El Lcdo. Rivera opina que "de un lado, [está] la gente que trabaja declara cada dólar y cumple con la ley; del otro, quienes operan en la sombra".
El Exsecretario del Departamento del Trabajo nos dice que de 3.2 millones de personas residiendo en Puerto Rico, sólo 1.16 millones trabajan en la economía formal, mientras la participación laboral ronda un 44.9 %. (Foto: InDiario)
En Puerto Rico habitan aproximadamente 3.2 millones de personas, según el State Data Center (SDC-PR). De ellas, sólo 1.16 millones trabajan en la economía formal, mientras la participación laboral ronda un 44.9%. Esta brecha evidencia una desigualdad creciente entre quienes sostienen al fisco con sus contribuciones y quienes, sin aportar o haciéndolo mínimamente, exigen y disfrutan los mismos servicios públicos.
Esa realidad ha dividido a Puerto Rico en dos frentes de batalla: de un lado, la gente que trabaja declara cada dólar y cumple con la ley; del otro, quienes operan en la sombra, no reportan ingresos y se benefician de ayudas diseñadas para que sean transitorias, pero se perpetúan como un estilo de vida. Esto alimentado por un discurso que a veces criminaliza al empresario y glorifica el recibir compensaciones sin trabajar, empuja a muchos a la economía informal y acentúa una guerra silenciosa donde, por ahora, los evasores llevan una marcada ventaja.
La pobre fiscalización de ciertas ayudas e incentivos facilita esa economía subterránea: es posible recibir subsidios de alimentos o vivienda y, al mismo tiempo, generar ingresos que no se reportan. Mientras tanto, el comerciante que cumple se ve forzado a pagar más y afrontar trámites cada vez más onerosos para competir contra servicios que operan desde la economía subterránea, observados públicamente por todos. El resultado es una pérdida doble: menos recaudos para escuelas, hospitales, carreteras y servicios, así como una mayor frustración entre quienes sí cumplen con la Ley.
Pero esta batalla no la ganará Puerto Rico si la ciudadanía justifica la evasión como un “mal necesario” o “el gobierno es quien roba”, cuando estas acciones nos autoinfligen un daño a todos en la isla. Reclamar licencias o registros, formalizar un negocio, orientarse sobre permisos y rechazar la trampa y el truco son actos de solidaridad con los demás puertorriqueños que dependen de servicios esenciales y con el empresario puertorriqueño que apuesta por crecer dentro de la ley. Todo dólar correctamente declarado fortalece el camino hacia un Puerto Rico justo y próspero, actuar en contrario atenta contra nuestro desarrollo económico.
Esta batalla aún no ha culminado, la misma está en una etapa crítica, debemos tomar una determinación como Pueblo si queremos progresar y subsistir… ¿de qué lado estás tú?
El Lcdo. Carlos J. Rivera Santiago fungió como Secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Su trabajo como secretario fue crucial para la gestión de miles de reclamos de desempleo y subsidios de desempleo, especialmente durante la pandemia, ayudando a estabilizar las operaciones del departamento, detectar fraudes y facilitar la distribución de ayuda a los ciudadanos.
Este artículo fue publicado originalmente por InDiario.
