Puerto Rico y la fábrica de pobreza

8/4/09 TOA BAJA, Residentes de Villa de Sol, quienes serán desalojados ya que se encuentran en terrenos invadidos, en la foto. (El Nuevo Día/Mariel Mejía Ortiz).

La pobreza en Puerto Rico continúa como un tema sin mucha atención pública y carente de políticas públicas para atenderlo. Quizás la abundancia de ayudas estatales y federales ha creado la falsa percepción de que en la isla se ha erradicado ese mal social. La pobreza es una condición de vida en la que al ser humano se le privan sus derechos económicos, impidiéndole desarrollarse como persona y poseer de aquellos elementos materiales como ropa, alojamiento, agua potable y comida que son netamente necesarios para poder subsistir.

Durante la segunda mitad del siglo XX (1950 – 2000), periodo en el cual la economía logró tasas sostenidas de crecimiento, la pobreza pareció reducirse gradualmente. De una pobreza extrema, el “milagro económico” permitió la movilidad socioeconómica vertical, y en la década del 1970 la tasa de pobreza se ubicó en 62.8%. Eventualmente, entre 1980 y el año 2000, se redujo de 59.8% a 44.6%.

Durante las pasadas dos décadas, el estancamiento económico que ha experimentado la isla ha evitado que la tasa de pobreza mantuviera un ritmo descendente. En la actualidad, la tasa de pobreza federal se encuentra en 39.8%, según datos del 2021 del Negociado del Censo federal.

Otro dato significativo es que el índice Gini en Puerto Rico, instrumento que mide la distribución del ingreso en una sociedad, refleja un valor de .55, el más alto en todo Estados Unidos. Mientras más cercano a 1, mayor desigualdad con respecto al ingreso. Para ese año, en el continente, el índice Gini fue de .48, siendo el Distrito de Columbia la jurisdicción con el índice más alto luego de Puerto Rico, con .52.

El rezago socioeconómico con respecto a Estados Unidos es preocupante

Hoy, Puerto Rico continúa como la jurisdicción más pobre de todo Estados Unidos según los estándares federales. Según los parámetros actuales, una familia compuesta por cuatro personas con un ingreso igual o inferior a $26,500 anuales se encuentra bajo el umbral de pobreza. Bajo esa definición, cuatro de cada 10 familias en Puerto Rico vive en desventaja socioeconómica.

La situación de la pobreza es preocupante si se toma en cuenta que el nivel de pobreza en Estados Unidos, nación de la que formamos parte, es de 14.4%. Puerto Rico es todavía más pobre que los estados más rezagados del continente, como Mississippi (18.7%), Luisiana (17.8%), Nuevo México (16.8%) y Alabama (14.9%), entre otros.

Claramente, la pobreza estructural que experimenta el 40% de la población puertorriqueña mantendrá un rezago permanente con respecto a nuestros conciudadanos en el norte y representa un escollo a cualquier decisión que tome el Congreso federal con respecto al futuro político de la isla. La dualidad socioeconómica parece tener su raíz en el fracaso del modelo económico, las políticas públicas asistencialistas y el hecho de que el estado benefactor también ha fracasado.

Políticas públicas que fabrican pobreza

La pobreza que experimenta la isla está anclada en políticas públicas que lejos de resolverla, la expanden y profundizan. En primer lugar, el sistema de educación pública ha sido tirado a pérdida por la clase política puertorriqueña. Los millonarios recursos fiscales asignados al Departamento de Educación ($2,800 millones) lejos de llegar al salón de clases, se quedan a mitad de camino, en contratos que en nada ayudan a la gestión educativa. El resultado es que, el sistema educativo -lejos de proveer herramientas para que los jóvenes puedan acceder a la universidad y lograr movilidad socioeconómica- forma nuevas generaciones de estudiantes rezagados y marginados en el círculo vicioso de la pobreza.

En segundo lugar, por décadas, el estado prefirió promover las ayudas económicas locales y federales como respuesta a la pobreza. El resultado ha sido que, en vez de que las asistencias sean un mecanismo temporal de transición hacia la autosuficiencia, estas se han convertido en un poderoso incentivo que desalienta el trabajo y el progreso económico de las personas.

El estado ha preferido ejercer su rol paternalista hacia el 40% de la población que vive bajo el nivel de pobreza como un mecanismo de control social y político. Las ayudas económicas envueltas en un discurso populista se han convertido en un poderoso instrumento electoral. Ayudas a cambio de votos han sido un poderoso binomio en la política insular desde tiempos ancestrales.

Por último, la narrativa esbozada por el estado y la clase política que castiga al que progresa y criminaliza la creación de riqueza, sellan la receta para el fracaso socioeconómico de la isla que una vez fue modelo de transformaciones industriales y económicas.

En momentos en que la chequera del gobierno federal da señales de fatiga e inviabilidad financiera, me parece que el mensaje está más que claro: urge buscar rutas alternas para erradicar la pobreza y hay que construir un nuevo paradigma fundamentado en la educación, el trabajo y en la producción.

Este articulo de opinión apareció originalmente en El Nuevo Día.

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