Una sociedad no alcanza desarrollo pleno si no cuenta con un entorno social que facilite la actividad económica y la inversión. En Puerto Rico, se piensa que el desarrollo económico es función y responsabilidad principal del Estado. No es así.
Las sociedades con economías fuertes y en crecimiento sostenido son aquellas cuyos ciudadanos, y no el Estado, son quienes identifican oportunidades, las aprovechan y explotan y, al hacerlo, generan empleos, actividad económica y riquezas nuevas para la sociedad. Si una sociedad no cuenta con emprendedoras y emprendedores prestos a asumir los riesgos inherentes al aprovechamiento de las oportunidades existentes en el mercado, el Estado nunca será sustituto adecuado. Cuando el Estado interviene para asumir tal función, lo hace de manera ineficiente e inefectiva, con severas consecuencias para los ciudadanos en términos contributivos y de limitaciones a su libertad de acción, muy particularmente contra los opositores y disidentes del gobierno.
El gobernador Pedro Pierluisi firma la Reforma Laboral. (Suministrada)
En Puerto Rico, partimos del supuesto de que el Estado es y tiene que ser promotor y protagonista principal de nuestro quehacer social y económico. Así también, a las y los puertorriqueños, ese Estado nos inculca visualizarnos como empleados a perpetuidad, y a no desarrollarnos como agentes de producción y generación de riqueza propia. Esta, y no otra razón, explica por qué a pesar de contar con tanto talento y preparación, Puerto Rico se estanca y sumerge en la quiebra económica y social.
La pandemia del COVID-19 nos obligó a confrontarnos con nuestro entorno cotidiano de manera diferente. Aquellas personas cuyas vidas quedaban sujetas a las instrucciones y encomiendas que otros les impartían, se percataron de que podían, por sí mismos, ofrecer y hacer disponibles en el mercado sus talentos, para generar - sin intermediarios - los medios para sostenerse y crecer económicamente.
Nuestros gobernantes y desarrolladores del quehacer social no comprenden el mundo nuevo que adviene tras la pandemia. Esto explica la reforma de la reforma laboral que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar y que el Gobernador se apresta a convertir en ley. Con esta reforma que da marcha atrás y deja sin efecto la reforma aprobada apenas cinco años atrás, se perpetúan los mismos clisés y estereotipos de nuestro fracaso histórico. En vez de construir un instrumento para desarrollo propio de las y los puertorriqueños, se acentúa nuestra función como meras piezas de producción de las riquezas que otros producen y a otros corresponden.
Otro resultado económico importante que tuvo la pandemia fue la creación de un mercado favorecedor del empleado. En vez de aprovechar y promover la competencia entre el sector empresarial, a fin de procurar que ofrecieran mejores arreglos compensatorios y de condiciones de empleo para atraer al mejor talento disponible, la reforma de la reforma laboral ecualiza para todos los agentes económicos los costos básicos de capital humano, eliminando la competencia agresiva que de otra manera se hubiera suscitado. Más preocupante aun, la medida incrementa los costos operacionales del sector comercial, provocando, a su vez, incrementos en el valor final de los productos que los consumidores tendrán que absorber, catapultando la ya preocupante inflación que nos aqueja.
La permanencia final de esta reforma de la reforma laboral está sujeta a la impugnación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Aunque coincidimos con la apreciación de la Junta de que esta medida, lejos de ayudar, perjudica a Puerto Rico, nuestra apreciación es que la Junta no cuenta con fundamentos jurídicos sólidos para efectuar exitosamente tal impugnación. Esta medida se ocupa de regular los beneficios de empleados del sector laboral privado, exclusivamente. En ese sentido, no tiene impacto directo sobre las finanzas y presupuesto del gobierno y por ello, nos parece que queda fuera del ámbito jurisdiccional de la autoridad de la Junta de Supervisión.
Con independencia de lo que finalmente habrá de acontecer, el hecho cierto es que, una vez más, en Puerto Rico volvemos a aprobar otra medida sin el análisis económico indispensable acerca de las realidades del mercado. Me temo que la consecuencia será que la medida no tendrá el efecto deseado de ayudar al trabajador y a la economía local, sino que terminará perjudicándola, perpetuando los mismos niveles de ineficiencia y anti-competitividad en que hoy se encuentran.
Esta pieza fue originalmente publicada en El Nuevo Dia
