La situación de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX

Luego de 390 años de colonialismo español y en el umbral del siglo XX, Puerto Rico fue cedido por España a Estados Unidos, como resultado de la Guerra Hispanoamericana y el Tratado de París; desde entonces, la Isla es una posesión de Estados Unidos y sus circunstancias económicas y el estado del pueblo dependen, en gran medida, de las decisiones del Congreso de dicho país.

La situación de Puerto Rico hoy es el resultado de ese hecho histórico y sus consecuencias; por eso, para hablar de libre mercado, libre empresa, libertades y responsabilidades individuales, derecho a la propiedad privada, estado de ley y orden y otros temas pertinentes al futuro económico, político y social de la Isla, es conveniente comenzar con un resumen del ambiente en Puerto Rico, entre 1899 y 1947.

En los albores del siglo XX, la situación de la Isla era de pobreza extrema, desempleo alto y analfabetismo extendido; el promedio de vida se estimaba en 33 años; menos del 20% de la población sabía leer y escribir; y, de los 300 mil niños de edad escolar, solo cerca de 20 mil asistían a la escuela, según un censo realizado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, en 1899.

Transcurridos unos 20 meses de gobierno militar, el 12 de abril de 1900 entró en vigor la Ley Foraker^[1], primera carta orgánica aprobada por el Congreso para Puerto Rico; esta regulaba las relaciones comerciales de Puerto Rico con Estados Unidos y establecía un gobierno civil en la Isla. Bajo esta ley, el poder ejecutivo era ejercido por un gobernador y su gabinete nombrados por el presidente de Estados Unidos.

La Ley Foraker denominó a los habitantes de la Isla ciudadanos de Puerto Rico; sustituyó la moneda provincial en vigor por el dólar; dispuso la elección de un comisionado residente, sin voto, ante el Congreso; hizo aplicables a Puerto Rico las leyes de Estados Unidos, a excepción de las leyes de rentas internas; y estableció una corte de distrito federal en la Isla.

Poco después de promulgada la Ley Foraker, una serie de decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó a definir y establecer la situación jurídica de Puerto Rico como un territorio no incorporado, bajo los poderes plenarios del Congreso; estas decisiones se conocen como los Casos Insulares, de 1901 a 1905.

El Congreso aprobó una nueva carta orgánica para Puerto Rico y las islas adyacentes propiedad de Estados Unidos conocida como la Ley Jones^[2], el 2 de marzo de 1917. Esta proveyó una Declaración de derechos y confirió a los ciudadanos de Puerto Rico la ciudadanía de Estados Unidos. La concesión de la ciudadanía, sin embargo, no cambió en nada la situación colonial de Puerto Rico.

Tras los primeros 30 años del siglo XX, la situación económica de la Isla seguía siendo deplorable. El monopolio de la tierra cultivable por corporaciones absentistas, el crecimiento del empleo agrícola de temporada, el salario de 12 centavos por día de los obreros y la devastación producida por los azotes de huracanes presentaban un cuadro desolador.

En 1933, el gobierno de Estados Unidos fundó la Puerto Rico Emergency Relief Administration (Prera); esta agencia sirvió para dar trabajo de urgencia a miles de personas; construir y reparar acueductos, caminos, escuelas y hospitales; y mejorar las condiciones sanitarias. También repartió comida gratis entre las personas más necesitadas, lo que dio lugar a que se le conociera como el mantengo.

Programas federales como la Prera (hasta 1936) y dos años más tarde la Puerto Rico Reconstruction Administration (hasta 1941 cuando el Congreso eliminó los fondos) aliviaron la situación en la Isla, pero comenzaron a institucionalizar un problema mayor: el mal de la espera pasiva por ayuda económica del exterior, en vez de buscar resolver los problemas por iniciativa propia.

La década del 40 se caracterizó por la implantación de una reforma agraria y el establecimiento de las primeras autoridades en Puerto Rico, a cargo de diversas áreas como transporte, tierras, hogares, fuentes fluviales y acueductos y alcantarillados. También se inició la industrialización con la creación de la Compañía de Fomento Industrial y el Banco de Fomento.

El gobierno de Puerto Rico abrió empresas y estableció operaciones industriales para la producción de botellas de vidrio, cajas, cerámica y zapatos; no obstante, la economía no pudo emplear plenamente la creciente fuerza laboral. El desempleo rara vez bajó del 10%, aun en la temporada más activa: la de la siega de caña.

En 1946, el presidente Harry S. Truman nombró gobernador al entonces comisionado residente Jesús T. Piñero, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en ocupar el cargo. Un año después, el Congreso aprobó una ley concediendo a los puertorriqueños el derecho de elegir su propio gobernador por un periodo de cuatro años.

En el próximo artículo, repasaremos los debates y procesos en el Congreso en torno a la relación económica y política de Puerto Rico y Estados Unidos, así como a la aprobación y el establecimiento del Estado Libre Asociado —estatus actual de la Isla— y las opiniones jurídicas posteriores sobre sus alcances y limitaciones.