[Nota del editor: Este comentario fue publicado originalmente el 01 de julio de 2015. Nuestro propósito al publicarlo 7 años después es propiciar la reflexión sobre los avances (o la falta de ellos) teniendo PROMESA, el FOMB, el proceso de quiebra y las reformas estructurales (o la falta de ellas) hasta el momento].
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Es un paraíso progresista.
Los empleados públicos tienen 30 días de vacaciones al año. Los que trabajan más de ocho horas al día cobran hora y media. Los empleados tienen fuertes derechos.
El salario mínimo es alto: el 77% de la mediana del salario en Puerto Rico.
La normativa medioambiental está asentada más allá de la presión de los intereses económicos locales. Los bosques y las montañas son destinos prístinos para el ecoturismo.
Los costes de la energía se mantienen altos, empujando el consumo a un nivel considerado "socialmente beneficioso". Los servicios públicos cuentan con un fuerte respaldo público y dan trabajo a miles de personas.
Los puestos de trabajo de los sindicatos en el sector del transporte marítimo están protegidos de la externalización a competidores extranjeros con tarifas reducidas.
La red de seguridad social es boyante y proporciona un sólido nivel de vida a la clase trabajadora. Las personas que se lesionan pueden contar con un seguro de incapacidad para mantener sus ingresos.
La proporción de alumnos por profesor es muy baja para que cada niño reciba lo mejor.
La institución de investigación más importante es una universidad pública bien financiada. Hace apenas diez años, la universidad estaba conectada con el centro de la ciudad y los suburbios mediante una nueva línea de tren ligero.
Lo mejor de todo es que los ricos que viven lejos pagan la mayoría de los impuestos. Este pequeño paraíso tiene acceso abierto a grandes mercados de exportación y forma parte de una importante unión monetaria.
El gobierno pide prestado a bajas tasas de interés y registra grandes déficits cuando la producción está por debajo de la tendencia y no renuncia a los estímulos después de unos años.
Pero la producción económica, curiosamente, siempre está por debajo de la tendencia.
Los puertorriqueños han vivido décadas de esta utopía de izquierdas, y están huyendo de ella.
La población en edad de trabajar de la isla se redujo en 100,000 personas desde 2005, cuando la economía pasó del estancamiento a la depresión.
En un universo paralelo con mercados libres y poca regulación, Puerto Rico podría haberse convertido en el Singapur del Caribe.
Tiene una considerable mano de obra educada y bilingüe, es un centro natural para el comercio regional y tiene libre acceso a los mercados estadounidenses.
Hay que reconocer el mérito del gobernador de izquierdas Alejandro García Padilla por encargar un informe económico independiente sobre la economía de Puerto Rico, y su administración no repudió la crítica mordaz de los economistas a las políticas progresistas y la mala gobernanza del Estado Libre Asociado.
En el informe, los economistas Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe reclaman recortes de gastos, reformas fiscales y reformas estructurales, que son necesarios para que Puerto Rico vuelva a crecer económicamente.
Recortes de gastos
Krueger, que presentará su investigación en The Heritage Foundation el 8 de julio, sostiene que los estímulos fiscales de las sucesivas administraciones puertorriqueñas no lograron acabar con el estancamiento porque se basaron en un diagnóstico erróneo.
"Resolver los problemas de Puerto Rico mediante la expansión fiscal no ha funcionado", escribe, "y no funcionará".
En su lugar, los recortes de gastos que reduzcan la huella del gobierno pueden devolver al Estado Libre Asociado a la solvencia y permitir el crecimiento económico. Sus sugerencias incluyen:
- Recortar los subsidios a la Universidad de Puerto Rico para ahorrar $500 millones de dólares al año (en todo, el ahorro anual se estima a partir de 2020).
- Recorte del gasto adicional de Medicaid para ahorrar $150 millones de dólares al año.
- Recortes graduales en el empleo de las escuelas públicas y el cierre de algunas escuelas rurales para reflejar la reducción del número de estudiantes y ahorrar más de $400 millones de dólares al año.
- Renovar una ley que congela el valor real de ciertas fórmulas de gasto en transferencias para ahorrar $1,000 millones de dólares al año.
- Recortes de personal en los abultados servicios públicos.
Reformas fiscales
Los economistas abogan por una reforma fiscal integral. La sustitución de un impuesto corporativo del 35%, plagado de exenciones, por un impuesto corporativo del 10% al 15%, de base amplia, aumentaría los ingresos anuales en $250 millones de dólares.
La administración del gobernador Padilla ha pedido un nuevo impuesto sobre las ventas, que los autores calculan que recaudaría $1,000 millones de dólares anuales.
