El derecho de nacimiento de la libertad económica


Dick M. Carpenter II

Descargar

Desde la fundación de los Estados Unidos, el derecho de nacimiento de la libertad económica —el derecho a ganarse la vida honestamente libre de intrusiones gubernamentales onerosas e innecesarias— fue uno preciado.[1] Como explicó el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Stephen Johnson Field:

Y cuando las colonias se separaron de la madre patria, ningún privilegio fue más plenamente reconocido o más completamente incorporado a la ley fundamental del país, que el hecho de que todo sujeto libre del imperio británico tuviera derecho a buscar su felicidad siguiendo cualquiera de los oficios y las ocupaciones establecidas conocidas del país, sujeto solo a las restricciones que afecten igualmente a todos los demás.[2], [3]

Asimismo, según el juez William O. Douglas, “el derecho al trabajo. . . [es] la libertad más preciosa que posee el hombre”.[4]

Durante muchos años, sin embargo, las legislaturas han adoptado un número creciente de regulaciones, como licencias ocupacionales, que restringen la libertad económica.[5] Los tribunales han aprobado muchas de ellas.[6] Con todo esto, se ha perdido en gran medida un principio importante: la presunción de libertad.

Según el destacado profesor de derecho de la Universidad de Georgetown Randy Barnett, la presunción de libertad “requiere que el gobierno justifique su restricción a la libertad, en lugar de exigir al ciudadano que establezca que la libertad que se ejerce es de alguna manera ‘fundamental’”, y no un regalo del que disfrutan a gusto del gobierno;[7] o como lo expresan los estatutos de Virginia:

El derecho de toda persona a ejercer cualquier profesión, oficio u ocupación legal de su elección está claramente protegido tanto por la Constitución de los Estados Unidos como por la Constitución del Commonwealth de Virginia. El Commonwealth no puede restringir tales derechos excepto como un ejercicio razonable de sus poderes policiales cuando (i) se encuentre claramente que tal restricción es necesaria para la preservación de la salud, la seguridad y el bienestar del público y (ii) dicha restricción no es mayor de lo necesario para proteger o preservar la salud, la seguridad y el bienestar públicos.[8]

Aplicado prácticamente, esto significa, por ejemplo, que al considerar nuevas regulaciones que afectarían la libertad económica, el punto de partida debería ser la libertad de práctica. Los legisladores deben suponer que las personas tienen derecho a ejercer la ocupación elegida sin que existan regulaciones gubernamentales, a menos y hasta que la evidencia sistemática demuestre que este derecho debe restringirse para proteger al público.

Restaurar el “primer propósito del gobierno”

Esto es más que un argumento económico. También se trata de crear una sociedad justa.

En 1787, James Madison escribió que la protección de los derechos de propiedad “es el primer propósito del gobierno”. Para Madison, los derechos de propiedad se extendían a mucho más que bienes raíces y pertenencias personales. Consideraba que cubrían “todo aquello a lo que un hombre pueda atribuir un valor y tener un derecho”, incluidas “las opiniones y la libre comunicación de ellas” y “el libre uso de sus facultades y la libre elección de los propósitos en los que emplearlas”.[9] Su inclusión de la libertad económica bajo la rúbrica de los derechos de propiedad fue inequívoca:

No es un gobierno justo, ni la propiedad está asegurada bajo él, aquel en donde la propiedad que un hombre tiene en su seguridad personal y libertad personal es violada por incautaciones arbitrarias de una clase de ciudadanos para el servicio de los demás. . . . No es un gobierno justo, ni la propiedad está asegurada bajo él, aquel en donde restricciones arbitrarias, exenciones y monopolios niegan a una parte de sus ciudadanos el libre uso de sus facultades y la libre elección de sus ocupaciones, que no solo constituyen su propiedad en el sentido general de la palabra; sino que son los medios de adquirir propiedad estrechamente definidos.[10]

Al cumplir la exigencia de Madison de un gobierno justo y ejecutar el “primer propósito del gobierno”, los funcionarios electos hoy deben proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos a quienes sirven, incluida la libertad económica y la libertad de práctica. Al hacerlo, deberían gobernar desde una presunción de libertad. La necesidad de que sea así es hoy más esencial y urgente que nunca.

Notas

[1] Neily, (2005), No such thing: Litigating under the rational basis test, N.Y.U. Journal of Law and Liberty, 1(2), 897–913; T. Sandefur, (2003), The right to earn a living, Chapman Law Review, 6(1), 207–277.
[2] Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36, 105 (1873) (Field, J., dissenting).
[3] Este artículo cuyo título original es “The birthright of economic liberty” y todas las citas incluidas en él fueron traducidas por Ángel Carrión-Tavárez.
[4] Barsky v. Bd. of Regents, 347 U.S. 442, 472 (1954) (Douglas, J., dissenting).
[5] M. M. Kleiner, (2006), Licensing occupations: Ensuring quality or restricting competition, Upjohn Institute.
[6] C. Neily, 2005; T. Sandefur, (2006), Is economic exclusion a legitimate state interest? Four recent cases test the boundaries, William and Mary Bill of Rights Journal, 14(3), 1023–1062.
[7] R. Barnett, (2003, July 10), Kennedy’s libertarian revolution, National Review Online, http://www.nationalreview.com/article/207453/kennedys-libertarian-revolution-randy-barnett. Ver también R. E. Barnett, (1991), Foreword: nenumerated constitutional rights and the rule of law, Harvard Journal of Law and Public Policy, 14(3), 615–643; G. F. Will, (2011, December 16), Testing the waters of economic liberty, The Washington Post, http://www.washingtonpost.com/opinions/testing-the-waters-of-economic-liberty/2011/12/15/gIQAP0NDzO_story.html.
[8] Va. Code Ann. § 54.1-100.
[9] J. Madison, (1962), Property, in W. T. Hutchison et al. (Eds.), The Papers of James Madison (Vol 1), University of Chicago Press, (original work published March 29, 1792), https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch16s23.html.
[10] Madison, 1962. El Dr. Dick M. Carpenter II se desempeña como director senior de investigación estratégica del Institute for Justice y profesor de la University of Colorado Colorado Springs.

Scroll al inicio