El exceso de ayudas federales que han llegado a la Isla -asociadas a las calamidades naturales recientes- parece haber nublado el entendimiento del verdadero estado de la economía puertorriqueña. El dinero federal ha creado una especie de hipnosis que nos ha paralizado en lo que se refiere a las reformas económicas y fiscales que se necesitan para lograr una economía saludable y dinámica.
Así las cosas, todos parecemos disfrutar el estado de comodidad económica que han generado los $34,000 millones que llegaron a Puerto Rico entre los años 2017 y 2022, luego del huracán María (2017) y luego la pandemia del COVID-19 (2020–2022). Tan brutal ha sido el efecto de estas ayudas, que el propio gobierno ha utilizado fondos de la Ley de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para pagar bonos y financiar fiestas patronales.
Prospectivamente, tampoco hay mucho entusiasmo para hacer reformas o desarrollar un nuevo programa de desarrollo, porque el “crecimiento económico” debe ocurrir milagrosamente gracias a los $40,000 millones que faltan por llegar y que irían a financiar la reconstrucción. En síntesis, hemos federalizado la economía local, en la medida en que dinero no producido orgánicamente en la Isla se encargará de mover a la economía puertorriqueña.
Sin cambios estructurales, la economía se dirige a nuevo abismo
En el 2026, se cumplirán treinta años del fin de la Sección 936 (1996) y desde entonces, no hemos sido capaces de idear un nuevo programa de desarrollo como el que se creó en 1948 conocido “Operación Manos a la Obra”. El fin de los incentivos contributivos federales representó un profundo cambio estructural en la economía puertorriqueña y el cierre masivo de establecimientos industriales, así como la pérdida de sobre 100,000 empleos en ese sector. A partir de este cambio, la manufactura se consolidó en pocas operaciones intensivas en capital, pero con menos fuerza trabajadora, esencialmente en las industrias de biotecnología y dispositivos médicos. En estas industrias aún preservamos algo de competitividad global y los incentivos locales han permitido retenerlas en el corto plazo.
El alto endeudamiento del gobierno y el aumento en los impuestos en un momento de contracción económica agudizaron la crisis económica y aceleraron la quiebra del gobierno entre los años 2014 y 2015, lo que dio paso a la aprobación de la Ley federal Promesa en el 2016.
Los fondos federales han detenido la caída en espiral de la economía
Pero cuando se pensaba que veríamos un período de recortes presupuestarios profundos como resultado de la crisis fiscal, la tragedia que representaron las calamidades naturales, y el COVID-19, por otro lado, dieron acceso a $34,000 millones en ayudas directas a los ciudadanos, las empresas y el gobierno. Estos fondos han representado el rescate financiero que el gobierno local suplicaba al Tesoro federal entre el 2014 y 2015, mientras se secaban las finanzas del Estado Libre Asociado.
Desde el punto de vista macroeconómico, estos fondos detuvieron temporalmente la caída libre que lleva la economía local por la falta de una estrategia de desarrollo y la ausencia de reformas estructurales. Hay que agregar que Promesa salvó al gobierno de pagar sus obligaciones financieras y creó un marco legal para reestructurar la deuda pública de sobre $70,000 millones.
Estas posibilidades pudieran provocar una peligrosa segunda ola migratoria como la que se vivió entre el 2010 y el 2018, cuando perdimos cerca de 600,000 personas, de acuerdo con Gustavo Vélez. (The Associated Press)
Previo a la quiebra, el gobierno y sus corporaciones públicas pagaban unos $4,000 millones en principal e intereses a los bonistas o tenedores de la deuda. Aun así, los diversos gobiernos resisten la implementación de reformas que exige la JSF para evitar una segunda insolvencia del ELA.
Entre el 2018 y el 2022, la economía ha experimentado un dinamismo inusual que responde a la inyección de fondos externos y se espera que, si se logran optimizar los fondos de reconstrucción, la economía se mantenga en terreno positivo por dos o tres años más. Sin embargo, ¿qué pasará luego del fin del proceso de reconstrucción? o ¿qué pasará si estos fondos no fluyen a la velocidad necesaria? Bajo esos posibles escenarios, la economía seguirá en caída libre, toda vez que no hay una estrategia de desarrollo económico en vigor.
Estas posibilidades pudieran provocar una peligrosa segunda ola migratoria como la que se vivió entre el 2010 y el 2018, cuando perdimos cerca de 600,000 personas. Estamos a tiempo para idear una ruta alterna y dejar todo en el efecto mágico de los fondos federales.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
