La semana pasada, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo federal a cargo de supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico, revivió el debate en torno a la eliminación del impuesto a los inventarios. El impuesto a los inventarios representa un costo de hacer negocios a los comerciantes que tienen que tributar por los productos que tienen almacenados, independientemente de si venden o no la mercancía. Es decir, si un empresario tiene un inventario de alimentos valorado en $1 millón y tiene que pagar 6% de impuesto, este tendrá que pagar unos $60,000 por concepto del impuesto al gobierno municipal donde opera.
Si al año siguiente, ese empresario todavía retiene $500,000 de la misma mercancía de ese inventario, tendrá que volver a pagar el 6%, o sea $30,000 adicionales a los $60,0000 que ya pagó el año anterior. Así las cosas, el impuesto a los inventarios tiene varios efectos. El primero es que desalienta a importadores y distribuidores, a mantener ciertos niveles de bienes y mercancías en Puerto Rico. En consecuencia, cuando ocurren desastres naturales surge la escasez de algunos productos.
El impuesto a los inventarios representa un costo de hacer negocios a los comerciantes que tienen que tributar por los productos que tienen almacenados, independientemente de si venden o no la mercancía. (El Nuevo Día)
En segundo lugar, el impuesto quita eficiencia a la cadena de distribución, esencial para una isla altamente dependiente a la importación. Por último, la gran mayoría de los distribuidores pasan el costo del inventario en los precios finales que paga el consumidor. Así las cosas, el gran perdedor de este impuesto, es la gente que tiene que pagar precios más altos por los productos.
Suicidio político eliminar el impuesto a los inventarios.
Por mucho tiempo, economistas, contadores públicos autorizados y líderes empresariales han promovido la eliminación del impuesto a los inventarios, pero los alcaldes han resistido estos intentos, alegando que necesitan sustituir los ingresos que genera el impuesto a la propiedad mueble ($490 millones) a los municipios con algún otro mecanismo impositivo. Las diversas legislaturas recientes, han mirado para el lado ante las propuestas de eliminar el impuesto a los inventarios, por la presión de los alcaldes que son los jefes políticos de los legisladores. Para cualquier legislador de los dos partidos tradicionales sería suicidio político recomendar derogar este tributo sin proponer una sustitución de los ingresos que genera.
La discusión parece obviar varios aspectos importantes. En primer lugar, con la aguda pérdida poblacional, ¿necesita Puerto Rico 78 municipios? Ante la quiebra del gobierno central, ¿no sería apropiado comenzar a consolidar municipios en consorcios regionales? ¿Por qué los agobiados consumidores tienen que seguir pagando al final de la cadena en la forma de precios más altos? Como todos los temas relevantes, la discusión siempre se va por la tangente y la demagogia. Siempre habrá pretextos para dejar las cosas como están, aunque en el largo plazo sea insostenible. El auge del comercio digital irá erosionando la base tradicional de recaudos vinculados al impuesto a los inventarios. Más temprano que tarde, una combinación de factores demográficos, económicos y tecnológicos harán obsoleto este impuesto y muchos municipios caerán de manera irreversible en la insolvencia.
La quiebra gubernamental nos condena a altos impuestos.
Mas allá de la discusión en torno a la eliminación del impuesto a los inventarios, el mal de fondo que enfrentamos como sociedad, a futuro, es que la quiebra del gobierno central y sus principales corporaciones públicas, hacen inviable -al menos a corto plazo- la reducción de otros impuestos o la implementación de una reforma contributiva integral. A pesar de que la actual administración ha propuesto mediante legislación, en dos ocasiones, implementar alivios contributivos por cerca de $550 millones, la JSF ha levantado objeciones.
El organismo federal alega que cualquier medida de alivios tiene que ser fiscalmente neutral, es decir, un dólar en reducción de ingresos contributivos debe ir de la mano de un dólar en la reducción de gastos, o que se genere nueva actividad económica que compense inmediatamente los ingresos fiscales dejados de ganar por el gobierno. La JSF parece enfocada en asegurar la integridad de los ingresos fiscales para honrar el pago de la deuda reestructurada a futuro. Mientras que, en la Asamblea Legislativa, las medidas para aliviar la carga contributiva han sido bombardeadas por la oposición política para no conceder una victoria al Gobernador.
Así las cosas, los comerciantes y los ciudadanos seguiremos condenados a altas cargas contributivas y tendremos que seguir pagando el impuesto a los inventarios, la segunda tasa corporativa más alta del mundo (37.5%), un IVU de 11.5%, el más alto de los Estados Unidos, así como una alta tasa de contribución sobre ingresos en el caso de los individuos (33%).
A corto plazo, la única salida es que la propia JSF defina servicios esenciales y comience a reducir agencias gubernamentales y reducir gastos para devolver los ahorros al pueblo mediante alivios contributivos. La otra alternativa ya la tomaron los 600,000 puertorriqueños que emigraron buscando reducir su carga contributiva y una mejor calidad de vida.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