Sin embargo, muchos países europeos pueden dar fe de que aumentar los impuestos durante una crisis es una receta para un crecimiento más lento y una menor recaudación.
Las mayores ganancias potenciales de ingresos proceden de las reformas del mercado laboral y del sector empresarial, más que de las subidas de impuestos.
Estimulando el crecimiento económico, Puerto Rico podría añadir $1,350 millones de dólares en ingresos sin necesidad de aumentar los impuestos.
Reformas laborales y sociales
Las reformas fiscales y las políticas de gasto no serán suficientes si no se reforma la malla de seguridad social de Puerto Rico.
Al utilizar un sistema de bienestar social diseñado para los Estados Unidos continentales, donde la mediana de los salarios es mucho más alta, tanto las políticas federales como las puertorriqueñas desalientan el trabajo.
El salario mínimo estadounidense de $7.25 es sólo ligeramente inferior a la mediana del salario en Puerto Rico, de $9.42. En contra de lo que afirman algunos progresistas, un salario mínimo más alto destruye puestos de trabajo.
Puerto Rico no puede competir con economías regionales similares con los salarios de Estados Unidos.
Pero sólo el Congreso de Estados Unidos puede conceder a Puerto Rico una exención del salario mínimo.
Los economistas recomiendan que Puerto Rico derogue sus leyes laborales de estilo europeo, que dificultan el despido de trabajadores, encarecen su contratación y, por tanto, hacen que sea arriesgado contratarlos.
También son importantes las reformas de las prestaciones que reciben los puertorriqueños cuando no trabajan.
Los economistas muestran en una estimación que "un hogar de tres personas con derecho a recibir cupones de alimentos, AFDC, Medicaid y subsidios de servicios públicos podría recibir $1,743 al mes, frente a los $1,159 que recibe un asalariado mínimo".
Dado que los salarios mínimos y medianos están tan cerca, los ingresos de la asistencia social también superarían los ingresos de un asalariado medio en unos $240 al mes.
Los autores concluyen que "el gobierno federal debería, por tanto, dar al Estado Libre Asociado más libertad para ajustar los requisitos y las prestaciones de la asistencia social".
A continuación, correspondería a los legisladores de Puerto Rico administrar los pagos de las transferencias de forma menos distorsionante.
Barreras empresariales
La encuesta "Doing Business" del Banco Mundial sitúa a Puerto Rico muy por debajo de Estados Unidos continental en su clasificación de "Facilidad para hacer negocios".
Uno de los obstáculos para los negocios es la Ley Jones de la Marina Mercante, que otorga el monopolio del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos a una pequeña flota de barcos viejos e ineficientes.
Este embargo parcial eleva los precios de todo tipo de bienes de consumo, empobreciendo a los residentes puertorriqueños.
En particular, Puerto Rico se ha quedado fuera del boom energético del continente.
Pero la falta de acceso al gas y al petróleo del continente no es la única razón por la que los precios de la energía son tan altos en Puerto Rico.
El informe señala que sólo en la insolvencia la empresa eléctrica puertorriqueña está empezando a abordar su "exceso de personal e ineficiencia", que han mantenido los precios de la electricidad altos.
Recomiendan asignar a un "funcionario de alto nivel" del gobierno puertorriqueño para mejorar el "ranking de facilidad para hacer negocios" de la isla.
Su esperanza es que alguien cuya reputación esté en juego tenga la fuerza de voluntad para romper la inercia burocrática y promulgar reformas sobre el registro de la propiedad y la autorización de nuevas empresas.
Más allá del contenido de las políticas de Puerto Rico, Krueger y su equipo estaban claramente preocupados por la opacidad de la administración pública del Estado Libre Asociado.
Su problema inmediato era la falta de datos económicos precisos y actualizados. Pero las deficiencias de los datos reflejaban un mantenimiento de registros generalmente caótico y una mala coordinación en toda la burocracia central.
La tierra de los golpes
Las políticas progresistas de Puerto Rico no son una coincidencia. El presidente Franklin Roosevelt nombró a Rexford Tugwell, uno de sus lugartenientes más progresistas, gobernador de Puerto Rico en 1941.
Tugwell creó un flujo único de ingresos fiscales y lo utilizó para experimentar con una economía de planificación centralizada, extendiendo el alcance del gobierno de Puerto Rico a todos los sectores de la economía.
Golpeado y atrofiado por los planes de Tugwell y sus sucesores, Puerto Rico nunca ha estado a la altura de su promesa como Estado Libre Asociado estadounidense.
Ahora, en una depresión y una crisis de deuda, Puerto Rico sirve de advertencia contra las mismas políticas que Tugwell defendió.
Esta pieza fue originalmente publicada en ingles en The Daily Signal.
