Un análisis integral de impuestos federales, estatales y municipales desmiente la creencia de que los residentes de Puerto Rico pagan menos que quienes viven en los 50 estados.
El Instituto de Libertad Económica publicó el informe Los impuestos en Puerto Rico: estructura, carga tributaria y comparación con Estados Unidos, una investigación a fondo que examina los impuestos recaudados en la Isla y los compara con los sistemas contributivos de los 50 estados. El estudio —realizado por el Dr. Ángel Carrión-Tavárez y el economista Edwin R. Ríos— analiza la estructura del sistema contributivo puertorriqueño, sus niveles de recaudo, el peso fiscal que enfrentan los residentes y otros indicadores relevantes para comprender su complejidad y alcance.
El informe detalla que el impuesto sobre ingresos a individuos en Puerto Rico representa el 21.2% del total de los recaudos. Este tributo destaca por su progresividad y por la elevada dependencia de un grupo reducido de contribuyentes. En 2023, unas 495,516 personas —equivalentes al 40.1% de las planillas rendidas— no tuvieron responsabilidad contributiva. Quienes reportaron ingresos de hasta $40,000 (63.0% de las planillas) aportaron el 9.2% de la recaudación, mientras que aquellos con ingresos superiores a $100,000 —apenas el 7%— pagaron más del 62.2% del total, lo que evidencia una marcada concentración fiscal en ese segmento.
El sistema tributario de Puerto Rico tiene también una alta dependencia de los impuestos al consumo y a las corporaciones, que en conjunto aportan el 69.6% de los ingresos estatales y municipales. En el caso de las corporaciones, la carga fiscal representa una diferencia notable frente a EE. UU. con una proporción 4.4 veces mayor en la Isla. Por otro lado, los impuestos sobre la propiedad tienen una participación significativamente inferior (7.3% versus 27.4%), lo que refleja una baja valorización catastral, una menor presión fiscal sobre la propiedad inmueble y una limitada capacidad institucional para su fiscalización.
Además de los impuestos estatales y municipales, los residentes de Puerto Rico tributan miles de millones de dólares cada año al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este hecho contradice la idea errónea de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales. En el año fiscal 2023, la tributación federal en la Isla ascendió a $5,390 millones —una cifra comparable a la registrada en Vermont—. De esta cantidad, $3,674 millones correspondieron a aportaciones al seguro social y $1,716 millones, a otras categorías impositivas como los derechos de aduana, los ingresos, el patrimonio, las telecomunicaciones y la transportación aérea. El total de impuestos federales, estatales y locales pagados en Puerto Rico en 2023 fue $23,281 millones.
La percepción de que los residentes de Puerto Rico pagan menos impuestos que quienes viven en los 50 estados no se sostiene ante la evidencia. "La carga tributaria combinada —federal, estatal y municipal— asciende en Puerto Rico a 18.2% según el PIB y a 23.9% según el PNB. Esta última cifra es mayor que la registrada en 12 estados, equivalente a la de 2 y apenas un punto porcentual inferior a la de otros 10; en consecuencia, incluso con una tributación federal parcial, la presión fiscal que enfrentan los residentes de la Isla resulta comparable o superior a la de 24 estados donde se pagan todos los impuestos federales", afirmó Carrión-Tavárez.
"En la distribución de los impuestos recaudados en los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, llama la atención que en Puerto Rico se paguen desproporcionadamente más impuestos al Gobierno estatal e incluso al Gobierno federal que al municipal; y que este último —el nivel más cercano a la ciudadanía— represente solo el 9.9% del total recaudado. Por cada $1.00 que los residentes pagan en impuestos municipales, pagan aproximadamente $6.74 al Gobierno estatal y $2.33 al Gobierno federal. Esta distribución refleja una estructura tributaria marcadamente centralizada", señaló Ríos.
El informe revela que el sistema contributivo de Puerto Rico se caracteriza por una arquitectura legal dispersa entre numerosas leyes y enmiendas, una elevada segmentación normativa y una limitada disponibilidad de datos. Por ejemplo, el Código Municipal faculta a los municipios a crear impuestos o cargos especiales mediante ordenanzas municipales; pero los recaudos correspondientes no fueron detectados en los datos del CRIM u otra entidad gubernamental. Asimismo, pese a la existencia de una ley para garantizar el acceso ciudadano a información de interés público, persiste una marcada falta de transparencia.
Este estudio llena un vacío en la literatura fiscal al ofrecer, por primera vez, una visión integral del sistema contributivo de Puerto Rico y su comparación con el de los 50 estados. "Los hallazgos no solo refutan creencias erróneas sobre la carga tributaria que pesa sobre los residentes de la Isla, sino que también aportan datos inéditos que pueden guiar la formulación de políticas públicas más equitativas y efectivas. En definitiva, el informe constituye una herramienta accesible y abierta a futuras actualizaciones y expansiones, para comprender y mejorar el entorno fiscal y económico de Puerto Rico", concluyó Carrión-Tavárez.
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