La posibilidad de exigir que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) hábiles para trabajar se inserten en la fuerza laboral del País, representa una estrategia de desarrollo económico que puede incidir en la cantidad de trabajadores disponibles para cubrir miles de plazas vacantes, romper con la dependencia gubernamental y bajar las tasas impositivas, expresaron a EL VOCERO voces del sector público y el privado.
Acorde con el Instituto de Libertad Económica, un cambio al PAN —subvención en bloque fija— al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (PANS) —subvención que responde a la necesidad económica y la inflación— pudiese generar que la fuerza laboral incremente en 25%, con 246,000 puestos de trabajo adicionales. En el programa suplementario, el beneficiario hábil para trabajar debe laborar el mínimo de 80 horas mensuales. Bajo el PAN actual, la Junta de Control Fiscal ha estado haciendo la misma exigencia.
Los entrevistados coincidieron en que una de las principales ventajas de este programa es que provee al País la capacidad de contar con trabajadores para cubrir miles de plazas que están desocupadas y que se les ha hecho imposible a los patronos poder cubrir.
Según se informó, en todos los sectores económicos hay plazas que han estado vacantes durante meses. En el sector de la construcción hay alrededor de 2,000 proyectos de vivienda, infraestructura y energía que durarán varios años y para los que hace falta mano de obra. Otro sector es la agricultura, para el que han comenzado a importar trabajadores.
Aval a la propuesta
El secretario de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, está de acuerdo con la propuesta, que aceptó se trata de un mandato federal con el cual Puerto Rico está alineado, para insertar al mercado laboral a los beneficiarios que cumplan con lo estipulado en la reglamentación.
Sin embargo, entiende que lo propuesto debe verse a profundidad, porque muchos de los beneficiarios de la asistencia nutricional reciben otras ayudas, como vivienda y plan de salud.
“Hay que mirarlo en el macro, para ver si estaría dispuesto a trabajar, sin haberse hecho los ajustes en las otras ayudas que reciben. No vamos a esperar por eso, pero tiene que haber una combinación de cabildeo en el gobierno federal y mirar ajustes administrativos acá que tengamos que realizar para esa inserción en la fuerza laboral”, abundó Maldonado González.
Los ex secretarios del Trabajo, Carlos J. Rivera Santiago y Ruy Delgado Zayas, consideran que la iniciativa es positiva al mercado laboral de la Isla.
“Esto va a afectar positivamente. Los beneficiarios reciben ingresos adicionales, a la misma vez que les ofrece la oportunidad a los comerciantes y empresarios del País de conseguir empleados para darle continuidad a sus negocios. Aquí se benefician ambas partes. A eso se suma, que ante una mayor participación laboral mejora la economía”, sostuvo Rivera Santiago.
Delgado Zayas, por su parte, entiende que esta estrategia pondrá a prueba la teoría de que los beneficiarios del PAN no incursionan en la fuerza laboral porque perderían beneficios.
“Ahora se pondría a prueba a ver si esa teoría es verdad. Si la gente no busca trabajo porque no quieren perder sus beneficios, ahora podrán trabajar sin perderlos”, señaló el exfuncionario.
Para Delgado Zayas, la propuesta debe ser más atractiva para los sectores con más dificultad para conseguir trabajadores, como ocurre en la agricultura.
Igualmente, levantó bandera sobre la necesidad de que el gobierno diseñe otras estrategias que permitan atraer y retener al trabajador joven en la Isla, porque son necesarios para que ocupen gran parte de las plazas de trabajo disponibles.
Respecto al impacto a la economía, sostuvo que cuando las personas tienen un poder adquisitivo mayor, los comercios se benefician y se allegan más ingresos al fisco a través del pago de impuestos. “Si ese recaudo es significativo, pudiese permitir una baja en la tasa impositiva del País”, explicó.
Sobre esta posibilidad, el contador Público Autorizado, Kenneth Rivera, señaló que aunque potencialmente pudiese repercutir en menos contribuciones, el Plan Fiscal estipula que cualquier baja a los impuestos tiene que ser sustituido por otro impuesto, lo que por el momento no considera viable.
“Hay que ver cuál sería el impacto en Hacienda. No es tan fácil, porque se trata de niveles de ingresos bajos que no aportan mucho al fisco. Si pasara lo contrario, y los ingresos al fisco fuesen significativos, tendrían que sentarse con la junta y presentar lo que estaría sucediendo para que se apruebe un cambio”, acentuó Rivera.
La misma opinión sostiene el economista Heriberto Martínez, quien señaló que la viabilidad de una reducción a las tasas contributivas sería posible si los empleos generados contribuyen significativamente a los ingresos del fisco.
“Si se aumenta la base a la cual cobrar contribuciones sobre ingreso, se podrían bajar las tasas, siempre que generen el mismo nivel que se requiere para la inversión social del gobierno y para el cumplimiento del Plan de Ajuste de la Deuda”, precisó Martínez.
El economista agregó, además, que la iniciativa permitiría que los beneficiarios del PAN que laboran en la economía informal se inserten en la economía formal, lo que también aportaría a facilitar la reducción de los impuestos.
No obstante, para el economista Leslie Adames el aspecto más positivo de esta estrategia es que integra al mundo del trabajo a las personas que no son parte del mercado laboral, y rompe la cadena de la dependencia en las generaciones subsiguientes, porque verán el valor del trabajo como motor de la movilidad social.
“La aportación es que en la medida que se integran estas personas, las generaciones subsiguientes van a ver que sus padres han podido trabajar y echar hacia adelante, lo que igual querrán hacer, cortando así la cadena de la dependencia”, resaltó Adames.
