(San Juan, Puerto Rico)— El Liberty Justice Center representa al empleado público Luis Rigau en una demanda federal por derechos civiles en la que se impugna la política de la Comisión Industrial de Puerto Rico (CIPR) y del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) Local 481 de obligar a afiliarse al sindicato y retener las cuotas sindicales de su salario sin su consentimiento y a pesar de sus objeciones claras y por escrito.
En 2018, gracias a los esfuerzos del Liberty Justice Center, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó en el caso Janus v AFSCME que los empleadores públicos y los sindicatos no pueden deducir cuotas o tasas del salario de un empleado sin su consentimiento expreso y una renuncia consciente y voluntaria a los derechos de la Primera Enmienda. CIPR respetó la renuncia del Sr. Rigau al sindicato tras el caso Janus y dejó de deducir las cuotas en 2018. Sin embargo, a finales de 2022, CIPR dio marcha atrás y las restableció basándose en una resolución procesal de un tribunal local que no alteraba el caso Janus ni los derechos constitucionales de los empleados públicos. Esto incluía a los no afiliados, como el Sr. Rigau.
Desde diciembre de 2022, CIPR ha deducido y el sindicato ha cobrado cuotas del salario del Sr. Rigau sin ninguna autorización. El Sr. Rigau notificó repetidamente tanto a CIPR como al sindicato en 2018, 2022, 2023 y 2025 que no daba su consentimiento para afiliarse al sindicato ni para que se le dedujeran cuotas. A pesar de ello, las deducciones han continuado.
La Primera Enmienda protege a los empleados públicos de ser obligados a apoyar el discurso de un sindicato. Janus dejó claro que el gobierno no puede tomar dinero de los trabajadores públicos para las arcas del sindicato sin su consentimiento afirmativo e informado. La política de CIPR y UFCW Local 481 de tratar automáticamente a los empleados como miembros del sindicato y deducir las cuotas, incluso después de objeciones por escrito, viola esas protecciones constitucionales.
“La Constitución es clara tras el caso Janus: el gobierno no puede cobrar las cuotas sindicales a un empleado público sin su consentimiento. CIPR y UFCW Local 481 están ignorando esa norma y, de todos modos, están reteniendo el salario del Sr. Rigau. Pedimos al tribunal que ponga fin a esta violación.,” dijo Ángel J. Valencia, abogado principal en el Liberty Justice Center.
El Liberty Justice Center ha presentado la demanda Rigau v. Comisión Industrial de Puerto Rico ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, con el fin de solicitar una medida cautelar y declaratoria para detener estas deducciones inconstitucionales y obtener la restitución de las cuotas indebidamente confiscadas y una indemnización por daños y perjuicios nominales por las continuas violaciones de la Primera Enmienda.
El Sr. Rigau ha sido un trabajador fiel en CIPR durante casi dos décadas y merece que se respeten sus derechos de Janus.
