Crédito de la foto: Brad Clinesmith (Licencia CC BY-SA 2.0)
El mes pasado, los arquitectos de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) pudieron ver los frutos de su trabajo. La jueza federal Taylor Swain dio el visto bueno judicial al plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico, tras años de duras negociaciones y litigios. Esto allana el camino para la mayor reestructuración de la deuda del sector público en la historia de Estados Unidos y la eventual salida de la Junta de Supervisión y Administración Financiera de la Isla.
La reacción de los principales actores de esta saga de negociación y litigio ha sido en su mayoría positiva, y la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresco, declaró en un comunicado: “Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico. Hoy, Puerto Rico puede comenzar a pasar la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento”. El gobernador Pedro Pierluisi se sumó afirmando que “el acuerdo, aunque no perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a nuestros pensionados, a la Universidad y a nuestros municipios, que sirven a nuestro pueblo”.
El triunfalismo político de algunos de estos actores tiene algo de mérito, ya que el plan reduce una parte considerable de las obligaciones de la deuda de Puerto Rico y ahorra miles de millones de dólares en pagos de deuda. Un logro importante para un gobierno del Estado Libre Asociado que, en mayo de 2017, declaró al mundo que no podía cumplir con sus obligaciones con los bonistas y los sistemas de pensiones. A pesar de este triunfalismo, los problemas estructurales y una cultura política que opera fuera de la realidad fiscal hacen que Puerto Rico vuelva a encontrarse en el mismo lío fiscal que, por ahora, ha dejado atrás.
El plan de ajuste ha reestructurado las deudas de Puerto Rico, pero no se han llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para una economía y unas perspectivas fiscales sanas. Estas reformas que van desde el trabajo y la regulación hasta la infraestructura y la energía, junto con una visión a largo plazo de la economía son necesarias para que la Isla evite el incumplimiento en el futuro. Las diferencias ventiladas en una reunión reciente de la Junta de Supervisión Fiscal muestran que la mayoría de sus miembros no confían en que los políticos de la Isla emprendan tales reformas. Esto no debería sorprender cuando las noticias locales revelan una cultura política desconectada de las realidades fiscales de la Isla.
Un ejemplo de esta cultura es la promesa del actual gobernador de llevar a cabo una reforma fiscal para reducir los impuestos y hacer que la Puerto Rico sea competitivo. Este tipo de reforma en otras circunstancias sería un desarrollo bienvenido, particularmente para una economía que enfrenta una dura competencia de los países del Caribe y América Latina; pero un Estado Libre Asociado que acaba de salir de una bancarrota el Título III y tiene compromisos financieros considerables no debería reducir sus tasas impositivas.
Además, ha habido debates y protestas recientes para aumentar los salarios de algunos trabajadores del sector público, como maestros, policías y bomberos, por encima del nivel acordado en el plan de ajuste. Este importante personal del sector público merece una mejor paga; los salarios base de estos trabajadores no se han incrementado en años y hay un precio fiscal necesario para retenerlos.
Con este fin, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley 413 para aumentar el salario base de los maestros; sin embargo, a menos que se puedan identificar fondos públicos adicionales, una jurisdicción como Puerto Rico, con una situación fiscal delicada y saliendo de un proceso de quiebra, no debería estar en el negocio de los aumentos salariales no financiados.
Estos ejemplos son un pequeño atisbo de cuán alejada esta la cultura política puertorriqueña de sus realidades fiscales. A menos que haya un cambio importante en esta cultura política, que considera que el gasto público elevado y el gobierno son la solución mesiánica para todos los problemas que enfrenta la Isla, Puerto Rico volverá a deslizarse hacia el desorden fiscal.
Evitar un retorno a las circunstancias que llevaron a Promesa requiere cambiar la cultura política y basarla en dar un voto de confianza a la capacidad de los puertorriqueños para manejar sus asuntos privados. Esto significa políticas que enfatizan el espíritu empresarial, la libre empresa y un estado cuyo papel se limita a lo que es esencial para que los individuos vivan dentro de una comunidad.
El plan de ajuste y la salida de Puerto Rico de la bancarrota es un avance bienvenido; no obstante, sin reformas estructurales y cambios en la cultura política hacia la confianza en individuos libres, el Estado Libre Asociado probablemente se volverá insolvente dentro de una década. A la luz de esta experiencia, los legisladores del Capitolio deberían comenzar a prepararse para otra Promesa.
Ojel L. Rodríguez Burgos es profesor de relaciones internacionales en la Universidad Sagrado Corazón y estudiante doctoral en la Escuela de Relaciones Internacionales de St. Andrews University. Sus comentarios políticos han aparecido en The Hill, The Washington Examiner y Forbes. Síguelo en Twitter: @ojelrodriguez.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
_(cropped).jpg){kind=link}