Hoy más que nunca hay más americanos trabajando en ocupaciones que requieren una licencia estatal.[i] El aumento en regulaciones ocupacionales ha levantado preocupaciones sobre si esta práctica es conveniente para la fuerza laboral de los estadounidenses. La escasez de empleos a través de los Estados Unidos de América ha motivado a los estados a impulsar procesos de reforma en el sistema de licencias ocupacionales.[ii] Esta iniciativa de reforma ha sido liderada por centros de pensamiento (think tanks), gobernadores, y las pasadas administraciones de Barack Obama y Donald Trump.[iii]
Foto: Grasroot Institute of Hawaii
Para los 1950 el porcentaje de los trabajadores americanos que poseían una licencia ocupacional era alrededor de 5 por ciento.[i] En el 2018, según el U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS, por sus siglas en inglés), aproximadamente 22 por ciento de la fuerza laboral de los Estado Unidos poseía una licencia ocupacional para poder trabajar.[ii] Del mismo modo, el porcentaje de trabajadores licenciados varía de estado a estado, pues en cada uno de ellos los requisitos y procesos para obtener una licencia ocupacional para el mismo trabajo puede cambiar. Esta falta de uniformidad entre los estados dificulta a las personas con licencias ocupacionales el poder mudarse a otros estados y ejercer su oficio sin limitaciones usando un sistema de “reciprocidad”. En otras palabras, uniformando los requerimientos de licenciamiento a través de los estados.
Uno de los problemas más grandes que presenta la regulación ocupacional es cuando se regulan los empleos de manera onerosa, caprichosa y arbitraria. En ocasiones, grupos de interés especial, influyen sobre las regulaciones gubernamentales para controlar la oferta y así, sostener y elevar los precios. Inclusive, en ocasiones, son los grupos de interés que luego son nombrados a las Juntas Examinadoras que administran la regulación ocupacional correspondiente y toman determinaciones sobre la carga en la regulación de esta. De tal modo, se le imponen barreras y costos significativos a los trabajadores, empleados y empleadores, así como a la economía en general, sin generar beneficios medibles a la sociedad.[iii] En un reporte publicado por el Institute for Justice en el 2018, se encontró que: el licenciamiento tuvo un costo nacional de hasta 2 millones de empleos; el costo monetario de licenciamiento fue entre $6.2 y $7.1 mil millones; y los recursos mal asignados tras la concesión de licencias se estimaron en un costo nacional entre $184 y $197 mil millones anuales.
Otras problemáticas son que algunas de las ocupaciones solo se regulan en pocos estados, las mismas ocupaciones tienen requisitos de capacitación diferentes en otros estados, y los requisitos de licenciamiento no siempre están alineados con las cuestiones de salud o seguridad pública.[iv] En el caso de Puerto Rico, entre el 2016 y 2022 la tasa de desempleo ha fluctuado de 11.8 a 6.4 por ciento.[v] Esto considerando que, en la Isla, aún no se han llevado a cabo reformas sobre licencias ocupacionales que reduzcan la cantidad de oficios regulados y algunas de las cargas que estos presentan al consumidor, los empleados y empleadores. Si ya se hubiesen llevado a cabo dichas reformas, hoy el porcentaje de desempleo fuese menor. Lo anterior considerando que las cargas para ejercer un oficio regulado fuesen menores, por ende, fomentándose mayor libertad económica.
