se muda a Puerto Rico, no podrá trabajar de inmediato; incluso podría enfrentar largos retrasos para convalidar su licencia de EE. UU. Aún peor, podría verse obligado a completar educación o adiestramiento adicional. Esto no tiene sentido—especialmente cuando la Isla necesita con urgencia más profesionales de la salud y trabajadores especializados. Ya 28 estados han aprobado reformas similares. El P. del S. 6, sin embargo, no va lo suficientemente lejos, pues da demasiado peso a la educación y el adiestramiento que el profesional haya completado—posiblemente décadas atrás—en lugar de enfocarse en su campo de práctica actual y su experiencia laboral. Dieciocho estados de EE. UU. ya adoptaron este enfoque más práctico.
El P. del S. 275 eliminaría varias de las ocupaciones que están licenciadas exclusivamente en Puerto Rico. Esto sería un paso en la dirección correcta, pero la Isla también cuenta con muchas otras licencias que rara vez se exigen en EE. UU. Eliminar requisitos innecesarios de licenciamiento no pondrá en riesgo la seguridad pública; por el contrario, esta reforma puede aumentar la participación laboral y fomentar la competencia, brindando a los consumidores más opciones y potencialmente mejores servicios.
Para que Puerto Rico inicie el camino hacia la prosperidad, necesita acoger a nuevos trabajadores—no ponerles obstáculos—. La Isla no puede seguir manteniendo barreras innecesarias que impiden a las personas ganarse la vida honradamente. Los legisladores están dando los primeros pasos, pero se necesita una reforma más audaz. Nuestro informe sienta las bases para una verdadera reforma que puede mejorar la vida de todos los puertorriqueños.
El Dr. Edward Timmons es catedrático asociado de Economía y director fundador del Knee Regulatory Research Center de West Virginia University. También es investigador sénior del Archbridge Institute.
Una versión abreviada de esta columna se publicó originalmente en El Nuevo Día.
