Los derechos de propiedad: una tarea pendiente en Puerto Rico

La existencia de derechos de propiedad claramente definidos es de vital importancia para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de cualquier sociedad. La literatura económica ha evidenciado, desde hace décadas, que un marco jurídico estable y con derechos de propiedad bien definidos y protegidos es una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico y la prosperidad. La existencia de propiedad privada sobre los recursos de un país permite que estos se asignen eficientemente en el mercado. Al tener todas las cosas un propietario, se posibilita que sean objetos de libre compraventa y que se apropien de ellos quienes más los valoren o quienes esperen obtener el mayor beneficio. Evidentemente, sin la existencia de estos derechos no podrían comprarse ni venderse estos bienes, pues, al no tener un propietario, los bienes serían de todos y de nadie al mismo tiempo, con todos los problemas que esto genera.

Como comenta Friedrich Hayek en su libro Capitalism, Morality and Markets, la propiedad privada no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una institución clave para el funcionamiento del mercado. Además, los derechos de propiedad sobre las cosas dotan de seguridad a sus dueños; en este sentido, el sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad, tal como lo esboza Hayek en Camino de servidumbre. Al saber que los propietarios dispondrán de dichos bienes de pleno derecho, se incentiva su cuidado y la inversión en ellos, dado que los beneficios o pérdidas derivados de su uso recaerán sobre los propios dueños; esto permite al individuo erigirse como agente moral dentro de la sociedad.

La existencia de un registro de propiedad es clave, principalmente para los bienes inmuebles, esto es, el suelo y las construcciones. Todo país necesita un organismo que permita registrar quién es el dueño de cada parcela de suelo, de cada edificio, de cada vivienda. Este organismo debe actualizarse a la máxima brevedad posible tras cada transacción, así como verificar antes de las mismas que una persona es propietaria de un inmueble antes de venderlo, etc. Esto permite a las personas estar seguras de que son dueñas de una propiedad —su vivienda, por ejemplo—, con la garantía de que nadie podrá quitársela o reclamarla y con la seguridad de que el cuidado de ella no será en vano, ya que cualquier mejora de esta podrá beneficiarle vía una revalorización de la propiedad. Esto no aplica a los inmuebles únicamente destinados a la vivienda. El estar seguro de disponer de una propiedad para la agricultura o la industria, por ejemplo, incentiva al propietario a invertir en la misma sabiendo que los beneficios serán para él, sin que nadie pueda expropiárselos.

Una vez introducida la importancia de los derechos de propiedad, analicemos esta cuestión en Puerto Rico. Si bien en la Isla la propiedad privada está reconocida como un derecho, su aplicación presenta algunos problemas. Según la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, unas 260 mil viviendas en Puerto Rico no tienen títulos de propiedad, bien porque fueron construidas ilegalmente o porque fueron construidas en terrenos de los que no eran propietarios y las viviendas no fueron registradas. Estos hechos evidencian que los derechos de propiedad sobre el suelo no están protegidos adecuadamente y que el Registro de la Propiedad de Puerto Rico no funciona lo suficientemente bien, al no dar constancia de muchas construcciones. Este problema se puso de manifiesto cuando, a raíz del Huracán María, muchas familias solicitaron ayudas a organismos públicos para reparar sus viviendas, ayudas que fueron denegadas al no poder demostrar su propiedad sobre los inmuebles.

Por otro lado, muchas personas muestran una gran reticencia a registrar sus propiedades, y las razones son diversas. Registrar una propiedad en Puerto Rico resulta una tarea muy costosa tanto en tiempo como en dinero. Según el Banco Mundial, en promedio se requieren ocho trámites, el proceso tarda 190 días y el costo supera el 1.5% del valor de la propiedad a registrar. Esto convierte a Puerto Rico en uno de los lugares donde es más difícil y oneroso registrar una propiedad, con las consecuencias económicas y sociales que ya hemos detallado al inicio del artículo.

Las implicaciones que esto tiene para los legisladores son diversas. En primer lugar, sería conveniente auditar y regularizar los derechos de propiedad sobre todas las construcciones y terrenos en la Isla, para actualizar el registro de propiedades de forma que refleje adecuadamente la realidad. Por último, una reforma del registro sería conveniente. Es necesario reducir burocracia para que conlleve menos tiempo registrar una propiedad, algo que podría hacerse mediante la unificación y digitalización de los trámites, así como mediante la agilización de los procesos dentro del propio registro. Los costes del proceso deberían reducirse, especialmente para las familias con menos recursos, de forma que registrar una propiedad no dañe gravemente sus finanzas.