El reporte “A Look at Occupational Licensing Reform Across the United States” del Arkansas Center for Research in Economics (ACRE, por sus siglas en inglés) expone cómo estados como Michigan, Arizona, Florida, Utah, Nebraska, entre otros, ya han llevado a cabo reformas sobre licencias ocupacionales. Por ejemplo, en Michigan se creó el Comité Asesor de Reglas de Licencias Ocupacionales quien evaluó 87 ocupaciones. De las ocupaciones evaluadas se eliminaron seis y se redujeron las horas para obtener la licencia de barbería. Entre las licencias que el comité recomendó eliminar se encontraban la de acupunturistas, subastadores, dietistas y nutricionistas, planificadores comunitarios, entre otros. Por otra parte, entre 2016 y 2017 el gobernador de Arizona, Doug Ducey, hizo un llamado para reformar el sistema de licencias ocupacionales. En dicho esfuerzo se eliminaron cinco licencias, se estableció un requisito de revisión gubernamental para mandatos de licencias, y se aprobó la Ley del Derecho a Ganarse la Vida creando una causa para impugnar regulaciones ocupacionales.[vi] Además, desde el 2015, 39 estados han reformado sus leyes de licencias ocupacionales para facilitarle a exconvictos conseguir empleo en ocupaciones reguladas.[vii] Sin embargo, en Puerto Rico aún no se ha llevado a cabo una reforma como la anterior.
Quienes tienen las herramientas a su disposición para llevar a cabo estas reformas y reducir el desempleo son los creadores de política pública. Los creadores de política desarrollan y modelan estos sistemas revisando periódicamente los requerimientos de leyes existentes y propuestas a luz de sus beneficios y riesgos de salud y seguridad pública; proponiendo estrategias o guías de principios para mejorar la manera de abordar las regulaciones profesionales; estableciendo y modificando los requisitos de licenciamiento para ocupaciones específicas, entre otros.[viii] La segunda edición del reporte “The Evolving State of Occupational Licensing Research, State Policies and Trends” del National Conference of State Legislatures (NCSL, por sus siglas en inglés) expone cómo los creadores de políticas estatales han tomado un rol activo en el proceso de reforma de licencias ocupacionales con la meta de impulsar el crecimiento económico y las oportunidades de empleo. En el 2017 la Administración de empleo y capacitación del Departamento de Trabajo, le otorgó fondos al NCSL para un proyecto de tres años para asegurarse que los requisitos de licencias no fueran excesivamente complejos, y mejorar la portabilidad interestatal de algunas licencias ocupacionales.[ix] En el proyecto de licencias ocupacionales se integraron 16 estados para formar un consorcio de aprendizaje y asistencia técnica para estudiar y proponer reformas. Los Estados son: Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Nevada Utah, Wisconsin, Idaho, Oklahoma, Nuevo Hampshire, North Dakota y Vermont.
Las investigaciones han demostrado que las licencias ocupacionales frecuentemente no cumplen con la intención de asegurar la calidad del servicio, la seguridad y la salud pública de las personas involucradas. Por lo anterior es fundamental que se atiendan las problemáticas que se generan mediante el sistema de regulación ocupacional.
[i] Arkansas Center for Research in Economics. (2018). A look at occupational licensing reform across the United States. University of Central Arkansas. https://uca.edu/acre/occupational-licensing-reform-across-the-united-states/
[ii] National Conference of State Legislatures. (2019). The evolving state of occupational licensing: research, state policies and trends, 2nd edition. https://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/employ/Occu-Licensing-2nd-Edition_v02_web.pdf
[iii] ACRE. (2018).
[iv] Nunn, R. (2016). Occupational licensing and American workers. The Hamilton Project. https://www.brookings.edu/research/%20occupational-licensing-and-the-american-worker/
[v] U.S. Bureau of Labor Statistics. (2019). 2018 data on certification and licenses. https://www.bls.gov/cps/certifications-and-licenses.htm.
[vi] ACRE. (2018).
[vii] Carpenter, D. M., Sweetland, K., Knepper, L., & McDonald, J. (2017). License to work: A national study of burdens from occupational licensing.
[viii]Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. (2022). Empleo y Desempleo en Puerto Rico: Encuesta de Grupo Trabajador. http://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Grupo%20Trabajador/2022/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO%20EN%20PUERTO%20RICO%204.pdf
[ix] ACRE. (2018).
[x] Institute for Justice. (s.f.). State Occupational Licensing Reforms for Workers with Criminal Records. Recuperado de https://ij.org/legislative-advocacy/state-occupational-licensing-reforms-for-people-with-criminal-records/
[xi] ACRE. (2018).
[xii] NCSL. (2019).
