Para comprender las instituciones gubernamentales y el grado de confianza de los constituyentes en el gobierno, es necesario conocer la trayectoria de su desempeño. Cuando las instituciones gubernamentales funcionan debidamente, facilitan la prosperidad y una alta calidad de vida construyendo capital humano, salud pública, seguridad y un ambiente fiscal saludable; esto hace que tengan la confianza de los ciudadanos. Ahora bien, cuando dichas instituciones ejercen sus funciones inadecuadamente, afectan de negativamente todo lo antes dicho incluyendo los mercados y, además, generan aversión y desconfianza (Newton & Norris, 2000).
Fachada del CDT Dr. Gualberto Rabell (Hoare), en Santurce >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO
El rol de las instituciones gubernamentales es, en esencia, proveer a la sociedad las condiciones adecuadas para el mejor funcionamiento del sistema económico y generar innovación y desarrollo (Rodríguez-Pose et al., 2014). Cuando dichas instituciones se encuentran en mal estado, se puede afectar la eficacia de las políticas, así como la estructura económica de un país (Rodríguez-Pose et al., 2014). Esto puede tener serias repercusiones en la aceptación social sobre las instituciones de gobierno; es fundamental, pues, que se incentive el desarrollo institucional para mantener mercados libres saludables y lograr el desarrollo. Una vez haya un mercado libre saludable, se impulsará el desarrollo mediante la creatividad, el emprendimiento y la innovación (Yueh, 2018).
La ausencia de marcos administrativos y regulatorios funcionales impide promover la inversión privada y el emprendimiento; por consecuencia, los mercados dejan de autorregularse y mantenerse competitivos. Los grupos de interés procuran políticas públicas que respondan intereses o protecciones personales sobre los intereses públicos; esto limita el desarrollo económico y promueve fallas en el mercado como la corrupción, el clientelismo, la caza de rentas y los subsidios corporativos.
El proceso de creación institucional en Puerto Rico fue liderado por el último gobernador estadounidense de la Isla, Rexford G. Tugwell, entre 1941 y 1946. En este proceso de creación institucional, Tugwell imaginaba una economía más diversa e integrada sectorialmente, con mayor capacidad de desarrollo autónomo (Marxuach, 2013). Esto era una respuesta al establecimiento de enclaves de inversión directa externa, modus operandi que ha condenado la economía de la Isla a la dependencia y la insostenibilidad económica; no obstante, esta plataforma institucional comenzó a desmantelarse en 1947 tras la aprobación de la primera ley de incentivos industriales (Marxuach, 2013).
Con esta ley se buscaba acelerar la industrialización de Puerto Rico, mediante la atracción de inversión extranjera promovida por las exenciones contributivas. Esta iniciativa fue herramienta clave en el desarrollo económico de Puerto Rico, contribuyendo a que la Isla pasara del subdesarrollo a un territorio económicamente desarrollado. Esta transformación hizo que las facilidades médicas aumentaran, la expectativa de vida incrementara de 46 a 76 años, más del 73% de las familias fuesen dueñas de viviendas y aumentara el porcentaje de individuos con educación académica superior (Amato, 2006). El problema de ese modo de desarrollo económico fue la alta concentración en una actividad económica específica, la posible desatención de actividades económicas primarias y la asignación de recursos no basada en las fuerzas de un mercado autodirigido. Según plantea Catalá Oliveras (2013), el resultado de estos enclaves de inversión directa externa generó insuficiencia en la creación de empleo, expatriación de las ganancias y degradación ambiental, entre otros males; esto produjo un estancamiento institucional en la Isla que desembocó en lo que se conoce como “encapsulamiento ceremonial”, un fenómeno mediante el cual la sociedad queda adoctrinada al orden y los valores vigentes (Catalá Oliveras, 2013). Dicho fenómeno impide la búsqueda de soluciones innovadoras a las problemáticas sociales, políticas y económicas de Puerto Rico hoy día.
