Si algo positivo ha tenido la quiebra del gobierno de Puerto Rico es que nos dejó saber lo obsoleto de las estructuras gubernamentales y económicas de la isla. Igualmente, la insolvencia gubernamental dejó al descubierto malas prácticas fiscales y cómo la ausencia de una estrategia económica precipitó nuestro colapso productivo.
Los costos preliminares de la quiebra, ascendentes a $1,000 millones, hasta el momento, deberían ser un poderoso incentivo para que forcemos las reformas estructurales que salvarán a Puerto Rico de una segunda quiebra y un precipicio económico. Sería un acto de locura colectiva ignorar las razones que nos llevaron al hoyo fiscal y habernos convertido en el primer gobierno estatal en los Estados Unidos que radica una quiebra.
En lo personal, me provocó vergüenza que el gobierno tuviera que incumplir sus responsabilidades fiscales en el 2015, y de ahí, la legislación federal que habilitó una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el 2016. Desde entonces, un organismo integrado por funcionarios no electos asumió control de las finanzas del gobierno.
Desde 2016 entró en funciones en Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) Enero 20, 2023 - Salón de convenciones del Hotel Sheraton de Miramar (Pablo Martinez Rodriguez/Staff G)
Del 2017 hasta el presente, a pesar de los golpes de la madre naturaleza y la pandemia del COVID-19, gradualmente se ha comenzado a entender, por parte de algunos sectores del país que urgen reformas radicales para viabilizar un nuevo Puerto Rico, fiscal y económicamente viable.
La propia JSF y, con cierto grado de timidez, nuestra clase política, han comenzado a mover algunas reformas estructurales que le permitan a la isla lograr una recuperación a largo plazo. Desde esta perspectiva, describo alguna de esas reformas que son indispensables para construir un nuevo futuro que no dependa ayudas federales y que esté anclado en una mejor gobernanza.
Reforma gubernamental: Los expertos en gobierno han planteado la necesidad de revisar la estructura gubernamental y los objetivos del aparato institucional. Por ejemplo, ¿es necesario tener un gobierno de 140 agencias y corporaciones, hoy casi todas quebradas? ¿Debemos movernos a un gobierno más pequeño, ágil que su rol sea de facilitador de la iniciativa privada? El modelo de las alianzas público-privadas parece ser el vehículo que gradualmente permite que muchas operaciones perdidosas pasen a manos privadas, para lograr eficiencias y mejores servicios.
Reforma fiscal: El alto gasto gubernamental fue uno de los detonantes de la quiebra del ELA. Un nivel de gastos apoyado por altos niveles de deuda sin métricas de eficiencia y productividad debe quedar en el pasado y la propia Ley Promesa ha instituido una cultura de prudencia fiscal mediante la adopción de planes fiscales anuales. La transparencia y la rendición de cuentas son parte esencial de esa nueva cultura fiscal que debe prevalecer aun luego de que se vaya la JSF.
Reforma contributiva: Luego de dos décadas de aumentos impositivos y la creación de otros impuestos. El pasado lunes, el gobierno dio un paso afirmativo al presentar una propuesta que comenzaría a proveer algunos alivios contributivos a las empresas y los individuos. En esta primera etapa, de ser aprobada, devolvería a los contribuyentes $550 millones anuales.
La reducción de tasas a niveles comparables a los de Estados Unidos, y la posible eliminación de otros impuestos como el tributo a los inventarios, el ajuste -por la inflación- de los umbrales contributivos y la simplificación del sistema contributivo deben mejorar la competitividad comercial de la isla.
Reforma energética: En enero, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, dio el visto bueno al contrato que pasaría a manos privadas la operación de las plantas generatrices de la fallida y quebrada AEE. Con esta decisión, tanto la producción de energía como la transmisión de energía estarían operadas por entes en privados, lo que a su vez debería traducirse en un mejor servicio al ponerse en marcha irreversible, el cambio más radical que haya experimentado el sistema energético de la isla en tiempos modernos.
Reforma del sistema de permisos: Otra área de gran rezago es el proceso de permisos, lo que encarece los costos de hacer negocios para el sector empresarial y nos pone en desventaja con otros competidores. El gobierno debe acelerar los esfuerzos de reingeniería en el proceso de permisos, en donde hoy intervienen 30 agencias gubernamentales.
Reforma del estado benefactor: Por último y no menos importante, urge modificar los programas de asistencia social para condicionarlos al trabajo. Esta reforma es importante para aumentar la fuerza trabajadora fortalecer la ética del trabajo.
Este artículo fue publicado originalmente en El Nuevo Dia.