Los diseños institucionalistas y el conjunto de instituciones de una sociedad “son la pieza clave que condiciona el desempeño económico” (Colón, 2019, p. 7). El marco institucional de Puerto Rico (leyes, reglamentos, procesos gubernamentales, organización del sector público, etc.) ha estado obsoleto y decadente por varias décadas, lo que ha fomentado mayor rigidez en los procesos burocráticos aumentado los costos transaccionales (Villamil, 2009). Para que haya desarrollo económico, es necesario que las instituciones gubernamentales —la seguridad pública, la salud pública, los servicios esenciales, los sistemas de reglamentación, entre otros— funcionen eficientemente (Santos Negrón, s.f., citado en Ramos, 2020); sin embargo, cuando se debilita el sistema de méritos del sector público, como en el caso de Puerto Rico, se produce una improductividad que genera el estancamiento institucional (Ramos, 2020). Esto ha provocado que el desarrollo económico de la Isla se vea coartado evitando el progreso de un libre mercado genuino y saludable. Los efectos de un marco institucional obsoleto pueden ser devastadores para el libre mercado y sus pilares: libertad individual, derecho de propiedad privada, estado de derecho y gobierno limitado y eficiente de un país. Dichos vacíos institucionales pueden fomentar formas de empresarismo destructivo e improductivo (Baumol, 1990).
Una de las deficiencias en los procesos y las regulaciones gubernamentales más engorrosas en Puerto Rico es el registro de propiedad. Registrar una propiedad en la Isla puede tardar aproximadamente 190 días y 8 procedimientos distintos para completar el proceso. Del mismo modo, según se expone en el Plan Fiscal de Puerto Rico 2021, los esfuerzos del gobierno en implementar las reformas de “ease of doing business” han sido insuficientes. Para tener una mejor percepción de cuánto ha empeorado la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico, en 2006 la Isla fue clasificada en el puesto 18 del informe de negocios del Banco Mundial, mientras en 2020 quedó en el puesto 65.
Lo establecido en los párrafos anteriores está ligado a las razones por las cuales los gobiernos fracasan. Light (2014) plantea que las fallas gubernamentales suceden por cinco razones:
- Políticas ineficientes e inefectivas para resolver los asuntos o muy complejas para ejecutar o delegadas en agencias no fidedignas.
- Recursos (fondos, empleados, capacidad institucional, etc.) insuficientes para generar impactos positivos consistentemente.
- Estructura administrativa extremadamente compleja para comunicar la información, supervisar a los contratistas y resolver asuntos.
- Liderazgo ejercido por oficiales gubernamentales incapaces o no cualificados para tomar decisiones de gran responsabilidad.
- Una cultura que no tiene clara comunicación se ve atentada por un alto nivel de corrupción y la falta de ética, con poca medición del desempeño administrativo.
Si las organizaciones gubernamentales no honran las buenas prácticas de la administración pública, pueden ser condenadas legalmente, perdiendo el apoyo y la aceptación de la sociedad a la que pertenecen. La falta de apoyo y aceptación social puede repercutir a su vez sobre el éxito organizacional posiblemente destinándolo al fracaso (Scott, 2014). Esto podría causar un deterioro en el impacto de las instituciones para fomentar las inversiones domésticas y extranjeras aumentando los costos para hacer negocios, desmotivando el emprendimiento de los individuos y propiciando la ejecución deficiente de contratos.
Referencias
Amato, A. (2006). Puerto Rico ante el problema del desarrollo económico: miradas, memorias y reflexiones de un economista. Ethos Gubernamental, 25‒48.
Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive. Journal of Political Economy, 98(5): 893–921.
Catalá Oliveras, F. A. (2013). Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell. Ediciones Callejón.
Light, P. C. (2014, July 14). A cascade of failures: Why government fails, and how to stop it. Brookings Institution.
Marxuach, S. (2013, 19 de mayo). El (sub)desarrollo institucional de Puerto Rico. El Nuevo Día. https://grupocne.org/2013/05/19/el-subdesarrollo-institucional-de-puerto-rico/
Newton, K., & Norris, P. (2000). Confidence in public institutions. Disaffected democracies. What’s troubling the trilateral countries, 52‒73.
Ramos, C. (2020, 29 de octubre). Urge un nuevo marco institucional en la isla. El Vocero. https://www.elvocero.com/economia/urge-un-nuevo-marco-institucional-en-la-isla/article_2137033c-198f-11eb-90ff-d368c52b1ba8.html
Rodríguez-Pose, A., Di Cataldo, M., & Rainoldi, A. (2014). The role of government institutions for smart specialization and regional development. S3 Policy Brief Series, 4.
Scott, W. R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, interests and identities, 4th ed., SAGE Publications.
Yueh, L. (2018). Friedrich Hayek’s devotion to the free market. The Times Literary Supplement. https://www.the-tls.co.uk/articles/hayek-devotion-free-market/#:~:text=Friedrich%20Hayek%20believed%20that%20the,those%20held%20by%20mainstream%20theorists.
Villamil, J. (2009). Después de la crisis. Perspectivas, 16(5).
